De regreso del fin de semana, me encuentro de sopetón con el archivo de la causa seguida en el TSJ valenciano contra el presidente de la comunidad, Francisco Camps. La reflexión es obligada. A brote pronto, y a falta de una lectura pormenorizada de los más de 60 folios del auto, lo que me viene a la cabeza es casi una obviedad: los procedimientos penales y los juicios políticos no tienen por qué conducir a la misma conclusión. En el primero juzgan unos jueces, casi siempre profesionales, de acuerdo con unas estrictas garantías procesales y una regla de oro que siempre concede al reo el beneficio de la duda. En el procedimiento contradictorio, los indicios y las pruebas son sometidas a una ducha escocesa de la que el enjuiciador se hace una idea, siempre subjetiva, de la realidad de los hechos. En el segundo, los jueces son los ciudadanos los que juzgan, no sobre certidumbres o medios probatorios, sino sobre percepciones. En este tipo de juicios no existen garantías. Cuentan la verosimilitud de los hechos, la credibilidad de los protagonistas, los antecedentes y el sentido común.

En el primero de los terrenos, Camps ha obtenido una victoria importante, que será definitiva si el Supremo, al que van a apelar el PSOE y la Fiscalía General, confirma el auto del TSJ valenciano. Hay que recordar que, con el mismo relato de los hechos, dos instructores han visto indicios suficientes para imputar y abrir juicio oral, mientras que la sala ha decidido el archivo (ni siquiera el sobreseimiento provisional) de la causa. El Supremo podría volver a cambiar de criterio. Hasta el rabo todo es proceso.

Pero en la propia argumentación del auto se encuentra el comienzo de unos de los itinerarios que puede seguir a partir de ahora el juicio político sobre el caso. Porque los magistrados no ponen en duda el relato de los hechos del instructor ( tampoco del Camps). Ocurre que para ellos lo relatado no constiye delito, razón por la que no entran a valorar las versiones en conflicto. Es decir, que puede que Camps no haya incurrido en un ilegíttimo penal, pero tampoco dicen que se haya pagado sus trajes, como ha afirmado él con tanta rotundidad. Y será por eso, y no por haber recibido unos regalos que tampoco son para tanto, por lo que será juzgado por los ciudadanos.

Al llegar a este punto, empecé a dudar de mis reflexiones. La euforia con la que los dirigentes del PP han recibido el auto judicial me desconcertaba. No pensaba yo que el presidente valenciano saliese tan bien parado del asunto a pesar del archivo de la causa. Así que me introduje en la encuesta que se inserta en la portada de Abc.es para tener alguna pista. Y no andaba yo muy descaminado. Cuando la consulté por última vez el número de los que pensaban que Camps salía reforzado y el de los que opinaban que había quedado tocado era significativamente igual (en torno al 45 por ciento). Si la mitad de los lectores de ABC.es piensa que Camps sale afectado del embrollo, yo me lo pensaría mucho antes de lanzar las campanas al vuelo.