Perezas privadas por Eduardo San Martín

Los tiempos cambian, y ,con ellos, conceptos económicos y sociales cuyo significado se ensancha con el paso de los años. Lo que no cambian son los prejuicios ideológicos o clichés políticos a propósito de esos mismos conceptos. Lo estamos viendo en relación con el debate sobre una próxima subida de impuestos, a la que el Gobierno se ve abocado muy a su pesar como consecuencia del gigantesco déficit que ha acumulado en los últimos meses y no siempre, como se ha visto, en gastos necesarios para hacer frente a la crisis. Pero dejemos esa discusión para otro momento. Lo que importa es con qué interesada visión del pasado utiliza la maquinaria de propaganda del Gobierno conceptos tales como “rico” o “capital”.

Primero fue José Blanco cuando sugirió que los “ricos deberían pagar más” al Estado en una situación de crisis y proponía elevar al alza los tipos impositivos más elevados el IRPF. Yo creo también que deben pagar quienes más tienen, pero ese objetivo no se consigue a través del IRP. No son los más ricos quienes pagan más por ese concepto, como es bien sabido. Si el gobierno quiere de verdad que la factura de la crisis la paguen las rentas más elevadas (y no los de siempre), que refuerce la inspección para perseguir el fraude generalizado que se fragua en venerables despachos de abogados y prestigiosas consultas profesionales. Por poner un ejemplo. Los ricos, los de verdad, merodean por esos lares. Algo semejante sucede con el término “capital”. Ahora se deja filtrar que no serán las rentas del trabajo las paganas, sino las del capital. Y cuando se habla en esos términos se trata de transmitir la imagen de una pandilla de personajes de Serafín encendiendo un puro con un billete de 500 euros. Pues bien, las llamadas rentas del capital las constituyen mayoritariamente fondos de inversión y planes de pensiones que buscan una rentabilidad a pequeños ahorradores. Una vez más, el capital al que se alude no circula por los mercados convencionales. Lo cierto es que el Gobierno tiene un buen lío. No le queda más remedio que subir los impuestos, pero no serán ni los más ricos ni el auténtico capital el que pague la factura. Al tiempo.

Confieso que la actuación de los poderes públicos en el asunto de la nueva gripe me suscita reacciones contradictorias. Por un lado pienso que la OMS y las distintas autoridades nacionales se están deslizando por la pendiente de un alarmismo excesivo y están transmitiendo a sus poblaciones un temor injustificado, en la línea del artículo de Juan Manuel de Prada que cita Jorge Verdú en su último post. Aunque no comparto los propósitos “idolátricos” que el autor atribuye a unos responsables públicos, a los que, a mi juicio, sobrevalora con esa imputación.

Por otro lado, imagino qué cosas no diríamos de esas mismas autoridades si no tomaran unas precauciones que hoy nos parecen excesivas y se diera el caso de que el virus en cuestión mutara, o se reforzara, y provocara una mortandad similar a las de otras graves gripes del pasado. La verdad es que no acierto a entender bien cómo se pueden combinar ambos objetivos: adoptar todas las cautelas que aconseja un pandemia cuya evolución última aún se ignora y, de forma simultánea, no provocar en la población más alarma que la ya produce, de por sí, la propia propagación de las informaciones sobre la enfermedad.

Consideración esta última que introduce una nueva variable en la discusión: la del papel de los medios en todo este asunto. Obligados en razón de su función social a actuar como transmisores de una información indispensable, cabe preguntarse hasta qué punto no somos responsables muy principales de esa paranoia que denuncia mi compañero Prada. Mi opinión en este caso oscila entre una cierta vergüenza y el sentido de la responsabilidad. En ultimísima instancia me inclino por pensar que, en temas como los relacionados con la salud, es mejor pasarse que no llegar. Y también que no todos aquellos a quienes se dirigen los poderes públicos y los medios de comunicación son unos cretinos sugestionables o unos hipocondríacos.

Me gusta la expresión. Otra cosa es que sea viable lo que significa ese juego de palabras. Su promotor es el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y a lo que se refiere es a que, desde la misma manera que los directivos de grandes empresas cobran un variable (bonus) cuando la empresa obtiene beneficios, deberían ser penalizados (malus) cuando la compañía tiene pérdidas. Sarkozy no ha arriado la bandera de los límites a las estratosféricas primas de los directivos, después de que el presidente americano, Barack Obama, tirase una de las primeras piedras pero escondiera la mano en cuanto vio lo que se le echaba encima. La propuesta podría ser interpretada como una intromisión en la autonomía de las empresas, pero el presidente francés ha tenido la habilidad de presentarla como el resultado de un acuerdo con las propias compañías, empezado por los grandes bancos. Por otra parte, alguna cosa tendrá que decir el Estado sobre el gobierno de unas empresas que deben su supervivencia, en gran medida, al extraordinario esfuerzo fiscal realizado por ese mismo Estado.

Políticamente, por tanto, la cuestión puede defenderse. Las pagas que se han repartido directivos de algunas empresas, incluso después de ser intervenidas, resultan claramente obscenas, incluso en el caso de compañías no responsables de la crisis actual. De lo que se trata es de si resultará económicamente eficaz. En este asunto, como en otros muchos, la medida sólo producirá efectos positivos si es universal. Si no, dejará expuestas a las empresas de un sector, o de un país, a la caza de sus directivos por empresas de otros sectores o de otros países. Por esta razón, Sarkozy trata de convencer a otras empresas y a otros gobiernos, y llevará su propuesta a la nueva reunión del G 20 de Pittsburgh. Es dudoso que lo consiga, sobre todo en el caso de Estados Unidos, donde Obama empieza a encontrarse en dificultades a propósito de su atascada reforma sanitaria. Pero habrá que agradecerle al presidente francés el esfuerzo, aunque en la iniciativa aliente en parte esa pulsión populista que imprime a tantosde sus proyectos.

Me reincorporo, con algo de pereza, todo hay que decirlo, al campo de justas dialéctico en que se ha convertido, por fortuna, este espacio de debate. Por fortuna, porque son las palabras el instrumento con el que se dirimen las diferencias en las sociedades abiertas y maduras, por mucho que puedan dolernos. Las balas duelen mucho más. Y digo con pereza, porque, a la vuelta de mi viaje, compruebo que la situación que provocaba mi último comentario no ha cambiado en absoluto. Pero como en ese texto concluía invitando a no sucumbir al desánimo, aquí estamos dispuestos a pelear para no dejar la política sólo a los políticos.

Después de repasar todo lo que habéis escrito en estos días de ausencia, me gustaría hacer dos pequeñas puntualizaciones a Némesis. Para empezar, no puedo dejar de agradecer tus comentarios, que valoro en mayor medida por cuanto vienen de alguien que no coincide con frecuencia con mis opiniones. Ahora bien, cuando entonaba un “mea culpa” en mi condición de periodista, no lo hacía (como tú pareces entender) porque me considere reo de manipulación informativa, que aborrezco; ni porque me autoinculpe de ningún atentado contra la libertad de información. Si lo hacía es porque, como explicaba en mi texto, me considero cómplice de la burbuja en la que políticos y medios se han encerrado y “de la que la ciudadanía se siente cada vez más distanciada”.

Y una segunda para concordar con él en que, de la misma forma que no hay que dejar la política sólo a los políticos, no hay que dejar la información sólo a los periodistas. Y también con la variante de Verdú: “No dejemos la política a los políticos (crispadores)…...pero sobre todo, no se la dejemos a los periodistas". Absolutamente de acuerdo. De que lo primero está sucediendo, dan muestra los miles de blogs como este que han convertido a millones de ciudadanos de a pie en fuentes y transmisores de información y opinión. Y sobre lo segundo, doy testimonio personal de los miles de periodistas anónimos y desconocidos que han consagrado su vida a la información, con mejor o peor fortuna, pero que nunca han incurrido en la tentación de suplantar a los políticos. Los que tal hacen son una inmensa minoría, pero hacen demasiado ruido. Como ocurre, por desgracia, con casi todas las profesiones.

Salud, amigos, y a la tarea. Por cierto, ¿por qué será que en Francia, el nivel de vida de cuyos ciudadanos es todavía bastante superior al nuestro, se ven muchos menos coches de lujo que en España? Dejo ahí la pregunta.

¿Nos mereceremos alguna vez en este país un juego político normal? Alguno de los visitantes de este blog han manifestado ya su hastío ante este continuo arrojarse las instituciones unos a otros. Confieso que siento lo mismo. Un gran desánimo. Pero los ciudadanos más o menos conscientes no debemos ceder a tentación de inhibirnos del juego que practican en España nuestros políticos. Como dice mi admirado Víctor Pérez Díaz, el más ilustre liberal que conozco en España y el teórico más fecundo de la sociedad civil en nuestro país, “la política es demasiado seria para dejársela a los políticos”.

Unos de nuestros grandes males es el desistimiento de muchos ciudadanos de la política. De tal forma que la clase política, en connivencia con los medios (mea maxima culpa), han creado una especie de burbuja de la que la ciudadanía se siente cada día más distanciada. Grave error. Aunque muchas de las escenas a las que asistimos nos provoquen nauseas, tenemos la obligación de no desistir. Y vuelvo a la pregunta inicial: algún día nos mereceremos un debate político civilizado si los ciudadanos, cada uno desde su propia perspectiva, practicamos un marcaje cerrado a los políticos, aunque se trate de aquellos que defienden nuestras propias ideas. Porque ese es otro mal de la sociedad española: el alineamiento acrítico con una determinada opción partidista, a la que se apoya incondicionalmente y a la que se perdona los errores que jamás se disculpa a los de enfrente. No voy a entrar en los episodios concretos de la última semana. Ya lo he hecho en mis artículos en ABC. Me voy unos días fuera de España, a respirar otros aires, con la sensación de haber estado dando vueltas en torno al mismo círculo vicioso mientras los grandes problemas del país se hurtan al debate público. A la vuelta, espero esta en disposición de romper con esa inútil inercia que nos conduce inexorablemente a la más estéril de las melancolías.

De regreso del fin de semana, me encuentro de sopetón con el archivo de la causa seguida en el TSJ valenciano contra el presidente de la comunidad, Francisco Camps. La reflexión es obligada. A brote pronto, y a falta de una lectura pormenorizada de los más de 60 folios del auto, lo que me viene a la cabeza es casi una obviedad: los procedimientos penales y los juicios políticos no tienen por qué conducir a la misma conclusión. En el primero juzgan unos jueces, casi siempre profesionales, de acuerdo con unas estrictas garantías procesales y una regla de oro que siempre concede al reo el beneficio de la duda. En el procedimiento contradictorio, los indicios y las pruebas son sometidas a una ducha escocesa de la que el enjuiciador se hace una idea, siempre subjetiva, de la realidad de los hechos. En el segundo, los jueces son los ciudadanos los que juzgan, no sobre certidumbres o medios probatorios, sino sobre percepciones. En este tipo de juicios no existen garantías. Cuentan la verosimilitud de los hechos, la credibilidad de los protagonistas, los antecedentes y el sentido común.

En el primero de los terrenos, Camps ha obtenido una victoria importante, que será definitiva si el Supremo, al que van a apelar el PSOE y la Fiscalía General, confirma el auto del TSJ valenciano. Hay que recordar que, con el mismo relato de los hechos, dos instructores han visto indicios suficientes para imputar y abrir juicio oral, mientras que la sala ha decidido el archivo (ni siquiera el sobreseimiento provisional) de la causa. El Supremo podría volver a cambiar de criterio. Hasta el rabo todo es proceso.

Pero en la propia argumentación del auto se encuentra el comienzo de unos de los itinerarios que puede seguir a partir de ahora el juicio político sobre el caso. Porque los magistrados no ponen en duda el relato de los hechos del instructor ( tampoco del Camps). Ocurre que para ellos lo relatado no constiye delito, razón por la que no entran a valorar las versiones en conflicto. Es decir, que puede que Camps no haya incurrido en un ilegíttimo penal, pero tampoco dicen que se haya pagado sus trajes, como ha afirmado él con tanta rotundidad. Y será por eso, y no por haber recibido unos regalos que tampoco son para tanto, por lo que será juzgado por los ciudadanos.

Al llegar a este punto, empecé a dudar de mis reflexiones. La euforia con la que los dirigentes del PP han recibido el auto judicial me desconcertaba. No pensaba yo que el presidente valenciano saliese tan bien parado del asunto a pesar del archivo de la causa. Así que me introduje en la encuesta que se inserta en la portada de Abc.es para tener alguna pista. Y no andaba yo muy descaminado. Cuando la consulté por última vez el número de los que pensaban que Camps salía reforzado y el de los que opinaban que había quedado tocado era significativamente igual (en torno al 45 por ciento). Si la mitad de los lectores de ABC.es piensa que Camps sale afectado del embrollo, yo me lo pensaría mucho antes de lanzar las campanas al vuelo.