Perezas privadas por Eduardo San Martín

Zapatero vuelve a negarse a sí mismo para intentar perpetuarse. Su capacidad de transmutación, sin soluciones de continuidad, dice bastante poco de la solidez de sus convicciones, pero habla mucho de su instinto de luchador, una cualidad (veremos si es virtud en este caso) que sus adversarios no deberían menospreciar, como han venido haciendo con frecuencia de los últimos tiempos.

La remodelación del Gobierno anunciada esta mañana supone una rectificación de la misma envergadura que el cambio de política económica de mayo pasado. Significa, como aquella, una enmienda a la casi totalidad de lo que el propio presidente del Gobierno había practicado hasta ahora; lo que le había reclamado del presidente de Castilla-La Mancha hace una par de semanas y por lo cual casi le despellejan algunos de sus compañeros que hoy seguro que se suben al carro de ese cambio de rumbo. Hay entre ambas, sin embargo, una diferencia importante: la de mayo le enajenó el apoyo de muchos de sus electores; la de hoy esta destinada a recuperarlo.

Se trata de una rectificación en toda regla porque hasta ahora Zapatero no había querido un gobierno, sino, como lo definió un compañero de partido, "un grupo de secretarios de despacho" que le riesen las ocurrencias. La promoción de Rubalcaba a la primera vicepresidencia y portavocía del Ejecutivo y la entrada de Jaúregui y Rosa Aguilar van en la dirección contraria. También la desaparición de esos dos "ministerios florero" (Igualdad y Vivienda) a los que Zapatero había prestado una importancia símbolica; como fenecieron en mayo las tan cacareadas "políticas sociales", así se van ahora al basurero de las extravagancias inútiles algunos de los signos de identidad que hasta ayer el presidente defendía como irrenunciables. Y sin pestañear, como entonces.

Pero Zapatero dejaría de ser quien es sino no hubiera introducido en esta remodelación algún nuevo capricho personal. El nombramiento, por ejemplo, de Trinidad Jiménez para Exteriores. Sigue así la misma pauta de recompensas que concede a sus candidatos fracasados, como en el caso de Miguel Sebastián. Y el desenlace puede ser el mismo. El ministerio de Exteriores es la cara externa del país, no sólo del Gobierno y, sinceramente y con todos mis respetos a la ministra, no parece, al menos por ahora, que esté a la altura de ese papel. O la recompensa a Leire Pajín con un ministerio por una gestión en la organización del PSOE que era contestada por un gran número de compañeros de partido y cuyas comparecencias públicas les ponía al borde del ataque de nervios. Pero uno no puede negarse a sí mismo, aunque sea dos veces, hasta ese punto.

El cambio contiene, por lo demás, una advertencia para Mariano Rajoy y el PP: Zapatero no va arrojar la toalla y un presidente de Gobierno, por demediado que se encuentre, dispone siempre de recursos inestimables para recuperar parte de la iniciativa perdida. Que se desengañe Rajoy: este partido no lo va a ganar por abandono del equipo contrario. Y puede que la fruta no esté lo suficientemente madura como para que caiga por sí sola en sus manos, como le aconseja Pedero Arriola. Al igual que Zapatero, también el presidente del PP se deja convencer por los hacedores de encuestas. Pero a las encuestas muchas veces se les dobla el pulso. Que le pregunte a Tomás Gómez. O el PP se pone pronto las pilas, o el partido no está aún acabado, aunque la oposición aún disponga de una ventaja de varios goles.

Varias ideas muy sucintas, para el debate, sobre los abucheos ayer al presidente del Gobierno en la conmemoración de la fiesta nacional.

1.- Hasta los más exaltados tienen derecho a la libertad de expresión. Aunque lamentemos lo que digan. Esa es la grandeza de la democracia. Y el escándalo que muestran ahora algunosde sería más sincero si las vestiduras se rasgasen tambien en otras ocasiones en las que los exaltados son del polo opuesto.

2.- Dicho esto, hay ocasiones menos inoportunas para que abuchear al presidente del Gobierno. Hay lugares y momentos de sobra. La celebración de la fiesta de todos y el homenaje a los militares españoles caídos al servicio del país no es una buena oportunidad para hacerlo. Una falta de respeto lamentable por parte de aquellos a quien habitualmente se les llena la boca con invocaciones a la patria y la nación.

3.- El PP no puede pasar de puntillas sobre ese tipo de manifestaciones. Debe desmarcarse claramente, aunque se sólo para evitar que se les identifique con el partido, que es lo que ya se han apresurado a hacer desde la trincheras opuestas. Su batalla principal sigue estando en la consolidación del voto moderado. Y la complacencia con los extremistas de la derecha no es un arma recomendable.

4.- Finalmente, todos haríamos mejor en ocuparnos de lo importante y dar a estos incidentes la importancia que tienen, que es casi ninguna.

No sé si Tomás Gómez "es el mejor", como dice ahora Zapatero después de haber intentado defenestrarlo por candidata interpuesta, pero sí que es el propio Zapatero quien lo ha hecho mejor de lo que podía llegar a haber sido. Luego lo explicaré.

Disipadas a medias las vaharadas de incienso que se han echado mutuamente los dos contendientes de las primarias socialistas de Madrid, y los ecos de las protestas de unidad hasta que la muerte les separe después de haberse tirado de los pelos durante las últimas semanas, algunas conclusiones provisionales se pueden extraer de esas elecciones. Me atrevo con dos.

--El proceso de primarias, tal como se ha desarrollado, va a dejar heridas más profundas de lo que se quiere admitir. Después de tres años en los que Gómez, por mandato de Zapatero, intentó acabar con las viejas querellas de grupúsculos que nunca acababan de desaparecer, el intento de Zapatero de apartar a Gómez despertó el nuevo al gallinero. Y de paso, convirtió a Gómez en bandera de los viejos agraviados, que han sacado la cabeza para tomarse el desquite. Guerra, por ejemplo. Será difícil que ese antizapaterismo, que ha dejado de ser latente, desaparezca sólo al conjuro de las buenas palabras.

Por otra parte, los partidarios de Trini se ponen la venda antes de la herida y acusan ya a Gómez de que les va a dejar fuera en las listas futuras. ¿Y qué esperaban? Medio comité ejecutivo del PSM, medio grupo parlamentario en la Asamblea y otro medio del Ayuntamiento le dejaron con el culo al aire cuando Gómez esperaba concluir su travesía en el desierto del anonimato con su candidatura a la presidencia de la Comunidad. ¿Pretenden ahora que les recompense? Si Gómez finalmente gana en Madrid, lo que ahora parece improbable, las heridas irán restañando poco a poco. El triunfo electoral es un bálsamo poderosísimo. Pero si pierde, será la guerra civil.

--Segunda, mucho más breve. Las primarias pueden haber tenido un efecto parádojico. Fatal para ZP; no tan malo para las posibilidades electorales del PSM. En cuanto a Zapatero, si se hubiera tratadode un incidente aislado, pase. Pero su derrota en Madrid se inscribe en un via crucis que empezó con la Gran Rectificación de mayo, siguió con la huelga general y que continuará con las estaciones penitenciales de las elecciones catalanas, las autonómicas y municipales, y de unas pesismistas previsiones de crecimiento y de empleo, antes de las elecciones de 2012. Casi nulo margen para la tomar aliento y recuperarse.

Sin embargo, las perspectivas del PSM pueden mejorar con Gómez, a pesar de las encuestas de Ferraz que han provocado todo este lío. El problema más grave del PSOE a nivel nacional es la pérdida de su propio electorado: quince puntos desde las elecciones de 2008, es decir casi el 40 por ciento de los que le votaron entonces. Pues bien, tengo el convecimiento de que ahora, y después de todo lo que ha pasado, Gómez está en mejor disposición que Jiménez de recuperar esos electores, muchos de los cuales abandonaron precisamente por rechazo a Zapatero.

¿Merece la pena comentar una huelga de la que ya sabemos de antemano que no va a tener ningún efecto práctico? No mucho. Digan lo que digan, los sindicatos saben que Zapatero no va dar marcha atrás porque no tiene margen de maniobra: sería su muerte política. Y eso es algo que los sindicatos, también digan lo que digan, no quieren en absoluto porque prefieren a un ZP demediado a cualquier gobierno del PP.

Ayer, en mi artículo en ABC, tildaba esta huelga de hipócrita e inútil y me reitero en esos calificativos. Así que sobre esta huelga no hay mucho que decir. Los únicos que se juegan algo son los propios sindicatos porque, a estas alturas y a pesar de lo que sostienen PP y patronal, no creo que lo que ocurra en el día de hoy vaya a afectar mucho más a nuestro crédito en el exterior, ya bastante depreciado.

Pero esta huelga vuelve a recordarnos una necesidad imperativa: el desarrollo normativo del derecho de huelga, un mandato constitucional que lleva 32 años sin cumplirse. Ahora se rige por un decreto preconstitucional desarrollado por una jurispridencia que, en general, ha esquivado uno de los quid de la cuestión: las garantías de quienes no quieren sumarse a la huelga.

Habrá un estéril guerra de cifras sobre el número de huelgistas, pero a mí sólo me interesa una y esa nadie me la va a proporcionar: la del número real de personas que se han sumado a la convocatoria por voluntad propia. Porque mientras el derecho de los no huelgistas no esté suficientemente garantizado muchos no podrán ir a trabajar porque simplemente se les impide y otros muchos no lo harán por miedo o por un pacto con sus propios empleadores para evitar males mayores. Así que no me hablen de los cientos de miles o millones de trabajadores que no han ido a trabajar: estoy convencido, y conmigo cualquier observador desapasionado, que sólo una reducida proporción de ellos lo han hecho por convicción.

En ello habrá tenido una influencia decisiva el ridículo asunto de los servicios mínimos. ¿Cómo se puede negociar la frecuencia del transporte público o de otros servicios si no se sabe de antemano la dimensión de la huelga? Los sindicatos echan el resto en la negociación de esos servicios porque saben de sobra que será el resultado de esa negociación, y no la voluntad de la inmensa mayoría de los trabajadores, la que va a determinar el resultado de la huelga. Y otra pregunta: ¿alguien le ha preguntado previamente a los trabajadores de esos servicios si quieren hacer huelga? ¿Cómo y quién garantiza el derecho al trabajo de los empleados de servicios afectados por la negociación de unos mínimos fijados arbitrariamente sin se conozca de antemano la amplitud de la huelga?

Bien, los sindicatos cantarán victoria al final de la jornada. Ya lo verán. Pero hasta ellos saben que se estarán engañando a sí mismos. Ni la gran mayoría de la sociedad está con ellos en estas circunstancias, ni van a doblar la rodilla de un gobierno que ya la hincó ante sus colegas europeos y ante los mercados. Lo único que quedará en entredicho, pase lo que pase, es su capacidad de adaptación a un mercado laboral que tendrá que transformarse profundamente para sobrevivir y su influencia futura en los asuntos públicos de este país.

Supongamos, que ya es bastante suponer, que el acuerdo para transferir al gobierno vasco las bonificaciones en la cuotas empresariales a la Seguridad Social, dentro de las políticas actividades de empleo, no rompe la unidad de caja de la SS. Para que no sea así habrá que confiar en la buena fe de las administraciones forales y en un rigurosa inspección de los servicios de la SS, lo que no deja der ser un albur en ambos casos. Pero hay al menos otras dos objeciones importantes a una concesión que no tiene otro objeto que salvar los presupuestos de 2011 y, con ello, alargar la vida de un gobierno agónico.

--La primera constituye una enmienda general a toda la política territorial del Zapatero: así como no se puede acometer una reforma de hecho del modelo vigente por la puerta trasera de las reformas de estatutos, no debería abordarse una transferencia sensible, que va a desencadenar inmediatamente un proceso de emulación imparable, exclusivamente como moneda de cambio en una negociación presupuestaria con un solo grupo parlamentario, y de los más pequeños. Si es necesario profundizar en el autogobierno de la CCAA o progresar hacia un modelo federal implícito en la propia España de la autonomías, hágase; pero respetando los consensos constitucionales y convocando a las fuerzas más representativas. Y, sobre todo, calculando de antemano el coste total (y no sólo en una CCAA) de cada paso en esa dirección no vaya a ser que, cuando queramos hacer balance, nos hayamos quedado sin Estado.

--La segunda es que no es cierto, como alega el Gobierno y quienes le apoyan, que sea preferible que políticas de esa naturalezal las administren quienes se encuentren más cerca de los ciudadanos. Como recuerda hoy en ABC nuestro compañero Fernando Fernández, "la proximidad de la Administración a los administrados no es siempre garantía de un mejor servicio". El ejemplo es la legislación sobre el suelo: un desastre y una fuente de corrupción desde que una parte sustancial de la misma se transfirió a las CCA y los ayuntamientos. Tratándose de una materia muy delicada,  en la que puede estar en juego el prinicipio de igualdad, tal vez sea mejor idea que todo lo que afecta a la SS queden en manos de la administración central que es, por definición, la mejor situada para vigilar por el cumplimiento de ese principio.

Poco a poco, una competencia allí, un estatuto allá, sin orden ni concierto, a golpe de negociación bilateral y como consecuencia de las necesidades inmediatas del partido del poder, estamos creando un rompecabezas territorial que costará mucho recomponer, si es que se puede. Porque, santa Rita, santa Rita, lo que de na no se quita. Dar marcha atrás en ese terreno podría provocar mayores confictos de los que trata de resolver. Y eso lo saben muy bien los partidos nacionalistas, que poquito a poco, y por la vía de los hechos, están aplicando el principio de la profecía autocumplida: la de que la España autonómica ya no es viable.

Me voy a extender poco sobre el asunto, porque me contradiría a mí mismo ya que sostengo que cuando menos se hable de ETA menos les hacemos el juego. Pero la intervención de unos llamados "mediadores internacionales", como si el País Vasco fuera un bantustan africano, me tiene sublevado. Así que cinco notas muy breves:

1.-Con todos mis respeto a la fundación Mandela y compañeros mártires, el terrorismo de ETA es un asunto que se puede resolver, y se está resolviendo, en el ámbito exclusivamente español. No hay en Euskadi dos comunidades enfrentadas, como en el Ulster o Sudáfrica, sino una ínfima minoría que mata para conseguir unos objetivos políticos frente a una inmensa mayoría.

2.- Los sucesivos comunicados constituyen un paso más dentro de un ciclo que comenzó con la llamada declaración de Bruselas (de los mismos "mediadores") y que responde a dos nececisades internas: una ETA exhausta busca una salida digna que legitime su pasado criminal con las cartas que cree que aún le quedan; y los radicales abertzales quieren estar en las elecciones municipales de 2011, sin las cuales están abocados a la desaparición. Pues bien, que unos y otros se decidan. Seguimos esperando.

3.- Como dijo el lehandakari Patxi López, y en consonancia con lo anterior, se trata más bien de una diálogo entre ellos, en el que está en juego la dirección y la estrategia de todo ese mundo. Pues bien, lo mismo de antes: que se decidan.

4.- Todo ello indica que la orientación de la política antiterrorista desde la última tregua es la correcta, que les ha hecho pupa y que, en consecuencia, no hay que cambiar; ahora menos que nunca.

5.- Finalmente, aunque siga matando, el terrorismo de ETA ha dejado de ser una preocupación mayor de los españoles, que tenemos ante sí desafíos muchos más importante para nuestro futuro. Y su influencia en la agenda política del país empieza a ser marginal.

En conclusión, a ellos les toca mover una ficha que aún no han puesto sobre la mesa. Y entretanto, a lo nuestro.

No estuve a favor de la huelga general de los sindicatos contra el gobierno de Felipe González en diciembre de 1988, ni tampoco de la que le fabricaron las centrales, con el apoyo explícito del PSOE y su líder de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero, a José María Aznar en 2002 coincidiendo, además, con la celebración de una cumbre europea en Sevilla. Y no voy a ser tan oportunista como para aprobar la que han convocado los mismos sindicatos, esta vez sin el apoyo del PSOE desde luego, para finales de este mes. Estoy, en principio, en contra de todas las huelgas generales. Y no porque tengan un marcado carácter político; faltaría más que no lo tuvieran. Sino porque creo que no resuelven casi nada, a pesar de las afirmaciones del líder de comisiones, Ignacio Fernández Toxo, y someten al país a una tensión innecesaria en circunstancias como las presentes.

Hay que reconocer, sin embargo, que los motivos que provocaron las huelgas de 1988 y 2002 parecen fruslerías al lado de la contrarrevolución laboral asumida ahora por el Gobierno de Zapatero, que probablemente sea necesaria (aunque no tal vez en todos los términos en que va a ser aprobada), pero que suena a sarcasmo después de que el presidente del Gobierno haya predicado hasta la saciedad que, lo de tocar los derechos de los trabajadores, por encima de su cadáver.

Ahora bien, si los trabajadores quieren castigar al Gobierno por lo que consideran lesiones a sus derechos, el instrumento más eficaz no es una huelga general sino las urnas: mandar a casa al gobierno en cuestión. Muchos de ellos no lo harán, y no desde luego los líderes sindicales que convocan esta huelga. El maniqueísmo prevalece sobre cualquier otra consideración. Y prefieren ver en La Moncloa a uno de los suyos, aunque les haya tocado gravemente las narices, que a uno del equipo contrario, aunque pudiera hacerlo mejor que el despuesto. Deberíamos aprender de Francia, donde las líneas de fractura ideológica no impiden que se manden a paseo a los gobiernos ineficaces con la misma contundencia con los que se los elige y, en ocasiones, en cortísimos plazos de tiempo.

No hay mucho que añadir sobre la nueva añagaza de ETA a lo que dijo ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y a lo que deberían atenerse todas las fuerzas políticas siempre que el Gobierno sea capaz de sostener sus palabras. Horas después de que se hiciera público el nuevo documento de Batasuna pidiendo a ETA una tregua "indefinida y verificable", el ministro aseguraba que esa ya no era la cuestión. Que de lo que se trataba ahora es de "si lo dejan, o no lo dejan". Pues eso. Después de múltiples intentos fallidos en los que el Estado, si estar obligado a ello, fue siempre más generoso que los pistoleros, ya sólo cabe esperar un decisión de ETA: el abandono definitivo de las armas. Y después, según las condiciones, ya se verá.

En esta hora, y para evitar cualquier otra tentación o ensoñación, el Gobierno debería tomar una iniciativa política que no deje lugar a dudas, de la misma forma que, en vísperas de la última tregua, hizo aprobar en el Congreso una declaración fijando los límites de un eventual proceso de paz, que luego no se respetaron. Debería presentar en el Parlamento, sin más dilación, un documento con el que construir un consenso estable y sin fisuras en torno a la única condición que se debe imponer a la banda terrorista: que para hablar de cualquier otro asunto, antes deberá abandonar definitivamente las armas en un proceso susceptible de ser comprobado.

No debería desaprovechar el Gobierno la oportunidad de despejar cualquier duda al respecto cuando lo que no estamos jugando en España son cosas mucho más importantes que quién se pone la medalla del fin de la violencia. Este llegara más temprano que tarde, con el actual Gobierno o con otro, y los españoles sabrán entonces que lo que lo hizo posible no fue la iniciativa de fulanito o menganito, sino un consenso político como el que requiere la situación en estos momentos.

Yo soy dos y estoy en cada uno de los dos por completo. Claro que a San Agustín se le podía perdonar tamaña extravagancia sobre sí mismo porque había escrito muchas otras reflexiones notables sobre el mundo. No sobre las mujeres, como es sabido. Aún así. Pero, ¿qué obra han dejado tras de sí Trinidad Jiménez o Celestino Corbacho para que les disculpemos que pongan en práctica la definición agustiniana? En la afirmación del padre de la Iglesia, intérpretes posteriores han querido adivinar un síntoma de esquizofrenia. En nuestros dos ministros, ni eso. En realidad no son dos; están en dos lugares al mismo tiempo exclusivamente con el objetivo de obtener ventajas políticas.

Dicen que Corbacho está quemado como ministro de Trabajo. Y dicen también que es Zapatero quien le retiene hasta después de la huelga general de fin de mes para que el probable incendio no queme a nadie más en el Gobierno. Pero cuando uno se va, se va. Si Corbacho se queda es porque, a pesar de todo, la visibilidad mediática de un ministro es incomparablemente mayor, para lo malo y para lo bueno, que la del número tres de una lista electoral. Si no fuera así, y pensara que su hoja de servicios como ministro podría perjudicar sus posibilidades electorales, habría anunciado su candidatura justo en el momento en que cesara como miembro del ejecutivo. El caso de Jiménez es aún más claro. Ella sabe que sólo tiene posibilidades de ganar a su compañero de partido Tomás Goméz si explota hasta el último segundo la proyección pública que le procura su cargo ministerial. Además de la enormes ayuda que recibe de la dirección federal, desde la que se ha emprendido una guerra sucia contra el secretario general madrileño ("es el candidato de la derecha") que desnuda a quien la sostiene.

Al final, ni son dos, ni probablemente estarán en ninguno de los dos lugares al final del viaje que han emprendido. Pero habrán escrito otra ominosa página en la historia del oportunismo político.

Cuando él era aún ministro de Defensa, sostuve una polémica pública sobre la naturaleza de la misión de los soldados y guardias civiles españoles en Afganistán con José Antonio Alonso, gran tipo a pesar de los marrones que se ve obligado a defender por encargo de su compi de colegio. Él se empeñaba en una discusión nominalista a propósito de la definición oficial de la ONU para la misión: de pacificación y reconstrucción. Yo sostenía que, más allá de las logomaquias marca de la casa de la ONU, lo que definía como de guerra una misión era la naturaleza de las acciones que se veían obligados a ejecutar nuestros soldados sobre le terreno.

Hoy, después del asesinato de dos guardias civiles, suman ya noventa y dos los militares y agentes de seguridad españoles muertos en Afganistán. Demasiado precio para una misión de "pacificación y reconstrucción". Una discusión absurda e irritante. En Afganistán, el Gobierno actúa acomplejado por su precipitada y unilateral retirada de Irak. Irak era una guerra y Afganistán, no. Já.

¿Cree el Gobierno que a los españoles les importan distinciones bizantinas sobre la naturaleza de una misión cuando sus compatriotas militares empiezan a caer como chinches? Lo que exigen es que alguien les informe de que, a pesar de todo y cualquiera que sea su nombre, la misión de las Fuerzas Armadas españolas en un país tan distante, inhóspito y, en apariencia, tan distante de nuestros intereses, merece la pena. Si el Gobierno volcase todos sus esfuerzos en explicar esas razones a los españoles, en lugar de aplicarlos a lavar su mala conciencia con argumentos inútiles que suenan a sarcasmo frente a los féretros de otros dos españoles muertos, tal vez habría un gran número de ciudadanos dispuestos a escucharles. Mientras, no saldrán de su estupor. Y unos cuantos, de su cabreo porque les estén tomando el pelo.