Muy pronto, el debate sobre la muerte de Osama Bin Laden ha girado, en las opiniones públicas europeas, en torno a las circunstancias de lo que algunos calificaron sin vacilar como “asesinato de Estado”, incluso antes de que se conocieran todos los detalles de la operación que acabó con la vida del terrorista más sanguinario de la historia. En las opiniones públicas de Europa; no en estados Unidos.

Algunos datos posteriores, los que no esperaron los savonarolas del primer minuto, confirmaron en efecto que lo más probable es que el comando recibiera la orden de no capturar vivo a Bin Laden. Algo reprochable desde el punto de vista moral y en términos jurídicos; y, según los expertos en inteligencia, un despilfarro de información susceptible de ser obtenida del capturado.

En la supuesta orden habrían prevalecido criterios de orden práctico: evitar una explosión de manifestaciones en favor del detenido en países islámicos y las dificultades técnicas que habría supuesto su procesamiento en Estados Unidos, como ha podido comprobarse con los presos de Guantánamo. Ninguno de tales criterios modifica la reprobación que el hecho merece moral y jurídicamente. ¿Tantocomo para calificarlos de "asesinato de Estado"? 

Si se aborda la cuestión desde el punto de vista político habrá que manejar otras consideraciones. Políticamente, Obama y su gabinete son responsables, ante todo, frente la sociedad y la opinión públicas norteamericanas. La primera no le va a exigir ninguna responsabilidad al respecto; al contrario se ha ganado la mayoría de sus corazones. Y en la segunda se debatirá el asunto sin mayores consecuencias. ¿Significa eso que el americano es un pueblo desalmado incapaz de valorar los aspectos morales de tales conductas? Como ocurre con la pena de muerte y con la libre venta de armas de fuego, a los europeos nos cuesta entender algunos de los elementos constitutivos del ser nacional norteamericano. Ojo, digo entender, no justificar.

Para nosotros, ni la pena de muerte, ni la venta de armas ni la ley del Talión tienen cabida en una sociedad civilizada. Los americanos no lo consideran así: el principio sagrado de la vida puede ceder ante otros fines en situaciones excepcionales. Y los presidentes americanos, de todos los colores, jamás serán juzgados políticamente por ello por una mayoría de sus conciudadanos.

 En esto, los americanos son menos hipócritas que nosotros. Ellos lo proclaman abiertamente. En nuestras sociedades, todos nuestros escrúpulos morales no nos impiden mirar para otro lado cuando, en determinadas ocasiones, el Estado traspasa ciertos límites en la consecución de objetivos ampliamente compartidos. Y no hace falta que señale con el dedo.

Por lo demás, me sumo a mucho de los argumentos que mi compañero Ignacio Camacho hoy expone sobre el asunto en su columna de ABC.