En el debate sobre la emigración hay mucha corrección política y bastante hipocresía. La ley dice, y dice bien, que los ayuntamientos deben empadronar a los emigrantes, aunque se encuentren en situación irregular, porque esa es la condición necesaria para que puedan recibir educación y asistencia sanitaria, dos derechos que les reconoce una ley de Extranjería cuyos principios básicos no discute ningún partido. Pero no basta con proclamar y defender unos principios para quedar bien. Hay que hacer además dos cosas.

La primera, evitar que el empadronamiento que se autoriza por razones humanitarias se convierta en una apariencia de legalidad que convierta en papel mojado las exigencias requeridas en la misma ley para que esa estancia pueda considerarse regular; si los trámites de empadronamiento son demasiado sencillos, se elimina un elemento de disuasión contra las entradas ilegales. Eso no es xenofobia, sino tratar de hacer compatibles dos objetivos que figuran en la misma ley: atención humanitaria a todo inmigrante y lucha contra la emigración ilegal. Y en España parece que resulta extremadamente sencillo obtener ese empadronamiento.

La segunda es que los ayuntamientos deberían disponer de los medios necesarios para cumplir con las exigencias de la ley. Claro que aquí hay no poca hipocresía: cuando las cosas iban bien dadas, los ayuntamientos empadronaban a destajo porque el padrón es básico para fijar el nivel de recursos que reciben del Estado; pero cuando el nivel de inscripciones llega a un punto de saturación que no se puede resolver con los recursos recibidos, entonces adoptan medidas como las de Vic o Torrejón.

El fenómeno de la emigración es demasiado complejo como para resolverlo sólo en las leyes. En muchos casos apela a las vísceras, y entonces podemos encontrarnos con problemas como los que han experimentado países europeos tan civilizados como Holanda, Suiza o Austria. Pero precisamente por esa razón, porque entran en juego factores irracionales, no es posible despacharlo sólo con corrección política y buenismo. Y si el debate se produce en periodo electoral, pues qué le vamos a hacer. Lo extraño es que, tratándose de un fenómeno de tal envergadura, no se produjera.