Perezas privadas por Eduardo San Martín

Artículos en este blog en orden cronológico.
 
 

Vamos apurando las últimas horas de este año y no se percibe en el ambiente (yo no lo percibo) ese aliento de esperanza con el que uno deja atrás las dificultades del pasado en busca de la promesa de algo nuevo mejor. No soy agorero. En general, peco de lo contrario: de ver siempre medio llena la botella del futuro. Pero lo que se puede adivinar de aquello que nos espera no invita al optimismo, sobre todo en lo que se refiere a las enormes dificultades económicas que nos aguardan. Es cierto que no hay que confiar demasiado en los pronósticos de los analistas. En Economía son más los que se dedican a profetizar el pasado. Pero, después de leer mucho en estos días en torno al asunto, y de gente más bien sensata, uno llega a la conclusión de que lo peor de la crisis está aún por llegar. Es comprensible el interés (y casi la obligación) de un dirigente político por intentar transmitir buenas sensaciones a los ciudadanos, pero no se puede ir poniendo plazos alegremente a la crisis, como hace nuestro presidente del Gobierno una y otra vez, la última el sábado pasado, sin otro fundamento que el puro voluntarismo. Un líder tiene la obligación, como acabo de señalar, de no empeorar las cosas con funestos pronósticos, pero como aseguraba Winston Churchill (que ese sí que fue un líder potente), si uno tiene que pedir a sus conciudadanos “sangre, sudor y lágrimas” debe comenzar por no ahorrar detalles sobre las dificultades que se avecinan. Para pedir sacrificios, y eso es lo que se nos a reclamar aunque se adorne con buenas palabras, es necesario explicar con exactitud aquello a lo que nos enfrentamos, sin exagerar los tintes apocalípticos, pero sin esconder la verdad. Creo que buena parte de la desazón que embarga a muchos ciudadanos está provocada por la incertidumbre y por la sospecha de que se le ocultan cosas. Y ese no es mejor caldo de cultivo para restablecer la confianza, la única receta segura para salir del pozo en la que todos, pesimistas y optimistas, están de acuerdo. ¿Por cierto, qué ha sido de todos aquellos planes de rescate, de los buenos propósitos de la cumbre del G 20 de Washington, de las medidas fiscales para reactivar la demanda…? Palabras, palabras, palabras… Mucha felicidad para todos en el año que empieza y con el mejor ánimo a pesar de las dificultades.

No es difícil imaginar por qué todos los presidentes autonómicos han salido satisfechos de sus encuentros en La Moncloa con el presidente del Gobierno a propósito de la financiación autonómica: a todos les ha prometido más dinero. Cuando las discrepancias sobre el sistema en discusión son profundas –y lo eran antes del indicio de la ronda de conversaciones– la solución es echar paletadas de euros encima de la mesa de negociación para sepultar bajo ellas las desigualdades a las que pudiera dar lugar la aplicación de los nuevos criterios. Al final, las cuentas del Estado son las de la vieja: si pongo allí, quito de allá; pero para que no se note la diferencia echo sobre el conjunto del reparto más cantidad de dinero para que unos ganen más que otros pero nadie salga perdiendo. Por lo que sabe hasta ahora (todavía no se ha hecho público ningún papel, esa es otra), uno de los criterios es que los ciudadanos de todas las comunidades reciban del Estado una cantidad similar de recursos. En el anterior sistema, los habitantes de las comunidades menos desarrolladas recibían más per cápita del Estado para igualar los insuficientes recursos que sus gobiernos podían dedicar a la cobertura de servicios esenciales ya transferidos. Y las diferencias eran notables. Si esas diferencias se van a estrechar, los de las comunidades ricas van a recibir bastante más (mucho más si se actualizan los censos de población), mientras las pobres percibirán más o menos lo mismo, salvo algún aguinaldo que Zapatero y Solbes se saquen de la chistera en forma de compensaciones por otros criterios (dispersión y envejecimiento de la población, entre otros). Aún así, todos recibirían más, pero unos bastante más que otros. El resultado es que todos los españoles tendremos que dedicar más recursos a la financiación de las comunidades autonómicas. Como si no tuvieran bastante. En estos momentos, las CCAA administran más del 55% del gasto público. El nuevo sistema elevará en algún punto ese porcentaje. Y si gastaran bien, todavía. Porque el problema del dinero de las comunidades no es sólo de escasez de ingresos, sino de descontrol en el gasto. Seguro que todos nosotros podríamos preparar una extensa lista con los capítulos que los virreinatos regionales podían ahorrar: gastos de representación, viajes al extranjero, televisiones públicas, subvenciones a troche y moche para la clientela electoral, y muchos más. ¿No debería haberse procedido a una limpia en los gastos antes de echar más caudales en ese agujero negro? Hace un año, podíamos permitirnos ciertas alegrías. Ahora, y mientras dure la crisis, tendremos que financiar esos dispendios con más deuda pública. No se sabe por cuánto tiempo, ni cuántos años tardaremos en saldarla antes de remontar el vuelo de nuevo. Una pesada herencia para los españoles de mañana.

Las primeras declaraciones del recién elegido secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, han sido para recordar que su sindicato “sacará a los trabajadores a la calle” si es necesario. Hace apenas un par de semanas, el nuevo coordinador de Izquierda Unida, Cayo Lara, insinuaba la posibilidad de organizar una huelga general si la situación de muchos trabajadores españoles seguía deteriorándose. Hasta ahora, el gobierno socialista ha disfrutado de una bonanza laboral al amparo de una situación económica excepcional. También lo era en 2002 cuando los sindicatos le organizaron una huelga general al gobierno de Aznar por un decreto (luego retirado) que supuestamente recortaba derechos de los trabajadores. Algún día, con cierta perspectiva, tal vez echemos de menos unas reformas laborales que, si el deterioro del empleo sigue por los actuales derroteros, nos parecerán pecata minuta al lado de lo que nos avecina. Zapatero insiste una y otra vez en que, a pesar de las dificultades económicas, su gobierno no recortará “los derechos de los trabajadores”. Como declaración de intenciones no está mal. Pero no se trata de una concesión graciosa. Mientras esos derechos estén garantizados por las leyes, cualquier gobierno, sea del signo que fuere, viene obligado a respetarlos. Sinceramente, no creo que durante los gobiernos de Aznar las conquistas sociales de los españoles sufrieran ningún retroceso. El modelo europeo de bienestar social participa no sólo de la aportación socialdemócrata sino también de la contribución de la democracia cristiana, que gobernó grandes países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, algunos de los más importantes “padres” de la construcción europea eran democristianos. Hecho este paréntesis, conviene recordar que el más importante “derecho de los trabajadores” es el derecho a un empleo digno, y ése el gobierno de Zapatero no puede asegurarlo en las actuales circunstancias. Si hay empleo, hay todo los demás; si falta el trabajo, toda la construcción social se viene abajo como un castillo de naipes. Hasta el momento, Zapatero ha gozado de la benevolencia de los trabajadores. La elección de Cayo Lara en Izquierda Unida y de Fernández Toxo en Comisiones Obreras abre unas perspectivas de conflicto social que el gobierno actual no podía haber ni imaginado hace apenas unas semanas.

¿De verdad se puede afirmar que el consenso antiterrorista se ha roto por la división que se ha puesto de manifiesto en el Congreso sobre la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV? Sinceramente, creo que no, a pesar de que algunos ya han puesto el grito en el cielo. Aquí siempre hay alguien dispuesto a rasgarse la vestiduras a la menor discrepancia. La cosa no es para tanto. En el asunto de ANV, los partidos mayoritarios están de acuerdo en lo esencial: se debe proceder a su disolución en cuanto sea posible. La discusión atañe a los medios: si basta la legislación vigente (el art. 61 de la ley de bases de régimen local), o no y habría que modificarla. Nada más. No existe deslealtad cuando se discrepa sobre los medios para alcanzar el mismo fin. El debate, dentro de ese consenso básico, no sólo no es malo, sino que es deseable, sobre todo cuando se plantea en el Parlamento. Enriquece la democracia y abre el abanico de posibilidades. Deslealtad con el gobierno es sugerir sin pruebas, como han hecho algunos dirigentes del PP, que ya se está pensando en una nueva negociación con ETA. Como es una manifestación de deslealtad con la oposición dejar caer, como hizo un diputado del PSOE, que “a algunos les escuecen los éxitos policiales”. Lo que sí existe en este asunto de los ayuntamiento de ANV es un cálculo electoral en relación con los comicios vascos de marzo. Por parte de todos. De UpyD de Rosa Díez, que se adelantó a los dos grandes partidos al presentar su proposición, porque cree que así le gana terreno a PP y PSOE en el País Vasco. De PP, porque teme como a un nublado la posibilidad de que UpyD le quite votos allí. Y del PSOE, que quiere ganar tiempo y no dar pasos en falso porque piensa que Patxi López tiene las elecciones casi ganadas. Así de simple. ¿Legítimo? Por supuesto. Pero que no se tiren los trastos del pacto antiterrorista a la cabeza porque la película es otra.

Permitidme una confidencia biográfica, a estas alturas de blog, que puede ayudaros a entender las posiciones que se mantienen en los artículos que coloco aquí. Lo hago porque vengo comprobando que gran parte de las polémicas que se generan en este blog (gracias a todos por vuestra participación) remiten en última instancia a posiciones ideológicas o de partido predeterminadas. Pero aprecio también, con satisfacción, que ello no obsta a que en casos determinados se esgrima, aún desde esas posiciones, una gran independencia de criterio. Es el lema de este blog que titulé “Perezas privadas” a partir de una famosa reflexión de Niestzche y cuyo significado se explica en mi primer post de este blog. Me gustaría ahora que, a este respecto, supierais algo más de mí. La verdad es que soy un bicho un poco raro en esta profesión, dicho sea sin falsas modestias. Formé parte del equipo fundador del El País y estuve en aquella casa durante 14 años, los últimos cinco como subdirector. Después de algunas aventuras menores, aterricé en la TVE de los últimos tiempos de Felipe González como editor de telediarios. Y hace 12 años entré en el grupo Vocento (entonces grupo Correo), primero en la dirección de La Verdad de Murcia y luego en la dirección adjunta de ABC cuando mi grupo se fusionó con Prensa española en 2002. Cuando los alumnos de periodismo a los que he dado charlas repasan mi curriculum les produce cierto asombro. ¿Cómo se puede haber ocupado puestos de responsabilidad en dos periódicos tan opuestos como El País y ABC? Parten del prejuicio, muy extendido, de que, si un periodista trabaja en un determinado medio, está tan absolutamente identificado con él que ello le inhabilita para trabajar en otro medio de signo distinto. Entienden, y eso es muy preocupante en aprendices de periodismo, que la identificación de periodista y periódico es absoluta, sin fisuras. Yo siempre les respondo lo mismo: soy un profesional y defiendo la lealtad a las empresas en la que trabajo en la medida en que esa lealtad no me cree conflictos de conciencia profesional irresolubles. Y de la misma forma que mantenía discrepancias con no pocos aspectos de la línea editorial de El País, las mantengo ahora en relación con ciertas posiciones editoriales de ABC. En ninguno de los dos casos esas discrepancias me han creado un problema grave de conciencia, a pesar de que he procurado en todo momento (aunque no siempre lo haya conseguido) expresarme y escribir en base a mis propias convicciones. Por eso aprecio singularmente las opiniones que, aún partiendo de una lealtad básica con determinados principios ideológicos (lo cual es casi siempre bueno), reflejan una radical independencia de criterio. También un estricto respeto por los de los demás. Y de esa convicción vino la idea de crear este blog: la de fomentar la discusión abierta desde la autonomía personal con independencia de la adhesión que cada cual pueda profesar a una ideología o grupo políticos determinados. Y me complace que esas posiciones vayan abriéndose paso en este blog. ¡Ánimo!

La imagen es bien elocuente. En un poster se lee: “Espanholistas fora de Galiza”. Y en otro, inmediatamente debajo, esta otra proclama: “Fascismo nunca mais”. Ambas dirigidas por estudiantes (¿) independentistas gallegos contra el presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cuya conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago intentaron boicotear. ¿Unos estudiantes “antifascistas” pidiendo la expulsión de su país de unos ciudadanos sólo por el hecho de que defienden ideologías distintas? Y tienen la desvergüenza de subrayar su atropello con la leyenda “Fascismo, nunca mais”. Pero ¿quiénes son los fascistas? Yo siempre he creído que a quienes combaten los auténticos antifascistas es precisamente a aquellos fascistas que pretenden excluir del país y de la sociedad, y niegan el derecho a la palabra y a la acción política, a quienes no sostienen sus mismas opiniones. A lo mejor es que también yo soy un fascista redomado. Ahora en serio; es inquietante la proliferación de pretendidos movimientos “antifascistas” que, invocando la lucha contra un supuesto “fascismo”, incurren exactamente en la mismas prácticas políticas que dicen combatir; en Galicia, y en otros territorios de España. Empiezan a ser frecuente el boicot a actos, e incluso las agresiones físicas, a oponentes políticos en facultades universitarias y centro cívicos (¡qué aberración!) de Cataluña, el País Vasco o Madrid. Ante la indiferencia, cuando no la indulgencia, de otros grupos políticos a salvo de esas acciones. Me pregunto qué polvareda no se habría levantado si estuviera ocurriendo lo contrario: grupos realmente fascistas boicoteando a políticos de izquierda invocando vete tu a saber qué “ismo”. “Antifascismo” se ha convertido, en boca de jóvenes auténticamente fascistas, en una patente de corso para organizar agresiones físicas o verbales contra políticos demócratas de signo opuesto. Y, o conseguimos desenmascararlos entre todos  –demócratas de todos los partidos y tendencias–, o nos habremos dejado arrebatar una bandera que necesitaremos cuando haya combatir a los fascistas de verdad. Sí, “fascismo nunca mais”.

Supongo que esta ola incesante de detenciones de cabecillas de ETA, además de alegrarnos a todos sin ninguna reserva, os planteará, como a mi, algunas preguntas sobre la política antiterrorista seguida por el Gobierno antes de que la banda terrorista rompiera la tregua. En primer lugar, si como se ha visto en la práctica, con esta ETA resulta relativamente tan fácil desarticular comandos y detener terroristas, ¿por qué se embarcó el Gobierno en un proceso negociador de final incierto y contrapartidas inasumibles (ver actas de las reuniones de Loyola) para una gran mayoría de españoles? ¿Por qué dar ese rodeo cuando la línea recta de la acción policial y judicial parecía tan expedita? ¿O es que allá por 2004 ETA era más fuerte que ahora y era inimaginable tanto éxito policial? La percepción general es la contraria: que ETA era hace cuatro años al menos tan débil y permeable como ahora y que durante la tregua lo que hizo fue reforzarse (robos de pistolas y explosivos en Francia, organización de comandos, etc.....) Si es así, el Gobierno tendría que dar ahora algunas explicaciones políticas, no ya sobre su comportamiento anterior (a estas alturas, y con el Ejecutivo volcado en la desarticulación de ETA, eso ya no tendría más sentido que el de una cierta satisfacción moral para quien nos opusimos a ese proceso negociador desde el principio), sino para comprometerse a no incurrir en el futuro en un error semejante. Con aquél movimiento (el de la negociación), Zapatero quiso colgarse una medalla (la de la “pacificación” definitiva del País Vasco), pero pecó de pardillo. Le engañaron como a sus antecesores, con los que no quiso hablar. Uno puede colgarse esa misma medalla sin mediar palabra con ellos y dejando a ETA para el desguace con la acción de los policías y los jueces. Soy de los que piensa que, en algún momento, habrá que hablar con ETA para poner fin al terror, pero en los términos previstos por el viejo pacto de Ajuria Enea: sólo después de que abandonen definitivamente las armas y únicamente para darles una salida civil a quienes lo hagan y a los presos que se arrepientan. En ningún caso para condicionar la organización del Estado, actual o futura. Pero para llegar a ese “algún momento” habrá que seguir dándoles fuerte hasta que se convenzan de que no tienen otra salida.

Confieso que cuando se airearon por primera vez las burradas del alcalde de Getafe, Pedro Castro, contra  la derecha (“Y todavía hay tontos de los cojones que votan a la derecha”) no le dí demasiada importancia. Al fin y al cabo, estamos mal acostumbrados a esas manifestaciones de “finura intelectual” de nuestra clase política. En ese primer momento pensé dos cosas: 1) He aquí una nueva muestra del “nivelazo” expresivo de algunos de nuestros gobernantes; y 2) Puesto que el hombre ha pedido disculpas, mejor dejar correr la cosa y pelillos a la mar, pero a condición de que cuando el insulto discurra en sentido contrario (lo que, por experiencias anteriores, puede ocurrir en cualquier momento), los agraviados correspondientes dejen pasar también el asunto con unas meras disculpas. A medida que pasaban los días he ido cambiando de opinión y, finalmente, me terminaron de convencer las reflexiones de un compañero de tertulia en la SER, Josep Ramoneda, quien, siendo como es un intelectual de izquierda, se pronunciaba claramente a favor de la dimisión del alcalde de Getafe como presidente de la Federación de Municipios y Provincias de España. Y es que hasta entonces yo había situado el exabrupto en el contexto de la interminable trifulca entre partidos, cuando las palabras de Castro constituyen en realidad un insulto y una descalificación a casi un 40 por ciento de electores españoles (la misma proporción en su propio municipio) y, en el fondo, un atentado contra la pluralidad política que es la esencia de cualquier sistema democrático. Estoy seguro de que el ínclito munícipe no pensaba bien lo que decía, pero entre las obligaciones de un representante público está la de controlar el lenguaje, sobre todo cuando se tiene tanta experiencia en cargos representativos (lleva 25 años amarrado al sillón municipal. Por cierto, ¿no es hora de cambiar las leyes al respecto?). En cualquier caso, lo que a mí me preocupa realmente del asunto es la calidad cultural, intelectual y humana de una parte considerable de nuestra clase política, sobre todo en el nivel autonómico y local. Y no estaría mal que, por una vez y como lección para el futuro, el alcalde fuera obligado a dimitir. Y me da igual en qué partido milita. Diría lo mismo si fuera del banco contrario. Creo que va siendo hora de regenerar el debate político en este país, un debate que, durante demasiado tiempo, ha discurrido a nivel del arroyo. Exijamos a los partidos que sus cargos sean no sólo honrados sino mínimamente presentables.

Cuando Moratinos aparece en escena con un nuevo conejo en el sombrero, sus compañeros ministros deben echarse a temblar. Hace cuatro años, nuestro inefable ministro de Exteriores metió al ex presidente Aznar nada menos que en una conspiración, tres años antes, para derrocar al presidente-sátrapa de Venezuela, Hugo Chávez. Su afirmación, realizada en un programa de televisión y no ante el Congreso y los tribunales, no sólo contradecía hechos comprobados sino que traslucía una grave irresponsabilidad en la gestión de documentos confidenciales heredados de otras administraciones. Para empezar, no hubo tal “golpe de Estado”. Para saber qué ocurrió exactamente en Venezuela en abril de 2002, Moratinos podría haber preguntado a sus correligionarios los sindicalistas socialdemócratas que convocaron la huelga general que luego derivaría en un extenso movimiento cívico y una gran marcha repelida a tiros por francotiradores chapistas; y, en las horas siguientes, en la rebelión de un buen número de generales, la estampida de Chávez, el vacío de poder, y el regreso del presidente por la indecisión de los miliares rebeldes, la incompetencia del presidente provisional, Pedro Carmona, y la desunión de la oposición. Más allá de la acción de la embajada española en aquellas horas, el Gobierno de Aznar nunca reconoció a Carmona y saludó la vuelta a la normalidad, hasta tal punto que las relaciones entre ambos gobiernos siguieron siendo muy fluidas. Aquel episodio dañó la imagen de Moratinos más que la de Aznar y afectó gravemente a su credibilidad. Tengo la sensación de que ha vuelto a ocurrir lo mismo con el caso de “los vuelos de la CIA”. Cinco años después, aparecen misteriosamente en un diario los supuestos acuerdos secretos de Aznar con el gobierno norteamericano, documentos que, de estar en algún lado, estarían en los archivos de su ministerio. Sus compañeros de gabinete callaron o se desmarcaron claramente. Razón: con independencia de lo que acordara Aznar con Bush, la mayoría de los “vuelos secretos” (hasta 90, según Amnistía Internacional, y unos 70, de acuerdo con el Parlamento Europeo) se han producido durante los gobiernos de Zapatero, y con su conocimiento, a juzgar por las conclusiones de la comisión del Parlamento Europea encargada de investigar el asunto, que denunció al Gobierno español por no enviarle la documentación requerida y por su nula colaboración con la investigación. Ante la embarazosa situación (y la posibilidad de que una comisión de investigación parlamentaria examinara el asunto en toda su extensión), ayer el ministerio de Defensa negó oficialmente todo conocimiento sobre cualquier “vuelo secreto”. ¿Alguien se lo cree de verdad? Y hoy, el rizo del rizo: el ministro de AAEE asegura ahora que esos documentos no se encuentran en el ministerio. ¡Qué casualidad! ¿Y quién los filtró entonces a un periódico próximo al Gobierno: la embajada americana, su departamento de Estado o el propio Aznar? Lo peor de todo es que Moratinos está estableciendo un precedente peligroso: como cada gobierno se dedique a airear los trapos más o menos sucios de su antecesor, ningún cargo gubernamental va a dejar ningún papel en los ministerios a disposición de sus sucesores. Genial.

La polémica arranca con la publicación, el pasado 20 de noviembre, de un nuevo informe cuatrienal del Consejo Nacional de Inteligencia, que supervisa las actividades de las múltiples agencias de inteligencia estadounidenses. En dicho informe se fechaba en el 2025 el probable fin del dominio norteamericano en un mundo “en el que Estados Unidos jugará un papel prominente, pero en el será visto como uno entre muchos otros actores globales”. Gideon Rachman, el columnista del Financial Times por el que confieso mi debilidad, recogía la semana pasada el debate público a que ha dado lugar el informe. Tres acontecimientos nutren este nuevo declinismo: las guerras de Irak y Afganistán han demostrado que la supremacía militar americana no se traduce automáticamente en una victoria política; el crecimiento espectacular de India y China sugiere que los días de Estados Unidos como la mayor economía del mundo están contados; y la crisis económica ha deteriorado irremediablemente la imagen del “modelo americano”. Un par libros recientes sostienen la tesis del declive: The post-american world (El mundo post americano) del editor de Newsweek Fareed Zakaria y The limits of power (Los límites del poder), de Andrew Bacevich. También Richard Haas, presidente del Consejo de Relaciones Internacionales. Frente a ellos, el profesor William Wohlforth recuerda que Estados Unidos ha pasado ya por otra fases de declinismo en el pasado, como el que surgió a partir de la publicación en 1988 de The rise and fall o the great powers (Ascenso y caída de las grandes potencias), el famoso ensayo del historiador Paul Kennedy, cuya predicciones de aquellos momentos no llegaron a cumplirse. Piensa el analista británico, sin embargo, que este nuevo declinismo norteamericano está mejor fundamentado que sus predecesores. Y es muy probable que asistamos a la paradoja de que Barack Obama, el presidente que mayores esperanzas de regeneración ha suscitado en su país y el mundo, será posiblemente el encargado de gestionar el declive de Estados Unidos y el final de su estatus como “única potencia mundial”. ¿O estamos aún lejos de ese cambio? Con Europa permanentemente en la inopia, Rusia coqueteando en los sátrapas latinoamericanos, China e India con graves problemas internos y ante la amenaza de una gravísima crisis inmanejable en el eje Afganistán-Pakistán, ¿no será necesario todavía durante una buena temporada que alguien que siga esgrimiendo el bastón de mando y tire de los demás? Se admiten pronósticos y opiniones.