Perezas privadas por Eduardo San Martín

Voy a entrar en el tema de las famosas actas de ETA tratando de evitar plantear el asunto en términos confrontación PP-PSOE, tal como algunos comentaristas de este blog han subrayado como elogiable a propósito de la intervención en Libia. Creo que se puede, aunque no es fácil. Vamos allá.

• No doy más credibilidad a los papeles de ETA que la que le da el propio Gobierno. Y a este respecto hay que recordar que la demanda contra la legalización de Sortu se basa precisamente en documentos internos de ETA.

• Plantear el asunto en términos de credibilidad ETA-Gobierno me parece un error, por las razones que explico en mi artículo de ABC de hoy.

• Los dos diarios de mayor difusión en España, de tendencias opuestas, han informado largamente de esas actas. Uno puede dudar de unos de los dos, pero no de los dos al mismo tiempo. Y no pueden ser ambos igualmente irresponsables si han prestado tanto espacio a una información que carece de credibilidad.

• Sobre el asunto Faisán, además de lo que diga ETA, existen otros indicios, que están siendo investigados por el juez en el procedimiento en curso. Y el juez Pablo Ruz, me consta, no es ningún reaccionario resentido.

• Tampoco revelan las actas más de lo que ya conocíamos sobre la continuación de los contactos después del atentado de Barajas, un asunto que a mí me parece más grave que el anterior. Ya se informó de ello en su día y no fue desmentido porque existía constancia de al menos una reunión. También de que la negociación fue rota por ETA y no por el Gobierno.

• Los documentos confirman también las sospechas, creo que fundadas, de que la negociación rebasó los términos de la autorización concedida por el Congreso en mayo de 2005 y que incluían dos salvaguardias:    

o Que existiera “una clara voluntad (por parte de ETA) de poner fin a la violencia y una actitud inequívoca que pueda conducir a esa convicción”. Los hechos, y no sólo las actas, confirman que no fue así.

o Y que “las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular”. Y en las dos mesas abiertas con ETA se negociaron asuntos políticos, según informaciones tampoco desmentidas en su momento.

En cuestiones de lucha antiterrorista, es normal que existan zonas de penumbra. Todos los gobiernos las han mantenido. El problema es cuando un juez te pilla con las manos en la masa y te pide explicaciones. Porque hay explicaciones públicas que ningún gobierno puede dar. Ese el laberinto en que se encuentra el Gobierno. Salvando las distancias, ocurre como en el caso de Libia: todos los intervinientes saben que se están saltando las reglas establecidas por la ONU, pero no ocurrirá nada hasta un avión aliado se cargue, por ejemplo, una escuela. En todos estos asuntos, hay que ser un poco cínico, pero también mucho más precavido. Y el creo que gobierno español fue bastante imprudente. Con independencia de si los anteriores lo hicieron mejor o peor. 

Cada día resulta más evidente que las fuerzas coaligadas están realizando una interpretación muy generosa del mandato que la ONU aprobó para intervenir en Libia. Las últimas acciones de la aviación aliada sobrepasan claramente los dos objetivos aprobados en la resolución 1973: la imposición de una zona de exclusión aérea y la adopción de las “acciones necesarias” para proteger a la población libia de la acción de su ejército. Los aviones de la coalición están atacando ahora a unas fuerzas en retirada y ejercen de vanguardia aérea del avance de los rebeldes. Y eso es otra cosa muy distinta.

No diré yo nada en contra, a pesar de todo. Por dos razones:

--La primera es que los aliados parecen haber comprendido que nada “protegerá” mejor a la población libia que la derrota o la claudicación de Gadafi. Y a ese fin, y lo más pronto posible, parece dirigirse en estos momentos la intervención militar exterior. Aunque la resolución de la ONU no diga explícitamente nada de eso.

--La legitimidad y la legalidad de una intervención son muy importantes, pero, en mi opinión, el factor decisivo para su aceptación en términos de opinión pública es la eficacia. Por ejemplo:

          • La guerra de Afganistán cuenta con la legalidad ONU y la legitimidad originaria de derrocar a un régimen medieval y cruel que daba amparo a grupos terroristas. Después de diez años, la eficacia está por ver y las opiniones públicas increpan a sus gobiernos.

          • La de Irak no contaba con la aprobación de la ONU y su legitimidad era muy discutible porque el motivo alegado (las armas de destrucción masiva) se reveló como falso, aunque se podían haber invocado otras razones para intervenir. El sangriento desarrollo de la posguerra fue la puntilla.

          • En Kosovo, la OTAN no contaba con mandato de la ONU, aunque resultaba legítima ante las barbaridades cometidas por Serbia. Pero fue su eficacia la que la absolvió ante la opinión internacional.

          • En cuanto a la de Libia, cuenta con legitimidad y legalidad, pero será también el resultado el que determine su aprobación pública. Aunque, como parecen estar haciendo los aliados, haya que leer muy entre líneas la resolución 1973.

Ya sé que se trata de una visión muy utilitarista del derecho de injerencia, pero así son las cosas. O así me lo parecen.

La división del Supremo en torno a la sentencia sobre Sortu ha provocado una gran inquietud, que no comparto en absoluto. Porque, a falta naturalmente de conocer los argumentos del fallo, creo que las discrepancias no atañen tanto al fondo de la cuestión como a un criterio de mayor o menor prudencia. Hay dos posibles interpretaciones jurídicas sobre el asunto, y supongo que es por ahí por donde van los tiros.

--El primero, más prudente, se atiene a la jurisprudencia sobre la ley de Partidos, y al fallo del Tribunal de Estrasburgo, y considera que no es suficiente una simple declaración de rechazo de la violencia para probar que Sortu no es la continuidad de Batasuna, y que se necesitan actos confirmatorios continuados y, por tanto, un cierto tiempo.

--El segundo, más audaz, juega con la modificación introducida en la ley electoral por PSOE y PP, en virtud de la cual, cuando se declare ilegal un partido, a sus cargos electos se les puede retirar dicha condición, cosa que no sucedía en el pasado. Por lo tanto, inscribamos al nuevo partido sin miedo y hagamos un seguimiento de sus actos porque siempre se puede instar su ilegalización a posteriori en la seguridad de que perderán toda presencia en las instituciones.

En mi opinión, si el Constitucional optara por esta segunda solución, que imagino que es la que sustanciará en el voto particular de al menos tres magistrados del TS, no pasaría gran cosa. Sortu participaría en las elecciones (si el fallo del TC llega a tiempo) y tendríamos la oportunidad de comprobar con los hechos si son o no una prolongación de Batasuna. Si no lo son, tanto mejor para todos y tanto peor para ETA. Y si lo son, siempre cabe instar su ilegalización y la expulsión de sus electos de las instituciones. ¿Por qué tanta inquietud entonces? A mí no me provoca ninguna. Y tendríamos más elementos de juicio.

Lo que sucede es que, en contra de lo que están sugiriendo algunos cargos del PP, un fallí así de TC significaría un revolcón importante para el Gobierno, que bajo ningún concepto desea una nueva Batasuna legalizada antes de las elecciones de este año y de las del año que viene.

Puede que Rajoy tuviera razón y la sesión parlamentaria de esta mañana no fuera la ocasión adecuada para establecer paralelismos entre Libia e Irak. Cuando un gobierno recaba el apoyo de la oposición para una guerra (llamemos a las cosas por su nombre) justa, y la tal oposición está de acuerdo con los medios y los objetivos aducidos, una lealtad elemental con tan delicada acción exterior recomienda no restregar por la cara disonancias del pasado. Cuestión de buen gusto, también.

Pero se trata de un debate necesario. No para buscar similitudes, sino lo contrario: para desentrañar los motivos que llevaron a idénticos actores (los de aquí, pero sobre todo los de fuera) a sostener posiciones contrarias en cada caso. Irak no era Libia; era peor. Hubo errores en los motivos invocados; también en la oportunidad y la proporcionalidad. Y, sobre todo, un pésimo cálculo de las consecuencias posteriores. Pero Sadam era un dictador que reprimió a sangre y fuego levantamientos populares como los de Libia. Ya apunté hace unos días en el periódico cuál era, en mi opinión, la diferencia más importante. La reitero: Bush.

Ahora, lo inmediato es preguntar al Gobierno de qué lado se propone estar cuando la unanimidad entre los coaligados empiece a deshilacharse, como parece probable. La ONU recurre a la ambigüedad para sumar voluntades, lo que ofrece flancos abiertos a las interpretaciones. Y a las disensiones. Ocurrió con la famosa resolución 1411 de Irak. Sucederá lo mismo con la 1973. El tiempo juega a favor de Gadafi y en contra de la coalición. A medida que esta peculiar operación de “exclusión aérea” se vaya convirtiendo en una guerra de desgaste, también muy probable, se abrirán otros frentes de disenso. Entre los aliados y en las opiniones públicas internas. ¿Agotará este gobierno las posibilidades que ofrece la 1973 o quedará paralizado por el miedo a un mayor desgaste electoral?

La misión contra Libia aprobada por la ONU menciona de forma expresa el establecimiento de una zona de exclusión aérea, pero incluye también un mandato más genérico: la adopción de “todas la acciones necesarias” para evitar que Gadafi ataque a la población civil. Los términos de la resolución plantean, pues, interrogantes que la coalición debería despejar cuanto antes para que sepamos a lo que hay que atenerse:

--Cuáles sería esas “acciones necesarias” teniendo en cuenta que la contraofensiva de Gadafi la llevan a cabo acorazados y artillería, si la exclusión aérea no fuera suficiente para pararlos. La resolución excluye expresamente el envío de fuerzas terrestres. En Afganistán, la fuerza aérea americana no fue capaz de completar el trabajo y, diez años después, hay más de 200.000 soldados sobre el terreno.

--Cuándo se entiende que la misión habrá acabado. ¿Un alto el fuego con Gadafi aún en el poder? ¿Concluirá de esa manera la violencia de éste contra su pueblo, aunque no se produzca con tanques y cañones?

--El mandato es de la ONU, pero el liderazgo militar inicial está siendo, de manera inevitable, de Estados Unidos, que dirige las operaciones desde sus bases en Frankfort. Urge un mando conjunto, que en estos momentos sólo proporciona la OTAN, pero Alemania, Turquía y la propia Francia son reticentes. Con el paso del tiempo, este vacío se irá haciendo más ostensible.

--La solución al problema anterior es capital para evitar que se desmarquen los países árabes y africanos, que ya han mostrado sus distancias.

--De la rapidez y eficacia de la operación depende que no se produzca a medio plazo la movilización en contra de las opiniones públicas internas, que suele ser un factor determinante en el desenlace de las guerras lejanas (Vietnam, Irak, Afganistán…). Cuanto más tiempo se prolongue la misión, más importante será este último factor, a unos cuantos meses de elecciones importantes en España, Francia y Alemania.

--Gadafi va a resistir, porque no tiene otra salida. Nos enfrentamos, pues, a la probabilidad de un escenario bélico prolongado. ¿Resistirá la coalición el esfuerzo sin resquebrajarse?

--Lo cual conduce a la conclusión final de que si esta resolución se hubiera adoptado hace unas semanas, cuando Gadafi se encontraba acorralado en Trípoli, el desenlace habría sido más fácil y más rápido

 Tendremos todavía, me temo, muchas ocasiones se seguir comentando el asunto.

Anoche cuando, estando en la tele, se aprobó finalmente la resolución de la ONU sobre Libia, pensé en el momento que se trataba de una decisión cosmética para que las potencias internacionales salvaran la cara ante lo que ya parecía irremediable. ¿Por qué, si no, no se adoptó antes? También pensé que el cambio de actitud, desde el obstruccionismo a la abstención, de Rusia y China obedecía a un ejercicio de cinismo: ahora que ya casi nada se puede hacer, nos permitimos el lujo de quedar bien ante la opinión internacional.

Con el paso de las horas, mi escepticismo inicial ha dado paso a una cierta esperanza. Todo dependerá de si la OTAN o una coalición de naciones resueltas (Francia, Reino Unido, Estados Unidos a la que se debería sumar, por qué no, España), está en condiciones, como asegura el gobierno francés, de poner en práctica, en cuestión de horas, un dispositivo que detenga el avance de Gadafi contra el último reducto rebelde. Y, a partir de ahí, esperar la posibilidad de una salida política decente para ese pueblo.

A este respecto, hay que subrayar que la resolución contiene una cláusula de la que no se había hablado en estos días. Autoriza, en efecto, a adoptar “todas las medidas posibles” (y ello incluye las militares, salvo una ocupación), para evitar que el dictador masacre a su pueblo.

A pesar de todo, siguen vigentes dos consideraciones sobre las negociaciones de estos días:

--Hay que revisar un orden de legalidad internacional  contaminado que hace depender la defensa de la democracia para un pueblo del veto de dos potencias (China y Rusia) peleadas con la democracia misma. La proyectada reforma del Consejo de Seguridad y de su procedimiento de adopción de resoluciones duerme el sueño de los justos desde hace más de seis años. Carece de legitimidad moral una legalidad internacional que es producto de los intereses nacionales de cinco países, por muy grandes e importantes que sean.

--Resulta incomprensible el papel de Alemania, que se ha opuesto a la intervención y que, al final, ha votado con los rusos y los chinos. ¿Es ese el papel del líder natural de Europa? La reacción histérica y electorera a los accidentes nucleares de Japón y la pasividad, también por razones electorales, ante la situación de Libia confirma las opiniones de quienes cuestionan desde hace años la capacidad de liderazgo de Angela Merkel, enfrascada en una política aldeana que prima las exigencias a cortísimo plazo de grupos de interés de su país. Pobre Europa.

La nube tóxica de Japón contamina el debate político en Europa. A líderes como Merkel y Zapatero les ha pillado con el pie cambiado. La primera había prolongado la vida útil de las centrales alemanas y el segundo había aceptado discutir la cuestión en una cláusula introducida a última hora en la ley de Economía Sostenible. La primera ya ha dado marcha atrás; y al segundo se le ve notablemente incómodo teniendo que defender ahora la seguridad de las nucleares españolas.

En ambos casos, y en otros, la preocupación, como siempre, son las opiniones públicas domésticas en un año electoral. Y así, será difícil afrontar seriamente un debate a largo plazo sobre el futuro de las nucleares como fuentes de energía. Por no hablar de la irresponsabilidad de ese comisario europeo que ha calificado la situación de “apocalipsis” cuando aún desconocemos su desenlace.

Aunque será difícil que se puedan repetir las condiciones extremas que han provocado los accidentes nucleares de Japón, la amenaza de una catástrofe plantea preguntas muy legítimas. Dos en especial: en primer lugar, por qué se decidió emplazar centrales atómicas en zonas tan expuestas a terremotos; y en segundo, si las consecuencias de un accidente nuclear de esa naturaleza son las que son en un país rico y disciplinado como Japón, que no ocurriría en otros. Ambas cuestiones, sin embargo, atañen más a decisiones humanas que a la seguridad exigible en este tipo de instalaciones.

Pero esas preguntan nos conducen a otras interrogantes de mayor alcance: ¿Son subsanables los fallos de previsión y gestión que se ha producido en los accidentes de Japón; o por el contrario estos accidentes prueban que la nuclear nunca será una energía suficientemente segura  (por sí misma o por acción de los hombres) y, por lo tanto, habría que descartarla? Quienes respondan afirmativamente a la segunda deberán contestar a una tercera: ¿Puede el mundo prescindir de la energía nuclear en un plazo previsible de tiempo? El “renacer nuclear” que denominan algunos se produjo cuando el petróleo se puso a 150 dólares el barril. La demanda mundial de energía seguirá subiendo por el crecimiento de los países emergentes y las nuevas energías sólo son capaces de satisfacer, por el momento, una parte de esa demanda.

 En Europa en especial (salvo en el caso de Francia) nuestra dependencia energética del exterior nos coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Por esa razón, cualquier enmienda a la totalidad que se formule contra la energía nuclear en estos momentos debería ir acompañada de una alternativa seria fiable. Las nuevas energías renovables no lo son aún y no lo serán durante mucho tiempo.  

En un debate tan emocional, y tan condicionado por prejuicios ideológicos, como es el nuclear, hay que dar paso a los expertos. Y como yo no lo soy, me remito a la explicación realizada esta mañana en Hoy por Hoy de la Cadena Ser por Eduardo Gallego, catedrático de la Politécnica de Madrid, sobre el comportamiento de las centrales tras el terremoto de Japón, la reacción de las autoridades  y la magnitud real de los riesgos probables; y a lo que han escrito otros, como Manuel Fernández Ordóñez.

Mi conclusión provisional, a reserva de lo que ocurra en las próximas horas y días: los accidentes de Japón no prueban la inseguridad de las centrales nucleares, sino lo contrario; que en condiciones sumamente extremas (el peor terremoto sufrido en 150 años), las centrales pueden resistir; y que, a diferencia de lo que ocurrió en Chernobil, unos sistemas de actuación posterior y el comportamiento de las autoridades pueden minimizar los riesgos incluso en esas condiciones. A los miles de personas muertas en Chernobil las mató sobre todo la inepcia de las autoridades.

Decía esta mañana el citado Fernández Ordóñez que la fuerza sísmica liberada por el terremoto de Japón ha sido 30 veces superior a la máxima contemplada en la construcción de esas centrales, y aun así resistieron. Por otra parte, los problemas de refrigeración provocados por cortes en el suministro eléctrico se originaron por el tsunami posterior y no por el temblor en sí.

No hay ninguna fuente de energía totalmente segura. Es más, no hay ninguna actividad industrial segura al cien por cien. Pienso, por ejemplo, en las numerosas catástrofes ecológicas producidas por el transporte de crudo o en la tragedia de Ribadelagos de los años cincuenta por la rotura de una presa hidroeléctrica. ¿Habría que descartar esas fuentes energéticas por los problemas de seguridad que plantean la inepcia de algunos de sus técnicos o la irresponsabilidad de ciertos gobernantes?

El debate sobre las nucleares, si prescindimos de impulsos emotivos y de prejuicios, debería plantearse, pues, en los mismos términos que sobre otras energías e industrias: hasta donde se pueden minimizar esos riesgos que ya sabemos que existen; y si las ventajas que se obtienen compensan la asunción de esos riesgos. Como decía al principio, no soy un experto. Y estoy dispuesto a dejarme convencer por quién exhiba los mejores argumentos. Lo que reclamo hoy es, al menos, una igualdad de trato de la energía nuclear en relación con otras actividades peligrosas que no suscitan en nosotros la menor inquietud.

A mí tampoco me gusta la rebaja de Moody’s. Por lo que nos pueda afectar a todos. Se trata de una faena e incluso se puede admitir que es arbitraria. Pero ¿de qué vale lamentarnos? Así funciona la cosa, aunque pensemos todos que las agencias de calificación no han dado en esta crisis un modelo de buen hacer, sino todo lo contrario. Los inversores confían en sus dictámenes, y eso es lo que importa. Es como en el fútbol: un árbitro puede ser un merluzo, pero si pita gol, es gol. Y de poco sirve protestar.

Merece tener en cuenta, por otra parte, el análisis de la economía española en la que la agencia funda su decisión:

--No les parecen creíbles las necesidades de capitalización de cajas y bancos ofrecidas ayer por el Banco de España. A muchos otros economistas, tampoco. Se trata de cálculo realizado antes de los ajustes que las entidades financieras deberán hacer en sus balances para recoger la depreciación de sus activos inmobiliarios. Y hay quien estima que esa depreciación puede alcanzar los 100.000 millones de euros.

--El problema principal de la economía española es el crecimiento, lastrado ahora por la falta de crédito. Muchos sospechan que el nuevo capital que cajas y bancos sean capaces de captar para cumplir con el mínimo exigido se destinará a sanear esos balances y no a inyectar dinero a empresas y familias.

--Finalmente, la agencia no cree que, el déficit previsto de la Comunidades Autónomas permita cumplir el objetivo de déficit del Estado para este año (el 6% del PIB). Y los ingresos no subirán lo que prevé el Gobierno, porque sus cifras de crecimiento (1,3% para este año) están muy lejos de las que estiman la mayoría de estudios nacionales e internacionales (entre un 0,6 y 0,7%).

Así que, en lugar de llorar sobre la leche derramada (la rebaja de Moody’s), deberíamos aplicarnos a despejar las dudas que inspira nuestro sistema financiero y nuestra economía, y no sólo a las malvadas agencias de rating.

Permitidme que me ocupe de nuevo de Libia. Al fin y al cabo, Trípoli se encuentra sólo a unos 1.200 kilómetros de la península. Lo que ocurra allí en los próximos meses, como lo que está sucediendo, o pueda suceder, en otros países cercanos, es de vital importancia para nosotros. Y no sólo por el petróleo o el límite de los 110 kilómetros. Todo parece indicar que no encontramos en el comienzo de una guerra civil que puede ser larga. Pero una guerra civil desproporcionada: Gadafi tiene las armas pesadas y la aviación, y los rebeldes, fusiles de asaltos y lanzacohetes, muchos inservibles, sacados de arsenales abandonados. El algún momento, la comunidad internacional tendrá que plantearse qué hacer en serio para evitar un baño de sangre.

Esta reflexión nos lleva al dilema de la intervención militar. Las experiencias anteriores, incluso las avaladas por la ONU, no son buenas (Somalia, el Congo, Afganistán). Y una intervención directa reforzaría el argumento sobre el que el dictador que sustenta la represión: que se trata de una conspiración internacional. Se trataría, pues, de una recurso de última instancia para impedir una matanza.

Pero los rebeldes han sugerido al escritor francés Bernad Henry Levy una serie de opciones alternativas dirigidas a disminuir el poder de Gadafi: zona de exclusión aérea; inutilización del principal aeropuerto desde donde se dirigen los ataques interferencia de las comunicaciones del ejército libio leal a Gadafi; actuación coordinada de los países africanos y reconocimiento internacional del Consejo Nacional de Transición organizado en Bengasi.

 El tiempo apremia y no deberíamos permitir que la rebelión libia fracase. ¿Por qué? No sólo por cuestiones de vecindad. El significado de las revoluciones que se están produciendo en el norte de África y Oriente Medio trasciende un ámbito geográfico o cultural concreto. Son un ejemplo para muchos otros países del mundo en situación similar. Los jóvenes claman sobre todo por un trabajo, una perspectiva de futuro y una vida digna; quieren vivir como los de los países civilizados. No podemos negarles esa esperanza. Si los cambios terminan cuajando, nos encontraríamos ante un acontecimiento histórico que puede cambiar las relaciones en el mundo a lo largo de este siglo.

A los europeos, y a los españoles en particular, deben traernos muy malos recuerdos las políticas de no intervención del siglo pasado. Sólo favorecen a los más fuertes y a los que no albergan ningún escrúpulo en el uso de la fuerzas contra pueblos indefensos. Por esa razón, a la hora de resolver el dilema sobre una intervención militar deberemos sopesar no sólo los riesgos (que los hay y muchos) sino las consecuencias para millones y millones de ciudadanos indefensos en caso de no hacerlo. Así que, intervención directa, de momento mejor no. Pero igual no hay más remedio.