Perezas privadas por Eduardo San Martín

Tomo como pretexto el descalificador comentario que un señor muerto de risa (¿por los asesinatos?) realiza hoy ,en el último post, sobre la columna que hoy publico en ABC y voy a escribir un poco de ETA y de la tesis que defiendo en esa columna ("Enloquecidos"). Aunque soy de la opinión de que cuanto menos publicidad se dé a los asesinos mejor para la democracia y peor para uno de los fines del terror, que es precisamente aprovechar su repercusión mediática para extender el temor entre el mayor número posible de ciudadanos.

Mi comentario sobre unas palabras de Rubalcaba no es descalificador. Conozco personalmente al ministro del Interior desde hace más de veinte años y mantengo con él una relación cordial, incluso de una cierta confianza. Y estoy seguro qué habrá entendido perfectamente lo que quiero decir, como yo entiendo claramente lo que él quería significar. Simplemente, tomé como pié una de sus frases --“y ahora sabemos que están enloquecidos”—para sostener la tesis de que ETA perdió la cabeza, no ahora, sino hace mucho tiempo. En mi opinión, desde que la democracia recién estrenada les ofreció la oportunidad, por medio de dos amnistías consecutivas, de insertarse en el juego político institucional y de defender sus objetivos independentistas por medio de la palabra y de la acción política, como el resto de los grupos. Estoy seguro de que Rubalcaba comparte mi tesis, como yo entiendo que lo que él quería decir en realidad es que ahora “están aún más enloquecidos”. Se trata de un simple juego retórico y no de una discrepancia de fondo.

En cuanto a los ingenuos y fariseos que menciono al final del artículo, cada cual puede señalar los suyos. A los que yo me refiero son los siguientes: ingenuos son aquellos que, desde la izquierda y desde otros nacionalismo periféricos, siguen pensando que el único final posible de ETA es la negociación; y fariseos, los que, dentro del nacionalismo vasco, no sólo lo piensan sino lo desean porque lo que no quieren en realidad es la derrota de ETA, a quien deben que haya estado agitando el árbol durante todos estos años para que ellos recogieran las nueces (Arzalluz dixit).

Teoría conspirativa contra teoría conspirativa. Si el presidente Zapatero y los sindicatos sugieren una conjunción de voluntades CEOE-PP en el órdago patronal que condujo al descarrilamiento del diálogo social por algunas reuniones y declaraciones públicas de Gerardo Díaz Ferrán, ¿sería excesivo interpretar como una confabulación de signo opuesto la inequívoca alianza Gobierno-sindicatos en la mesa negociación y la asunción por el primero de las “líneas rojas” de los segundos como límites de la negociación? Que cada cual juzgue como le mejor le plazca. A mí una cosa me parece clara: que la dimensión del cabreo de Zapatero por la frustración del acuerdo es directamente proporcional a los réditos que esperaba obtener de una imagen de los tres interlocutores firmando un acuerdo con el PP fuera de foco. Me sumo a la opinión de quienes sostienen, a un lado y otro de la funesta línea de fractura nacional, que la situación de nuestra economía, y en especial la del empleo, exige un gran acuerdo político del que no se puede quedar fuera ninguno de los dos grandes partidos: el resto de los invitados son necesarios pero no indispensables.

Y permitidme que dedique un párrafo final a Contador y a las guarradas que le han hecho durante las últimas semanas en el Tour. Parto de dos relatos seleccionados entre otros muchos, el de ABC y el de El País. Lo que todos habíamos imaginado se queda corto. Y ahí va otra teoría conspirativa a partir de lo que se ha sabido: la organización (francesa) del Tour no soportaba que las tres últimas ediciones las ganaran tres desconocidos petits espagnols, con lo que ello significaba de amenaza para la explotación comercial de la marca; de manera que pactaron con la vieja gloria su vuelta a las carreteras y lo incluyeron, con la complicidad de Bruynnel, en el mismo equipo de Contador para “neutralizar” al único ciclista capaz de frustrar esos planes. Si Armstrong hubiera cogido el maillot amarillo en la contrarreloj por equipos o en la etapa de los abanicos, lo que no ocurrió por décimas de segundos, Contador estaría ahora mismo digiriendo su amargura en la habitación del hotel. Lo de la confusión del himno puede ser un error, pero, aunque no buscada, representaba la última humillación impuesta a un ganador que ni la organización ni su equipo querían. No contaban con la paciencia, la fortaleza psicológica y la superioridad física del petit espagnol de Pinto. Con un par. En la próxima edición Armstrong tendrá un año más y Contador un equipo propio. Que les den al tejano soberbio, al belga hipócrita y al acomplejado director de la prueba.

El voto del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, contra un informe sobre la nueva ley del aborto que secundaba básicamente los criterios del Gobierno, ha alterado los planes de los defensores del proyecto, que contaban con el dictamen favorable del CGPJ para presentar la ley en las Cortes con el aval técnico del órgano de los jueces. Pero ha debido alterar también la ponderación y la ecuanimidad de de un sector de la opinión publicada porque al pobre don Carlos le ha caído la mundial por atreverse a ejercer su voto en conciencia, que es justamente lo que todo el mundo debería hacer y sobre todo en asuntos como el de la interrupción voluntaria del embarazo. Tres apuntes sobre la cuestión:

--No nos encontramos ante un debate de buenos y malos. De reaccionarios contra progresistas. Como ya he escrito en más de una ocasión, cabe poner serios reparos a la nueva ley desde una moral radicalmente laica. Como dice muy sensatamente la ponente del informe no aprobado, Margarita Uría, desde posiciones ideológicamente opuestas se pueden emitir sendos informes igualmente valiosos e igualmente bien fundamentados en términos jurídicos.

--No sólo Carlos Dívar ha votado en función de convicciones ideológicas o morales. Todos lo vocales del CGPJ lo han hecho. Es imposible no hacerlo cuando se tiene que decidir, por ejemplo, si interrumpir la vida del nasciturus es un derecho exclusivo e irrestricto de la madre durante las 14 primeras semanas de embarazo. No se puede acometer una respuesta a ese dilema si no es desde los propios principios ideológicos y morales, sea en una dirección u otra, y en ambos casos son igualmente respetables.

--Por esa razón no se puede reprochar a Carlos Dívar lo que no se reprocha a los demás. Salvo que nos encontremos de nuevo con ese viejo y conocido demonio familiar hispánico del maniqueísmo: actuar según las propias convicciones ideológicas o morales es reprobable cuando esas convicciones no coinciden con las mías, que también estoy decidiendo en conciencia.

¡Qué sensación dejà vu en los mamporros propinados a Dívar !

El asunto del que quería hablar el otro día era el del debate suscitado sobre la ley penal del menor a raíz de los dolorosos sucesos ocurridos en dos localidades andaluzas, en las que sendas menores fueron violadas en grupo por adolescentes de su edad. A este respecto se suscitan dos tipos de argumentaciones, unas de tipo formal y otras que atañen a la sustancia.

En lo que respecto a los aspectos formales del debate, la pregunta más importante es la de si se debe legislar en caliente a impulsos de sucesos que apelan a las entrañas; o es conveniente, por el contrario, esperar a que se atemperen los sentimientos y se pueda emprender un debate racional. Mi respuesta es que la pregunta es intrascendente. Creo que se puede tener el corazón caliente y conservar fría la cabeza. Existe suficiente literatura jurídica sobre la responsabilidad penal de los menores y derecho comparado en abundancia como para emprender el debate correspondiente sin miedo a que la cercanía de los hechos nos nuble la vista. Otra cosa es que, en circunstancias como las que rodean a ambos casos, es necesario evitar las tentaciones populistas: es decir legislar a favor de las corrientes emocionales provocadas en la gente de buena fe por hechos tan atroces. Y eso se puede evitar aunque el debate se produzca en caliente.

 En lo que se refiere al contenido, cabe resumir las distintas posturas básicamente en dos. Una: es necesario reducir la edad penal de los menores de los 12 a los 14 años para delitos de especial gravedad; dos: no es necesario porque se pueden adoptar las medidas de internamiento educativo y asistencial previstas en la Ley de Protección del Menor para adolescentes de entre 12 y 14 años con el fin de que aquellos que hayan cometido actos especialmente repugnantes no se vayan de rositas como si no hubieran hecho nada. Mi posición, por la propia experiencia vital, es que un adolescente de entre 12 y 14 años es capaz de discernir el bien del mal en asuntos tan graves como una violación colectiva, y que por tanto debe cargar con las consecuencias de esos actos. Si ello debe lograrse por medio de una imputación penal, reduciendo la edad que exime de responsabilidad, o a través de medidas administrativas no necesariamente penales, me parece una disyuntiva puramente técnica. Lo importante es que, de una manera u otra, el menor responsable de actos tan terribles sienta sobre sí de manera contundente el peso de la respuesta social contra sus actos criminales. Y si también se le puede educar y recuperar, mejor que mejor.

Antes de pasar a otro asunto, no me gustaría dejar sin respuesta algunas de las cuestiones que se me planteaban en torno a la cuestión de la dichosa financiación autonómica.

--Para empezar, yo no niego que existe una catalonofobia, de la misma manera que también es una realidad que en determinadas comunidades se agita permanente el fantasma de Madrid, así en abstracto, como fuente de todos sus males. Lo que afirmo es que, en la cuestión que debatimos, tildar de catalonofonia (o andalucifobia) las críticas a un reparto que, en opinión de los que las formulan, benefician a esos territorios, es tender una cortina de humo sobre el fondo del problema para evitar “hablar de las cosas de comer”.

--Pawlow, es cierto que similares prestaciones tienen costes diferentes, y por esa razón se han introducido en el sistema elementos correctores (como dispersión de la población o envejecimiento) para calcular esos costes. Pero no es ese precisamente el problema de Cataluña (o de Madrid), donde la población está más concentrada y es menos vieja. Por esa razón, se nos sigue debiendo una explicación de por qué esa comunidad va a recibir recursos por encima de la media. Ah, y sí, leí la entrevista de Carlos Ocaña. Y dice una cosa bastante singular: “No voy a entrar en el debate de cifras, pero sí puedo afirmar que el reparto del dinero adicional es equilibrado”. Pues si no da las cifras, ¿cómo podemos saber que ese reparto es equilibrado? Me gustaría juzgar por sí mismo. Para mí los actos de fe están fuera de la política. Comparto algunas bondades del nuevo sistema, que ya expliqué en un post anterior ( “Más corresponsabilidad, menos solidaridad”), pero me siguen faltando algunas explicaciones sobre el reparto, que Carlos Ocaña no aclara en esa entrevista.

--A los nacionalistas no hay que darles ninguna patada en el culo. Simplemente hay que tratarlos como a los demás partidos, organizaciones o individuos. No pueden obtener ninguna ventaja, por hecho de serlo, con el argumento de que esa manera se desalientan posibles actitudes segregadoras. Si un pueblo está decidido a separarse del conjunto, ninguna actitud conciliadora les va a disuadir de hacerlo. Sólo hay que recordar las declaraciones de ERC después del acuerdo. Por esa razón, y mientras ese deseo no se formule de una forma inequívoca (cosa que, según mi opinión está lejos de ocurrir, si es que alguna vez sucede), hay queaplicarles exactamente a misma vara de medir que a los demás.

Querría haber hablado de otro asunto, porque me temo que éste empieza a aburrir. Pero esto se ha hecho demasiado largo, así que lo dejaremos para la próxima ocasión.

Comienzo por la pregunta que me hace Josefina al final del post anterior. Yo no amo a Cataluña, ni a Asturias ni a España. Amo a muchos catalanes, asturianos y españoles, y a otros cuantos los detesto. Coincido básicamente con el criterio expuesto por algunos de los asiduos de este blog en el sentido de que lo que me interesa el interés de los ciudadanos de cada comunidad y no el de unos supuestos intereses (o derechos) de los territorios, que para mí simplemente no existen. Cataluña, Madrid o Baleares no contribuyen más que otras comunidades a las arcas del Estado: los contribuyentes ricos de esos territorios pagan lo mismo que los contribuyentes ricos de otras regiones, e igual sucede con sus ciudadanos con menos recursos. Lo único que ocurre es que en Cataluña, Madrid y Baleares hay más contribuyentes con posibles y más empresas con beneficios que en otras comunidades. ¿Por qué sus gobiernos deben recibir más, o menos, que los demás para financiar unas prestaciones que deben ser iguales en toda España? Esa y no otra es la cuestión.

Por esa misma razón, es especialmente irritante que se alienten los recelos de los ciudadanos de una comunidad hacia los de otra denunciando supuestas fobias, que puede que las haya (como siempre las ha habido entre vecinos) pero que no son el centro del debate (Recomiendo por cierto la lectura de la columna de Carlos Herrera hoy en ABC). ¿Quién contribuye más al enfrentamiento de ciudadanos de distintos territorios: quien expresa abiertamente su discrepancia con los gobernantes o los partidos de una determinada comunidad o quien califica esas discrepancias como ataques despiadados contra toda la comunidad? ¿Por qué determinados partidos, en especial los nacionalistas, pero también algunos socialistas (para desconsuelo de la izquierda de toda la vida), tienden a confundir sus programas, proyectos y aspiraciones con los de toda la comunidad en la que operan? Que una parte se constituya en la representación genuina de la identidad del todo tiene un nombre en política, que me callo para no echar más leña al fuego. Quienes tachan de catalonofobos o andalucifobos a quienes discrepan de un reparto que piensan que favorece a ambas comunidades (porque de ello se han ufanado, por otra parte, sus propios gobernantes) deberían, por coherencia, calificar de madrileñófobos a quienes disientan de la posición mantenida por el gobierno de Esperanza Aguirre o gallegófobos a quienes critiquen la defendida por la Xunta actual. Puro disparate. Se trata de argumentos defensivos a los que acuden aquellos que no tienen otras razones que ofrecer a quienes, con toda justicia, pueden sentirse perjudicados por el nuevo sistema de financiación autonómica. Porque hay preguntas elementales en el aire que siguen sin responder quienes echan mano de las fobias para evitar que hablemos en serio de las cosas de comer.

Cuando redacto este post está reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debe dar el visto bueno (que lo dará, con algún voto en contra y alguna abstención) al nuevo sistema de financiación autonómica. Pero lo más probable es que de la reunión, en la que se hablará sobre todo de números, muchos ciudadanos no obtengan respuesta a algunas preguntas políticas muy simples sobre la génesis y el resultado de las negociaciones (por llamarlas así) desarrolladas durante los últimos meses:

1.- ¿Por qué las previsiones de un solo estatuto, que además está aún pendiente de revisión por el tribunal Constitucional, puede condicionar el sistema de financiación del resto de los territorios de España? Una cosa es que se previamente negocie con una o dos comunidades, como se ha hecho otras veces en el pasado, y otra muy distinta que el punto de partida lo imponga las previsiones de un solo estatuto.

2.- ¿Por qué dos comunidades (Cataluña y Andalucía), que suman en torno a un tercio de la población de España, se llevan más de la mitad de los 11.000 millones adicionales aportados por el Estado al nuevo modelo? ¿Una compensación por agravios del pasado? Puestos a desempolvar agravios pendientes, gallegos, manchegos, castellanos y extremeños podrían fabricar una buena lista. Es verdad que Cataluña ha tirado durante décadas de nuestra economía y que ha aportado buenos fondos a la solidaridad nacional durante muchos años (como Alemania a España en el ámbito de la UE; esas son las reglas de la cohesión). Pero como en el caso de Alemania con España, esa ayuda no es gratis: el desarrollo de las partes más atrasadas del conjunto abre nuevos mercados a sus terrotorios más dinámicos. Se trata en buena parte de una inversión. No hay que olvidar tampoco que gran parte de la riqueza de las regiones más desarrolladas de España se hizo con mano de obra barata inmigrada de otras regiones y gracias a un mercado cautivo. ¿Las plusvalías generadas en esas condiciones pertenecen a una sola comunidad?

3.- Nada sabemos a ciencia cierta, sin embargo, de las cifras finales. Como decía ayer el presidente extremeño, si se suma todo lo que cada cual dice que va a percibir obtendríamos una cifra cuatro veces superior al anunciado. Al parecer, el gobierno deja que cada una venda la burra a sus electores en lugar de ofrecer cifras transparentes a todos los ciudadanos. Excepto, sospecho, en el caso de Cataluña: ni el tripartito, ni ERC en particular, hubiesen aceptado el modelo si no recibieran lo que piden: 3.800 millones. Seguro que en este caso nadie exagera. Catalanofobia, dirán los que comulgan con ruedas de molinos.

 A falta de una información más completa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del miércoles próximo, los criterios del nuevo sistema de financiación autonómica adelantados ayer por la vicepresidenta Salgado son suficientes para formular algunos juicios generales. Y como no me duelen prendas, a pesar de que he sido, y sigo siendo, bastante crítico con el procedimiento de subasta bilateral utilizado para contentar a los que importan (Cataluña y Andalucía) sin disgustar a nadie, empiezo por enumerar los elementos que me parecen positivos del nuevo sistema:

--Ceder la gestión de tramos más importantes de los impuestos (50 por ciento de IVA e IRPF y 58 % de los especiales) aumenta la corresponsabilidad fiscal y estimula la recaudación de unas administraciones acostumbradas a recibir y gastar y no a recaudar e ingresar.

--El nuevo sistema es más objetivable y se puede revisar cada año sin necesidad de ponerlo todo patas arriba. Bastará que se revalúen los criterios introducidos para calcular la financiación de los servicios básicos (población, envejecimiento, dispersión, insularidad) para ir corrigiendo las desviaciones que se puedan ir produciendo.

Hay otros elementos que me suscitan, sin embargo, la misma preocupación que antes:

--Se reduce la solidaridad interterritorial a los servicios básicos de educación, sanidad y servicios sociales. El 75 % de lo que recauden las CCAA irá a un fondo de garantía con el que se financiarán esos servicios (un 5% más lo pone el Estado). El resto de prestaciones, algunas tan importantes como justicia o vivienda, se nivelarán con un fondo de suficiencia que se nutrirá exclusivamente con fondos del Estado. Y Las CCAA se quedarán directamente con el 25% de lo que recauden. Este es el mecanismo que permitirá que regiones con grandes contribuyentes por renta y por IVA recibirán una financiación por encima de la media. Se trata nuevamente de un estímulo a la corresponsabilidad fiscal, pero sitúa en un nivel de partida complicado a regiones que no recaudan los suficiente para financiarse mejor, aunque el Estado les garantice la nivelación de los servicios básicos.

--El resultado final, 11.000 millones más de recursos del Estado para financiar las mismas transferencias que antes, me parece un despilfarro importante en tiempos de recesión. Las CCAA tenían derecho a que se revisaran sus ingresos por el hecho de que el sistema actual estaba calculado para una población de 37,5 millones de personas y ahora somos más de 44. Pero se podrían haber actualizado las aportaciones dejando para tiempos mejores una revisión más profunda del sistema. Ocurre que las necesidades electorales aprietan y la política de calculadora no entiende del largo plazo.

Tres noticias económicas inquietantes cuando la crisis sigue haciendo estragos y todos deberíamos remar en la misma dirección:

1.- Mientras los países más ricos y las economías emergentes se reúnen en Italia, entre otras cosas para diseñar mecanismos transfronterizos de controles financieros, y la UE trata de armonizar los criterios nacionales en materia de rescates bancarios, en España levantamos fronteras interiores al fondo (FROB) que han aprobado los dos partidos mayoritarios para reestructurar nuestras cajas de ahorro. Al aceptar el veto de las comunidades autonómicas a las fusiones de cajas de territorios distintos, el FROB reconoce de hecho la existencia de 17 autoridades financieras virreinales, justo lo que necesitamos para una adecuada reestructuración de nuestro minifundista sistema de cajas.

2.- El gobierno no hará una reforma laboral si no existe un acuerdo previo en la mesa de diálogo social (sindicatos y patronal). Tal decisión es ya bastante discutible, porque condiciona una reforma que resulta imprescindible, según dictamen de un puñado organismos internacionales, a un acuerdo que no puede no llegar nunca. Un gobierno digno de tal nombre no puede derivar su responsabilidad última hacia otros actores, aunque un acuerdo entre ellos sea muy recomendable. Pero lo que resulta aún más indefendible es que, en la negociación de tal acuerdo, el Gobierno se ponga descaradamente de una de las partes en lugar de ejercer de árbitro. Para eso, que legisle directamente aquello que defiende esa parte y nos ahorramos un tiempo precioso.

3.- El sistema de financiación autonómica que el Gobierno ha diseñado dará más dinero a todos para tapar bocas (ya avanzábamos en un post anterior que era la única forma de cuadrar el círculo) pero mantiene las diferencias, esta vez a favor de las comunidades –Cataluña y Andalucía— donde el PSOE podría perder las próximas elecciones. El resultado puede ser un sistema de financiación que no sea suscrito por todas las autonomías y, en consecuencia, un cierto caos en las cuentas públicas territoriales. Justo, insisto, lo que necesitamos en estos tiempos en que todos deberían arrimar el hombro (esa expresión que tanto le gusta a la vicepresidenta Fernández de la Vega), para que el déficit y la deuda no ahoguen nuestras posibilidades de recuperación cuando ésta llegue.

Mi posición sobre el asunto de los trajes de Camps es, en términos generales, la que se refleja en el artículo que hoy publico en ABC, “La única defensa”, y en otros anteriores. Uno debe defenderse a sí mismo de las acusaciones concretas que se le formulan y no atenuar una presunta responsabilidad propia con las faltas, delitos o irregularidades cometidas por otros. En el procedimiento penal no existe, por fortuna, la ley de la compensación. Si te pillan, de nada te vale que no hayan pillado a otros incluso con responsabilidades más amplias. Debes defender tu inocencia y no probar la culpabilidad de otros.

La línea de defensa construida ahora por algunos dirigentes del PP --en el sentido de que los supuestos regalos a Camps son de poca monta, no tienen relación alguna con presuntos favores a los que se los hicieron y, además, es práctica común entre políticos, periodistas y otros personajes de la vida pública aceptar este tipo de dádivas—valían para antes de que el presidente valenciano afirmase rotundamente que sus trajes se los pagaba él. Después de tan contundente negación de los hechos, esa defensa ya no vale. Lo que tiene que probar Camps ahora, no es la irrelevancia de los regalos o su nula relación con los contratos de la Generalitat, sino que no mintió a los medios y al juez.

Mi compañero Ignacio Camacho argumenta hoy (“El listón”) que si todos los políticos que mienten se tienen que ir a su casa “ya podemos ir preparando para la política a nuestros hijos porque de la actual generación iban a quedar en activo muy poquitos”. Tiene razón. Pero la cuestión es si, a fin de tener un día una democracia decente, preferimos, puesto que casi todos los políticos mienten, hacer la vista gorda sobre todos ellos; o si es conveniente ir exigiendo responsabilidades a medida que se vayan descubriendo aún a sabiendas de que quedarán impunes muchas otras. Es cierto que Camps se ha convertido en una especie de chivo expiatorio, y que en su caso hay bastantes dosis de persecución política, pero es muy difícil derribar a nadie que tiene las manos completamente limpias, por mucho que lo intenten sus rivales. Con un rosario de errores absurdos y una estrategia de defensa en mi opinión equivocada, Camps se ha colocado a sí mismo en una posición muy complicada. Su suerte está en manos ahora de los magistrados de la sala de lo penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano, que pueden no considerar insuficientes, a efectos de destruir la presunción de inocencia, los indicios a los que el instructor ha concedido un valor probatorio suficiente. Pero confiar el futuro político propio a la voluble interpretación de los jueces constituye siempre un riesgo.