Desde el mismo momento en que Rajoy pronunció su discurso de investidura, en el que algunos observan tendencias “recentralizadoras”, los nacionalistas empezaron a mandar recaditos al Gobierno con las cantinelas de siempre: la pluralidad, la diversidad y los hechos diferenciales. Ya sabemos que España es plural, diversa y diferenciada, pero también es archiconocido que, al final, toda esta pelea entre comunidades y entre éstas y el Estado se reduce, fundamentalmente, a una mera cuestión de pasta, o sea, al reparto de la tarta, cuando hay tarta. Ahora, con la crisis, lo único que hay son tortas para quedarse con las migajas. Por ejemplo, en su estrategia de “insumisión” a todo y por todo para mantener en candelero su “transición nacional”, la “Generalitat” de Cataluña ha decidido suspender “transitoriamente” los pagos de las retenciones del IRPF y las cotizaciones de la Seguridad Social. El argumento es que la difícil situación de Cataluña se debe, entre otras cosas, a que el Estado no les paga los 759 millones de euros establecidos en el Estatuto catalán o que tampoco les paga los 1.430 millones del fondo de competitividad y así hasta 5.000 millones que, según sus cuentas, les debe el Estado en infraestructuras y otros menesteres. Una dinámica peligrosa esta de romper la baraja a las primeras de cambio y con argumentos tan poco originales. Lo mismo aducen el resto de las autonomías. Rara es la que no reclama “deudas históricas” o déficit en infraestructuras. Y ya puestos, también el Estado reclama los 18.700 millones que le deben las comunidades por los anticipos que les dio de más en 2009 por un error de cálculo. Vamos, que aquí el que no llora no mama, y esta es una constante que nos une por encima de la mayoría de los “hechos diferenciales”.

Encaje de bolillos

De ahí que entre las cuestiones importantes anunciadas por el nuevo Gobierno figuren, por un lado, la de poner un poquito de orden y coordinación entre las distintas administraciones, para ahorrar costes y evitar duplicidades y despilfarros, y la de abordar, por otro, un nuevo sistema de financiación de las autonomías, previsto para 2013. La primera, la de la “recentralización” que se temen los nacionalistas, va a ser complicada pero factible porque en la necesidad de acometer reformas está bastante de acuerdo el principal partido de la oposición, o sea, el PSOE. Al menos así lo refleja su programa electoral. Posiblemente también cuente con el apoyo de UPyD, aunque, al contrario que los nacionalistas, ve en las medidas apuntadas por el Gobierno una “recentralización” poco menos que de “chichinabo”. Hay que recordar que UPyD proponía en su programa, incluso, la devolución de competencias para acabar con ese desmadre administrativo que tanto cuesta al contribuyente. En lo del modelo de financiación, la cosa se presenta más complicada. Primero, porque se parte de una situación un tanto discriminatoria, como es la de los “cupos” vasco y navarro, que, por otra parte, fueron admitidos por todos en el pacto constitucional. Sistema de “cupo” al que, recordaba recientemente Basagoiti, no quisieron acogerse entonces los nacionalistas catalanes y que, ahora, reivindican hasta el punto de plantearlo como una más de las cuestiones “vitales” para su cansino eslogan del “encaje”. Una falacia más porque lo que realmente buscan los nacionalistas es el “desencaje”, basándose en unas cuentas y unas balanzas fiscales que, según ellos, perjudican a Cataluña, pero que realmente dependen mucho de la lectura que quiera hacerse de ellas y del economista que cada uno quiera creerse. De momento, la “Generalitat” ya ha dado por roto el actual pacto de financiación y amenazan con una nueva ley autonómica que les permita aprobar mediante consulta popular el “pacto fiscal” que, ahora sí, les conviene para equipararse a vascos y navarros. No les servirá de nada porque ni será un referéndum ni será vinculante. Les valdrá, eso sí, para alimentar su victimismo y mantener esa tensión con el Estado que tan rentable les resulta a los nacionalistas, y más en esta legislatura en la que su protagonismo y su capacidad de chantaje a un gobierno con mayoría absoluta están bastante mermadas. Populares y socialistas catalanes han anunciado que no apoyarán esa ley para no caer en su juego. Y la mayoría del resto de las comunidades ya se han pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de que no van a consentir más privilegios de unas autonomías sobre otras. El ex presidente socialista de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo lo ha advertido estos días al recomendar a Rajoy que “no abra paso” al pacto fiscal que plantea la Generalitat catalana porque “sería abrir el portillo a que comunidades autónomas como la de Madrid, que incluso aportan más al PIB que la de Cataluña, puedan decir yo quiero lo mismo” y a partir de ahí, alerta Escuredo, “quebraría todo el andamiaje del Estado”. Un argumento compartido, en principio, por los populares, de modo que a ver si hay suerte y PP y PSOE se ponen de acuerdo de una vez por todas para arreglar este desaguisado autonómico, pensando más en el interés general que en el particular y cortoplacista de cada uno de ellos. O sea, un pacto de Estado para “acabar con tanta tontería”, como decía el ex presidente socialista extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.