Perezas privadas por Eduardo San Martín

Aprovecho el último comentario de Némesis a mi post anterior para someter a debate el golpe, supuestamente constitucional, de Honduras. Ya he comentado con anterioridad, a propósito de Venezuela, que un jefe de Estado no es democrático sólo porque haya ganado unas elecciones. Esa victoria le concede una legitimidad de origen que nadie discute. Pero existe también, desde que la definió Max Weber, la legitimidad de ejercicio. El ejemplo se ha utilizado hasta la saciedad: Hitler perdió toda la legitimidad democrática cuando, después de ganar unas elecciones limpias, aprovechó los resortes del poder (y la complicidad de algunos partidos de la derecha tradicional alemana) para vaciar las instituciones de todo contenido democrático y hacerse con el poder absoluto.

Zelaya (en la foto, en pijama a a su llegada Costa Rica, tras ser expulsado por los militares) no había llegado a ese extremo. Aunque saltarse las instituciones (Congreso y Corte Suprema) y convocar un referéndum irregular para emprender una reforma de la ley a fin de presentarse a un nuevo mandato constituía una señal en la mala dirección. El apoyo incondicional de otros jefes de estado (deslegitimados en cuanto al ejercicio del poder, al menos en mi opinión) no hacía sino aumentar las sospechas. Aún así, el golpe del ejército, apoyado por los poderes legislativo y judicial, es un esperpento, que lo único que puede conseguir es devolver al presidente depuesto un aura democrática que estaba perdiendo. Fue lo que ocurrió en abril de 2002 con la tragicomedia de la renuncia de Chávez, por presiones de sus compañeros de armas y un movimiento popular desencadenado por los sindicatos tradicionales. La falta de legitimidad de un presidente interino improvisado, sin ningún apoyo en las leyes, y las dudas del Ejército, devolvieron el poder a un Chávez que se afianzó en el poder mucho más de lo que estaba. Es lo que pasa cuando las bayonetas sustituyen a las urnas, aunque sea con la mejor de las intenciones.

En una democracia, aunque sea precaria, existen controles para parar los pies a un presidente ambicioso. Si el Congreso de Honduras y el poder judicial estaban en contra, los propósitos de Zelaya no tenían muchas probabilidades de prosperar sin violentar las leyes. Tal vez lo correcto habría sido permitir que Zelaya avanzara en sus propósitos hasta que sus acciones plantearan un conflicto irresoluble con los otros poderes del estado. Otros presidentes latinoamericanos ya han intentado (y conseguido) cambiar la ley para presentarse una vez más (o indefinidamente) a las elecciones. Y en Europa, ésa es la norma. Es cierto que en América existe la saludable tradición de limitar los mandatos presidenciales, pero intentar cambiarla no es motivo suficiente, por sí solo, para un cuartelazo. Los espadones hondureños han hecho un pan como unas tortas.

Dos casos muy distintos de ayer mismo nos colocan una vez más ante el delicado problema de la justicia. El primero atañe a la idoneidad de la figura del jurado popular. Como ya sabréis, el Supremo ha anulado una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona por la que se condenaba a 83 años de cárcel al violador y asesino de dos mujeres policías en Hospitalet (en la foto, el acusado, Pedro Jiménez). Sostiene el Supremo que, tratándose de un caso de asesinato, tendría que haber sido sentenciado por un jurado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña alega, por el contrario, que no se ha cometido ningún error porque en este caso concurrían otros elementos: violación, robo e incendio. Mientras que la fiscalía del mismo tribunal reprocha al Supremo la inexistencia de una jurisprudencia uniforme e invariable sobre la materia.

La figura del jurado fue introducida en la Constitución por una cierta nostalgia respecto de lo que, en tiempos pasados (concretamente durante la II República), constituyó un avance indudable en la democratización de la administración de Justicia. Hoy, su vigencia está en entredicho, en especial entre gran parte de los propios jueces y estudiosos del derecho procesal. Los sonoros errores cometidos en los últimos años por jurados populares (el más conocido, el de la supuesta asesina de Marbella, Dolores Márquez, condenada por un jurado popular y absuelta posteriormente en la repetición del juicio ante un tribunal profesional) han alentado la polémica. La justicia de hoy no es la de los años treinta del siglo pasado y existen suficientes filtros para paliar un error judicial, siempre posible. En mi opinión, la figura del jurado popular no la hace más democrática en estos tiempos e introduce, en cambio, dosis de incertidumbre como consecuencia de las reacciones emotivas y vulnerabilidad a las influencias de los jurados. Al menos en lo que se refiere a casos complejos. En cualquier caso, deberían establecerse criterios más claros sobre qué juicios corresponde a unos y otros y una jurisprudencia clara al respecto para evitar situaciones como la de ayer.

El segundo caso se refiere a la llamada justicia universal. Muy brevemente: evitar que un tirano o un reo de crímenes contra la humanidad quede impune porque la justicia de su país no le encausa, constituye un avance de la humanidad. Pero deben fijarse determinados límites y reglas, estableciendo unos criterios de preferencia de las distintas jurisdicciones nacionales, para evitar que cualquier juez, en cualquier país y por cualesquiera razones pueda enjuiciar a un supuesto criminal. Y en este sentido, aplaudo la resolución adoptada ayer por el Congreso que fija las condiciones en las que los jueces españoles pueden invocar la justicia universal.

Ya sabéis en qué consiste el método Ollendorf: tú pregunta lo que quieras que yo responderé lo que me apetezca. Hay una versión más perversa: tú pregunta lo que creas conveniente que yo desnaturalizaré con mi respuesta aquello que tú estás planteando. Claro que tal vez ya no se le pueda llamar Ollendorf a esta forma sublimada de salirse por la tangente y, de paso, dejar en mal lugar al interlocutor. Yo, en el caso de la tan traída reforma laboral, lo llamaría método Zapatero. Da igual en qué términos plantee quien quiera que sea la necesidad de una reforma del mercado laboral que el presidente del Gobierno responde siempre aquello de que él no abaratará el despido ni reducirá los derechos de los trabajadores.

Es cierto que, entre algunas de las sugerencias realizadas por personalidades como el gobernador del Banco de España o el presidente del Banco Central Europeo  e instituciones como la Comisión Europea o el Fondo Monetario Internacional, y también en las que se contenían en el conocido manifiesto de los cien economistas (unos de ellos el actual secretario de estado de Hacienda), estaba la de que reducir el la indemnización por desempleo, no para los contratos vigentes, sino para los futuros, atendiendo a una razón de proporcionalidad en función de los años trabajados. Pero esa no es sino una, y no la más importante, de las propuestas avanzadas por un grupo tan destacado de dirigentes e instituciones económicas. Y en algunos casos, ni eso. Ayer, el gobernador del Banco de España tuvo que precisar que él nunca había hablado de abaratar el despido, que ese asunto no constituía una prioridad en estos momentos y que, cuando hablaba de la necesidad de reformar el mercado laboral, se refería a temas tan importantes como el de la intermediación, las formas de contratación o la movilidad funcional y territorial, que introducen importantes rigideces disuasorias en nuestro mercado laboral y disminuyen su competitividad. Horas más tarde, desde Nigeria, el presidente volvía a su conocida cantinela, esta vez para responder a Jean-Claude Trichet.

¿Empecinamiento o malevolencia? En mi opinión, ni lo ni lo otro. Zapatero, simplemente, hace virtud de la necesidad. Precisa de los sindicatos para mantener una apariencia de paz social en medio de la tormenta y no puede prescindir de la izquierda política para aprobar los próximos presupuestos y otras batallas parlamentarias. Y ni los uno ni la otra quieren oír hablar de reformas laborales. Todo ello para que después tengamos que asistir a un vodevil (el adjetivo no es mío sino de un periódico que no milita precisamente en la oposición) como el que se representó ayer en el Congreso con la famosa proposición para aumentar los impuestos a las rentas mayores. En menos de seis horas, el gobierno cambió de criterio, como quien cambia de camisa, en algo tan trascendental como la política fiscal. Y más en tiempos de crisis. Nos espera una negociación presupuestaria la mar de entretenida. Reír por no llorar.

Han pasado diez días desde las elecciones del 12 de junio y creo que debemos abandonar por un momento el frente interior y hablar de Irán. Los acontecimientos que allí se están sucediendo acabarán por afectar a nuestras vidas, tarde o temprano, en casi mayor medida que algunos de los problemas que, aquí en casa, parecen quitarnos el sueño en estos días. He tenido ocasión de leer mucho en estos días sobre lo ocurrido en Irán después del fraude en las elecciones (sobre el cual cada vez existen menos dudas), tanto en la prensa nacional como extranjera, y me asaltan dos dudas importantes que paso a compartir con vosotros.

--La primera atañe a la profundidad y extensión del movimiento reformador. Hoy sabemos que los hechos han trascendido a una lucha por el poder en el seno de la cúpula religiosa. Pero un análisis publicado el día 17 en el New York Times me dejó un poco desconcertado: se mantiene en ese artículo que Irán ha dejado de ser una dictadura religiosa para convertirse en una dictadura militar y que el líder supremo Jamenei apoya Ahmadinejad y sus Guardias de la Revolución porque el auténtico poder residen en éstos y le va en ello la supervivencia. Por lo tanto, ¿es suficiente que se resuelva la lucha por el poder entre los ayatolás si el estamento militar y paramilitar sigue en manos de los radicales? ¿Nos encontramos ante una nueva revolución popular, en este caso de color verde, como las que acabaron con algunos regímenes comunistas del este de Europa a finales de los ochenta, o bien ante un nuevo Tiannamen, en el que los duros del régimen chino aprovecharon las protestas de los estudiantes para dar un golpe interno y desalojar a los reformistas del poder?

--La segunda interrogante se refiere al papel que va a jugar en los acontecimientos la nueva administración norteamericana. Hasta ahora, en Irán como en otros asuntos (Afganistán, Pakistán y Oriente Próximo), Obama parece inclinarse por un acercamiento realista y pragmático a las relaciones exteriores por contraposición a los sueños redentores de los neocon americanos, partidarios de imponer la democracia aún a punta de fusil. La política de Obama respecto de Irán consiste en ofrecer seguridades de no intervención a las autoridades de Teherán, sea cuales sean, restaurar una cierta confianza y avanzar por medio del diálogo (sin renunciar a posibles nuevas sanciones) para solucionar el problema de la amenaza nuclear iraní. Pero ¿puede la primera democracia del mundo dejar a su albur a un pueblo que lucha por alcanzar nuevos espacios de libertad? Las cautelas iniciales de la administración norteamericana dieron paso el sábado pasado a un pronunciamiento más explícito de su presidente sobre los derechos del pueblo iraní y el atentado que supone que un gobierno reprima a sus propios ciudadanos. Inmediatamente, el gobierno iraní ha agitado el espantajo del antiamericanismo que tantos réditos le ha proporcionado en el pasado a nivel doméstico. ¿Hasta donde está dispuesto a llegar Obama en esta dirección sin poner en riesgo su estrategia a largo plazo para Irán?

El mensaje más firme que podemos transmitir en estos momentos de dolor a los asesinos del inspector Eduardo Antonio Puelles, además de invocar la acción de la justicia y la primacía del estado de derecho, es del que nada de lo que hagan puede alterar el decurso normal de los acontecimientos. Sufrimos y reaccionamos a sus asesinatos pero no les concedemos la ventaja de condicionar nuestra agenda. Entiendo la decisión del presidente del Gobierno de suspender su asistencia a Consejo Europeo de Bruselas y le apoyaré, por encima de cualquier otra consideración. En estos momentos, todos debemos estar con nuestro Gobierno. Pero yo no lo hubiera hecho. Que, en estas circunstancias, nuestro presidente hubiera decidido seguir cumpliendo con sus obligaciones en una magna cumbre europea es el mensaje más descorazonador que podrían haber recibido los asesinos.

El terrorismo se alimenta de la ventaja que supone el hecho de que, con un riesgo mínimo, es capaz de atraer la atención preferente de todos los medios de información y de situarse en el primer lugar en la jerarquía de preocupaciones del ámbito político, tanto del Gobierno como de la oposición. Lo que ha ocurrido hoy en Vizcaya es serio, pero no es de lejos lo más grave que les está ocurriendo a España. No les concedamos entonces la satisfacción de que piensen lo contrario. Cada uno a lo suyo. La policía y los jueces, a hacer cumplir la ley. Y todos los demás, a nuestros puestos de trabajo cumpliendo con nuestras obligaciones. Nosotros sabemos que su lucha es inútil; no les demos a entender, entonces, que sus acciones nos quitan el sueño hasta el punto de hacer cambiar nuestras rutinas.

Unas breves consideraciones sobre el asunto de la financiación autonómica y las últimas declaraciones del presidente del Gobierno al respecto. Dijo ayer Zapatero en Barcelona que el nuevo sistema, que deberá estar pactado para finales de mes, aseguraría unos recursos a Cataluña “por encima de la media nacional”. Creo que nadie quiere, al menos yo no, una mala financiación para Cataluña ni para ninguna otra comunidad española, pero como el presidente no dio más detalles, su afirmación suscita algunas preguntas:

--Si se hace un reparto de los mismos fondos y Cataluña pasa a recibir más de la media, otras comunidades tendrán que ceder parte de sus recursos para que salgan las cuentas.

--En este mismo supuesto, pero también si añaden nuevos recursos, alguien tendrá que recibir menos de la media para que Cataluña quede por encima. Pura aritmética en ambos casos.

--Parece seguro sin embargo que, a juzgar por las informaciones que se van conociendo, lo que va a suceder es que se va aumentar el monto global para tratar de no perjudicar (en términos absolutos, no en porcentajes) a ninguna comunidad. La cuestión es que, como ese aumento de las transferencias no corresponderán a nuevas competencias, será la administración central del Estado la que tendrá que ceder parte de sus recursos para que, nuevamente, vuelvan a salir las cuentas. Eso, o aumentar aún más la ya cuantiosa deuda del Estado.

--En el primer caso, el asunto nos lleva a un debate de fondo, que debería haber sido previo, sobre la futura dimensión de cada una de las administraciones, y si la central podrá ejercer debidamente sus competencias con menos recursos. En el segundo, se debería explicar en qué medida ese nuevo aumento de deuda afectará a las ya maltrechas arcas públicas y cuál es el horizonte para que nos volvamos a poner en regla en relación con las exigencias de la Unión Europea.

Muchas cuestiones implicadas en el asunto, y no sólo la de satisfacer el agravio comparativo de una de nuestras comunidades, que también lo es, por cierto, en el caso de otras que sistemáticamente transfieren a la hacienda pública más dinero del que reciben.

Han pasado unos días, la discusión parece haberse serenado y me gustaría aprovechar la calma relativa para participar en el debate público que ha suscitado la noticia. No, no me refiero a la subida de impuestos decidida por el Gobierno ni a sus últimas previsiones macroeconómicas, las primeras en muchos meses en las que el Ejecutivo deja a lado el optimismo de otras ocasiones y afronta el futuro con realismo. No, de lo que quería hablar es del fichaje de Cristiano Ronaldo y Kaká por el Real Madrid y de las falsas asociaciones de ideas que se han realizado a tal propósito, confundiendo interesadamente churras con merinas.

Las críticas más sonoras han venido de Cataluña. Et pour cause, que diría un francés. No parece coincidencia que desde allí se establezcan absurdas comparaciones con las cifras gastadas por el aborrecido club de la capital, que sigue siendo símbolo para una parte de la opinión pública de Cataluña de no se sabe qué “imperialismo” (lapsus que se le escapó al propio Laporta). Hasta el cardenal de Barcelona ha creído conveniente entrar en el debate afirmando que es “incomprensible que en la actual situación se hagan dispendios deportivos”. Esa ha sido la principal imputació, contra la operación del Real Madrid: sería obsceno gastar tanto dinero en dos fichajes en tiempos de crisis económica profunda. Alguna prensa de Barcelona establecía otros denigratorios paralelismos: se podrían haber construidos no sé cuantos kilómetros de autovía, estaciones de metros, hospitales, escuelas o comedores sociales.

Hay mucho de populismo (y no poca envidia) en algunos de esos reproches, pero he de reconocer que mucha gente de buena fe y sin segundas intenciones piensa lo mismo. Pero digo yo: el reproche podría ser justo si se dejaran de realizar todas esas obras como consecuencia del gasto de una entidad privada. O si la crisis fuera menos cruel porquel Real Madrid no se gastara ese dinero. Ocurrirá probablemente lo contrario: los impuestos generados por la operación, y los que generará en el futuro una mayor actividad e ingresos en el club ayudará al Estado a disponer de mayores recursos para aumentar su gasto precisamente en estos tiempos de crisis. Creo que Florentino Pérez y Jorge Valdano, con los que he tenido la oportunidad de hablar personalmente, disponen de argumentos sólidos: el mundo del fútbol es una industria del espectáculo que necesita de inversiones grandes si se quiere obtener ingresos suficientes para mantener el negocio en primera línea. Nadie ha reprochado a la anterior directiva haberse gastado 300 millones de euros en dos años para nada. Es más caro un fichaje de 20 que no produce ningún ingreso, que uno de mil que produce mil doscientos. Nadie discute que Brad Pitt cobre millones de dólares por una película en tiempos de crisis. Lo que importa son los retornos que esa inversión produce, la actividad económica que genera y si contribuye o no a la riqueza general del país.

Pero ¿cómo se puede realizar ese despilfarro con 4 millones de parados?, siguen preguntándose algunos. Lo del despilfarro ya está respondido. En cuanto a lo de los parados, creo que ese tipo de operaciones contribuyen a disminuir el desempleo tanto como cualquier otra inversión. ¡Que se lo pregunten a los alcaldes cuyas ciudades ven a sus equipos descender de categoría! Y ahora la pregunta la hago yo: ¿Se habría armado semejante follón si lo fichajes los hubiera realizado el Barça?

Bueno, se han tomado su tiempo pero al final nos han contado cómo vamos a financiar el enorme déficit (casi un 8 por ciento este mismo año, según las previsiones del Gobierno, que las ha elevado desde el 5,8 por ciento avanzado con anterioridad) que está generando el enorme dispendio público para combatir la crisis. En otro momento hemos escrito que lo imás mportante no es el monto del dinero de las arcas del Estado que se está gastando, sino si se gasta bien. En este aspecto, todo juicio es necesariamente provisional, aunque en su reciente entrevista televisada ya advertía Felipe González que se ha perdido (y se sigue perdiendo) un tiempo precioso mareando la perdiz (esto de la perdiz es mío, no de González).

Pero a lo que íbamos. El Gobierno no ha tenido más remedio que cantar la gallina y anunciar una subida de impuestos. Ya sabíamos que la factura la tendríamos que pagar entre todos (insisto, no importa si es para bien), pero el silencio del Ejecutivo sobre ese insignificante pormenor podría inducir a creer a los menos avisados que todo consistía en mover maquinita de hacer dinero del Estado, esa abstracción que muchos españoles siguen sin identificar como algo propio, cuyas pérdidas y ganancias son las pérdidas y ganancias de todos. Defraudar al Estado sigue siendo, como estamos viendo, una actividad que no provoca en España la misma repulsa social que en otros países.

Lo que sucede es que, a la hora de subir los impuestos, el Gobierno ha tirado por lo fácil y, desde luego, lo menos progresista. Ha subido la imposición de la gasolina y el tabaco, que penaliza por igual a todos sus consumidores, con independencia de sus ingresos y de su situación laboral, y ha dejado de lado una más complicada modificación de otros impuestos. Es cierto que la urgencia del momento requiere de soluciones inmediatas, y una reforma del IRPF, por ejemplo, requeriría de un largo trámite parlamentario y sólo surtiría efectos en ejercicios futuros. Pero penalizar el consumo, y además el de todos, no parece la receta más adecuada para estimular la demanda, cuya atonía es precisamente una de las causas de la gravedad de la crisis actual. Esta subida mejorará los ingresos de Estado, y de una manera instantánea, pero a costa probablemente de retrasar la recuperación de la economía. Por si acaso, la vicepresidenta Salgado se cura en salud y anuncia ya que no volveremos a crecer, y muy débilmente, antes de 2011. Que Dios la oiga. Hace apenas unos meses, Zapatero pronosticaba que saldríamos de la crisis en el segundo trimestre de este año. Como adivino no tiene precio.

Vamos a dejar, si os parece el asunto de las elecciones europeas, que no da más de sí, y hablemos de otra cuestión que me parece muy importante para el futuro energético de España, que es tanto como decir el futuro económico de nuestro país. Me refiero al posible cierre de la central nuclear de Garoña sugerida por Zapatero (ya veremos) a pesar del informe del Consejo se Seguridad Nuclear, favorable a prolongar su vida diez años más si se cumplen ciertas condiciones. Cuatro proposiciones para el debate, ese que reclaman eminentes socialistas como Felipe González, Joaquín Almunia, Javier solana y Carlos Solchaga, entre otros.

Primera. La moratoria impuesta a las centrales, primero, y la promesa de cierre, después, obedecen a razones más ideológicas que científicas o económicas. La izquierda exigía en tiempos de Reagan y Thatcher que se sacara la ideología de los mercados. Saquémosla también del debate energético.

Segunda. Una cosa es un programa electoral y otra un programa de gobierno. Es loable tratar de cumplir las promesas electorales, pero esa actitud no debe convertirse en un corsé. Cuando uno está en el gobierno tiene más información y más responsabilidades frente al conjunto de la ciudadanía, y no sólo frente a los que a uno de le votaron, y puede que lo que en un momento se prometió para atraer el voto de un determinado sector de la población no sea la mejor idea una vez que se trata de gobernar. Los ciudadanos entienden (y agradecen) las rectificaciones. Ejemplo: Felipe González prometió en 1982 sacar a España de la OTAN, pero cuando llegó al gobierno y se dio cuenta de que salir de la OTAN equivalía a no entrar en la CE y a desaparecer del mapa, rectificó, propuso a los ciudadanos un referéndum y lo ganó.

Tercera. Aplazar la decisión uno o dos años no significaría incumplir ninguna promesa. En ese plazo tendríamos tiempo para definir nuestro modelo energético (el llamado mix de energía), para analizar si la apuesta (acertada) por las renovables cubrirá en el futuro la energía que dejen de producir la centrales, para comprobar si cuaja una política energética común en la UE y para certificar si las centrales nucleares de nueva generación, como las que se están construyendo en Finlandia y otros países de Europa, ofrecen garantías de seguridad mucho mayores que las antiguas.

Cuarta. En unos tiempos de incertidumbre económica, en los que el coste futuro de la energía será determinante en las posibilidades de recuperación económica, parece temerario adelantar una decisión que, al menos en mi opinión, no está reclamando la mayoría de los ciudadanos.

En resumen, dejemos a un lado la ideología, cumplamos los programas electorales sólo si eso es mejor para todos los ciudadanos y ganemos tiempo para no equivocarnos. Que conste, finalmente, que algunas de estas reflexiones me las han trasmitido más de un dirigente socialista..

Primeras impresiones a pie de mesa sobre las elecciones europeas de ayer, calientes aún el recuento de votos y las primeras reacciones de los distintos partidos.

1- El nivel de participación es lamentable. Aunque haya superado en algunas décimas la de 2004 y aunque estemos ligeramente por encima de la media europea. Un fracaso no lo es menos porque sea colectivo ni porque suceda a otro fracaso, el de 2004.

2.-No por esperado, el triunfo del PP resulta menos significativo. Se trata de la primera elección a nivel nacional que los populares ganan desde 2000 y la primera victoria que obtiene Rajoy frente a Zapatero, que pierde su aura de imbatibilidad. El que se trate de unos comicios europeas no modifica la realidad de los datos: el PSOE no levanta cabeza en Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana, y pierde apoyo en sus dos grandes caladeros de votos: Cataluña y Andalucía.

3.- El resultado consolida el liderazgo de Rajoy en el PP, pero ¿su victoria es suficiente para disputar a Zapatero el liderazgo del país? ¿Le proporciona un mayor margen de maniobra para ensayar alianzas que le han estado vedadas al PP hasta ahora? Los próximos meses, hasta la presidencia española de la UE, en enero de 2010 (en la que Zapatero confía para recuperar aliento), serán decisivos. No es fácil pasar de simple oposición a alternativa de Gobierno.

4.- Si uno proyecta los datos a una participación similar a la de unas elecciones generales, el PP habría conseguido unos 300.000 votos más que en 2008, pero el PSOE había perdido nada menos que un millón doscientos mil. Es decir, que el PP gana, ciertamente, pero es realmente el PSOE el que pierde. Y han sido fundamentalmente sus propios electores los que han decidido darle un voto de castigo. No se trata, por tanto, de un resultado “razonablemente positivo” como decía anoche Leire Pajín.

5.- El PSOE culpa a la crisis y busca consuelo en dos datos: es el primer partido socialista europeo en votos y los gobiernos de casi todos los demás países también retroceden. Por partes: los electores no le han dado la espalda por la crisis sino por su gestión de la crisis; en cuanto a los otros datos, el PSOE ya era el primer partido socialista europeo en votos antes de las elecciones y es cierto que otros gobiernos pierden votos pero han ganado claramente en su países: Alemania, Italia o Francia, sin ir más lejos.

6.- A nivel general, no es cierto que “Europa se ha hecho más de derecha”, sino que, como en España, un número mayor de votantes de izquierda que de otras ideologías se ha quedado en casa porque, desde hace ya algún tiempo, la izquierda en Europa, con honrosas excepciones, carece de líderes, ideas y programas. Su fracaso en los cuatro grandes países europeos (Francia, Alemania, Reino Unido e Italia) es espectacular. Y ni siquiera el keynesianismo imperante como consecuencia de la crisis les ha ayudado a levantar la cabeza. La izquierda necesita en Europa una revisión a fondo.