Perezas privadas por Eduardo San Martín

Una contribución al debate sobre el retraso de la edad de jubilación. Se trata de una cuestión que es anterior y que sobrevivirá a la crisis, si antes no se le pone remedio. Se puede discutir su oportunidad en estos momentos y negociar los ritmos de su implantación, aunque la profundidad de la crisis ha acortado de manera dramática los plazos para resolverlo. Pero no se trata de una elección; es una necesidad impuesta por la demografía. Y por el sentido común, añadiría.

La actual edad de jubilación, en torno a los 65 años en casi todas las economías desarrolladas, data de principios del siglo pasado, cuando la expectativa media de vida apenas superaba los 70 años. Vivimos ahora bastante más, y por lo tanto cobramos pensión durante muchos más años. Y esa es una de las razones por las que, si esa expectativa sigue ampliándose, como parece, y si cada vez el número de perceptores de pensiones se acerca, e incluso supera, al de contribuyente activos, el sistema público es insostenible en el medio plazo. El siguiente cuadro difundido hace un par de días por The Economist, ilustra bien este fenómeno: en la mayoría de los países desarrollados, el periodo durante el cual se está en situación de jubilado se ha duplicado o triplicado en los últimos 35 años. En España, por ejemplo, una persona jubilada vivía en torno a una media de 9 años en 1965-1970, y ahora vive más de veinte. Que cada cual lo interprete como le parezca. Yo ya lo he hecho.

Dejemos el asunto del posible pacto. A partir de mañana tendremos más elementos de juicio para confirmar si, como me temo, no existe una voluntad real de alcanzar acuerdos en los dos principales partidos.

Hoy la pregunta es la siguiente. ¿Cuesta tanto condenar por su nombre a un régimen que encarcela a sus disidentes por el sólo hecho de serlo y que deja morir a uno de ellos en huelga de hambre desde hece más de ochenta días? Me refiero al gobierno de Cuba, por cuya rehabilitación ha trabajado sin desmayo nuestro ministro de Asuntos Exteriores ante sus colegas europeos, afortunadamente sin éxito.

Ayer, el vicepresidente tercero (sin cartera), Manuel Chaves, cuando se supo de la muerte del disidente cubano Orlando Zapata, de 42 años, se limitaba a "lamentar" la situación de los derechos humanos en la isla. ¿Cómo a lamentar? Se lamentan las catástrofes o los hechos inesperados que causan sufrimiento a seres humanos, como las inundaciones de Madeira. El encarcelamiento injusto y la inacción de un régimen ante una muerte anunciada no se lamenta, se condena sin más. Y ello sin perjuicio de las expectativas que un gobierno haya puesto en una eventual evolución del régimen en cuestión.

Peor fue lo del presidente Zapatero. En una intervención pública en Ginebra, introdujo un párrafo improvisado aludiendo a "la obligación de todos los gobiernos de preservar la vida de sus ciudadanos". Después, sus acólitos intentaron explicar a los periodistas que Zapatero se estaba refiriendo a Cuba y a la muerte de Zapata. Y ¿por qué no lo dijo así? ¿Por no molestar a los hwermanos Castro? ¿Cuesta tanto trabajo llamar a los responsables por su nombre? ¿Hubiera eludido una referencia nominal en el caso de que el responsable fuera, por ejemplo, el gobierno de Israel?

La hipocresía de los gobiernos de los países en relación con la defensa de los derechos humanos resulta cada día más irritante. Ayer mismo, se anunciaba la liberación de un ciudadano francés secuestrado por Al Qaeda en Mali, después de las presiones efectuadas por el ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner (fundador de Médicos Sin Fronteras), sobre el gobierno de ese país para que liberara a cuatro terroristas de al Qaeda reclamados por otros países vecinos. Todo vale y el fin justifica los medios si lo que está en juego es la vida de uno los nuestros. ¿Así es como anunciamos el evangelio de la civilización occidental a los países donde incuba el huevo de la serpiente del terrorismo internacional? Bonito ejemplo.

¿Se puede creer en la sinceridad de una petición de colaboración al PP "para que ayude a nuestro país", al mismo tiempo que se hace responsable del "paro masivo" actual a los gobiernos de José María Aznar por su política urbanística?

¿Se puede confiar en la coherencia de un presidente de Gobierno que hace poco más de un año culpaba de la crisis económica de nuestro país exclusivamente a las prácticas abusivas de la banca americana y negaba la existencia de una crisis específicamente española? ¿En qué quedamos?

Y aunque la culpa mayor ahora fuera del ladrillazo, ¿no tuvo el Gobierno actual tiempo de sobra en los cuatro años anteriores a la crisis para poner remedio a una situación que el propio PSOE denunciaba como insostenible a medio plazo cuando estaba en la oposición? ¿Alguien se lo impidió? 

Pero entonces se crecía al 4 por ciento y se creaban millones de puestos de trabajo, y el medio plazo de dejó para los gobierno siguientes. Zapatero se dejó seducir también, y de qué manera, por el espejismo del boom inmobiliario. Así que, ¿a qué viene ahora denunciar sólo las responsabilidades de otros?

Por otra parte, ¿se puede creer en la buena fe de una iniciativa, la de crear una comisión negociadora, que se comunica con antelación a otros grupos parlamentarios, pero no a aquel de quien se pide ahora un ejecicio de patriotismo? ¿Y es coherente con el deseo de que el PP participe el hecho de que Zapatero no se digne a llamar personalmente a Rajoy, como lo exigiría la importancia (subrayada por el propio Gobierno) de la tarea a emprender, y sólo lo hace, y apenas cinco minutos antes de convocar la primera reunión, la vicepresidenta Salgado? ¿Qué se habría dicho si hubiera sido al contrario?

Yo creo, francamente, que la iniciativa estaba diseñada para que el PP la rechazara y, como no lo ha hecho, se le pone a caldo (José Blanco y otros) al mismo tiempo que se le pide colaboración, a ver si rompe la baraja. Y conste que me gustaría estar equivocado. Como también quisiera estarlo cuando sospecho que tampoco el PP está por pactar nada. Con una atenuante: le han dejado fuera de casi todo y ahora le hacen corresponsable de la solución a la crisis. ¡Qué país!

Tres conclusiones, muy personales, sobre el debate de ayer en el Congreso:

1.- Que, después de debate, el Gobierno puede sentirse más aliviado, pero la economía española, no.

2.-Que a pesar de las apariencias, ninguno de los dos partidos tiene una voluntad real de pactar entre sí (con otros, tal vez). Lo que presentó ayer Zapatero no es el pacto de Estado que esperan muchos ciudadanos (que requeriría también otros actores: agentes sociales, comunidades autónomas, etc…, y una preparación menos improvisada y más consensuada), sino una oferta de acuerdo parlamentario sobre iniciativas que el propio Gobierno ya tenía en marcha. Y el PP, que tampoco lo quiere, anduvo lento de reflejos para poner a prueba esa repentina (e impostada) pasión por el acuerdo que ahora muestra el Gobierno, y que no exhibió en fecha tan cercana como la negociación de los últimos presupuestos.

3.- Y que a pesar de que salió con bien del debate en el debate de ayer, si yo fuera Gobierno seguiría muy preocupado porque el diagnóstico de la oposición (y no sólo de Rajoy), aunque suene a catastrofista a sus oídos, se parece mucho a lo que piensan bastantes más ciudadanos de los que piensa el Gobierno.

Los dos partidos fueron arrastrados por las circunstancias a intentar el pacto. En este primer round, el PSOE anduvo más listo porque ha colocado la pelota de demostrar voluntad de acuerdo en el tejado del PP, quien debería convencerse de una vez que no es fácil llegar a La Moncloa por el simple transcurso del tiempo. Estoy convencido de que la responsabilidad propia cotiza en el mercado de los votos tanto o más que los desaciertos del contrario.

No va a haber pacto. No al menos el pacto de Estado que reclama una mayoría de la sociedad española y muchas voces autorizadas, aquí y fuera de España. Es lo único que ha quedado meridianamente claro después de debate parlamentario de esta mañana. Y ¿por qué no? Porque ninguno de los actores principales lo quiere realmente. El fin al que dirigen toda su estrategia, no es acordar nada, sino tratar de demostrar que es el otro el que hace imposibles las condiciones de tal pacto. Un juego de simulación e hispocresías.

El Gobierno no lo quiere porque, estando unos pasos atrás en las encuestas, lo que pretende es volver a dejar sólo al PP en una materia de tanta trascendencia. Con su oferta de esta mañana, Zapatero busca acuerdos parciales con otras fuerzas políticas sobre algunos de las iniciativas que ya ha presentado en estas semanas, y seguir ganando tiempo. Si de verdad quisiera un acuerdo con el PP habría hecho las cosas al contrario: habría abierto un periodo previo de conversaciones para explorar zonas de consenso y avanzar hasta la elaboración de un plan compartido que después se presentara en el Parlamento, como se ha hecho, por ejemplo, con el posible pacto sobre la Educación. En su lugar, ofrece sumarse a proyectos que ya ha presentado (es decir, lentejas) y cita en último lugar a consultas al PP para comprobar si lo necesita o no para algunas de esas iniciativas. La negativa del PP le ayudaría en esa estrategia.

El PP tampoco tiene voluntad de acuerdo. Prefiere no corresponsabilizarse de una situación que puede agravarse aún más y esperar pacientemente a las elecciones de 2011. El desafío de Rajoy es puramente retórico porque sabe que Zapatero no va a hacer ninguna de las tres cosas que le ha pedido (rectificar, dimitir o convocar nuevas elecciones). El PP sospecha, tal vez con razón, que el descenso a los infiernos del Gobierno aún no ha concluido. Pero corre el riego de que el incendio también le alcance.

Y CiU, que se ha empeñado públicamente en el pacto, sólo lo suscribiría si fueran todos. Tiene elecciones en noviembre y no quiere pasar como único avalista de un Gobierno en franco declive, cuyo partido le disputa la Generalitat en Cataluña. Acordarán cosas concretas y explotarán así su “sentido de la responsabilidad”.

En fin, nada nuevo bajo el sol. Lo lamentable es que el pacto es una necesidad objetiva. El fin de la recesión no será el fin de la crisis en España. Lo males específicos de la economía española necesitarán de muchos años y varias legislaturas. Y sólo se podrá dar continuidad a una política coherente si pactan los dos únicos partidos que pueden gobernar en España. No es de extrañar el sentimiento de desolación que se extiende por la sociedad española y que reflejan cada vez más las encuestas. Los partidos españoles están jugando con fuego y eso se termina pagando. Desgraciadamente el precio va por cuenta de todos.

Uno de los colaboradores de este blog, Crítico, introduce en el anterior post un comentario sobre el que merece la pena detenerse, por no despacharlo en una respuesta rápida en el anterior post.

En un artículo que publiqué la semana pasada en ABC en relación son el debate sobre el cementerio nuclear (“Cálculos estúpidos"), afirmaba que no me parecía mal que el cálculo electoral estuviera presente en el debate sobre el emplazamiento del ATC, porque el “objetivo principal” de los partidos es conseguir el poder y eso, en una democracia, sólo se puede conseguir mediante unas elecciones. Tratar de ganar elecciones es absolutamente legítimo y realizar cábalas electorales no tiene por qué ser despreciable. Lo que no pueden esas cábalas, escribía yo, es ser estúpidas.

Crítico, a este respecto, recuerda lo que dice la Constitución de “las asociaciones políticas, cuya finalidad es la de aunar convicciones y esfuerzos para incidir en la dirección democrática de los asuntos públicos, contribuir al funcionamiento institucional y provocar cambios y mejoras desde el ejercicio del poder político”. Y concluye que “cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia”.

Es cierto, pero no por las razones que él esgrime. ¿Cómo se pueden provocar cambios y mejoras en el ejercicio del poder político si obtenerlo no fuera la prioridad de un partido? Si no lo consigue, la Constitución le reserva otros objetivos ("incidir en la dirección democrática de los asuntos públicos y contribuir al funcionamiento de las instituciones") para cumplirlos desde la oposición, pero es obvio que nadie compite para perder. Por lo tanto, aunque no lo diga explícitamente, el texto constitucional establece una jerarquía de objetivos.

La realidad a la que yo creo que se refiere Crítico, y que no guardaría ningún parecido con la Constitución, es la de que los partidos han convertido la obtención del poder, no en su objetivo principal, sino en un fin en sí mismo. Y si eso es lo que quiere decir, no puedo estar más de acuerdo. El poder por el poder, ese parece ser el único objetivo de los partidos actuales.