Perezas privadas por Eduardo San Martín

Algunas breves consideraciones sobre las últimas detenciones por corrupción en el ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, en el que aparecen implicados cargos electos del PSC y antiguos dirigentes de CiU.

--La primera es que me felicito de que, en esta ocasión, se haya ahorrado a los detenidos el espectáculo degradante de hacer el pasillo ante las cámaras de televisión con las esposas puestas. Es una buena noticia. La dignidad de las personas, imputados o no, está por encima de cualquier otra consideración. La colocación de las esposas es absolutamente innecesaria en la mayoría de los casos y añade una humillación gratuita a alguien que aún no ha sido condenado por ningún delito. YUesta consideración vale para todos, de uno u otro partido. 

--En segundo lugar, estas detenciones demuestran, por si no hubiera ya suficientes pruebas, que la corrupción en la política se extiende por todas las instituciones y todos los partidos, sin distinción de color. Y que las diferencias pueden ser cuantitativas ("y tú más"), pero el fondo de la cuestión les afecta por igual.

--En ese sentido, resulta ridícula la actitud de solazarse en las miserias ajenas cuando los casos afectan a otros, porque las cañas pueden volverse lanzas en cualquier momento para dejar con las vergüenzas al aire a quienes se reían ayer. Por otra parte, el mal no se cura con una suspensión acá o una expulsión allá. El problema nace de una pésima calidad de un sistema representativo en el cual las cúpulas de los partidos, en muchos casos, seleccionan a sus candidatos a cargos públicos en virtud de criterios que nada tiene que ver con la capacidad o el mérito, y demasiados granujas se cuelan a través de esos filtros. La falta de democracia interna de los partidos y el sistema electoral de listas cerradas y obediencia estricta están en el origen de la enfermedad. Y poco avanzaremos mientras no se actúe sobre esas causas.

--Finalmente, una desafección ciudadana creciente, como consecuencia de tales prácticas, sumada a los efectos de la crisis sobre el empleo y la inmigración irregular, constituyen un caldo de cultivo propicio para que prosperen populismos y redentores. Se trata de un fenómeno al que ningún país es inmune. La democracia no es una conquista irreversible. Y en España estamos empezando a jugar con fuego.

Sospecho que vamos a tener que seguir hablando de la batalla por la presidencia de Cajamadrid durante algún tiempo. Las explosivas declaraciones a El País de Manuel Cobo, segundo de Alberto Ruiz-Gallardón en el ayuntamiento de Madrid, han provocado un auténtico terremoto en el PP madrileño, cuyo comité de Derechos y Garantías ha convocado una reunión urgente para esta misma mañana. Si como anuncian algunas informaciones, en esa reunión se decide alguna medida disciplinaria contra Cobo, la batalla por la presidencia de la institución, que ya está haciendo mucho daño a la dirección del partido, degeneraría en una lucha a campo abierto. Hay que recodar que Cobo no es solamente el hombre de más confianza de Gallardón, sino que fue nombrado para el Comité Ejecutivo Nacional del partido por el propio Rajoy, que apreció su lealtad durante las batallas previas al congreso de junio del año pasado, frente a la manifiesta hostilidad de los hombres de Esperanza Aguirre, Francisco Granados e Ignacio González.

Y como Manuel Cobo explica que la razón que le impulsa a hacer sus declaraciones a tumba abierta es que “la hipocresía empieza a ser de muy mala calidad”, me gustaría referir una pequeña historia que ilustra lo que dice el vicealcalde de Madrid, aunque tal vez él no la conozca. Fue el año pasado, en el interregno entre la derrota electoral del PP y su congreso de Valencia, cuando muchos andaban por ahí poniendo en jaque el liderazgo de Rajoy. Unos días después del escopetazo de María San Gil, compartían mesa con unos pocos periodistas el secretario general del PP madrileño, Francisco Granados, hombre de confianza de Esperanza Aguirre, y otro miembro destacado del partido, cuyo nombre suena ahora con fuerza como posible candidato a la presidencia de Cajamadrid, eventualmente con el apoyo Mariano Rajoy. Pues bien, ambos se despacharon a gusto contra la supuesta falta de liderazgo de Rajoy en aquellos momentos difíciles, cosa que no llamaba la atención en el caso de Granados, pero sí en el del hoy presunto candidato marianista a la Caja, que aventuraba incluso el ocaso del presidente del PP antes del Congreso valenciano. ¡Qué ironías nos depara el presente cuando aún se guarda alguna memoria del pasado reciente! Aunque estoy convencido de que el personaje en cuestión sería un buen presidente de Cajamadrid y, hoy, un fiel aliado de Rajoy.

Siempre han existido pactos más o menos explícitos entre fuerzas políticas para sacar adelante proyectos legislativos o favorecer determinados nombramientos, después de negociaciones que implicaban el intercambio de favores. Se sabía pero se miraba para otro lado, a condición de que un manto de discreción, o un cierto sentido del pudor, taparan esas vergüenzas. Ahora, no; ahora las vergüenzas se exhiben en toda su obscena desnudez sin el menor recato y en horarios infantiles.

Porque es una obscenidad la desfachatez con las que dirigentes políticos de todos los colores, pero en especial los del gobierno de la Comunidad de Madrid, niegan por la mañana cualquier intervencionismo en el nombramiento del presidente de Cajamadrid mientras esa misma noche se reúnen para pactar, o rechazar, un nombre determinado.

Ello sin mencionar el puerto de arrebatacapas en que se ha convertido ese nombramiento en unos momentos de incertidumbre sobre el futuro de las cajas en los que la prudencia aconsejaría tomarse el asunto con un poco más de seriedad.

Como es completamente obsceno el desparpajo con el que el Gobierno de España ha comprado los votos que necesitaba para rechazar las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos del año próximo y la desvergüenza con la que los grupos favorecidos han cambiado diametralmente su juicio sobre la política económica del gobierno en un par de semanas. Blindaje del concierto económico, en un caso, y 25.000 millones de euros en inversiones en los próximos diez años, en l otro.                                                                    

Siempre se han negociado los Presupuestos del Estado, incluso con mayorías absolutas, y siempre a cambio de algo. Pero las contrapartidas se solían discutir en el marco de acuerdos más amplios que atañían incluso a la gobernabilidad del país durante un ejercicio o durante toda la legislatura. El cambalache cubre ahora exclusivamente la próxima votación en el Congreso, y luego se verá. El Gobierno, por ejemplo, se tendrá que negociar otros apoyos en la comisión de Presupuestos del Congreso porque allí no tiene mayoría. Nuevas concesiones, seguramente más gasto y una ley que se parecerá más a un patchwork que al texto riguroso y ampliamente consensuado que requiere la gravedad de la situación económica.

Aunque han pasado ya dos días, no querría dejar pasar la oportunidad de escribir un par de reflexiones sobre la manifestación del sábado en Madrid contra la modificación de la ley del aborto enviada a las Cortes por el Gobierno. Una primera, sobre la manifestación misma. Resulta una obviedad decir que se trata del ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente. Por eso quiero ir un poco más lejos. Se suele reprochar a este tipo de manifestación su trasfondo político. A mí, por el contrario, me parece que ese sustrato es lo que las hace más valiosas. Y no solamente porque responden a una ley presentada con una inequívoca intencionalidad política: en un momento de debilidad, el gobierno rescata de su arsenal ideológico tradicional una reivindicación que no figuraba en su programa para polarizar a la sociedad en torno al eje derecha-izquierda, o progresismo-conservadurismo, y colocar a la oposición ante el dilema de atender a sus convicciones morales o a sus necesidades políticas del momento. Desde mi punto de vista, ha sido el Gobierno el que ha intrroducido una clave política en el asunto.

Pero no sólo por eso. También porque en una sociedad que ha reducido su participación en los asuntos públicos al simple acto de depositar un voto cada cuatro años, estas manifestaciones de intervención directa de los ciudadanos en el debate público, que habitualmente monopolizan los políticos, es una señal de vitalidad democrática. En una sociedad abierta (sociedad civil en sentido amplio) dos de los cinco requisitos imprescindibles son la existencia de un tejido asociativo activo y un espacio público discusión. Manifestaciones como la del sábado, y lo mismo se puede decir de las celebradas también este fin de semana en el País Vasco y Galicia, refuerzan esas premisas. Para los curiosos, las otras tres condiciones de una sociedad civil son un mercado no intervenido, un gobierno sujeto a controles y el imperio de la ley.

Y ahora una reflexión negativa sobre el contenido de la manifestación. Me parece que este tipo de actos polarizan el debate sobre el aborto en torno a una dialéctica religión-no religión. Y, sin embargo, existen argumentos consistentes contra una ampliación de la ley desde una moral estrictamente laica e ilustrada, que en España no afloran pero que han estado presentes en polémicas semejantes en otros países. La defensa de la vida no es un monopolio de la iglesia católica. Me parece que al gobierno le viene muy bien que la discusión circule por esas vías, identificando a todos los que se oponen a su ley como “la caverna religiosa”, y que el PP hace muy mal en caer en esa trampa.

No me gustaría convertir este blog en monotemático, pero supongo que durante algún tiempo más tendremos que ocuparnos de las tribulaciones del PP. El tiempo imprescindible, sin embargo, porque, con ser grave lo que está ocurriendo en torno al principal partido de la oposición, hay otras importantes cuestiones susceptibles de debate. Repito algo que creo haber dicho ya con anterioridad: lo que más me preocupa de los problemas que cercan al PP es que afectan a su capacidad de ejercer de oposición efectiva, algo que se echa en falta más que nunca en estos tiempos.

Muchas de las cosas que han ocurrido desde mi último post han venido a confirmar, por desgracia, el escepticismo con que comentaba el cese, o lo que quiera que haya sido, del secretario general de PP valenciano, Ricardo Costa. Pero hoy por fin ha comparecido en rueda de prensa Mariano Rajoy, después de casi seis meses de rehuir este tipo de contactos. Y me gustaría comentar una de sus principales afirmaciones: que Camps no le mintió y que sigue confiando en él. Si le mintió o no, sólo él lo sabe, porque en la reunión de la ejecutiva valenciana había dos miembros de la dirección nacional, Federico Trillo y Esteban González Pons, que le habrá contado el esperpento en que se tradujo la tal reunión. Ahora bien, si Camps no lo ha hecho, otros tendrán que haber mentido, porque los comunicados cruzados de la noche del martes entre Valencia y Génova describían realidades muy distintas.

En lo que concierne a la cuestión de la confianza, personas del entorno de Rajoy se expresan en términos distintos a los de su jefe. Eluden el asunto de la confianza, pero aseguran que el presidente del PP se encuentra bastante decepcionado por la falta de fortaleza mental manifestada por Camps en todo este episodio, y aún antes. En el almuerzo de Alarcón de hace dos semanas, y apremiado por Rajoy, Camps se comprometió a tomar medidas. Desde entonces se ha dedicado a marear la perdiz, incluida la jornada del propio martes, y provocó una confusión inenarrable y el ridículo propio y de la dirección nacional. Para las gentes de ese entorno, Camps se ha situado en una especie de limbo de irrealidad que le incapacita para manejar una situación tan comprometida. Puede que Rajoy se vea obligado a reiterarle una confianza puramente protocolaria, pero algo se ha roto definitivamente entre ambos dirigentes. Lo que tarde en manifestarse esa ruptura dependerá de la oportunidad y de un análisis de los pros y los contras. No hay que olvidar que, en lo que respecta a Camps, la última palabra judicial no está aún escrita. Quizá entonces.

Bien, parece que Rajoy ha dado el primer puñetazo encima de la mesa y ha obligado a Camps a destituir temporalmente al secretario general del PP valenciano, el inefable Ricardo Costa. Y digo parece, porque no estoy seguro de que las cosas sean como se ven, teniendo en cuenta los antecedentes. Pero, después de haber puesto a Rajoy en la picota durante tantos días, concedámosle ahora, al menos, el beneficio de la duda.

 La cuestión que someto a vuestro debate es doble. En primer lugar, si es demasiado tarde. Y, en segundo, si es suficiente. Adelanto mi opinión. No creo que sea tan tarde. Quedan dos años y medio para las próximas elecciones, la imagen del gobierno sigue deteriorándose en las encuestas (la de la oposición, es verdad, tampoco es muy boyante), y existe un cuerpo sano con suficiente entidad (el resto de dirigentes, organizaciones territoriales y afiliados del PP) como para regenerar el tejido enfermo. Eso, naturalmente, si Zapatero no decide adelantar las elecciones para sacar partido de los problemas del PP. No parece probable, al menos mientras la situación económica no mejore, y las previsiones en ese sentido juegan a favor del PP.

En lo que se refiere a la segunda cuestión, no me parece que el cese temporal de Ricardo Costa sea remedio suficiente para contener la hemorragia provocada por las revelaciones del sumario Gürtel. Las resistencias de Camps a destituirle tienen que ver, probablemente, con el hecho de que el secretario general del PP valenciano constituía su última línea de defensa. Camps ha sido exonerado judicialmente, pero el TS aún debe pronunciarse, y los indicios contenidos en las diligencias judiciales no juegan a su favor. El asunto de la presunta corrupción en Valencia excede las prácticas de Costa y, a mi juicio, mientras ese grano no se extirpe en mayor medida seguirá produciendo dolores de cabeza en Génova.

Creo que Rajoy y sus compañeros de la nueva dirección del PP son básicamente gente honesta. Como lo son otros muchos dirigentes de sus organizaciones territoriales. Por no hablar de la inmensa mayoría de militantes de un partido que sigue siendo el mayor de Europa en número de afiliados. Por eso resulta tan inexplicable la parálisis que atenaza a la cúpula del PP en el caso Gürtel y la pasiva gestión que ha realizado de este gravísimo caso desde su inicio. Se puede especular con la suposición de que la inacción de Rajoy ante las últimas y contundentes revelaciones sumariales del caso obedezca más bien al hecho de no saber qué hacer que a un propósito deliberado de no querer hacer. De tanto capear los chaparrones que iban cayendo, con la esperanza vana de que escampara con el tiempo, la llegada del verdadero temporal les ha sorprendido sin defensas.

Pero ya no vale sacar el paraguas y esperar que vengan tiempos mejores. La intensidad del diluvio amenaza con llevárselos por delante con paraguas y todo. Es difícil saber qué se puede hacer. Por dónde empezar y hasta donde sajar cuando la metástasis se extiende por tantos órganos. Pero entiendo que lo único que no puede hacer es lo que ha estado haciendo hasta ahora; es decir, no hacer nada. Rajoy tiene la oportunidad de despejar la imagen de indolencia que le ha acompañado en su vida política, dar un golpe de autoridad y ajustar cuentas con una parte de la historia del partido. Tendría tiempo hasta las próximas elecciones, dos años y medio, para empuñar el bisturí y recomponer el partido. El problema más serio lo tiene en Valencia, donde la supuesta corrupción llegaría hasta la cabeza; en Madrid se reaccionó a tiempo, lo de Castilla y León parece por el momento un caso aislado y lo de Galicia se remonta a diez años atrás y no alcanzaría a ninguno de sus actuales dirigentes. Pues que empiece por Valencia.

Por sus primeras declaraciones, parece que Rajoy se inclinaría por ir acompasando su estrategia a las vicisitudes procesales. Me parece un error. Las diligencias judiciales se pueden prolongar durante años y pueden deparar aún sorpresas desagradables. Su acción política quedaría hipotecada a la acción de los tribunales indefinidamente. Los tiempos políticos no son los judiciales. Y el caso requiere acciones políticas rápidas y contundentes. Las mismas que él le exigió a Camps la semana pasada.