¡Qué hartazón! Otra vez con el catalán a vueltas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da un plazo de dos meses a la Generalitat para que cumpla la sentencia del Supremo sobre el bilingüismo en la educación y ya está liada de nuevo la parda. Los nacionalistas y los social-nacionalistas se rebelan y plantean el incumplimiento de la decisión judicial porque les toca las narices o porque les sale de las narices. La Generalidad recurre la decisión del TSJC aduciendo, según su portavoz, Francesc Homs, que ni el Supremo ni el TSJC “están habilitados” para valorar si una ley se ajusta al marco constitucional vigente ni para acabar con el modelo de inmersión lingüística que, además, cuenta con el respaldo de la Constitución. Curioso que recurran a la Constitución cuando les interesa y la pongan como un trapo cuando no. En cualquier caso, es una verdad a medias, seamos claros. Según los expertos, ni la sentencia del Supremo ni el plazo dado por el TSJC para que se cumpla cuestionan el modelo educativo de la Generalitat en cuanto a que el catalán sea lengua vehicular en la educación; se limitan a proteger derechos y libertades de ciudadanos, basándose, precisamente, en la doctrina del Tribunal Constitucional, que guste o no, o sólo guste a veces y a conveniencia, es el encargado de velar por que las leyes se ajusten a una Constitución en cuya elaboración, no lo olvidemos, participaron activamente los nacionalistas catalanes y que fue aprobada mayoritariamente por el pueblo catalán. Y en su sentencia sobre el “Estatut”, el TC, efectivamente, avala el modelo que sitúa al catalán como “lengua vehicular” tanto en la escuela como en la universidad. “Nada impide –dice el TC- que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza”, pero subraya el Alto Tribunal que el castellano es “objeto de idéntico derecho” y que por ello no se puede excluir “como lengua docente”. Y abunda la sentencia del TC en que los particulares, en consecuencia, son los “titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de las dos lenguas”. La propia Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias otorga a los padres la potestad de elegir la lengua oficial en que quieren que sean instruidos sus hijos. De modo que, por mucho que se molesten los nacionalistas, no pueden aducir ahora presión ni represión alguna por parte del Estado al catalán ni a la enseñanza en catalán para exhibir su habitual y rentable victimismo histórico. Los tribunales se limitan a defender derechos de los ciudadanos, tanto de los que quieren ser educados en catalán como de los que quieren ser educados en castellano, las dos lenguas maternas y oficiales de la Comunidad catalana, que, por cierto, llevan conviviendo muchos siglos sin conflictos en el ámbito social, según reconocen los propios nacionalistas y social-nacionalistas. Lo que no se entiende es que si esa convivencia es tan ejemplar y ese  bilingüismo secular no plantea el más mínimo problema en el ámbito social, ¿por qué lo va a plantear en el ámbito docente? Más bien parece que quienes crean el conflicto son quienes proscriben en la educación y en la vida social una de las dos lenguas oficiales, conculcando derechos y libertades de padres de alumnos y de comerciantes que son multados por rotular en castellano. Eso, lo disfracen como lo disfracen, sí es represión. Un argumento recurrente para enmascarar esa represión con la cantinela de la “discriminación positiva” es que el catalán puede correr el riesgo de desaparecer. Eso sí que sería una auténtica desgracia cultural que nadie desea, pero aquí lo que se cuestiona es si el mejor método para preservarlo es la imposición o es el convencimiento de la responsabilidad y la necesidad ética, moral, legal, cultural y hasta sentimental de fomentarlo para preservarlo, pero sin causar “daños colaterales”. Por lo demás, no nos engañemos, lo que subyace en el trasfondo del asunto es que de las lenguas se han hecho banderas políticas con afanes de una más que dudosa eficacia “identitaria”. Hablar catalán no convierte a un senegalés automáticamente en catalán, como hablar castellano no convierte automáticamente a un chino en español. El bilingüismo es una seña de identidad de Cataluña, además de una auténtica riqueza cultural y de la otra. No olvidemos que el castellano o español, la lengua “enemiga” para algunos, es y ha sido durante siglos un buen negocio para el potente sector editorial catalán. Las encuestas no son concluyentes, pero aproximan bastante a las realidades sociales y la publicada ayer por ABC revela que más del 80 por ciento de los catalanes son partidarios de una educación bilingüe y casi el 70 por ciento está en contra de las sanciones por rotular en castellano. Lo demás, politiqueo de tres al cuarto, y más ahora que estamos en precampaña electoral. CiU y la Generalitat exhibiendo “testosterona” para encandilar a los más soberanistas del barrio, aun a costa de dar un pésimo ejemplo de cultura antidemocrática al trasladar a la calle la idea de que sólo hay que cumplir las resoluciones judiciales que a cada cual le interese. Y los social-nacionalistas azuzando para pescar en río revuelto. Sobre ¿qué va a pasar? Pues en el terreno judicial ya veremos cuando se resuelva el recurso, pero ya hay antecedentes de inhabilitación a un político autonómico por no acatar la ley (caso Atutxa) y no pasó nada, salvo el cabreo temporal de unos pocos. Y en el terreno político, pues lo de siempre, que en cuanto pasen las elecciones, echarán mano de la libreta y la calculadora y a pactar con el más pintado, que el “negoci” es el “negoci” y con las cosas de comer no se juega. Lo dicho, el mismo coñazo de siempre.