Ya estamos de nuevo con la Sanidad a vueltas y echando más chispas que el chupinazo de los sanfermines. En esta ocasión el encargado de encender la mecha ha sido el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, con sugerencias como que a partir de un determinado nivel de renta los contribuyentes tengan que contratar obligatoriamente una póliza de salud o que se imponga una tasa para pagar los medicamentos o que los médicos de atención primaria se hagan cargo de algunas de las tareas que llevan a cabo los especialistas. Ha sido tal el revuelo que el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha tenido que salir a enmendar la plana a su consejero. Los argumentos en contra eran, fundamentalmente, que esas medidas vulnerarían leyes e invadirían competencias del Estado y que podrían fragmentar el Sistema Nacional de Salud. Artur Mas tuvo que salir  al paso afirmando, poco más o menos, que se trataba de “reflexiones” en voz alta y no de una decisión adoptada por su Gobierno. Poco más de lo mismo ocurría hace unos meses cuando el presidente del Gobierno murciano, el popular Ramón Luis Valcárcel, sacaba a relucir el “copago” porque el dinero no le llegaba para mantener el sistema sanitario. Si a la Generalitat le han dado estopa por todos los lados; a Valcárcel le dieron una auténtica somanta, dialéctica se entiende, aunque también se trataba sólo de una “reflexión”. En aquella ocasión, el ex ministro socialista Jordi Sevilla, con su habitual sensatez y profundo conocimiento de los entresijos económicos de nuestro país, escribía en un periódico: “Menuda la ha liado esta semana el presidente murciano por decir, en público, lo que casi todos reconocen en privado: necesitamos un gran pacto nacional para decidir cómo pagamos lo que tenemos que pagar, ya que en la situación actual, los servicios básicos no pueden ser soportados sólo por el presupuesto de una región o de una nación” y se remitía al déficit y a la deuda pública existentes. “Pensar que prohibiendo el debate, descalificando a quienes señalan el problema o escondiéndose detrás de grandes palabra retóricas la deuda sanitaria desaparecerá por ensalmo es cometer un error y, todavía peor, confundir a los ciudadanos”, remataba el ex ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de Zapatero. Era también una “reflexión” en voz alta. No lo eran tanto las palabras de un secretario de Estado del mismo Gobierno  cuando desveló que el asunto del “copago” llevaba en los cajones del Ministerio desde los tiempos de Felipe González, como una posible alternativa para ayudar a sostener un  sistema sanitario que ya en 2005, advertía Sevilla, acumulaba un déficit de 15.000 millones de euros, sin contar, las “facturas impagadas” que dormían en los cajones y que la patronal farmacéutica estimaba, a 30 de septiembre de este año, en 10.000 millones, sólo en medicamentos de uso hospitalario y en tecnología sanitaria.

Mitos e imaginarios sociales

Lleva razón Sevilla cuando afirma que no se debe hurtar el debate ni descalificar a quienes advierten del problema ni mucho menos confundir al ciudadano. Y en ello parece que andan ahora los políticos. Lo del mal llamado “copago”, que en realidad es un “repago”, sigue siendo tabú. Políticamente incorrecto y socialmente injusto, pero algo habrá que hacer porque no se puede seguir escondiendo la cabeza debajo del ala. Lo primero, y en ello parece que coinciden todas las fuerzas políticas, es mejorar la gestión. Y para ello, lo fundamental es partir de un diagnóstico realista. Mal empezamos si, por ejemplo, la consejera andaluza de salud, la socialista María Jesús Montero, está convencida de que “la insostenibilidad del modelo, el despilfarro de lo público o el abuso de la ciudadanía” son “falsos mitos asentados en el imaginario social”. Bueno pues que se aclaren, porque su compañero de partido, o sea Jordi Sevilla, ya apuntaba en la dirección de la “insostenibilidad” si no se adoptan reformas urgentes. Sobre el despilfarro, la propia ministra Pajín lo ponía de manifiesto en precampaña. Ponía el énfasis en las comunidades que electoralmente le interesaban, pero no hay más que tirar de hemeroteca para comprobar la cantidad de duplicidades, chiringuitos públicos, gastos superfluos, cuando no suntuarios, e irregularidades varias, para comprobar que es una realidad mucho más patente que los “falsos mitos del imaginario social” que dice la consejera andaluza. Y sobre el abuso sanitario de la ciudadanía, no tiene más que leerse el propio programa electoral de su partido, página 88, para comprobar que habla de “usos inadecuados del sistema” y la necesidad de mejorar el control para evitar “abusos”. Es decir, o el programa del PSOE está basado en “mitos e imaginarios sociales” o la consejera andaluza vive en el País de las Maravillas. Y hablando de programas, no hay más que echar un vistazo al de los dos partidos mayoritarios, para comprobar que son coincidentes en buena parte de las propuestas, como en la necesidad de transparencia, en el uso racional del sistema, en la colaboración y coordinación de la autonomías, en la necesidad de una tarjeta única y válida en todo el territorio nacional, etcétera. Ni siquiera, en la cuestión pública o privada hay grandes discrepancias. El propio programa socialista habla de la sanidad privada como complemento de la pública. A estas coincidencias en el diagnóstico se unen múltiples voces, empezando por CiU y terminando por populares y socialistas, que reclaman un pacto de Estado sobre la sanidad. Otras, empezando por la propia Pajín y terminando por el acuerdo unánime alcanzado esta semana en el Parlamento de Castilla y León, abogan por un Ministerio de Sanidad fuerte que lidere el cambio en el conjunto del Sistema Nacional de Salud a través de un Consejo Interterritorial “verdaderamente operativo”, incluso “vinculante”, como “principal órgano de coordinación y planificación del sistema” que permita garantizar la cohesión y la igualdad en todo el territorio nacional. Otras, como  UPyD, van más allá y plantean, incluso, la devolución de competencias. O sea, que prácticamente todos, menos la consejera andaluza, coinciden en el diagnóstico de que hay que racionalizar el sistema para evitar que entre en la UVI, si es que no lo está. De modo que, al menos en teoría, no hay excusas para que los políticos se pongan de acuerdo de una vez por todas para arreglar este desaguisado y evitar, por ejemplo, los bochornosos casos de la “guerra” de las recetas entre Aragón y Cataluña o la de la atención a pacientes entre el País Vasco y la Rioja. Y aquí no hay “mitos ni imaginarios sociales”. No es hora de maniqueísmos, sino de pragmatismos. Ni de milongas ideológicas, políticas o electorales interesadas. Que la sanidad y su gestión no nos salen gratis, como se empeñan algunos. De modo que menos “imaginarios”, más imaginación y más currar, que para eso se les paga a los responsables políticos.