Perezas privadas por Eduardo San Martín

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Una recién llegada a este blog, Orelia, me reprocha en el post anterior que yo haya defendido esta mañana, en un programa de televisión, el uso del velo islámico de las escuelas. Como se trata de una simplificación muy reducionista de mis palabras, intentaré explicar lo que he dicho y, de paso, abrimos un debate sobre un asunto que me parece más interesante que otros de los que nos estamos ocupando todos los días.

--En primer lugar, nunca he dicho que sea partidario del uso del velo islámico en las escuelas públicas. Lo que sostengo es que, en el caso concreto de la chica que pretendía cubrirse con un simple pañueño en un instituto de Pozuelo, lo importante es no crear un problema donde no los hay.

--En España, por fortuna, no nos encontramos ante un problema general de desafío de alumnos o alumnas musulmanes al régimen escolar. Por lo tanto, y mientras no nos enfrentemos a él, es preferible ir solucionando caso por caso en lugar de dictar una norma de ámbito general que, tal vez, provoque problemas donde ahora no existen. Cada centro debe decidir, en función de la identidad de sus alumnos, del entorno y del criterio de los padres, la solución menos conflictiva. La exhibición pública de símbolos religiosos, de cualquier creencia, no constituye por sí misma una agresión a la aconfesionalidad del Estado. Estamos hartos de ver muchos de estos símbolos en espacios públicos sin que casi nadie les preste la menor importancia.

--En el caso de Pozuelo existían unas normas, pero no estaban pensadas al parecer para un caso semejante. Ahora bien, si los miembros de su consejo escolar han decidido que es también aplicable al caso que comentamos, están en su derecho, aunque creo que se equivocan. La reacción de solidaridad de otras alumnas puede crear un problema que no habría existido si hubieran permitido a Najwa usar su pañuelo.

--El uso del velo se interpreta, en su origen, como un signo de identidad religiosa o de sometimiento de la mujer en determinadas sociedades. No creo que sea el caso. Se trata de un chica nacida en España, plenamente integrada en su medio y cuyo padre no era partidario de que usara esa prenda. Desconozco sus razones, pero no creo que debamos encontrarla en los estereotipos al uso. En el medio rural, las mujeres españolas han utilizado el pañuelo hasta anteayer, seguramente como reminiscencia de usos relacionados con atavismo religiosos o con su condicion de mujer, y nadie se espantaba.

--En todo caso hay dos derechos que deben prevalecer sobre otros: el de la libertad personal para vestirse como se quiera, siempre que ello no constituya una ofensa, una provocación a los demás, o un obstáculo a su idetificación en lugares públicos (como en el caso del burka); y el de la educación. No tengo noticias de que sus compañeros de instituto o sus padres se hubieran sentido ofendidos por el pañuelo de Najwa, que, además, sólo oculta su cabello.

--En resumen, que bastantes problemas tenemos ahora en este país como para inventarnos otros que hemos tenidos la enorme fortuna de sortear hasta el momento.

Se veía venir. Desde que se supo que el magistrado del Tribunal Constitucional Manuel Aragón, perteneciente al llamado bloque progresista, no cejaba en sus firmes convicciones contra la constitucionalidad de aspectos claves del Estatuto de Cataluña, pese a las presiones del Gobierno y de sus afines ideológicos, se sabía quién iba a cargar con el mochuelo de la no aprobación de la sentencia relativamente benigna que cocinó la ponente Elisa Pérez Varela por encargo de la presidenta del Tribunal María Emilia Casas, ambas bajo el atento control de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega (aún se recuerda el memorable rapapolvo que la segunda le propinó a la primera en público hace un par de años en una ceremonia oficial).

Conocí a Manuel Aragón en un momento de mi vida profesional y escribí sobre él en ABC hace unos meses. No es él quien se ha movido. El magistrado, catedrático de Derecho Consticional, siempre ha defendido lo mismo, en la tradición de una izquierda cosmopolita incapaz de fundir con los nacionalismos irredentos. Fueron otros los que se movieron: aquellos que, a sabiendas de que estaban promoviendo un texto abiertamente inconstitucional, cometieron la irresponsabilidad de hacerlo aprobar en el Parlamento Catalán y el Congreso de los Diputados, y someterlos después a referendum, para después colocar al TC ante un hecho consumado. O para negarle legitimidad para decidir en cuanto se sospechó que el camello del estatuto no iba a pasar por el ojo de la aguja de la constitucionalidad.

Aragón, no. Él fue consecuente con lo que ha defendido a lo largo de toda su carrera profesional de profesor universitario de prestigio. Por eso le han cargado con el muerto, en forma de maledicencia que le atribuye un supuesto compromiso con los otros cuatro magistrados progresistas que el habría roto. Si se hubiera plegado, la sentencia progubernamental se habría aprobado con el voto de calidad de la presidenta. Pero la jugada quedó al decubierto porque no existía tal compromiso. Hoy, Aragón desmiente la insidia en el periódico que la difundió. Y yo le creo sin ningún género de dudas.

Increible y preocupante. El fin justifica los medios: hay que defender a Garzón a toda costa aunque para ello haya que cubrir de excrementos al Tribunal Supremo. El asunto ha tomado en las últimas horas tintes muy preocupantes:

--Es preocupante, no que se convoque un acto de apoyo a Garzón, lo que es absolutamente legítimo, sino que en ese acto se aplauda que se califique a los magistrados del Supremo de "instrumentos del fascismo" y de "cómplices de torturas".

--Es preocupante que el orador que manifestó tal discapacidad de juicio haya desempeñado hasta hace poco un alto cargo del estado como la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción.

--Es muy preocupante que, con el pretexto de apoyar a Garzón, hayan participado miembros del Gobierno y del partido del Gobierno en lo que convirtió en un mitín contra las decisiones de otro poder del Estado. Y seguramente son los mismos que ponen el grito en el cielo cuando los obispos sacan a sus fieles a la calle para protestar contra leyes aprobadas por el Parlamento, otro poder del Estado.

--Es sumamente preocupante que esta campaña contra el Supremo se sustente sobre dos falsedades:

            1.-Que es Falange quien siente en el banquillo a Garzón, cuando eso sólo lo pueden hacer los jueces. En este caso además quien lo hace es un magistrado progresista fundador de Jueces para la Democracia.

            2.-Que se le persigue judicialmente por investigar los crímenes del franquismo, cuando se le lleva a lo tribunales por atribuirse a sabiendas competencias de las que carece, ignorar leyes en vigor y basar su instrucción en tipos penales inexistentes.

--Y es preocupante que quienes han montado esta campaña acusen hoy al CGPJ y el Supremo de "pasar a la ofensiva" contra los que apoyan a Garzón por haberse limitado a defenderse, en tono muy mesurado por cierto, de las graves acusaciones vertidas contra ellos.

--Y conste que sigo sosteniendo que la acusación de prevaricación contra Grarzón me parece desmesurada. Y contraproducente, tal como se está viendo.

Tomar el crecimiento de la economía como si fuera una competición deportiva, además de constituir una memez, ofrece al comentario crítico afiladas líneas de ataque. Una de ellas es interrogar si lo que importa es sólo sumar puntos a corto plazo aún expensas del juego desarrollado y de las expectativas futuras. España creció mucho durante décadas: habíamos pasado a Italia (¡y un pimiento!) y Francia y Alemania estaban al caer. ¿Lo recuerdan? Pero todo era a costa de endeudarnos hasta las cejas (¿sabían que la deuda total de España -Estado, particulares y empresas---es del 366 por ciento de nuestro PIB?) con un dinero superbarato para invertir en un sector permanentemente inflado. Se encendió una chispa en Estados Unidos, el globo inmobiliaro se pinchó, las viviendas compradas empezaron a costar menos que las hipotecas firmadas y las empresas y las familias se vieron incapaces de pagar sus deudas, entre otras razones porque los bancos, también endeudados hasta las cachas, no prestaban dinero. Nuestro crecimiento probable hasta 2014 nos sitúa ahora en el puesto duodécimo de la liga de las economías mundiales, lejos de la Champions. Y ese puesto, por el que venderían el alma al diablo otros gobiernos, ahora sabe a poco porque algún mentecato (RAC: falto de juicio) se creyó el rey del mambo porque sumaba puntos con pompas de jabón.

Ya he argumentado, aquí y en el periódico, contra la invocación de la presunción de inocencia fuera del ámbito estrictamente penal para eludir pronunciamientos políticos sobre conductas impresentables de los militantes del propio partido, sobre todo cuando, con independencia del dictamen final de los jueces, existen indicios suficientes para condenar moral y políticamente dichos comportamientos.

Existe, sí, la presunción de inocencia: el principio de que nadie es culpable penalmente antes de que sobre él recaiga una condena firme. Pero existe también la presunción de indecencia: aquella que se sostiene en suficientes indicios de la existencia de actividades mendaces como para expresar un juicio sin esperar al fallo de los tribunales. Y sobre esas, no es que los partidos pueden pronunciarse, sino que están obligados a hacerlo si no quieren que la sombra de la sospecha se extienda al conjunto de la formación. Y en el caso Gürtel existe la presunción fundada de que se han cometido numerosas indecencias.

--Es una presunción de indecencia suponer que los 1.300 millones con los que se ha enriquecido Jesús Bárcenas no los ha obtenido con su sueldo o a través de transaciones lícitas, sobre todo cuando su trato con algunos de los capos mafiosos era muy estrecha.

--Es una presunción de indecencia suponer que la aceptación de regalos y la amistad declarada con sobornadores y mangantes implica un grado de complicidad culpable.

--Como es lícito suponer que en la resistencia numantina con la que, frente a toda evidencia, algunos dirigentes del PP valenciano se aferran a sus cargos se oculta la enorme indecencia de intentar obtener desde allí una eventual victoria electoral que les limpie de toda culpa.

La dirección PP se escuda en la opinión de que el sumario no revela datos de una supuesta financiación ilegal (lo que no es exactemente cierto en los casos de Madrid y Valencia) para seguir enrocada a la espera de que pase la tormenta. Pero a estas alturas, y de acuerdo con las revelaciones del sumario, lo de la financiación ilegal es casi lo de menos. Lo que revelan los miles de folios de la instrucción es un vomitivo entramado de corrupción y enriquecimiento injusto del que han sido autores y cómplices muchos cargos públicos del PP. Algunos de ellos han sido apartados, pero bastantes peces gordos siguen en su puesto o se siguen beneficiando de la defensa y de la hospitalidad del partido. Mientras ello sea así, los ciudadanos tendrán derecho a inferir al menos un grado de complicidad pasiva de respecto de muchas de las indecencias que se están poniendo al descubierto.