Pues bien, decía Sagardoy a quien esto escribe en un programa de tv, en vísperas de la aprobación de la reforma del gobierno del PP, que lo que España necesitaba no era una simple reforma, sino una “transición laboral”, equivalente a la que se produjo hace 35 años en el terreno político. Que en su día no se pudo llevar a cabo porque el objetivo era fortalecer a unos sindicatos con muy poca representatividad y que resultaban indispensables para establecer los fundamentos de un sistema de negociación colectiva que no existían. Pero que, después de todos estos años, hace falta esa transición porque el precio que hubo que pagar en aquellos momentos fue el mantenimiento de unas estructuras “franquistas” de protección y negociación que han derivado en unas rigideces insoportables para las empresas. Y ofrecía ejemplos de mercados laborales mucho más flexibles en países con unas economías más dinámicas y con una tradición de protección a los derechos laborales superiores a los de nuestro país.

Con independencia de los errores o insuficiencias de la reforma laboral aprobada, me adhiero en términos generales al enfoque del profesor Sagardoy. No sé vosotros.

(Alguna vez hay que volver, así que héteme aquí de nuevo)

Escaramuzas preliminares en preparación de una batalla que, de todas maneras, no será determinante para dilucidar el liderazgo del PSOE más a largo plazo. Así se presenta el teatro de operaciones en el inicio de una carrera que los más sensatos dentro del partido consideran demasiado precipitada y que, en consecuencia, resolverá una lucha de poder más descarnada de lo que sugieren las declaraciones de los contendientes, pero dejará pendientes las respuestas a las preguntas más incómodas sobre la naturaleza y el origen del declive del partido.

Tantas energías empleadas, además, para un desenlace que sólo puede ser provisional. Si, de acuerdo con la ponencia aprobada el domingo, el congreso de febrero ratifica el sistema de primarias para decidir los candidatos a las elecciones nacionales, el líder real del PSOE será quien compita por la presidencia del Gobierno y no su secretario general. Como ocurre en Estados Unidos o en Francia.

En los cómputos iniciales se echa mano de las encuestas y de los avales, más por inercia que por convicción. Las primeras calas detectan divisiones transversales en el seno de las federaciones, con pocas excepciones, y ello pronostica un resultado muy abierto, y mucho más si las candidaturas son más de las dos oficialmente presentadas.

Ante los más de novecientos delegados que acudirán a Sevilla cualquier candidato que no predique la renovación estará fuera de la carrera. Y a ello dedicarán su capacidad de persuasión todos ellos, aunque en el caso de los dos ya conocidos, los compromisarios deberán realizar al mismo tiempo un acto de fe y un ejercicio de desmemoria. En última instancia, Chacón encarnaría mejor esa pretensión a pesar de su desventaja inicial. Pero no es seguro que el reparto esté completo. Tal vez sí para el congreso, pero no para las primarias que decidirán el liderazgo efectivo del PSOE llegado el momento.

Sería una pena que el aliento regenerador y de denuncia que se percibía en los albores del M15 se diluyera en un marasmo de caos y violencia. Al fin y al cabo, ese llamado movimiento reflejaba con bastante exactitud el alcance del enorme descontento popular, con sus representantes y con el funcionamiento de una democracia sin pulso, que ya venían registrando las encuestas desde hace años. La crisis económica, cuyas consecuencias se han repartido de forma tan injusta, ha puesto el turbo a una desafección latente que se refugiaba en el conformismo mientras había para comer, ahorrar e irse de vacaciones a la playa.

El M15 tiene que pasar urgentemente de la infancia de un espontaneismo vivificador a la madurez de un movimiento reconocible que expulse de su seno a las malas copias. Y ello exige la definición de un proyecto más o menos identificable y la articulación de un cierto principio de organización, instrumentos a los que hasta ahora se han resistido en nombre de la pureza original. Pero, de asamblea en asamblea, sólo se llega a ninguna parte. O el M15 acepta algunos de las herramientas de una política más convencional o están condenados a la irrelevancia, e incluso a la desaparición. O lo que es peor, a su suplantación por los profesionales antisistema, como ya está empezando a ocurrir.

La regeneración democrática es una necesidad real en España. Y sería una lástima que se perdiera la que puede ser una oportunidad única de colocar a las instituciones y sus representantes ante la obligación de dar respuestas reales al monumental cabreo que se percibe en la sociedad española.

 De Bildu, lo que me preocupa es la sospecha sobre su carácter de partido totalitario, que algunos de sus comportamientos iniciales no han desmentido: hostigamiento a los rivales, amenazas y un propósito poco disimulado de practicar la exclusión. Y esa es la razón por la que la ocupación de un espacio institucional tan amplio, con la complicidad de sus primos mayores del PNV, puede ser contemplada como una seria amenaza a la estabilidad en el País Vasco.

 Por otra parte, me temo que nos encontramos ante un proceso irreversible. Algunos pensamos, cuando el TC autorizó sus candidaturas, que se trataba de un riesgo calculado porque existían dos herramientas para rectificar a posteriori posible errores: la ilegalización sobrevenida en aplicación de la Ley de Partido si su comportamiento no se correspondía con los estatutos presentados y la retirada a sus cargos de su condición de electos. Ahora no pienso así. Creo que el enorme poder institucional que han conseguido les hace inmunes a un eventual proceso de ilegalización que provocaría, ahora sí, una reacción de consecuencias imprevisibles. No me parece que ninguna fuerza se atreviera a poner ese cascabel al gato.

Algunos no pierden la esperanza y siguen creyendo que este es un paso adelante hacia el fin de ETA. A mí, si el precio a pagar es soportar en algunas de las principales instituciones del País Vasco a un partido con vocación totalitaria, no me parece que merezca la pena. Y, sinceramente, estoy deseando equivocarme.

Algunos datos posteriores, los que no esperaron los savonarolas del primer minuto, confirmaron en efecto que lo más probable es que el comando recibiera la orden de no capturar vivo a Bin Laden. Algo reprochable desde el punto de vista moral y en términos jurídicos; y, según los expertos en inteligencia, un despilfarro de información susceptible de ser obtenida del capturado.

En la supuesta orden habrían prevalecido criterios de orden práctico: evitar una explosión de manifestaciones en favor del detenido en países islámicos y las dificultades técnicas que habría supuesto su procesamiento en Estados Unidos, como ha podido comprobarse con los presos de Guantánamo. Ninguno de tales criterios modifica la reprobación que el hecho merece moral y jurídicamente. ¿Tantocomo para calificarlos de "asesinato de Estado"? 

Si se aborda la cuestión desde el punto de vista político habrá que manejar otras consideraciones. Políticamente, Obama y su gabinete son responsables, ante todo, frente la sociedad y la opinión públicas norteamericanas. La primera no le va a exigir ninguna responsabilidad al respecto; al contrario se ha ganado la mayoría de sus corazones. Y en la segunda se debatirá el asunto sin mayores consecuencias. ¿Significa eso que el americano es un pueblo desalmado incapaz de valorar los aspectos morales de tales conductas? Como ocurre con la pena de muerte y con la libre venta de armas de fuego, a los europeos nos cuesta entender algunos de los elementos constitutivos del ser nacional norteamericano. Ojo, digo entender, no justificar.

Para nosotros, ni la pena de muerte, ni la venta de armas ni la ley del Talión tienen cabida en una sociedad civilizada. Los americanos no lo consideran así: el principio sagrado de la vida puede ceder ante otros fines en situaciones excepcionales. Y los presidentes americanos, de todos los colores, jamás serán juzgados políticamente por ello por una mayoría de sus conciudadanos.

 En esto, los americanos son menos hipócritas que nosotros. Ellos lo proclaman abiertamente. En nuestras sociedades, todos nuestros escrúpulos morales no nos impiden mirar para otro lado cuando, en determinadas ocasiones, el Estado traspasa ciertos límites en la consecución de objetivos ampliamente compartidos. Y no hace falta que señale con el dedo.

Por lo demás, me sumo a mucho de los argumentos que mi compañero Ignacio Camacho hoy expone sobre el asunto en su columna de ABC.

Pero lo hizo con un manifiesto, cuyos términos suscribo prácticamente en su totalidad y cuya lectura os recomiendo, a vosotros que formáis parte activa de ese mundo, en este enlace.

Dos de sus afirmaciones me parecen especialmente valiosas:

1.- El intercambio de información en las redes sociales puede ser muy útil, pero nunca podrá sustituir a los contactos personales. Por esa misma razón, la decadencia amenaza al buen periodismo si los profesionales se pasan horas y horas frente al ordenador y pierden el olfato de la calle.

2. El anonimato nunca puede un escudo para la difamación y el insulto.

A vuestra consideración.

Hasta el próximo lunes 18 no acaba el plazo de presentación de candidaturas para las elecciones del 22 de mayo. Ya sé que no va a hacer nada después de los sapos que se ha tenido que ir tragando, pero Rajoy aún dispone de cuatro días para parar los pies a un Camps que se les ido metiendo dobladas desde que se autoproclamó candidatos hace ya varias semanas: una lista plagada de imputados o implicados en casos de corrupción y la denuncia contras las televisiones por informar de ello, obligando al portavoz Pons a salir al paso de tamaña barbaridad.

Y las va a seguir haciendo de a kilo mientras los jueces determinan su futuro. Camps, que según algunos de sus propios compañeros en la dirección nacional del PP se ha vuelto completamente tarumba, es uno de los casos más palmarios de deslealtad con un partido. Su único objetivo es ganar las elecciones para auto absolverse, aunque inunde al PP de porquería. Rajoy debe saber, sin embargo, que las elecciones las hubiera ganado el PP en cualquier caso.

La acusación más grave contra Camps no es la de los trajes, sino el grado de complicidad que había establecido con contratistas de su propia administración, a juzgar por las conversaciones telefónicas que figuran en el sumario. Los jueces pueden absorberle de la primera, que es la razón que invoca Rajoy más bien con la boca pequeña para no adoptar medidas, pero la segunda, aunque no sea objeto de un procedimiento legal, siempre quedará en la memoria de los ciudadanos.

Así que ni código ético, ni mandangas. El caso Camps priva a Rajoy de toda credibilidad en ese terreno mientras acepte una situación que sin embargo, en el caso de Chaves, el PP considera inaceptable. Hipocresía, doble rasero: malas compañías para un partido que aspira a gobernar España dentro de un año.

 • La retirada del presidente ha dejado al personal más bien frío, tal vez porque ya lo había asumido. Las expectativas electorales no cambian, o si acaso se ensanchan a favor del PP. Sacrificio inútil, al menos en lo que se refiere a las elecciones del 22 M. No parece tampoco que la retirada del escenario de ZP pueda evitar que en la campaña de las municipales y autonómicas se juzgue la situación general del país. Otra encuesta publicada la semana pasada por El País señalaba que sólo un 40 de los electores votan en esas elecciones pensando exclusivamente en sus ciudades.

• Sólo el proceso de primarias puede romper una inercia perdedora que se encuentra estabilizada desde hace más de un año. Y eso sólo en el caso de que el proceso salga bien, lo que es mucho suponer. En caso contrario, puede empeorarla.

• Aunque los líderes de los dos grandes partidos y su gestión suspenden casi en los mismos términos, el PP cuenta con dos importantes ventajas: su suelo electoral es inconmovible(no baja nunca del 35% o 36%) y la fidelidad de sus electores es muy sólida (en torno al 80%). En el caso del PSOE esas cifras son mucho peores.

• Tradicionalmente ha habido muy poco trasvase de votantes entre PSOE y PP, y las elecciones las decidían los abstencionistas de ambos partidos. Los analistas detectan en estos momentos un trasvase de más de un millón de votos del PSOE al PP, la mayoría de ellos jóvenes

• Los electores dividen su opinión casi a partes iguales en torno a la conveniencia o no de adelantar las elecciones. En ABC, ligeramente a favor, y en la SER, levemente en contra. Como comentaba ayer en mi columna de ABC, a menos de un año del fin de la legislatura, la cuestión es casi irrelevante. Pero es significativo que la mitad de los españoles quieran ese adelanto a pesar de todo.

Esto a bote pronto. Seguro que se pueden sacar muchas otras deducciones. Así que, a  vosotros la palabra.

• La incógnita despejada de daba descontada. La sorpresa habría sido su continuidad. Quedaba por elegir el momento. Mi opinión es que, en contra de lo que pensaban los barones que presionaron, el adelanto del anuncio no influirá mucho en las elecciones del 22 M.

• Pero el resultado de estos sí será determinante para despejar la siguiente incógnita: la del proceso de sucesión. No es lo mismo abordar éste después de una derrota abultada que si se salvan los muebles. En el primer caso, la presión para adelantar las elecciones sería abrumadora. Y no sólo por parte del PP. La lucha por el poder interno se afrontaría desde el drama y no desde la serenidad que ahora quieren transmitir todos.

• Por mucho que se propongan lo contrario, unas primarias siempre producen desgarros internos y tensiones. Los antecedentes así lo indican. Analistas reputados como Santos Juliá propugnaban, con razón, un congreso que renovase al mismo tiempo candidato y secretario general. La bicefalia que se producirá tras el 22 M aumentará las tensiones y agudizará la sensación de provisionalidad.

• El resultado de esas primarias y la imagen que el PSOE transmita a los ciudadanos durante las mismas, sí puede influir de forma apreciable en las elecciones del 2012. Aunque será muy difícil revertir completamente la tendencia de las encuestas. Pero, nuevamente, no será lo mismo afrontar la sustitución de ZP en la dirección del PSOE con una debacle electoral que con un resultado honorable.

• Y todo ello influirá finalmente en la que, para mí, resulta la tarea más ardua del socialismo español: qué modelo de partido y de dirección quieren para un PSOE que, sobre todo a partir de la inesperada victoria electoral de 2004, se rindió a los pies de ZP y le confirió un hiperliderazgo que no estaba en la tradición de debate interno en el seno del partido y que ha convertido a éste en una especie de erial dirigido no precisamente por los más capaces.

• No doy más credibilidad a los papeles de ETA que la que le da el propio Gobierno. Y a este respecto hay que recordar que la demanda contra la legalización de Sortu se basa precisamente en documentos internos de ETA.

• Plantear el asunto en términos de credibilidad ETA-Gobierno me parece un error, por las razones que explico en mi artículo de ABC de hoy.

• Los dos diarios de mayor difusión en España, de tendencias opuestas, han informado largamente de esas actas. Uno puede dudar de unos de los dos, pero no de los dos al mismo tiempo. Y no pueden ser ambos igualmente irresponsables si han prestado tanto espacio a una información que carece de credibilidad.

• Sobre el asunto Faisán, además de lo que diga ETA, existen otros indicios, que están siendo investigados por el juez en el procedimiento en curso. Y el juez Pablo Ruz, me consta, no es ningún reaccionario resentido.

• Tampoco revelan las actas más de lo que ya conocíamos sobre la continuación de los contactos después del atentado de Barajas, un asunto que a mí me parece más grave que el anterior. Ya se informó de ello en su día y no fue desmentido porque existía constancia de al menos una reunión. También de que la negociación fue rota por ETA y no por el Gobierno.

• Los documentos confirman también las sospechas, creo que fundadas, de que la negociación rebasó los términos de la autorización concedida por el Congreso en mayo de 2005 y que incluían dos salvaguardias:    

o Que existiera “una clara voluntad (por parte de ETA) de poner fin a la violencia y una actitud inequívoca que pueda conducir a esa convicción”. Los hechos, y no sólo las actas, confirman que no fue así.

o Y que “las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos de la voluntad popular”. Y en las dos mesas abiertas con ETA se negociaron asuntos políticos, según informaciones tampoco desmentidas en su momento.

En cuestiones de lucha antiterrorista, es normal que existan zonas de penumbra. Todos los gobiernos las han mantenido. El problema es cuando un juez te pilla con las manos en la masa y te pide explicaciones. Porque hay explicaciones públicas que ningún gobierno puede dar. Ese el laberinto en que se encuentra el Gobierno. Salvando las distancias, ocurre como en el caso de Libia: todos los intervinientes saben que se están saltando las reglas establecidas por la ONU, pero no ocurrirá nada hasta un avión aliado se cargue, por ejemplo, una escuela. En todos estos asuntos, hay que ser un poco cínico, pero también mucho más precavido. Y el creo que gobierno español fue bastante imprudente. Con independencia de si los anteriores lo hicieron mejor o peor. 

No diré yo nada en contra, a pesar de todo. Por dos razones:

--La primera es que los aliados parecen haber comprendido que nada “protegerá” mejor a la población libia que la derrota o la claudicación de Gadafi. Y a ese fin, y lo más pronto posible, parece dirigirse en estos momentos la intervención militar exterior. Aunque la resolución de la ONU no diga explícitamente nada de eso.

--La legitimidad y la legalidad de una intervención son muy importantes, pero, en mi opinión, el factor decisivo para su aceptación en términos de opinión pública es la eficacia. Por ejemplo:

          • La guerra de Afganistán cuenta con la legalidad ONU y la legitimidad originaria de derrocar a un régimen medieval y cruel que daba amparo a grupos terroristas. Después de diez años, la eficacia está por ver y las opiniones públicas increpan a sus gobiernos.

          • La de Irak no contaba con la aprobación de la ONU y su legitimidad era muy discutible porque el motivo alegado (las armas de destrucción masiva) se reveló como falso, aunque se podían haber invocado otras razones para intervenir. El sangriento desarrollo de la posguerra fue la puntilla.

          • En Kosovo, la OTAN no contaba con mandato de la ONU, aunque resultaba legítima ante las barbaridades cometidas por Serbia. Pero fue su eficacia la que la absolvió ante la opinión internacional.

          • En cuanto a la de Libia, cuenta con legitimidad y legalidad, pero será también el resultado el que determine su aprobación pública. Aunque, como parecen estar haciendo los aliados, haya que leer muy entre líneas la resolución 1973.

Ya sé que se trata de una visión muy utilitarista del derecho de injerencia, pero así son las cosas. O así me lo parecen.

--El primero, más prudente, se atiene a la jurisprudencia sobre la ley de Partidos, y al fallo del Tribunal de Estrasburgo, y considera que no es suficiente una simple declaración de rechazo de la violencia para probar que Sortu no es la continuidad de Batasuna, y que se necesitan actos confirmatorios continuados y, por tanto, un cierto tiempo.

--El segundo, más audaz, juega con la modificación introducida en la ley electoral por PSOE y PP, en virtud de la cual, cuando se declare ilegal un partido, a sus cargos electos se les puede retirar dicha condición, cosa que no sucedía en el pasado. Por lo tanto, inscribamos al nuevo partido sin miedo y hagamos un seguimiento de sus actos porque siempre se puede instar su ilegalización a posteriori en la seguridad de que perderán toda presencia en las instituciones.

En mi opinión, si el Constitucional optara por esta segunda solución, que imagino que es la que sustanciará en el voto particular de al menos tres magistrados del TS, no pasaría gran cosa. Sortu participaría en las elecciones (si el fallo del TC llega a tiempo) y tendríamos la oportunidad de comprobar con los hechos si son o no una prolongación de Batasuna. Si no lo son, tanto mejor para todos y tanto peor para ETA. Y si lo son, siempre cabe instar su ilegalización y la expulsión de sus electos de las instituciones. ¿Por qué tanta inquietud entonces? A mí no me provoca ninguna. Y tendríamos más elementos de juicio.

Lo que sucede es que, en contra de lo que están sugiriendo algunos cargos del PP, un fallí así de TC significaría un revolcón importante para el Gobierno, que bajo ningún concepto desea una nueva Batasuna legalizada antes de las elecciones de este año y de las del año que viene.

Pero se trata de un debate necesario. No para buscar similitudes, sino lo contrario: para desentrañar los motivos que llevaron a idénticos actores (los de aquí, pero sobre todo los de fuera) a sostener posiciones contrarias en cada caso. Irak no era Libia; era peor. Hubo errores en los motivos invocados; también en la oportunidad y la proporcionalidad. Y, sobre todo, un pésimo cálculo de las consecuencias posteriores. Pero Sadam era un dictador que reprimió a sangre y fuego levantamientos populares como los de Libia. Ya apunté hace unos días en el periódico cuál era, en mi opinión, la diferencia más importante. La reitero: Bush.

Ahora, lo inmediato es preguntar al Gobierno de qué lado se propone estar cuando la unanimidad entre los coaligados empiece a deshilacharse, como parece probable. La ONU recurre a la ambigüedad para sumar voluntades, lo que ofrece flancos abiertos a las interpretaciones. Y a las disensiones. Ocurrió con la famosa resolución 1411 de Irak. Sucederá lo mismo con la 1973. El tiempo juega a favor de Gadafi y en contra de la coalición. A medida que esta peculiar operación de “exclusión aérea” se vaya convirtiendo en una guerra de desgaste, también muy probable, se abrirán otros frentes de disenso. Entre los aliados y en las opiniones públicas internas. ¿Agotará este gobierno las posibilidades que ofrece la 1973 o quedará paralizado por el miedo a un mayor desgaste electoral?

--Cuáles sería esas “acciones necesarias” teniendo en cuenta que la contraofensiva de Gadafi la llevan a cabo acorazados y artillería, si la exclusión aérea no fuera suficiente para pararlos. La resolución excluye expresamente el envío de fuerzas terrestres. En Afganistán, la fuerza aérea americana no fue capaz de completar el trabajo y, diez años después, hay más de 200.000 soldados sobre el terreno.

--Cuándo se entiende que la misión habrá acabado. ¿Un alto el fuego con Gadafi aún en el poder? ¿Concluirá de esa manera la violencia de éste contra su pueblo, aunque no se produzca con tanques y cañones?

--El mandato es de la ONU, pero el liderazgo militar inicial está siendo, de manera inevitable, de Estados Unidos, que dirige las operaciones desde sus bases en Frankfort. Urge un mando conjunto, que en estos momentos sólo proporciona la OTAN, pero Alemania, Turquía y la propia Francia son reticentes. Con el paso del tiempo, este vacío se irá haciendo más ostensible.

--La solución al problema anterior es capital para evitar que se desmarquen los países árabes y africanos, que ya han mostrado sus distancias.

--De la rapidez y eficacia de la operación depende que no se produzca a medio plazo la movilización en contra de las opiniones públicas internas, que suele ser un factor determinante en el desenlace de las guerras lejanas (Vietnam, Irak, Afganistán…). Cuanto más tiempo se prolongue la misión, más importante será este último factor, a unos cuantos meses de elecciones importantes en España, Francia y Alemania.

--Gadafi va a resistir, porque no tiene otra salida. Nos enfrentamos, pues, a la probabilidad de un escenario bélico prolongado. ¿Resistirá la coalición el esfuerzo sin resquebrajarse?

--Lo cual conduce a la conclusión final de que si esta resolución se hubiera adoptado hace unas semanas, cuando Gadafi se encontraba acorralado en Trípoli, el desenlace habría sido más fácil y más rápido

 Tendremos todavía, me temo, muchas ocasiones se seguir comentando el asunto.