Perezas privadas por Eduardo San Martín

El Gobierno se lo atribuye como mérito, pero no hay quien pique. La supervivencia del Ejecutivo tiene muy poco que ver con un proceso de reformas aceptado como una fatalidad y con ninguna convicción. Zapatero intenta hacer virtud de la necesidad pero se le ve el plumero. Su impostada disposición al sacrificio ritual, una estratagema terminal para recuperar el mucho crédito perdido. Nada de eso le está salvando.

Como volvió a quedar demostrado ayer en la votación parlamentaria de la reforma laboral, el Gobierno de Zapatero sigue con vida porque dos partidos nacionalistas prefieren mantener en situación de respiración asistida a un Gobierno débil con objetivos políticos cada vez más transparentes. CiU, porque no quiere convulsiones políticas nacionales antes de las elecciones catalanas de noviembre y porque, una vez que las gane casi con toda probabilidad, pretende dejarse abiertas todas las puertas posibles a hipotéticos pactos o alianzas parlamentarias; y el PNV porque olisquea en las negociaciones presupuestarias de este otoño (una vez que CiU y la izquierda han anunciado su oposición) la obtención de una nueva y suculenta tajada a cambio de un apoyo que mantendría al Gobiernmo en coma inducido.

Y todavía hay muchos que, en una situación como ésta, defienden que no es necesario pedir a los electores que decidan y acabar así con una agonía que debilita a este Gobierno, pero también al Estado.

Lo de Rodiezmo es la confirmación de que hay que tener cuidado con las ironías porque las carga el diablo. Zapatero tomándole el pelo a Rajoy sobre el asunto en el Congreso, para ser negado por UGT apenas una semana después. No le quieren ver en el picnic anual de la minería (¿pero existe tal cosa aún?) astur leonea, esa cita en la que el burguesito y efímero pnn de la universidad leonesa (ese es todo su curriculum profesional) se daba un baño de obrerismo en el comienzo de cada temporada política.

Pero no es de eso de lo que quería hablar, ni del espectacúlo circense que están montando los partidos catalanes a propósito de la firma una resolución que no tendrá ningún efecto jurídico; ni de la falta de escrúpulos del PSOE, dispuesto a pactar con un partido (PNV) que conspira permanentemente contra los socialistas que gobiernan en el País Vasco los presupuestos del año que viene, sin los cuales ZP probablemente tendría que adelantar las elecciones. Espectáculos escasamente edificantes de los que la sociedad española saldrá indemne porque es más fuerte que unos políticos manifiestamente mejorables para quienes los fines (de perpetuarse en el poder) sí justifican los medios (dejar el país como un sembrado).

No, lo que debería preocuparnos es la impotencia que muestran nuestras instituciones frente al desplante, la extorsión y el cachondeo que practican a nuestras costa los controladores aéreos, cuyos sueldos resultan particularmente obscenos en estos momentos en que millones de trabajadores ni siquiera tienen un salario o no les llega hasta finales de mes. Decía el otro día José Blanco que les iba a mandar al fiscal. No es ese el camino: la vía penal tiene pocas probabilidades de prosperar en estos casos. Se me ocurren dos medidas más efectivas: revisar urgentemente las privilegiadas condiciones de estabilidad y garantías contra el despido de las que disfrutan los trabajadores públicos, lo que les coloca en una posición de ventaja en situaciones de conflicto; y perseguir el fraude de las bajas de enfermedad falsas, que es una de las peores lacras, no sólo en este caso, sino del mercado laboral español en su conjunto. Un fraude que exige la complicidad dolosa de los médicos que las firman, contra los que nadie ha querido actuar hasta ahora. El conflicto de los controladores ofrece la oportunidad al Gobierno de meterle mano a dos vicios graves que distorsionan el mercado de trabajo en nuestro país y cuyo remedio no aparece ni por asomo en la reforma laboral propuesta por el Gobierno y que se discutirá este otoño en el Congreso. Pero dejará pasar esa oportunidad. Al tiempo.

A mi abuelo materno le llamaban Montilla sus parientes políticos, incluída su propia esposa. Rara vez Paco, y nunca Francisco. Y en ocasiones, Montillita, porque no era precisamente Pau Gasol. Era una de las personas más sabias que he conocido, y no particularmente por sus estudios; gran estoico, vivió cien años y nació, como todos sus ancestros próximos, en el pueblo cordobés de Puente Genil. El mismo lugar del que son los padres del presidente de la Generalitat, José Montilla, a pesar de que él nació en la también cordobesa localidad de Izanájar. Alguna vez hemos elucubrado sobre la probabilidad de un parentesco lejano.

Sea por esta razón, o porque el José Montilla que yo conocí hace siete y ocho años, un hombre reservado, prudente, discreto y ponderado, evocaba a aquel Montillita de mi propia familia, siempre he sentido un afecto especial por el hoy presidente catalán. Y me irritan las bromas que se hacen sobre su condición de charnego vergonzante, porque su biografía de emigrante que se abre camino desde los peldaños inferiores de la escala social, en una sociedad donde esa progresión no es fácil, es simplemente ejemplar.

Por eso me duele especialmente el bucle en el que se ha enredado y del que difícilmente podrá salir sin perder muchas plumas. Montilla nunca ganará a nacionalista a CiU y ERC pero, en esa puja absurda a la que se ha sumado, ha perdido de vista sus referencias ideológicas y se encuentra perdido. Entre quienes lo tienen claro –el PP, y el propio PSOE, por un lado; y los mencionados nacionalistas, por otro–, a Montilla le han achicado los espacios y ha dejado a su partido, el PSC, en tierra de nadie. Todo el mundo sabe a lo que juegan los demás; pero el juego de Montilla es la expresión de una esquizofrenia estéril. Y la proximidad de las elecciones le ha terminado de desquiciar. Su apuesta dejará heridas difíciles de curar en el socialismo catalán  e introducirá una cuña en las relaciones futuras entre el PSC y el PSOE. Y no habrá prestado un buen servicio ni a sus compañeros, ni a Cataluña, ni a España. ¿Por qué, Montillita?

Mal favor le hacen el presidente de Murcia y otros dirigentes autonómicos del PP a su partido negándose a aplicar la ley de ampliación del aborto. Porque no se pueden sostener una cosa y la contraria en el espacio de unos pocos días: no se puede invocar el imperio de la ley para descalificar como rebeldía las manifestaciones organizadas por los partidos catalanes contra la sentencia del TC sobre el estatuto, e ignorarlo unas cuantas fechas después para negarse a aplicar una norma aprobada en el Parlamento alegando que está recurrida ante el mismo TC. Las normas que rigen el funcionamiento del alto tribunal, que han valido para sacar adelante la sentencia del estatuto, a pesar de la campaña de deslegitimación emprendida en su contra desde hace unos meses, valen también para el caso de la ampliación del aborto. Y esas normas dicen que, salvo decisión en contrario (que aún está pendiente) los recursos presentados por un grupo parlamentario contra una ley aprobada en las Cortes no tienen efecto suspensivo. Por lo tanto, y mientras el TC no se pronuncie al efecto sobre ese asunyo, o dicte sentencie en su caso, la ley está plenamente en vigor y las autoridades del Estados viene obligadas a cumplirlas y hacerlas cumplir. Las instituciones son las instituciones. En todos los casos.

Va a ser una decisión difícil. Porque el TC está obligado a respetar los términos de su propia sentencia que, en 1985, impuso una interpretación restrictiva de la ley de 1983 que despenalizaba tres supuestos de aborto en casos de conflicto entre los derechos de la madre a su salud y la protección que la ley concede al nasciturus aunque no se trate de una persona en sentido estricto. La nueva ley elimina el concepto mismo de conflicto y concede a la madre una derecho irrestricto para interrumpir el embarazo hasta las 14 primeras semanas de gestación. El TC deberá hacer juegos malabares para conciliar su propia sentencia de 1985 con la nueva ley, y ahí es donde el PP, que ha presentado el recurso, debe hacer valer sus argumentos. Emprender determinados atajos les priva de muchas de sus razones y, de paso, les pone a la misma altura de los partido catalanes cuya rebelión denuncian con tanto ahínco.

El ruido ha perdido decibelios y los partidos catalanes se dan unos días hasta conocer en detalle el fallo del TC sobre el estatuto. Tiempo, pues, para repasar algunas de las afirmaciones en las que se ha sustentado el griterío de los últimos días.

--El pueblo catalán se siente justamente agraviado. Puede que sea cierto, pero más por otras razones que por el contenido de un estatuto por el que la mayoría nunca se ha sentido especialmente conmovido. A ese sentimiento habrán contribuido ciertas enormidades dichas en otros lugares de España, pero no menores que las que han proferido ciertos políticos catalanes sobre el resto de los españoles.

--La desafección de los ciudadanos catalanes no es respecto de sus politicos sino respecto de España. También puede que sea cierto en un porcentaje que yo no sería capaz de establecer. Pero parte de la responsabilidad recae en quienes pusieron los límites demasiado lejos, a sabiendas de que algunos de ellos desbordaban claramente la Constitución, como ha establecido la sentencia. Las emociones pasan y el sentido común termina por imponerse. Y más en tiempos de crisis.

--La voluntad del pueblo catalán no la pueden contrariar ni las leyes ni el TC. Claro que pueden. La Constitución atribuye el principio de soberanía popular a la nación española, tal como se expresa en las Cortes Generales, y no reconoce ninguna otra soberanía popular. Y es de la Constitución, y no de la historia, de donde deriva tanto el TC como el autogobierno de las CCAA reflejado en sus estatutos. Si no se reconoce a la Constitución el autogobierno carece base jurídica y política.

--El pueblo catalán responderá rotundamente a esta ofensa. Es muy posible que la manifestación que se proyecta sea multitudinaria, pero, una vez más, esa expresión de protesta tendrá que ver más con la frustración, el agravio o el desafecto ( reales o sentidos) alimentados durante la tormentosa y desafortunada trasmitación del estatuto que con el contenido material de éste. Ni en el origen, ni durante su elaboración, ni con ocasión de su aprobación, los ciudadanos catalanes se han sentido movilizados por sus representantes . No está de más recordar que sólo un 40% de votantes aprobó el estatuto, y las cifras de preocupación por el asunto siguen siendo hoy, según las encuestas, bastante modestas. Así que los partidos catalanes haría bien en mirar hasta donde están dispuestos a arrastrar a sus ciudadanos en un eventual desafío a las instituciones del Estado.

Y una reflexión final: no creo que la sangre llegue al río. La impostación que los políticos catalanes han imprimido a sus reacciones tiene que ver sobre todo con las elecciones de noviembre. Después, sus voces se escucharán con otro tono, sobre todo si, como parece casi seguro, surge una nueva mayoría de gobierno. Todo este proceso dejará secuelas y las relaciones de Cataluña con el estado no serán fáciles. Pero, ¿en que estado federal (y España lo es) no existen fricciones entre el centro y la periferia? Se puede convivir perfectamente con el conflicto si se produce dentro de los cauces establecidos. Para eso están las instituciones polìticas de los estados democráticos.