Perezas privadas por Eduardo San Martín

Despeguemos de la realidad mostrenca que nos ofrece la política nacional y remontemos por encima de la altura (poca) que marca el vuelo de los Falcon de nuestras entretelas. No sé si a mucha gente le interesará de lo que voy a escribir hoy, pero a mí sí. Y me voy a permitir ese lujo aprovechando que estamos en fin de semana. ¿Sabíais que a escasos once kilómetros de nuestra frontera sur, un continente está volviendo a ser esquilmado para asegurar el bienestar de otros? Como hace cien años. Los nuevos depredadores no son esta vez las antiguas potencias europeas (aunque éstas aún conservan allí suculentos intereses), sino las llamadas economías emergentes, que emulan en este caso los comportamientos de quienes les precedieron en el invento de las colonias. Y lo hacen en nombre de la llamada seguridad alimentaria (que se suma así a la seguridad militar o la energética como motor de grandes aventuras coloniales). Es verdad que cuentan con el consentimiento de los gobiernos de los países afectados, pero los resultados son igualmente deplorables: algunos estados africanos están entregando grandes extensiones de tierra cultivable, prácticamente gratis, a países que, como Arabia Saudí o Corea del Sur, carecen del territorio o del clima necesarios y pretenden asegurarse de esa manera una suministro estable de productos alimenticios.

Un estudio internacional difundido esta semana en Londres subraya que “muchos de los acuerdos sobre tierra documentados revelaban que no existía ninguna contraprestación o ésta era mínima” y que tales acuerdos contenían, a cambio de la cesión, vagas promesas de empleos e infraestructuras de escasa consistencia. El fenómeno adquirió notoriedad pública cuando el gobierno de Madagascar cayó por negociar un acuerdo semejante con la empresa surcoreana Daewoo. Países como Etiopía, Ghana, Mali y Sudán son citados también por el estudio y, según estimaciones del presidente de Nestlé, Peter Brabeck, el total de hectáreas afectadas por los acuerdos alcanza ya los 15 millones, una superficie equivalente a la mitad de Italia. Los autores del estudio sugieren que, si tales contratos tienen que ser inevitables, al menos que no se ofrezca a los países anfitriones los espejuelos con los que los antiguos conquistadores engatusaban a los caciques indígenas a cambio de sus montañas de oro y plata. Pero todo esto, ya se sabe, es una minucia al lado del vuelo de los benditos Falcon. Que Dios nos asista.

Vamos a aprovechar la carrerilla que hemos tomado últimamente para seguir hablando de Europa, ya que casi nadie lo hace. Dos observaciones al hilo de la entrevista que hemos mantenido hoy un par de colegas y yo mismo con el segundo de la lista socialista, Ramón Jaúregui (una pena que un político como él se exile de la política nacional cuando su talante tanta falta hace en nuestra vida parlamentaria y su experiencia en el País Vasco podría ser de gran ayuda para un gobierno no nacionalista que da sus primeros pasos).

La primera es que asombra que, siendo los próximos comicios aquellos en los que vamos a elegir el parlamento con más poderes de la historia de la UE, el último eurobarómetro pronostique la participación más baja de siempre (un 34 % de media en la Unión; un 28 % en España). Cuando el Tratado de Lisboa entre finalmente en vigor (falta el referéndum irlandés, un pronunciamiento del Constitucional alemán y la firma del presidente checo), el nuevo parlamento va a ser determinante, entre otras cosas, en el nombramiento del presidente de la Comisión y de los comisarios. Tanto tiempo renegando del “déficit democrático” de la UE y ahora que se da un paso importante para superarlo la gente se abstiene. Mis colegas y yo opinamos que no es que la gente no sepa lo que se vota, ni que no valore la importancia de los que está en juego, sino que le inhibe la actitud de unos candidatos que, en lugar de hablar de todo esto, y de problemas como el impacto de la crisis en Europa y de las políticas para salir de ella o la dependencia energética de la UE, se dedican a tirarse los trastos a la cabeza con los asuntos domésticos.

La segunda, pertenece al propio Jaúregui. A propósito de las promesas de algunos de defender “ante todo” los intereses de España en Bruselas, él prefiere hacer hincapié en las políticas comunes, trasversales, que son las que pueden sacar a Europa de la situación de bloqueo en que se encuentra. “El nacionalismo y el proteccionismo han sido fatales en la historia europea”. Estoy de acuerdo. De los nacionalismos del siglo XX, mejor ni hablar. Y en cuanto al proteccionismo, si cada país se dedica a la defensa a ultranza de los intereses de sus agricultores, de sus pescadores, de sus metalúrgicos, de sus comerciantes, de sus fontaneros (¿os acordáis del impacto que el “fontanero polaco” tuvo en el resultado del referéndum francés sobre la malograda Constitución Europea), etc…, seguiremos discutiendo eternamente sobre galgos y podencos, mientras las liebres de Estados Unidos, China, India, Japón, Brasil, Corea y otras se alejan de nosotros a velocidad de vértigo.

Comentaba el otro día en mi post “Modelos productivos” que el patrón de producción de un país no se improvisa de la noche a la mañana. Que no es un acto de voluntad. Es ésta una conclusión que se explica desde cualquier texto de Estructura Económica o desde el más puro el sentido común. Los millones de decisiones individuales que sostienen el entramado de cualquier modelo de producción no pueden dictarse desde un ministerio o a través de un decreto. Es el diseño del campo de juego, del marco legal en el que se desarrolla la actividad económica de un país, el que determinará si los agentes en juego quieren participar en el partido que les ofrece el poder político. Y ni siquiera eso será suficiente, porque en una economía global todo agente que esté en desacuerdo con el marco que le ofrece su país puede trasladarse al lugar que se acomode mejor a sus preferencias. Ocurre todos los días. El Gobierno sí tiene un papel decisivo en la definición de ese marco legal. Pero ello constituirá un proceso largo, que tendrá que convivir durante muchos años con modelos anteriores, cuyo éxito final nunca está garantizado y que exigirá una acción continuada de Gobierno, cualquiera que sea su color político. Por eso llama la atención la mucha importancia que el presidente del Gobierno concede a una negociación con los agentes sociales (que la tiene) y la poca a un pacto con el resto de fuerzas políticas (casi ninguna en realidad porque sólo alude a ella en los mítines y exclusivamente para reprocharle a Rajoy que no le preste una ayuda que él, Zapatero, nunca le ha pedido ni formal ni convincentemente).

Pues bien, ahora, para rizar el rizo del voluntarismo, Zapatero anunció ayer, no sólo que ese modelo productivo lo “va a crear el Gobierno”, sino que además lo va a hacer en Andalucía con el pistoletazo de salida de un Consejo de Ministros a celebrar en esa comunidad autónoma. Me alegro por Andalucía (soy andaluz en un 50 por ciento), pero me temo que le están vendiendo humo. Me pregunto en virtud de qué expediente (salvo creando incentivos, subvenciones y ventajas comparativas que chocarían con el principio constitucional de igualdad) se van a crear empresas, o impulsar el establecimiento de otras, en un territorio en detrimento del resto. Supongo que el final de la campaña pondrá las cosas en su sitio y tendremos explicaciones más racionales. En cuanto a lo del Consejo de Ministros, parece que de lo que se trata es de aprobar el proyecto de ley de Economía Sostenible, ese “bálsamo de Fierabrás” anunciado en el debate del estado de la Nación que, según mis noticias, va a ser en realidad una especie de cajón de sastre en el que encontrarán soporte muchas de las medidas anunciadas por Zapatero (o lo que ha quedado de ellas), sean sostenibles o no. Así que el Gobierno, en este terreno, no sólo ve a ser capaz de determinar el quién, sino también el cuándo y el dónde. Como en las economías planificadas. Confío en que sólo se trate de humo electoral.

Anoche comenzó la campaña para las elecciones europeas, discretamente, casi en la clandestinidad. No voy a repetir lo importante que es la Unión Europea para nuestras vidas cotidianas, ni el dato de que más del 60 por ciento de las normas que gobiernan nuestros actos se apruebas en Bruselas y Estrasburgo, ni tampoco el hecho de que el parlamento europeo que se elige el 7 de junio va a ser el más poderoso de toda la historia de la UE, con mando en plaza en la elección del presidente de la Comisión y de los comisarios, y una muy reforzada capacidad de iniciativa legislativa. Tampoco merece la pena recordar la parálisis institucional de la UE desde el fracaso del proyecto de Constitución; ni los estragos que la crisis ha provocado en unos órganos de dirección incapaces de hacer cumplir sus propias normas, vulneradas por los gobiernos nacionales ante la pasividad o la anuencia de la Comisión; ni la desafección de una mayoría creciente de ciudadanos de los países de la Unión respecto de la idea misma de Europa. A este respecto, el último eurobarómetro cifraba en un 34 por ciento de media la participación en las elecciones del 7 de junio. (Y sobre estas cifras, un paréntesis: ¿cómo prestar credibilidad a un sondeo del CIS que prevé una participación del 75 por ciento cuando el mencionado eurobarómetro da una cifra para España de menos del 30 por ciento? Con toda seguridad, estaremos más cerca de esta última que de la primera, con lo cual habrá que revisar todas las previsiones hechas hasta el momento).

Nada de esto importa. Como siempre, esta campaña será una película de buenos y malos, con los papeles intercambiados según quien la cuente. Aunque hay que reconocer que el PSOE le ha tomado una ventaja apreciable al PP en este terreno. ¡Cómo quejarnos de las políticas de campanario que se practican en nuestras comunidades, si nosotros hacemos los mismo en relación con Europa! Es que siempre interesa más lo que está más próximo, objetan algunos. Ignoran, pobres, que Bruselas está mucho más cerca de nuestras vidas que el tendero de la esquina.

Un modelo productivo no se improvisa, ni se pacta en torno a una mesa de negociación. Lo digo porque esta mañana, en la sesión de control, el presidente Zapatero ha vuelto a decir eso de que “mi Gobierno va a crear un nuevo modelo productivo, negociándolo con los agentes sociales”. Después añadió que también con los partidos políticos. Como muy bien explicaba ayer en su columna Parole, parole, parole mi compañero Fernando Fernández, un modelo económico “es el resultado de millones de decisiones libres y racionales de individuos y empresas en función de los incentivos creados por la política económica”. Es decir, que lo más a lo que puede aspirar un gobierno es a “impulsar” con sus actos un determinado tipo de actividad económica y a desincentivar otras, a presentar al parlamento el marco normativo en virtud del cual las empresas, si ellas quieren (y sólo si lo quieren), puedan emigrar de un sector productivo a otro. Las afirmaciones del presidente (y no sólo de él) desprenden un cierto tufo a economía dirigista y a planificación, más propias de otros tiempos y de otros marcos político-económicos que los de la economía de mercado, que es en el que nos encontramos. A no ser que lo que se quiera cambiar no sea sólo el modelo de producción sino el modelo económico mismo. En cuyo caso convendría que nos lo aclararan.

Por otra parte, la ex ministra Pilar del Castillo, que figura otra vez en las listas del PP para el Parlamento Europeo, formulaba también esta misma mañana en la televisión una precisión que me parece interesante sobre este asunto. Decía ella que lo que se debe pretender no es “cambiar” de modelo productivo, sino de innovar o mejorar el que ya tenemos. ¿O es que –se preguntaba– vamos a abandonar el turismo, la fabricación de automóviles o la propia construcción en el futuro? Sea como fuere, me parece bien la recomendación del secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo a propósito de esa convocatoria a los agentes sociales de la que hablaba el domingo Zapatero en Albacete (foto) y de la que no sabía nada ninguno de sus pretendidos interlocutores. Vamos de dejar este asunto para después de las elecciones, decía Toxo, porque se trata de un asunto demasiado serio y harto laborioso como para despacharlo como un latiguillo más en un mitin electoral.

Sé que alguno que me volverá a abroncar por citar una vez más a El País, pero a aquellos que sientan la tentación de hacerlo les pido que, antes de ceder a su instinto, lean el artículo que les recomiendo y después escriban lo que les parezca oportuno. Se trata de trabajo publicado ayer domingo por el historiador Santos Juliá titulado Contra Natura. Para que algunos se sitúen, el texto es una respuesta a quienes, de forma totalmente artificiosa y muy poca rigurosa, habían recurrido al truco de calificar al nuevo gobierno vasco, apoyado por el PP, como una coalición de carácter “identitario”. Querían de esta forma ponerlo a la misma altura que el gobierno de concentración nacionalista (PNV, EA, EB, con el apoyo externo, si fuera necesario, de los acólitos de ETA) que había regido los destinos del País Vasco durante las dos legislaturas anteriores.

Para llegar a esa conclusión extravagante, aseguraban que el elemento de identidad de la nueva coalición era ¡¡¡la Constitución!!! Es decir, ponían a la misma altura el respeto al marco político vigente –inclusivo y fuente de la ulterior devolución de derechos a los territorios históricos–, y la reclamación de una comunidad nacional, en algunos casos fantasmal, como palanca de exclusión de una parte significativa de un territorio. Juliá recuerda cómo hace diez años en el País Vasco, el PNV, que ahora acusa de “frentismo” al nuevo ejecutivo, traicionó al PSE, con el que gobernaba, para forjar un pacto con ETA, “del que ha vivido la política nacionalista durante todos los años de Ibarretxe”. No son el PP y el PSE quienes actúan contra natura, son los nacionalistas los que llevan 30 años negando la realidad, para “cambiar, no importa si regándola con la sangre que otros derraman, la naturaleza de las cosas”. Porque el dato fundamental sigue ahí: “si no recurren a los representantes de las pistolas y la bomba, no tienen mayoría”. Tampoco la tienen los otros, por eso necesitan pactar, “pero, al hacerlo, su acuerdo no se asienta, ni por su origen, ni por sus objetivos, en la reivindicación de una identidad, sino en la aspiración de ser libres, cada cual con su doble o triple identidad, en un país libre”. Aplastante.

En el fondo de algunas manifestaciones contra la nueva mayoría parlamentaria vasca, late el prejuicio excluyente de una parte de la izquierda intelectual española contra un partido al que, después de tantos años y de pruebas inequívocas de lo contrario (con sus sombras y sus luces, como en cualquier casa de vecino), sigue considerando heredero del franquismo y al que, en consecuencia, no considera democrático ni digno de participar en el convite del poder. Inventan argumentos “originales” (como el de la identidad) para disimular sus prejuicios, pero se les ve el plumero. Juliá los ha desnudado. No os lo perdáis.

Desde mi punto de vista, si yo muestro mi consideración a una bandera o a un himno no es por respeto a unos símbolos que tal vez a uno no le digan nada, o incluso le produzcan antipatía. Si lo hago es por respeto a las muchas personas que sí se sienten concernidas por esos símbolos, que consideran esos signos como elementos irrenunciables de su identidad, vaya a saber usted por qué razón. Ahora bien, este respeto no puede ser de sentido único. Exige reciprocidad. No puedo pedir que respeten mis símbolos y no corresponder con la misma actitud respecto de los demás. Lo subrayo porque estoy casi convencido de que bastantes de los que ayer silbaron y abuchearon a los Reyes y al himno español reaccionarían airadamente si sus símbolos fueran objeto de ese mismo ultraje.

En este asunto de las banderas hemos llegado a una situación paradójica que a mí me trae sin cuidado pero que entiendo que a muchas otras personas les produzca irritación. En según qué lugares de algunas comunidades autónomas, exhibir una bandera constitucional española es considerado una provocación. Ayer y los días precedentes, decenas de miles de aficionados del País Vasco y Cataluña se pasearon libremente con sus enseñas por las calles de Valencia y nadie, que yo sepa, les dijo nada. ¡Qué le vamos a hacer! Dicho esto, el asunto merece la atención que le corresponde, y no más. Otros problemas más importantes reclaman nuestra atención. Pasado el puente (uno más) con que nos han obsequiado a los madrileños volveremos sobre ellos. Agur.

Paso por encima del debate a cara de perro entre Zapatero y Rajoy (que cada cual se haga su composición de lugar) y me fijaré en dos observaciones del representante del grupo catalán, Josep Antoni Duran, que me parecen de especial importancia sobre el sentido del debate. Sólo una reflexión sobre el duelo estelar: es impropio de un líder democrático atribuir a sus rivales políticos el deseo irrefrenable de que la economía española se hunda para “aprovecharse” de ello. Zapatero, que se quejó con razón de que le atribuyeran “olvidarse de los muertos de ETA”, tendría que haberse mordido la lengua antes de endosar a su contrario una intención tan infamante como la que atribuyeron a él. Pero no sólo no rectificó sino que se ratificó por dos veces más en su acusación. Tiene razón Rajoy: esa afirmación le perseguirá  en el futuro.

Pero vayamos a Duran. Dijo en primer lugar que este país “necesita de líderes dispuestos a tomar medidas dolorosas aunque sean impopulares”. Está en lo cierto: esa condición es la que distingue a un hombre de estado de un estratega electoral. Y no he podido evitar la comparación del discurso inaugural de Barack Obama, y su apelación al sacrificio, al esfuerzo, al cambio, con los pronunciados hasta ahora por nuestro presidente del Gobierno a propósito de la crisis. Creo, y así lo expreso en el artículo que mañana publico en ABC, que esa es la cuestión de fondo. Nunca faltarán medidas, y es probable que haya acuerdo sobre ellas. Lo que está en discusión en este momento en España es si contamos con el liderazgo político necesario para ponerlas en práctica y para exigir sacrificios a sus conciudadanos. Y yo creo que no lo tenemos.

Dijo después Duran que en un debate sobre el estado de la Nación lo que se somete a examen no son propuestas de futuro (ya llegará el día en que habrá que juzgarlas) sino lo realizado en el último curso político. Y a ese respecto, el juicio de casi todos los grupos ha sido casi unánime . Y no sólo el del PP. Si fuera coherente, Zapatero tendría que haberles adjudicado a todos ellos la misma condición de aves carroñeras que atribuye al PP. En algunas de sus críticas, Duran fue mucha más duro que Rajoy. Y fue respondido con guante blanco. Sospecho que no desespera de volver a pactar algún día con ellos. En cualquier caso, sorprende (e irrita) la diferencia de trato.

El viernes pasado, el propio secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, advertía de que el sistema de pensiones, en su configuración actual (es decir, con más jubilados y menos cotizantes), es insostenible “porque no es de goma y no tiene una incapacidad infinita”. Y la fórmula para que ello no ocurra sólo es una: prolongar la vida laboral de los cotizantes (al comienzo o al final de la misma) y retrasar las jubilaciones. De forma que después de la bronca que el ministro del ramo les echó hace unos días al gobernador del Banco de España y al comisario europeo Joaquín Almunia (y de la que ya nos ocupamos hace unos días), resulta que el segundo hombre de su departamento, el que dispone de mejor información sobre el asunto, incurre en el mismo “alarmismo” que provocó las iras del ministro y de la vice.

Pero hay más. España se enfrenta, en lo que respecta a su mercado laboral, no sólo a un problema coyuntural, sino a una auténtica catástrofe demográfica. De nada valdrán las medidas que puedan adoptarse ahora para paliar una situación que puede convertirse en insostenible en diez o quince años si no somos capaces de alterar unas previsiones de población alarmantes. Porque no habrá sistema de pensiones (reformado o no) que resista el hecho de que, para el 2050, el número de personas con más de 65 años equivaldrá en España al 60 por ciento de la población en edad de trabajar. Es decir que unos 20 millones de cotizantes (suponiendo que toda la población activa estuviera ocupada) tendrían que mantenerse a sí mismos y a unos 12 millones de jubilados. Son previsiones publicadas por la Comisión Europea hace unos días. En esa fecha, seremos el país de la Unión Europea con mayor número de jubilados, y sólo se nos acercarían Italia, Polonia y Alemania. Y, en todo el mundo, sólo seríamos superados por Japón, cuya población mayor de 65 años se acercará el 75 por ciento de la población en edad de trabajar.

Está bien en invertir en nuevas tecnologías y educación, pero si no tenemos niños a los que educar ni jóvenes a los que instruir en esas técnicas avanzadas habremos hecho un par como unas tortas. Hace veinte años, las muy liberales democracias del norte de Europa y otros países, como Francia, se dieron cuenta del peligro y activaron políticas de familia eficaces. Y en estos momentos nos llevan una ventaja considerable en ese terreno. Todos ellos andarán por el 40 por ciento de jubilados en la fecha citada. Y una curiosidad para terminar. ¿Sabéis cuál es la previsión para Estados Unidos? Allí los mayores de 65 años no llegarán siquiera al 40 por ciento de la población activa, menos que en China. Con esas cifras podemos intuir de quién será el futuro. No nuestro, desde luego.

En el lapsus en que fue pillado a micrófono abierto, el presidente de los empresarios españoles, Gerardo Díaz Ferrán, no hizo sino verbalizar lo que piensan en realidad muchos españoles. Y yo diría, sin temor a equivocarme mucho, que en número creciente. Incluso en las propias filas del socialismo y de la izquierda en general. El presidente de la CEOE vino a decir que el problema de la economía española no es "la grave crisis, sino los años de Zapatero". Confesión de parte, me diréis. Tal vez. Parece que los empresarios tienen que criticar de oficio a un gobierno socialista. Pero no siempre es así. Es proverbial la asiduidad con la que el presidente del Santander, Emilio Botín, ha acudido al rescate de la acción del Ejecutivo.

Si me hago eco hoy de las indiscreciones de Díaz Ferrán es porque coinciden sorprendentemente con el juicio que yo mismo he oído en los últimos tiempos, en privado desde luego, a comunicadores y políticos que han venido apoyando los gobiernos de Zapatero de buena fe desde 2004. Y en ocasiones, esas críticas son más desabridas que las del presidente de la CEOE. Un antiguo ministro socialista de gran prestigio calificaba directamente de “irresponsable” al presidente del Gobierno delante de bastantes testigos hace pocos días. En público, esas desavenencias dentro del espectro político de la izquierda comienzan a tomar estado público: las manifestaciones de Fernández Ordóñez o Joaquín Almunia sugieren mucho más de lo que dicen. La preocupación concierne sobre todo al estado en el que la economía española puede quedar después del gasto de tantas montañas de millones de euros con las que el Gobierno quiere sepultar la mala imagen de su acción política en esta crisis. Todos daríamos por bien empleado ese dinero, y la inmensa deuda con la que van a cargar las generaciones venideras, si estuviera destinado a un fin determinado más allá de la cobertura de los agujeros de hoy. No parece que ese sea nuestro caso. Gastar por gastar como si en el acto mismo de gasto estuviera la solución. Esa parece la filosofía de Zapatero. Pero no era eso lo que sostenía Keynes.