
Ahora resulta que el Gobierno no pide explicaciones sobre el maltrato causado a 14 activistas españoles en la capital del Sahara por la policía marroquí porque "no existen pruebas" de las agresiones. Tal vez el ministerio de Exteriores piense que Carmen Roger se puso los ojos morados mientras se ajustaba las gafas de sol o admita la versión marroquí de que los agresores fueron saharauis contrarios a la independencia y que la policía marroquí fue la que les puso a salvo. Parece como si el Gobierno no creyese ni una palabra del testimonio de los activistas, que cuentan cómo fueron golpeados por policías vestidos de paisano a quienes más tarde reconocieron en el interior de la comisaría donde permanecieron detenidos más de ocho horas.
Pero no, no es incredulidad. Es algo peor: cobardía. El Gobierno sabe perfectamente que, en sustancia, lo que cuentan los agredidos es cierto. Existen muchos antecedentes. Como comento hoy en ABC, los activistas agredidos sabían muy bien a lo que se exponían, pero no podían prever el grado de brutalidad con que fueron tratados. Y el Gobierno reacciona diciendo, más o menos, "vosotros os lo habéis buscado" y no pone ninguna objeción a la declaración oficial marroquí que compara el Sahara con el País Vasco. Poca vergüenza ¿París o Washington habrían reaccionado de la misma manera si los lesionados fueran nacionales de su país, aunque mantuvieran con el agresor magníficas relaciones? No lo creo.
Puestos a elegir entre defender a sus ciudadanos o mantener "cuesto lo que cueste" las relaciones con Marruecos, el Gobierno ha elegido lo segundo. Creo que unas relaciones de leal vecindad con Marruecos son muy importantes para España. Pero no a cualquier costa. No desde luego aceptando como incidentes menores las continuas arrogancias y deslealtades (Melilla) de un régimen que, entre otras cosas, encarcela a periodistas por hablar de su rey o empaqueta hacia España a los saharauis disidentes (caso Aminatu Haidar), poniendo de paso en evidencia a nuestro país ante la comunidad internacional. El límite de la tolerancia es la intolerancia de los demás, decía Karl Popper. En caso contrario, les damos siempre a los intolerantes y dictatorzuelos una ventaja de partida.
Cuando él era aún ministro de Defensa, sostuve una polémica pública sobre la naturaleza de la misión de los soldados y guardias civiles españoles en Afganistán con José Antonio Alonso, gran tipo a pesar de los marrones que se ve obligado a defender por encargo de su compi de colegio. Él se empeñaba en una discusión nominalista a propósito de la definición oficial de la ONU para la misión: de pacificación y reconstrucción. Yo sostenía que, más allá de las logomaquias marca de la casa de la ONU, lo que definía como de guerra una misión era la naturaleza de las acciones que se veían obligados a ejecutar nuestros soldados sobre le terreno.
Hoy, después del asesinato de dos guardias civiles, suman ya noventa y dos los militares y agentes de seguridad españoles muertos en Afganistán. Demasiado precio para una misión de "pacificación y reconstrucción". Una discusión absurda e irritante. En Afganistán, el Gobierno actúa acomplejado por su precipitada y unilateral retirada de Irak. Irak era una guerra y Afganistán, no. Já.
¿Cree el Gobierno que a los españoles les importan distinciones bizantinas sobre la naturaleza de una misión cuando sus compatriotas militares empiezan a caer como chinches? Lo que exigen es que alguien les informe de que, a pesar de todo y cualquiera que sea su nombre, la misión de las Fuerzas Armadas españolas en un país tan distante, inhóspito y, en apariencia, tan distante de nuestros intereses, merece la pena. Si el Gobierno volcase todos sus esfuerzos en explicar esas razones a los españoles, en lugar de aplicarlos a lavar su mala conciencia con argumentos inútiles que suenan a sarcasmo frente a los féretros de otros dos españoles muertos, tal vez habría un gran número de ciudadanos dispuestos a escucharles. Mientras, no saldrán de su estupor. Y unos cuantos, de su cabreo porque les estén tomando el pelo.
Un punto de vista sobre la polémica desatada en Estados Unidos en torno a la construcción de un centro islámico, mezquita incluida, a escasos cien metros de la llamada "zona cero", para un debate que cualquier día podemos vernos obligados a entablar en nuestro país. Algunos columnistas de este periódico ya se han pronunciado, no sin importantes matices, en contra de la autorización para ese centro. Voy a reproducir dos argumentos que sostienen quienes, en los propios Estados Unidos, se han pronunciado a favor de la iniciativa; argumentos que, naturalmente, hago míos.
1.- Aducir que se trata de una afrenta a las víctimas del 11-S da la razón a Al Qaeda y sus secuaces cuando aseguran que, a nuestros ojos occidentales, todos los musulmanes son lo mismo. La intolerancia alimenta el argumentario de los terroristas. El promotor de la idea es el imán de Nueva York Feisal Abdul Rauf, que condena sin reservas a los islamistas que matan en nombre de su credo y que ha colaborado con el gobierno de Estados Unidos en misiones de buena voluntad en países musulmanes.Tratarle como a un apestado es hacerle un favor a Bin Laden. Por otra parte, si tenemos la oportunidad de exhibir nuestra tolerancia religiosa, ¿qué lugar mejor para hacerlo que aquel que simboliza los efectos de la barbarie del fanatismo religioso? ¿Prohibiríamos la construcción de un templo católico en Omagh sólo porque allì unos fánaticos que invocaban esa religión perpetraron una matanza de inocentes?
2.- Confieso que yo también he cedido al argumento de la reciprocidad: ¿por qué permitir la expansión del islam en nuestros países cuando en los estados musulmanes no sólo se obstaculiza la práctica de otras religiones sino que incluso se persigue? Hay un razonamiento alternativo mucho más sólido: ¿por qué no permitir a ciudadanos musulmanes, o de cualquier otro credo, de unos de nuestros países que practiquen su culto allá donde quieran sólo porque los gobernantes de otros países, a miles de kilómetros de distancia, limitan gravemente el derecho a la libertad religiosa de los suyos?

Hay quien piensa que Obama puede estar cometiendo ahora en Irak el mismo error, pero al contrario, que aquel en el que incurrió Bush en Afganistán hace siete años. Bush alteró las prioridades y desatendió la intervención en Afganistán, que tenía el objetivo razonable de destruir Al Qaeda y terminar con sus protectores, en favor de una guerra contra un régimen que era una dictadura ominosa, sí, pero que no planteaba, como luego se comprobó, ninguna amenaza importante a Estados Unidos y Occidente.
Siete años después, la retirada de Irak de las tropas de Estados Unidos en favor de un mayor esfuerzo bélico en Afganistán, aunque sea a plazo fijo (eso ya se verá, como afirmó el otro día el aclamado general Petraeus), plantea el dilema contrario: la seguridad de la comunidad internacional y de Estados Unidos puede que tenga ahora más que ver con el futuro de Irak que con el de un país de solución casi imposible, dirigido por un gobierno corrupto que, al final, va a terminar haciendo las paces con los talibanes a nuestras espaldas. A toro pasado, probablemente el vicepresidente Joe Biden, que se opuso a la escalada bélica en Afganistán, tenía razón: olvidémosnos de construir allí un sistema político estable y limitemos el esfuerzo bélico a una estrategia de contención, con acciones muy selectivas, para imponer una especie de cinturón de seguridad que impida que la infección afgana se extienda al país que realmente importa: Pakistán.
Otra reflexión sobre el asunto: no vale la pena llorar sobre la leche derramada. La justificación de la retirada de Irak no puede descansar en el hecho de que, en 2003 y en los años que siguieron, las cosas se hicieron rematadamente mal. No tiene sentido reabrir ahora el debate sobre los motivos, confesados o no, que llevaron al ex presidente a emprender la guerra. Como no lo tiene tampoco especular sobre la hipocresía de quienes en el Consejo de Seguridad (Francia, Rusia o China) se opusieron a la guerra sobre todo en defensa de sus propios intereses nacionales, que era de lo que acusaban al gobierno norteamericano. El pasado no se puede cambiar.
Una de las alternativas a la retirada americana (ojalá no sea así) es un Irak fraccionado, bajo dominación chií y tributario de un futuro Irán con capacidad nuclear. A ello contribuiría una clase política local, muchos de cuyos dirigentes fueron rescatados del exilio por los propios norteamericanos, que no está a la altura de las circunstancias. El único partido laico de carácter tranversal (que incluye a chiíes y suníes) ganó las elecciones hace seis meses pero, desde entonces, no ha podido formar gobierno. Seguir apoyando una situación así, con escasas posibilidades de una solución estable, constituye una decisión arriesgada frente a una opinión pública (la de Estados Unidos) mayoritariamente contraria a la continuación de la presencia de su país en Irak. Aún así la pregunta sigue siendo la misma: ¿preferimos la alternativa probable? ¿Dónde corre más riesgos la seguridad futura del mundo, en especial la de nosotros europeos, en Afganistán o en Irak? La respuesta a esa cuestión, y no la rendención de pecados del pasado, es la que debería haber determinado el curso de las acciones. Pero, una vez más, no vale la pena llorar sobre la leche derramada. Obama no va a rectificar. Así que recemos para que, dentro de siete años, no tengamos que lamentarnos de esa decisión con la misma desolación con la que asistimos hace siete años al comienzo de la guerra.

¿Pagamos los españoles menos impuestos que el resto de los europeos? Esa es la justificación dada por José Blanco para lanzar un nuevo globo sonda sobre una próxima subida de impuestos. El año pasado declaró algo similar y luego nos subieron el IVA dos puntos. Así que habrá que tomarse en serio sus afirmaciones. Por cierto, una cuestión previa: un ministro de Fomento y número dos del PSOE no hace en público "reflexiones personales". Esa se las guarda para casa. Si habla ante los medios, sus reflexiones son todo menos personales. Pero volviendo a la pregunta inicial. ¿Pagan los españoles menos impuestos? Tal afirmación es cuanto menos equívoca.
--Para empezar, la fiscalidad en España ha aumentado en las últimas décadas a un ritmo muy superior al de las demás grandes economías de Europa. Cuando se inició la gran reforma fiscal (Fernández Ordóñez, 1977), la distancia con el resto de Europa era tan grande que el esfuerzo fiscal para converger ha sido enorme.
--La llamada presión fiscal mide los ingresos fiscales del Estado como porcentaje del PIB. Ese dato se había reducido a sólo tres puntos de la media europea en 2007 y a vuelto a aumentar ahora hasta casi siete puntos. Pero la razón no es que los ciudadanos paguen menos impuestos como porcentaje de sus ingresos; los tipos no han cambiado. Lo que ha sucedido es que se ha reducido considerablemente la base imponible como consecuencia de la crisis (sobre todo en la recaudación del IVA y el Impuesto de Sociedades). Por tanto, el Estado ingresa menos pero los ciudadanos siguen pagando la misma proporción de sus ingresos.
--España, pues, tiene un problema de recaudación, no de tipos impositivos. En realidad algunos de éstos son en España más altos que en Europa. Por ejemplo, el tipo residual máximo del IRPF, que es del 43% frente al 37,5% de media en Europa; o el de Sociedades. Y la recaudación sólo se recuperará de manera efectiva cuando se reanude la actividad económica. Modificar los tipos será una chapucilla sin mucho efecto recaudatorio y puede retrasar la recuperación. Más parece un guiño ideológico.
--El problema de recaudación se agrava en España por el fraude. Los inspectores de Hacienda lo estiman en un 23% del PIB, es decir más de dos billones de euros. ¿Por qué no hacer un esfuerzo en ese terreno antes de tocar el bolsillo de los ciudadanos decentes que pagan sus impuestos? Respuesta: se trata de políticas de largo alcance que no sirven a un gobierno agobiado por la negociación de los próximos presupuestos y el calendario electoral.
--Finalmente, la distancia entre los impuestos que pagan los españoles y los ciudadanos de las grandes economías europeas seguramente es menor que la que hay entre los servicios que recibimos a cambio nosotros y ellos. Y, desde luego, bastante menor que entre sus salarios medios y los nuestros.
Por lo tanto, lo que afirma Blanco es sólo una verdad estadística. Y como decía Churchill, "hay mentiras, grandes mentiras, y estadísticas".


Entre ayer y hoy he tenido la oportunidad de escuchar a los dos candidatos del PSOE a las primarias para la Comunidad de Madrid, a uno de ellos, Tomás Gómez, en directo. Y seguro que me ha ocurrido como a muchos madrileños: que la figura del secretario general del PSOE de Madrid se ha engrandecido a mis ojos en cuestión de días. Con lo que se ha producido una paradoja inesperada: que si a Gómez lo querían apartar por tener un escaso perfil en relación con los ciudadanos, la intervención de Zapatero le ha prestado una visibilidad que no tenía y le ha convertido en protagonista de la noticia política más interesante de este otoño. Y, según mi criterio, Tomás Gómez no va a dejar pasar la que puede ser la oportunidad de su vida política, cuando no era ese precisamente ese el propósito de Zapatero.
Comparando las entrevistas realizadas ambos candidatos, el discurso de Gómez suena más convincente; es la reivindicación de un trabajo de calle de tres años, que hizo, no se olvide, por encargo del propio Zapatero, lo que le permite un conocimiento privilegiado de su propio partido pero también de los problemas en torno a los cuales girará, el año que viene, la campaña electoral. El discurso de Trini Jímenez, por el contrario, es el que se puede esperar un un típico "paracaidista": vaguedades, abstracciones y lugares comunes. Con afirmaciones tan asombrosas como la de que "estoy aquí para ganar en Madrid, no a Tomás Gómez". ¿Y cómo se hace una cosa sin la otra? Si yo tuviera que apostar en estos momentos por uno de los dos, lo haría sin duda por el primero. Aunque hay aún mucha tela que cortar.
Otras dos observaciones sobre el asunto de estas primerias:
--Como en el caso de la rectificación de la política económica, el PSOE trata una vez más de hacer virtud de la necesidad. Por mucho que ahora alardeen de democracia interna, lo cierto es que las primarias, después de la experiencia de Borrell, no las quiere nadie en el partido y la intervención de Zapatero estaba destinada precisamente a evitarlas. Van arrastrados a un proceso que no les gusta, digan lo que digan.
--Con su iniciativa, el presidente del Gobierno correo un riesgo cierto. Por mucho que Trini Jiménez asegure ahora que se trata de una decisión personal muy meditada (sus declaraciones anteriores, que hoy reproduce ABC, la desmienten claramente), nadie duda de que se trata de un empeño del presidente. Es Zapatero quien se presenta a las primarias de Madrid, no la ministra. Y, tal como están las cosas en este momento, lo tiene bastante difícil. Muchos militantes socialistas madrileños descontentos con su propio gobierno (las encuestas registran un fenómeno creciente en ese sentido en el conjunto de España) pueden aprovechar la ocasión para formular un voto de castigo.