Perezas privadas por Eduardo San Martín

Más vale tarde que nunca. El mundo occidental se mueve por fin para acelerar el cambio en Libia. Pero sólo lo ha hecho cuando la caída de Gadafi parece irreversible. Hasta entonces, es decir hasta hace apenas unos días, las solemnes declaraciones de nuestras cancillerías se alzaban contra el uso de la violencia, pero sin citar nunca por su nombre al responsable de la carnicería. No fuera a ser que…

Sólo cuando la caída a los infiernos de la familia Gadafi es ya un hecho se congelan sus fondos en el exterior; y sólo cuando parece garantizado el suministro de petróleo por una mayor producción de otros países de la OPEP, ya nadie se preocupa de reprimir actitudes que podrían suponer “una injerencia” en los asuntos internos de Libia, tal como lo expresó en su día nuestras ministra de Asuntos Exteriores. Como asegura el mordaz dicho sobre el ventajismo, nuestros gobiernos “han acudido presurosos en auxilio del vencedor”. Hasta entonces, pura salmodia.

Pero, como ha ocurrido en otras ocasiones, a pesar de la tardanza y las dudas iniciales, Estados Unidos le ha vuelto a tomar la delantera a Europa. En este caso existe una explicación plausible: Estados Unidos no se juega casi nada en este asunto; no consume petróleo libio y sus intereses económicos y estratégicos son muy menores. Todo lo contrario que algunos países europeos (Francia, Italia y España, entre otros). Ya veríamos cual sería la actitud de Estados Unidos si el régimen amenazado fuera, por ejemplo, Arabia Saudí.

Todo ello no excusa, sin embargo, la parálisis europea. Ahora todo son actos de contrición: condenamos a esos pueblos a la dictadura a cambio de nuestra seguridad y nuestra prosperidad, contradiciendo los principios en los que se asienta nuestro modelo político y que aseguran que es la democracia quien mejor garantiza la seguridad y la prosperidad de las naciones. En penitencia por los pecados del pasado, el compromiso de Europa y Estados Unidos debería ser ahora el de asegurarse de que eso mismo se pueda decir en el futuro de los pueblos que hoy luchan por su libertad. ¿Por qué no empezamos, por ejemplo, por eliminar las barreras arancelarias que penalizan las exportaciones de esos países en la Unión Europa y que constituye una de las causas de su dependencia económica? Será difícil. Los gobiernos europeos siguen temiendo más a sus votantes airados que a la inestabilidad en su patio trasero. Ojalá me equivoque.

Enseña la experiencia que, cuando el partido socialista ha tenido que dirimir una candidatura por el procedimiento de primarias, casi siempre ha salido ganador el postulante no apoyado por el aparato. Ha sido así en los casos recientes de Tomás Gómez en la Comunidad de Madrid y Jordi Hereu en el ayuntamiento de Barcelona, aunque en estos casos uno contaba con su propio aparato regional y el otro con el de su federación local.; y lo fue en el más sonado de Borrell contra Almunia en vísperas de las elecciones de 2000. Entonces las cosas salieron muy mal (Borrell se vio obligado a dimitir por falta de apoyos y Almunia perdió por mayoría absoluta). En los casos de Gómez y Hereu, los pronósticos no son mejores.

Recuerdo todo esto porque empieza a consolidarse entre la dirigencia socialista (Felipe González fue el primero en recordarlo) la necesidad de primarias para elegir al hipotético sucesor de Zapatero. Ayer mismo, se apuntó a esa tesis Carme Chacón, a quien se señala como posible candidata, una condición a la que ella no hace ascos. El otro aspirante más destacado es desde hace tiempo Rubalcaba.

Suponiendo que la cuestión tuviera que dirimirse entre ambos, habría que averiguar entonces cuál de ellos sería el candidato del aparato para empezar a descartarlo. Se trata, desde luego, de una hipótesis muy arriesgada: no es nada seguro que vayan ser sólo dos, que esos dos fueran a ser los nombrados o que Zapatero no maniobrase para evitar desgarros internos proponiendo un candidato de consenso; o que, al final del cuento, el presidente decidiera seguir (en cuyo caso, recordaba Felipe, también tendría que ser ratificado por los órganos del partido).

Arriesguemos, sin embargo. Chacón no estaría muy relacionada con el aparato federal del partido, pero contaría con el apoyo decidido del PSC. Y Rubalcaba, aunque no ha estado muy vinculado a la estructura orgánica del PSOE desde que entró en el Gobierno, lleva treinta años relacionado con sus instancias de poder. Tengo la sensación, con todo, de que entre la militancia, éste último sería más contemplado como hombre del aparato que aquella. No habría ninguna duda, no obstante, si uno de los que decidiera presentarse fuera José Blanco.

En fin, juego de adivinanzas para entretener el tiempo mientras Zapatero deshoja la margarita poniendo a prueba los nervios de los suyos. Sobre todo de quienes se juegan el puesto el 22 de mayo.

No extrañan las dudas de los ministros de exteriores europeos sobre qué medidas a adoptar frente a feroz represión que el coronel Gadafi está utilizando contra su pueblo. Hasta ayer mismo, los jefes de Gobierno europeos hacían cola para visitar o para invitar a quien habían convertido –que irónico suena esto ahora– en “paladín de la lucha contra el terror”.

El origen de la redención de un dirigente que hasta entonces había sido incluido en todos los “ejes de mal” tiene origen en un hecho terrible: el atentado contra un avión de la Pan Am en Lockerbie (Escocia), en 1988, en el que murieron 270 personas (259 pasajeros y 11 en tierra al estrellarse al aparato). Desde el primer momento se sospechó de la implicación de los servicios secretos libios y la investigación reunió pruebas concluyentes. Después de negarlo durante años y de ser sometida a duras sanciones por la ONU, Libia entregó primero a los responsables y posteriormente indemnizó a las víctimas con una cantidad considerable, reconociendo de esta forma su responsabilidad en el asunto. Y en 2003, Gadafi ingresaba por la puerta grande, en la nómina de dirigentes respetables y en cooperador de Occidente. Es decir, un asesino confeso se convertía en un aliado preferente sólo por el hecho de haber admitido su culpa y de ofrecerse a colaborar a partir de entonces.

Este asunto ilustra bien la ceguera con la que Europa y Estados Unidos han administrado sus intereses en la región: apoyar a tiranos corruptos, a veces con las manos manchadas de sangre, a cambio de su cooperación en los problemas que nos obsesionaban: el islamismo violento y la emigración ilegal. El estado de los derechos humanos, la vulneración de las leyes y la corrupción eran, al parecer, asuntos menores.

Uno habría esperado que en la reunión de ayer de los ministros europeos se hubiera producido un vuelco en las prioridades a la vista de los errores del pasado. Nada de eso, al menos por el momento: tímidas condenas, dificultades para ahormar una posición común y obsesión por la emigración. ¿Sigue siendo Gadafi un aliado preferente de los estados libres?

No todo va a ser un camino de rosas en la transición de una dictadura a una democracia en Egipto. Lo que tenemos por ahora es un ejército, que colaboró estrechamente con la represión de Mubarak, pero que se constituye en el único garante de esa transición. Una esperanza, pero también un riesgo.

Como señalaba un cronista de los sucesos de las últimas semanas, en el Egipto actual sólo hay militares y ciudadanos, sin nada en medio. Por otra parte, el descontento social, lejos de apaciguarse, se dirige ahora hacia las condiciones laborales de los trabajadores egipcios, que la caída de la dictadura no va a solucionar de la noche a la mañana. Sobre estas cuestiones, os selecciono unas cuantas informaciones de las últimas horas para que os hagáis vuestra propia idea. Están en inglés pero se entienden fácilmente:

 --La existencia de desaparecidos pone a prueba la voluntad real de cambio de las fuerzas armadas. Los grupos de defensa de los derechos humanos denuncian que se siguen produciendo desapariciones y torturas después de la caída de Mubarak.

--Además, los fuertes intereses económicos del Ejército generarán muchas resistencias dentro de sus filas.

--Finalmente, los trabajadores del canal de Suez (una de las principales fuentes de ingresos del país junto al turismo) vuelven hoy a la huelga, abriendo la posibilidad de que otros sectores se sumen a la protesta.

Tampoco la transición española fue fácil: superamos, no sin dificultades, una grave crisis económica y la resistencia de militares y de los sectores más duros del régimen. Ojalá que el pueblo egipcio encuentre los líderes políticos que les conduzcan a través del proceloso camino emprendido. Por ahora, desgraciadamente, no se ven muchos. Será cuestión de paciencia y tenacidad hasta que surjan.

La existencia de un mediador, o mediadores, implica dos condiciones necesarias: que existan dos partes en conflicto y que sean llamados por ambas partes, dispuestas a aceptar sus buenos oficios. Vayamos entonces por partes, ya que de eso se trata.

--En el País Vasco no existe ningún conflicto, por mucho que la insistencia retórica del nacionalismo haya elevado ese término a la categoría de una obviedad que incluso aceptan en su discurso algunos tontos útiles. Los conflictos, de existir, se dirimen en las urnas en una democracia y todas las opciones políticas presentes en el País Vasco han tenido la oportunidad de acudir a ellas en casi una veintena de ocasiones. La violencia en el País Vasco trae causa de la negativa de unos pocos a aceptar esas reglas.

--Por otra parte, el Gobierno español, como no podía ser de otra forma, se ha negado a conceder cualquier tipo de reconocimiento al abogado surafricano Currin y sus colegas. Como señalaba en el párrafo anterior, la democracia española dispone de los instrumentos políticos adecuados para resolver ese problema sin ninguna intervención exterior. Cuando los necesitemos, ya les llamaremos. O no. España no es la Suráfrica del apartheid, ni siquiera el Ulster.

Claro que el diccionario establece otra acepción para el término mediador: el que intercede por alguien ante otro. Y por ahí deben ir los tiros cuando una de las primeros propósitos anunciados por Currin es el de conseguir la legalización de la nueva Batasuna. Lo cual significa además que se identifica, para empezar, con los postulados de una de las partes entre las que pretende mediar. Curiosa interpretación de su papel. En cualquier caso, se acepta esa gestión, faltaría más. Pero a condición de que llamen a las cosas por su nombre y de que no nos traten como unos perversos afrikaners. O como idiotas.

La absolución de Contador por la Federación Española de Ciclismo, ¿ es una buena o una mala noticia? Me asaltan las dudas y no sé cuál va a ser el final de esta historia y si va a ser bueno para del deporte español.

Confieso que, desde el principio del caso, mis simpatías personales estaban con Contador. La cantidad de clembuterol encontrada en su sangre era insignificante, nada relevante para obtener una ventaja competitiva; no se trataba de un resto de un dopaje anterior porque los rastros hallados en otros controles eran aún menores; y era absurdo suponer que un campeón sometido a exámenes clínicos permanentes (centenares de ellos en los últimos años) iba a arriesgar sus importantes triunfos deportivos por una cantidad ridícula e inoperante de una sustancia prohibida.

Frente a esas consideraciones están las normas, que pueden ser absurdas o no pero que obligan a todos. Y en lo que respecta al clembuterol establecen la llamada responsabilidad objetiva: no importa la procedencia de la sustancia; su sólo hallazgo supone la culpabilidad. Salvo que el supuesto infractor demuestre que se trata de una negligencia ajena a su voluntad. Contador ha sostenido que ese era su caso: lo de los filetes contaminados. Pero no parece que hubiera podido demostrarlo a juzgar por la propuesta de un año de sanción establecida por la propia instructora de la Federación. Esta desmiente a aquélla y sí declara probada la negligencia. ¿A quién creer?

¿Tiene todo esto algo que ver con la declaración de Zapatero de hace unos días en el sentido de que no había razones jurídicas para sancionar a Contador? En el extranjero, donde ya arrastramos fama de ser permisivos con el dopaje deportivo, nos van a poner como hoja de perejil, sin contar con que es probable que con los organismo internacionales competentes echen abajo la decisión de la federación.

Me habría gustado que Contador hubiera salido indemne, pero no sé si de esta manera. Si la norma aplicable es absurda habrá que hacer lo posible por derogarla, pero mientras se encuentre en vigor, hay que aplicarla. No sé, sigo sumido en las dudas, pero sospecho que todo esto no va a ser bueno para el deporte español, que se ganado un puesto de privilegio en el mundo en los últimos años.

La absolución de Contador por la Federación Española de Ciclismo, ¿ es una buena o una mala noticia? Me asaltan las dudas y no sé cuál va a ser el final de esta historia y si va a ser bueno para del deporte español.

Confieso que, desde el principio del caso, mis simpatías personales estaban con Contador. La cantidad de clembuterol encontrada en su sangre era insignificante, nada relevante para obtener una ventaja competitiva; no se trataba de un resto de un dopaje anterior porque los rastros hallados en otros controles eran aún menores; y era absurdo suponer que un campeón sometido a exámenes clínicos permanentes (centenares de ellos en los últimos años) iba a arriesgar sus importantes triunfos deportivos por una cantidad ridícula e inoperante de una sustancia prohibida.

Frente a esas consideraciones están las normas, que pueden ser absurdas o no pero que obligan a todos. Y en lo que respecta al clembuterol establecen la llamada responsabilidad objetiva: no importa la procedencia de la sustancia; su sólo hallazgo supone la culpabilidad. Salvo que el supuesto infractor demuestre que se trata de una negligencia ajena a su voluntad. Contador ha sostenido que ese era su caso: lo de los filetes contaminados. Pero no parece que hubiera podido demostrarlo a juzgar por la propuesta de un año de sanción establecida por la propia instructora de la Federación. Esta desmiente a aquélla y sí declara probada la negligencia. ¿A quién creer?

¿Tiene todo esto algo que ver con la declaración de Zapatero de hace unos días en el sentido de que no había razones jurídicas para sancionar a Contador? En el extranjero, donde ya arrastramos fama de ser permisivos con el dopaje deportivo, nos van a poner como hoja de perejil, sin contar con que es probable que con los organismo internacionales competentes echen abajo la decisión de la federación.

Me habría gustado que Contador hubiera salido indemne, pero no sé si de esta manera. Si la norma aplicable es absurda habrá que hacer lo posible por derogarla, pero mientras se encuentre en vigor, hay que aplicarla. No sé, sigo sumido en las dudas, pero sospecho que todo esto no va a ser bueno para el deporte español, que se ganado un puesto de privilegio en el mundo en los últimos años.

No quisiera añadir más argumentos a la discusión sobre los estatutos de la nueva formación política que pretende sustituir a la antigua Batasuna. Me remito a lo que escribí ayer en el periódico en el sentido de que debe dejarse a los jueces que decidan sin más ruido. Sí quería dejar constancia de dos impresiones que me han producido sendas declaraciones realizadas después de ese artículo, por si son de utilidad en el debate:

--La primera tiene que ver con la entrevista que le hizo ayer la cadena SER a Rufino Etxeberria, viejo dirigente de los años negros de Batasuna y uno de los principales impulsores de la nueva formación. Mi percepción es que el mundo abertzale se distancia de la violencia de ETA no porque haya realizado una reflexión sobre su intrínseca perversidad, sino porque, en este momento histórico, ya no la considera conveniente. Ningún reconocimiento del error cometido, ni unas palabras sobre sus terribles consecuencias, más allá de una lamentación genérica sobre las consecuencias de “toda violencia”. Se trata del mismo análisis del pasado, lo que le lleva a uno a preguntarse por qué ahora, con ese mismo análisis, se llega a conclusiones distintas. Razones de oportunidad, sobre todo.

--La segunda tiene que ver con unas declaraciones hechas también ayer por Maite Pagazaurtundua, hermana del jefe de la policía de Andoain, asesinado por ETA hace ocho años. Decía la presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que a Batasuna “la legalización no le puede salir tan barata”. Tiene razón, el rechazo a la violencia es un paso adelante pero no es bastante. Buenas palabras. Un desmarque honesto del terrorismo debería incluir, además de hechos comprobados a lo largo de un tiempo, el reconocimiento del mal causado y el perdón a las víctimas. Etxeberria se resistió a ambas cosas, esgrimiendo el viejo argumento falaz de siempre: hubo otros males y otras víctimas. Pero todos ellos, aunque lamentables, consecuencia directa de la violencia de ETA. Se han movido, desde luego, pero les quedaría aún un largo camino.

En España, los salarios no es que no deban subir lo que la inflación; es que tendrían que bajar si queremos recuperar la competitividad perdida durante la “gran juerga”. Lo sostiene, no un gurú neoliberal con cuernos y rabo, sino el premio Nobel Paul Krugman, santo patrón del keynesianismo revisitado, que ha insistido en recordarlo cada vez que ha tenido la oportunidad de referirse a nuestra economía.

Su argumento discurre así: el problema de España no es la deuda, sino el crecimiento, pero difícilmente volverá a crecer si no puede competir porque, durante los años del dinero fácil, sus precios y salarios crecieron muy por encima de su productividad; y, como desde su ingreso en el euro no dispone del instrumento de la devaluación monetaria para recuperarla, sólo podrá hacerlo devaluando sus precios y salarios.

De forma que la cuestión no es que la adecuación de nuestros salarios a las circunstancias la exija el plan de competitividad con el que la señora Merkel se presentó en Madrid y Bruselas, sino que constituye una necesidad intrínseca de nuestra economía para salir del marasmo. Esta mañana Felipe González, en la cadena SER, se sumaba a la tesis: España ha perdido competitividad y sólo la recuperará si aumenta la productividad. Y eso se consigue sólo de dos maneras: trabajando más o ganado menos.

Pero Zapatero pretende ponerse de perfil pasándole ese muerto a sindicatos y patronal. La ocasión para revisar el sistema actual la ofrecen las próximas discusiones sobre la reforma de la negociación colectiva. Pero oída la opinión de algún representante de la CEOE, sorprendentemente similar a la de los sindicatos, no parece que la sangre vaya a llegar al río. Ahora bien, lo que no se arregle allí nos vendrá impuesto una vez más desde fuera; por Merkel o, como dicen Krugman y otros cuantos, por nuestros competidores en los mercados.

El Gobierno no ha podido resistir la tentación y ha tratado de convertir un mal menor y necesario, pero mal al fin y al cabo, en algo así como la paz de Westfalia. Si hubiera reconocido desde el principio la limitación de los contenidos del acuerdo firmado ayer con sindicatos y patronal (el mismo pacto de pensiones de la semana anterior con algunas guarniciones en distinto grado de elaboración) y su inevitabilidad, no habría incurrido en dos exageraciones (la de su importancia histórica y la de su puesta en escena) que han diluido el efecto que perseguían.

Los españoles se muestran, una vez más, bastante más sensatos, de acuerdo con el primer sondeo de urgencia realizado tras la firma. Admiten que era necesario, pero que significa un retroceso en los derechos sociales. Muchos ellos no creen, además, que garantice el futuro de las pensiones. En efecto, la sostenibilidad del sistema la determinará el crecimiento económico y la creación de empleo, no (o no sólo) el retraso en la edad de jubilación. Si el número de cotizantes sigue descendiendo, como muestran las últimas cifras del paro, habrá que llevar a cabo una segunda reforma.

Los partidos de oposición deben apoyar este acuerdo (también lo pone de manifiesto la encuesta) y ese es su propósito, pero hicieron bien en no sumarse ayer a una ceremonia exagerada cuando millones de españoles nada tienen que celebrar con este acuerdo: las medicinas se toman, pero nadie se pone a dar saltos de alegría.

Sindicatos y gobierno van a tener que dar muchas explicaciones a unas clientelas a las que habían acostumbrado a otro discurso. El pacto era necesario, pero es el resultado sobre todo de un acuerdo de asistencia mutua entre dos actores en sus horas más bajas que no se podían permitir el lujo de una nueva confrontación. Al que se ha sumado una patronal tampoco en sus horas mejores después del desafortunado mandato de Díaz Ferrán. Y, por supuesto, de las imposiciones de Angela Merkel, que hoy llega a Madrid con un plan de competitividad bajo el brazo que nos impondrá nuevos y dolorosos ajustes. ¿Los venderá también Zapatero como un éxito político?