Perezas privadas por Eduardo San Martín

En mi post anterior argüía yo sobre el empecinamiento del Gobierno en prolongar dos años, de forma obligatoria, la edad legal de jubilación. Si el objetivo es alargar la vida laboral de los españoles, meta imprescindible para asegurar la viabilidad del sistema público de pensiones, puede intentarse antes por otros medios, tal como sostienen partidos de la oposición y sindicatos. Sin embargo, pienso que el PP no acertó al quedarse ayer fuera del consenso alcanzado por el PSOE con CiU, PNV y CC para aprobar las recomendaciones del pacto de Toledo al respecto.

El texto aprobado es lo suficientemente ambiguo como para que en el trámite parlamentario quepa casi cualquier solución, tanto la del Gobierno como las que sostiene la oposición. Dice así. “Cualquier modificación de la edad de jubilación deberá de hacerse de forma progresiva… y debería realizarse de forma homogénea y forzosa pare el conjunto de la personas”.

El PP ya arriesgó parte de su imagen internacional votando en junio pasado en contra de las medidas de ajuste que nos reclamaba todo el mundo: desde el gobierno conservador-liberal de Angela Merkel al demócrata de Obama. Una actitud difícil de explicar fuera de nuestro país, aunque constituyó, en efecto, un salvavidas para Zapatero. Hoy las cosas ya no son de la misma forma, el crédito del Gobierno no se recupera y que un partido de orden partidario de las reformas aparezca alineado junto la izquierda minoritaria y radical en contra de una propuesta razonable no será bien entendido fuera de nuestras fronteras. Si como sospechamos muchos, el empecinamiento del Gobierno obedece a la necesidad de no romper un compromiso con Europa, entonces el PP no debería aparecer como el obstáculo que se interfiere en su cumplimiento. El PP podría haber apoyado el voto particular de CiU y después tratar de aunar voluntades en el Congreso para mitigar en lo posible lo que, con o sin prolongación forzosa, constituye una necesidad ineludible.

Va a haber muy probablemente un acuerdo social sobre pensiones porquesindicatos y Gobierno lo necesitan desperadamente, y, casi con toda seguridad, un acuerdo parlamentario. El partido de Rajoy deberá valorar con detenimiento en qué le beneficia quedarse fuera.

Preguntaba yo anoche en la tele a Jesús Caldera por qué el Gobierno se había atrincherado en los 67 años de edad para la jubilación, cuando ni sindicatos ni partidos le siguen en ese punto, que se ha convertido en un fetiche para Zapatero, hasta el punto de que su partido parece en estas horas dispuesto a que no haya acuerdo por no bajarse de ese burro.

Y le sugería yo al nuevo emisario del presidente en Pacto de Toledo que tal vez el Gobierno había hecho de esa cifra una cuestión de gabinete porque es el compromiso que había contraído con Bruselas en el primer papel sobre la reforma de las pensiones, elaborado hace ya un año, y eso son palabras mayores cuando los mercados nos miran con lupa. Naturalmente, Caldera lo negaba, pero no veo, con franqueza, una razón de mayor peso.

Octavio Granados, el competente secretario de Estado y quien más sabe de la cuestión dentro del Gobierno, exhibe dos argumentos, apoyado en un sinfín de números y de cuadros:

1.- Es la solución que han adoptado la mayoría de los países europeos que han reformado las pensiones. Desde luego es la vía más rápida y más corta, pero el argumento del derecho comparado sólo sirve a medias, entre otras razones porque el propio Gobierno sostiene que cada sistema es un mundo distinto.

2.- Que la prolongación voluntaria de la vida laboral con incentivos no funciona (sólo un 3% se han acogidos a esa fórmula desde que se puso en marcha hace tres años) entre otras razones porque, en la mayoría de los convenios, la última palabra sobre el asunto la tienen los empresarios, que prefieren liquidar los contratos a los 65. Para evitar ese efecto, sin embargo, algunos países europeos han modificado la ley con el fin de obligar a los empresarios a aceptar esa prolongación voluntaria. ¿No se podría hacer eso aquí?

Por otra parte, en las compensaciones que ofrece el Ejecutivo a cambio, en especial en la de permitir la jubilación a los 65 con 39 o 41 años cotizados, hay trampa. Decía Rubalcaba que en esas condiciones se encuentran más de 60 o 70 por ciento de los trabajadores. Ya, pero eso es ahora. Muy pocos de los que comiencen en estos momentos su vida laboral cotizarán 41 años ininterrumpidos antes de llegar a los 65. Tendrían que comenzar a trabajar a los 24 y no parar hasta los 65. Pero las cifras del desempleo nos dicen que el 40 por ciento de los menores de 25 años no tienen trabajo. Así que, en el mejor de los casos, casi la mitad de los jóvenes actuales nunca llegarán a esa cifra.

Cosas que suelen ocurrir cuando no se hacen las cosas a su tiempo y después hay que cerrarlas deprisa y corriendo por si los mercados. Como con las cajas, o con la segunda parte de la reforma laboral, o la política energética… En fin.

En el asunto de los pinganillos del Senado el problema no es el gasto sino el gesto. Si el problema residiera exclusivamente en el coste innecesario de una traducción igualmente innecesaria entonces el debate sería muy simple.

Y eso, una discusión más seria, es lo que no habrá, porque sólo es posible un debate útil si existe una disposición al cambio de opiniones, criterios y punto de vista. Y quienes defienden a capa y espada la iniciativa no están dispuestos a admitir dos argumentos:

--que es compatible defender la España plural y el uso de las lenguas oficiales sin incurrir en el esperpento.

--y que quienes critican la decisión del Senado no tienen necesariamente por qué reclamar el desmantelamiento de estado delas Autonomías.

Si uno de daba estos días un garbeo por Twitter o por las páginas de opinión de algunos diarios catalanes, tal parece que nos encontráramos en el comienzo de una nueva Reconquista, con don Pelayo o las tropas de Felipe V al acecho de la martirizada periferia.

Definidos así los límites del debate, mejor que no lo haya. El acuerdo es imposible. Dejemos pues que el buen ciudadano con sentido común, que seguramente no necesita que le aclaremos nada al respecto, se haga su composición de lugar, vaya acumulando anotaciones en su hoja de cálculo y realice el correspondiente arqueo en mayo de este año y marzo del que viene.

Casi los mismos que en España se apresuraron a establecer una conexión del Tea Party y la extrema derecha norteamericana con el atentado sufrido por la congresista de Arizona Gabby Giffords se aprestan ahora a negar cualquier vinculación de la grave agresión sufrida por el consejero de Cultura de Murcia, Pedro Alberto Cruz, con el acoso político, en ocasiones claramente desmesurado, que ha sufrido el gobierno autonómico, del PP, por parte de la oposición política y sindical.

De manera que, quienes en el caso americano invitaron a la prudencia antes de sacar conclusiones precipitadas, entre los que me encuentro, están ahora mejor armados de razones para poner en entredicho cualquier responsabilidad políticas directa de la oposición en el caso murciano. Los primeros, en cambio, tendrán que revisar sus primeros juicios so pena de incurrir en un caso manifiesto de relativismo moral y maniqueísmo.

Descartada, pues, toda relación política inmediata en la agresión de Murcia, sería ingenuo negar, sin embargo, que la creación de un clima de hostilidad extrema contra alguien, y contra cargos públicos en particular, puede ser interpretado por algún desequilibrado como una patente de impunidad para la agresión física. Las increpaciones de “¡Sobrinísimo, sobrinísimo!”, esgrimidas por los agresores, se hacían eco de una durísima campaña lanzada contra el consejero a propósito de un parentesco con el presidente autonómico que en realidad es más lejano de lo que se afirmaba. No se trataba, pues, de una agresión suspendida en el vacío, sin relación alguna con la realidad política de la región.

Nada de esto tiene que ver, por supuesto, con una pretendida deslegitimación de la oposición política a unas políticas concretas (por cierto, el plan de ajuste del gobierno murciano, origen de toda esta situación, ha sido alabado públicamente por Zapatero, que ayer mismo insistía en la necesidad de que las CCAA se aprieten el cinturón). Pero algo poco aconsejable han debido ver los sindicatos murcianos en su propia actuación cuando han decidido continuar con su oposición activa a las medidas de gobierno pero han anulados todas las convocatorias de acoso físico contra sus miembros.

Ignacio Sánchez-Cuenca fue uno de los principales asesores de Zapatero, aunque hoy aparezca algo distanciado, y como tal, asistió en primera fila al último y fracasado “proceso de paz”. Por lo tanto, hay que prestar bastante atención a lo diga al respecto. A propósito del último comunicado de ETA, Sánchez-Cuenca escribe hoy, que se trata, en efecto, de una respuesta insuficiente a lo que se espera de ella, pero añade que el Estado no debería esperar sentado la llegada del único comunicado que se espera, sino que “puede aprovechar el estrecho margen de acción de que dispone para reforzar a los partidarios (dentro del mundo abertzale) del final de la violencia frete a quienes todavía creen en el uso del terrorismo, de manera que la decisión de ETA se vuelva irreversible”. En resumen: el Estado debería facilitar la reintegración política de esos disidentes para introducir una cuña en el mundo de la violencia y precipitar así el final de ETA. Se suma, pues, en sus conclusiones a las ya conocidas del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, que tanto dolores de cabeza le causa a su lendakari Patxi López.

 Sin embargo, los precedentes no hablan en favor de esta tesis. Esos debates casi siempre se han resuelto dentro del entorno de ETA con escisiones que han alumbrado un sector aún más radicalizado partidario de seguir practicando la violencia. Es obvio reconocer que las circunstancias de extrema debilidad por la que atraviesa hoy la banda no son las mismas que cuando, por ejemplo, ETA p-m abandonó las armas o en otros episodios similares del pasado. Pero, ¿por qué correr riesgos? Otegi lo ha dicho: Batasuna necesita regresar a las instituciones para sobrevivir. Y tratará a toda costa de estar en ellas Pero ¿quién garantiza que, una vez en ellas, se van a convertir en el instrumento que Sánchez-Cuenca y Eguiguren pronostican para acabar con ETA?

Contra lo que ellos dicen, la política de esperar sentado, después de tantas oportunidades perdidas, y movilizar a policías y jueces en su contra, ha dado un magnífico resultado: Batasuna no se habría movido hasta donde ha llegado hoy en día si hubiera albergado la mínima esperanza que podría obtener la legalización sin hacerlo. Después de tantos años, no tenemos ninguna prisa: es preferible esperar a que se sigan cociendo en su propia salsa para que, de una vez por todas, su conversión a la paz y las vías políticas sea en verdad irreversible.

Ya lo he comentado en otras ocasiones: definitivamente, ETA nos tiene abducidos. El último comunicado “no es una mala noticia, aunque no es la noticia” (Rubalcaba), no es lo que esperaba el pueblo español (Rubalcaba, de nuevo), significa un paso muy pequeño claramente insuficiente (casi todos), pero le hemos dedicado ríos de tinta y un diluvio de imágenes a los que nosotros mismos consideramos casi una “no noticia”. Hoy, un periódico (da lo mismo cuál: el patrón es muy similar en todos) dedica al asunto más de doce páginas mientras que apenas dedica dos medias columnas a las negociaciones sobre las pensiones y una página a las nuevas amenazas contra la deuda española y portuguesa.

Hace tiempo que el terrorismo ha dejado de constituir una preocupación importante para los españoles. Y el fin de ETA se da por descontado: las únicas incógnitas conciernen al momento, a la forma y a la posibilidad de la aparición de un terrorismo disidente de carácter marginal. ¿Por qué entonces no damos al fenómeno, de una puñetera vez, la importancia que tiene para el futuro de España? En esa excesiva atención, y en su capacidad para condicionar las agendas políticas e informativas, ha residido durante demasiado tiempo gran parte de la fuerza de ETA. Ahora que, según la convicción general, nos encontramos cerca de final, démosle al asunto la importancia que tiene, que no es demasiada. No vayan a continuar pensando que siguen quitándonos el sueño. No es desde luego mi caso y, a lo que parece, tampoco el de una gran mayoría de españoles. Sí el de quienes siguen analizando la realidad española con las herramientas del pasado. O el de los que necesitan elementos de distracción.

No es el cuento de la lechera, pero casi. Los responsables del Gobierno son ahora más cautos sobre las previsiones de la economía y del empleo, pero no pueden evitar la tentación del pronóstico rosa en cuanto los datos lo permiten. Así ha ocurrido con las cifras del paro del mes de diciembre pasado, cuya bondad no se puede discutir. La secretaria de Estado habla de que “se cierra la etapa de aumento del desempleo”. Y el presidente del Gobierno asegura que en 2011 será habrá más oportunidades. Los españoles, más prudentes que sus gobernantes, piensan, por el contrario, que el desempleo empeorará este año que comienza. Buenos deseos en los dos primeros casos y percepciones teñidas de pesimismo, en el último. Proyecciones y no datos, en todo caso. Lo que ocurre es que las impresiones de los ciudadanos se asientan en la (mala) experiencia: Salgado y Corbacho tuvieron que desdecirse en bastantes ocasiones; por ellos nunca habríamos llegado a los cuatro millones de parados.

Pero para formular una previsión razonable habrá que deshacer antes un malentendido: el INEM no mide el número de desempleados, sino la cifra de los que buscan empleo, que no es exactamente lo mismo. Un secretario de Estado de los tiempos de Felipe González me sacó en su día de la confusión. En tiempos de crisis profunda, y con un buen número de parados de larga duración, puede ocurrir que muchos de ellos desistan de buscar empleo por los canales oficiales y causen baja en las listas del INEM, lo que no significa que hayan encontrado empleo. Por esa razón, la única medida real del paro es la Encuesta de Población Activa (EPA), y ello con todas las reservas que genera cualquier sondeo. Con la EPA se produce la paradoja contraria: en momentos de fuerte expansión de la economía y del empleo, muchas personas que no habrían buscado empleo en situaciones ordinarias se postulan como buscadores de un puesto de trabajo y aparecen en la encuesta como desempleados.

Con todo, las cifras del INEM no dejan de constituir un indicio, siempre que se manejen con prudencia. En España se han destruido dos millones de empleos y, hasta el momento de una plena recuperación, se habrán añadido al mercado de trabajo unos cuantos centenares de miles. Lo cual quiere decir que la economía española tendrá que crear como mínimo unos tres millones de empleos para volver a las cifras de 2007. Los mismos que se crearon en los diez años anteriores a esa fecha con la economía creciendo al 3y 4 por ciento. De forma que, dejémonos de fantasías. En el mejor de los casos, tardaremos más de una década en contar con cifras de paro dignas de un país respetable.