Perezas privadas por Eduardo San Martín

Con su credibilidad en declive sostenido y con su partido cada vez más atrás en las encuestas (en la última, publicada el domingo por El País, que no destacaba el dato en sus titulares principales, el PP aventaja ya al PSOE en 6,1 puntos), el presidente del Gobierno perdió ayer una oportunidad inmejorable para cambiar, siquiera ligeramente, el rumbo de su segundo mandato en la entrevista que anoche transmitió TVE.

No voy a entrar en el detalle de sus declaraciones porque no hay en ellas nada que no forme parte de un discurso archiconocido y prefiero detenerme en algunas consideraciones de tipo general.

1.- Zapatero no estuvo a la altura de las preguntas, que planteaban problemas concretos de actualidad y que exigían respuesta claras y concisas. Divagó con largas frases etéreas y practicó casi siempre el método Ollendorf. Ya saben: "¿De dónde vienes? Manzanas traigo".

2.- Como han destacado hoy algunos comentaristas nada conservadores, Zapatero se instaló en un discurso moral ("Me siento personalmente responsable de cada parado") cuando lo que se le pedía eran respuestas políticas para una situación muy grave. A los millones de parados españoles no les importa si el presidente llora por ellos todas las noches, sino si tiene soluciones para su situación, con independencia de quien es o no responsable de su situación.

3.-Apostó explícitamente por la continuidad de su equipo y de sus polìticas, los mismos que han provocado la confusión de los últimos meses. Es cierto que ningún jefe de Gobierno puede desautorizar públicamente su propio Gobierno anunciando cambios inmediatos, pero podría haberse reservado al menos esa posibilidad para realizar un guiño a quienes, dentro de su propio electorado, se desperan con la sensación de parálisis actual. Mi opinión, que ya he expresado en otras ocasiones, es que el problema es él y no su gobierno.

4.- Incurrió una vez más en una imperdonable falta de respeto a la división de poderes a propósito del caso Garzón. Invocó los servicios del juez a la causa antiterrorista, y citó los juicios contrarios de la oposición, para defender la idoneidad de su intervención. Pero lo que estaba en cuestión no era la trayectoria del juez sino la independencia del poder judicial para tomar las decisiones que crea convenientes respecto de los procedimientos en curso y, en ese sentido, las declaraciones del domingo de Zapatero, que podría haber hecho en cualquier otro momento, resultaban cuanto menos inoportunas. Los juicios de valor de la oposición podrán ser o no criticables, pero no tienen la misma implicación: es el gobierno y no la oposición quien encarna el poder ejecutivo del Estado.

5.- En conjunto, resultó una entrevista (no por culpa de los entrevistadores) aburrida, previsible y decepcionante, sobre todo para quienes están deseando volver a confiar en un Zapatero que cada vez les ofrece menos motivos para hacerlo. Los demás, hace tiempo que perdieron cualquier esperanza.

Mañana trataré en mi artículo en ABC de las evidencias de las relaciones entre las narcoguerrilla colombiana de las FARC y el régimen de Hugo Chávez, por un lado, y de las FARC con ETA por otro.

Para que vayáis abriendo boca os enlazo con dos los documentos utilizados.

El primero es un extenso y meticuloso reportaje del periodista británico John Carlin publicado en El País en dociembre de 2007.

El segundo es este video de un Informe Semanal de TVE difundido seis meses después.

Son dos de los lados del triángulo Venezuela-FARC-ETA que ha cerrado el juez Eloy Velasco en su reciente auto. Pero Moratinos no se da por enterado.

No parece que el futuro de Patxi López y de su gobierno en el País Vasco interese a muchos, a juzgar por los escasos comentarios que ha provocado una reflexión sobre el asunto un año después de las elecciones que lo hicieron posible. No me extraña, pero lo lamento.

El gobierno de Patxi López simboliza alguna de las cosas que tanto echamos de menos en esta España convulsa de hoy: la posibilidad de alternancia en comunidades en la que se enquistan gobiernos clientelares a los que parece imposible desalojar el poder; la formalización de pactos entre los dos grandes partidos nacionales con el objeto superior de proclamar la supremacía de las leyes y la defensa de las instituciones del estado democrático; una forma de gobierno más pendiente de los problemas de los ciudadanos y de eliminar las causas de la crispación que de alimentar trasnochadas chácharas identitarias; y la moderación, el diálogo y la cooperación como principales harramientas. Vengo pensando desde hace unos meses que, si PSOE y PP nacionales fueran liderados en estos momentos por Patxi López y Alberto Núñez Feijóo, los dos hombres que emergieron de los comicios del 1 de marzo de 2009, probablemente nos encontraríamos en una España diferente a pesar de la crisis. O por causa precisamente de la crisis. Pero, qué le vamos a hacer. Aquí y ahora, lo que mueve al comentario es el morbo de la trifulca, por mucho que los comentaristas de ocasión digan aborrecer de ella. Así que volvamos al cuadrilátero.

El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, acaba de desmentir por la radio que su organización esté proponiendo el contrato precario para jóvenes (¡hasta los 30 años!) que ayer propuso alguien de su organización y del que hoy se hacen eco todos los periódicos. Más parece una rectificación de las que tanto practica el Gobierno (lanzo un globo sonda y luego recojo carrete si suscita un clamor en su contra) que un lapsus del directivo de la CEOE en cuestión.

Confieso que cuando leí anoche la noticia no salía de mi asombro. Existe un diagnóstico compartido sobre uno de los peores males del mercado laboral español: la dualidad y la excesiva temporalidad. De los cuales se derivan otros dos: la falta de competitividad y de productividad. La inestabilidad en el empleo que provoca la excesiva temporalidad y la incesante rotación en los puestos de trabajo impide el progreso en la formación de los trabajadores y da como resultado una mano de obra de escasa calidad, que es el único factor en el que las economías desarrolladas, como la nuestra, pueden defenderse en el mercado global de la agresividad de las exportaciones de países que compiten en precios. Yo he oído este razonamiento a la propia CEOE, y de ahí la propuesta generalizada (aunque el Gobierno parece sordo a este respecto) de que lo que se tiene que fomentar es la estabilidad en el puesto de trabajo a través de un nuevo tipo de contrato indefinido, más flexible en las condiciones de entrada y de salida.

Me congratulo de la rectificación de Díaz Ferrán, pero sigo con la mosca detrás de la oreja. Me preocupa que se les haya ocurrido siquiera. Los contratos de inserción (para los primeros empleos de trabajadores de menos de 20 o 22 años) tienen una justificación. En los momentos actuales, en los que quienes demandan empleo son trabajadores con hasta 20 años de experiencia, eso parece una broma de mal gusto.

Coincide el aniversario del primer Ejecutivo vasco sin representación nacionalista con la caída de un nuevo jefe militar de ETA. Dos circunstancias que conviene, sin embargo, no relacionar no vaya que ser que el árbol del entusiasmo nos impide ver un bosque mucho más complejo que lo que sugieren las apariencias.

 El alumbramiento del gobierno de Patxi López no fue fácil, su presente no es exultante y su futuro es incierto. Afirma hoy en una entrevista en ABC el líder del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, que "el mayor riesgo del Pacto (PP-PSE en el País Vasco) se llama Zapatero". Según cuenta la crónica subterránea de hace un año, Patxi López sostuvo un pulso duro con el presidente del Gobierno, que prefería entonces, y sigue prefiriendo, un acuerdo PSE-PNV. Con un PNV más centrado, que presta además su apoyo parlamentario al gobierno del PSOE en Madrid, Zapatero puede armarse de razones para intentar dar por acabada una experiencia que no le entusiasma en cuanto las circunstancias lo permitan. Los resultados del último euskobarómetro, en el que una mayoría clara de los vascos sigue desaprobando la coalición de facto, desalienta a un gobierno que cree haber devuelto la normalidad a una tierra atribulada por décadas de violencia y fortalece a quienes conspiran contra el acuerdo desde su misma constitución. 

Las últimas detenciones de jefes de ETA subrayan la perseverancia de un gobierno humillado por la "peineta" que le hicieron los terroristas durante la última tregua, una actitud que es anterior al vuelco de poder en el País Vasco. Las declaraciones de hoy mismo de Rubalcaba son inequívocas al respecto. No parece que, con este gobierno, espoleado por la frustración, puede haber marcha atrás. Las detenciones refuerzan el aislamiento político de los grupos afines a ETA en el que el gobierno de Patxi López ha empeñado gran parte de sus primeros esfuerzos. Pero una eventual consecuencia última de ese proceso, la reintegración del nacionalismo radical a la vida política, cambiaría probablemente la geometría de poder en la que hoy se asienta su Ejecutivo. Nos adelantamos mucho, pero un breve excurso por el mundo de las paradojas probables ayuda a relativizar las seguridades del presente.

Una contribución al debate sobre el retraso de la edad de jubilación. Se trata de una cuestión que es anterior y que sobrevivirá a la crisis, si antes no se le pone remedio. Se puede discutir su oportunidad en estos momentos y negociar los ritmos de su implantación, aunque la profundidad de la crisis ha acortado de manera dramática los plazos para resolverlo. Pero no se trata de una elección; es una necesidad impuesta por la demografía. Y por el sentido común, añadiría.

La actual edad de jubilación, en torno a los 65 años en casi todas las economías desarrolladas, data de principios del siglo pasado, cuando la expectativa media de vida apenas superaba los 70 años. Vivimos ahora bastante más, y por lo tanto cobramos pensión durante muchos más años. Y esa es una de las razones por las que, si esa expectativa sigue ampliándose, como parece, y si cada vez el número de perceptores de pensiones se acerca, e incluso supera, al de contribuyente activos, el sistema público es insostenible en el medio plazo. El siguiente cuadro difundido hace un par de días por The Economist, ilustra bien este fenómeno: en la mayoría de los países desarrollados, el periodo durante el cual se está en situación de jubilado se ha duplicado o triplicado en los últimos 35 años. En España, por ejemplo, una persona jubilada vivía en torno a una media de 9 años en 1965-1970, y ahora vive más de veinte. Que cada cual lo interprete como le parezca. Yo ya lo he hecho.

Dejemos el asunto del posible pacto. A partir de mañana tendremos más elementos de juicio para confirmar si, como me temo, no existe una voluntad real de alcanzar acuerdos en los dos principales partidos.

Hoy la pregunta es la siguiente. ¿Cuesta tanto condenar por su nombre a un régimen que encarcela a sus disidentes por el sólo hecho de serlo y que deja morir a uno de ellos en huelga de hambre desde hece más de ochenta días? Me refiero al gobierno de Cuba, por cuya rehabilitación ha trabajado sin desmayo nuestro ministro de Asuntos Exteriores ante sus colegas europeos, afortunadamente sin éxito.

Ayer, el vicepresidente tercero (sin cartera), Manuel Chaves, cuando se supo de la muerte del disidente cubano Orlando Zapata, de 42 años, se limitaba a "lamentar" la situación de los derechos humanos en la isla. ¿Cómo a lamentar? Se lamentan las catástrofes o los hechos inesperados que causan sufrimiento a seres humanos, como las inundaciones de Madeira. El encarcelamiento injusto y la inacción de un régimen ante una muerte anunciada no se lamenta, se condena sin más. Y ello sin perjuicio de las expectativas que un gobierno haya puesto en una eventual evolución del régimen en cuestión.

Peor fue lo del presidente Zapatero. En una intervención pública en Ginebra, introdujo un párrafo improvisado aludiendo a "la obligación de todos los gobiernos de preservar la vida de sus ciudadanos". Después, sus acólitos intentaron explicar a los periodistas que Zapatero se estaba refiriendo a Cuba y a la muerte de Zapata. Y ¿por qué no lo dijo así? ¿Por no molestar a los hwermanos Castro? ¿Cuesta tanto trabajo llamar a los responsables por su nombre? ¿Hubiera eludido una referencia nominal en el caso de que el responsable fuera, por ejemplo, el gobierno de Israel?

La hipocresía de los gobiernos de los países en relación con la defensa de los derechos humanos resulta cada día más irritante. Ayer mismo, se anunciaba la liberación de un ciudadano francés secuestrado por Al Qaeda en Mali, después de las presiones efectuadas por el ministro de Exteriores francés, Bernard Kouchner (fundador de Médicos Sin Fronteras), sobre el gobierno de ese país para que liberara a cuatro terroristas de al Qaeda reclamados por otros países vecinos. Todo vale y el fin justifica los medios si lo que está en juego es la vida de uno los nuestros. ¿Así es como anunciamos el evangelio de la civilización occidental a los países donde incuba el huevo de la serpiente del terrorismo internacional? Bonito ejemplo.

¿Se puede creer en la sinceridad de una petición de colaboración al PP "para que ayude a nuestro país", al mismo tiempo que se hace responsable del "paro masivo" actual a los gobiernos de José María Aznar por su política urbanística?

¿Se puede confiar en la coherencia de un presidente de Gobierno que hace poco más de un año culpaba de la crisis económica de nuestro país exclusivamente a las prácticas abusivas de la banca americana y negaba la existencia de una crisis específicamente española? ¿En qué quedamos?

Y aunque la culpa mayor ahora fuera del ladrillazo, ¿no tuvo el Gobierno actual tiempo de sobra en los cuatro años anteriores a la crisis para poner remedio a una situación que el propio PSOE denunciaba como insostenible a medio plazo cuando estaba en la oposición? ¿Alguien se lo impidió? 

Pero entonces se crecía al 4 por ciento y se creaban millones de puestos de trabajo, y el medio plazo de dejó para los gobierno siguientes. Zapatero se dejó seducir también, y de qué manera, por el espejismo del boom inmobiliario. Así que, ¿a qué viene ahora denunciar sólo las responsabilidades de otros?

Por otra parte, ¿se puede creer en la buena fe de una iniciativa, la de crear una comisión negociadora, que se comunica con antelación a otros grupos parlamentarios, pero no a aquel de quien se pide ahora un ejecicio de patriotismo? ¿Y es coherente con el deseo de que el PP participe el hecho de que Zapatero no se digne a llamar personalmente a Rajoy, como lo exigiría la importancia (subrayada por el propio Gobierno) de la tarea a emprender, y sólo lo hace, y apenas cinco minutos antes de convocar la primera reunión, la vicepresidenta Salgado? ¿Qué se habría dicho si hubiera sido al contrario?

Yo creo, francamente, que la iniciativa estaba diseñada para que el PP la rechazara y, como no lo ha hecho, se le pone a caldo (José Blanco y otros) al mismo tiempo que se le pide colaboración, a ver si rompe la baraja. Y conste que me gustaría estar equivocado. Como también quisiera estarlo cuando sospecho que tampoco el PP está por pactar nada. Con una atenuante: le han dejado fuera de casi todo y ahora le hacen corresponsable de la solución a la crisis. ¡Qué país!

Tres conclusiones, muy personales, sobre el debate de ayer en el Congreso:

1.- Que, después de debate, el Gobierno puede sentirse más aliviado, pero la economía española, no.

2.-Que a pesar de las apariencias, ninguno de los dos partidos tiene una voluntad real de pactar entre sí (con otros, tal vez). Lo que presentó ayer Zapatero no es el pacto de Estado que esperan muchos ciudadanos (que requeriría también otros actores: agentes sociales, comunidades autónomas, etc…, y una preparación menos improvisada y más consensuada), sino una oferta de acuerdo parlamentario sobre iniciativas que el propio Gobierno ya tenía en marcha. Y el PP, que tampoco lo quiere, anduvo lento de reflejos para poner a prueba esa repentina (e impostada) pasión por el acuerdo que ahora muestra el Gobierno, y que no exhibió en fecha tan cercana como la negociación de los últimos presupuestos.

3.- Y que a pesar de que salió con bien del debate en el debate de ayer, si yo fuera Gobierno seguiría muy preocupado porque el diagnóstico de la oposición (y no sólo de Rajoy), aunque suene a catastrofista a sus oídos, se parece mucho a lo que piensan bastantes más ciudadanos de los que piensa el Gobierno.

Los dos partidos fueron arrastrados por las circunstancias a intentar el pacto. En este primer round, el PSOE anduvo más listo porque ha colocado la pelota de demostrar voluntad de acuerdo en el tejado del PP, quien debería convencerse de una vez que no es fácil llegar a La Moncloa por el simple transcurso del tiempo. Estoy convencido de que la responsabilidad propia cotiza en el mercado de los votos tanto o más que los desaciertos del contrario.

No va a haber pacto. No al menos el pacto de Estado que reclama una mayoría de la sociedad española y muchas voces autorizadas, aquí y fuera de España. Es lo único que ha quedado meridianamente claro después de debate parlamentario de esta mañana. Y ¿por qué no? Porque ninguno de los actores principales lo quiere realmente. El fin al que dirigen toda su estrategia, no es acordar nada, sino tratar de demostrar que es el otro el que hace imposibles las condiciones de tal pacto. Un juego de simulación e hispocresías.

El Gobierno no lo quiere porque, estando unos pasos atrás en las encuestas, lo que pretende es volver a dejar sólo al PP en una materia de tanta trascendencia. Con su oferta de esta mañana, Zapatero busca acuerdos parciales con otras fuerzas políticas sobre algunos de las iniciativas que ya ha presentado en estas semanas, y seguir ganando tiempo. Si de verdad quisiera un acuerdo con el PP habría hecho las cosas al contrario: habría abierto un periodo previo de conversaciones para explorar zonas de consenso y avanzar hasta la elaboración de un plan compartido que después se presentara en el Parlamento, como se ha hecho, por ejemplo, con el posible pacto sobre la Educación. En su lugar, ofrece sumarse a proyectos que ya ha presentado (es decir, lentejas) y cita en último lugar a consultas al PP para comprobar si lo necesita o no para algunas de esas iniciativas. La negativa del PP le ayudaría en esa estrategia.

El PP tampoco tiene voluntad de acuerdo. Prefiere no corresponsabilizarse de una situación que puede agravarse aún más y esperar pacientemente a las elecciones de 2011. El desafío de Rajoy es puramente retórico porque sabe que Zapatero no va a hacer ninguna de las tres cosas que le ha pedido (rectificar, dimitir o convocar nuevas elecciones). El PP sospecha, tal vez con razón, que el descenso a los infiernos del Gobierno aún no ha concluido. Pero corre el riego de que el incendio también le alcance.

Y CiU, que se ha empeñado públicamente en el pacto, sólo lo suscribiría si fueran todos. Tiene elecciones en noviembre y no quiere pasar como único avalista de un Gobierno en franco declive, cuyo partido le disputa la Generalitat en Cataluña. Acordarán cosas concretas y explotarán así su “sentido de la responsabilidad”.

En fin, nada nuevo bajo el sol. Lo lamentable es que el pacto es una necesidad objetiva. El fin de la recesión no será el fin de la crisis en España. Lo males específicos de la economía española necesitarán de muchos años y varias legislaturas. Y sólo se podrá dar continuidad a una política coherente si pactan los dos únicos partidos que pueden gobernar en España. No es de extrañar el sentimiento de desolación que se extiende por la sociedad española y que reflejan cada vez más las encuestas. Los partidos españoles están jugando con fuego y eso se termina pagando. Desgraciadamente el precio va por cuenta de todos.