Los nacionalistas suelen enarbolar esta norma para denunciar los incumplimientos del Estado, pero obvian sus propios incumplimientos

 “España incumple la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias, sobre todo, en los ámbitos de la justicia y la enseñanza”. Esta es la cantinela ya clásica que suelen esgrimir los partidos nacionalistas o social-nacionalistas de las comunidades españolas bilingües para mantener vivo y llevar a su terreno el conflicto lingüístico con fines, generalmente, políticos, propagandísticos y, finalmente, electorales. Posiblemente lleven algo de razón y sea verdad que España no cumpla del todo la Carta Europea. Pero es que juegan con ventaja, ya que esta norma sólo obliga a los Estados que la suscriben, pero no a las comunidades, que siempre se “van de rositas”, aunque también incumplan flagrantemente varios preceptos esenciales de la misma y que, generalmente, los comités de expertos de la UE pasan por alto. En esta ocasión, la cantinela en cuestión viene entonada, en declaraciones a Efe, por la profesora de Derecho de la Universidad de Santiago, Alba Nogueira, coordinadora de unas jornadas celebradas esta semana en la capital gallega sobre la aplicación de la mencionada Carta y que cuentan  con la presencia de expertos de varias universidades.

Se da la circunstancia de que la Carta tiene una doble lectura. Cierto que su propósito es promocionar al máximo las lenguas regionales y minoritarias para evitar el riesgo de que puedan desaparecer como patrimonio cultural de Europa. Por eso en el preámbulo establece que “el derecho a utilizar una lengua regional o minoritaria en la vida privada y pública constituye un derecho imprescriptible”. También prevé en el artículo 7, “Objetivos y principios”, en el apartado f: “La provisión de formas y medios adecuados para la enseñanza y el estudio de las lenguas regionales o minoritarias en todos los niveles apropiados”. También “…promover la igualdad entre los hablantes de dichas lenguas y el resto de la población…” Y todo ello en un ambiente de “respeto, comprensión y tolerancia”. Todo muy bonito. Así, en el ámbito de la educación, la norma obliga a prever y garantizar que una parte substancial de la enseñanza se haga en la lengua regional correspondiente.

Lenguas oficiales

Lo que suelen obviar los nacionalistas y los social-nacionalistas es que la Carta en su preámbulo, también advierte de que “la protección y el fomento de las lenguas regionales no deberían hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de aprenderlas”. Y que toda esa protección y fomento de estas lenguas regionales debe estar “basada en los principios de la democracia y de la diversidad cultural, en el ámbito de la soberanía nacional y de la integridad territorial.” También suelen hacer oídos sordos a que las disposiciones de la norma sobre la educación en la lengua regional correspondiente se debe hacer, según el artículo 8, “sin perjuicio de la enseñanza de la lengua oficial del Estado” y cuando las “familias de los alumnos lo deseen y cuyo número se considere suficiente”.

Traducciones de pago

También en el ámbito administrativo y de servicios públicos la Carta establece en su artículo 10 que se deben facilitar los trámites, los formularios y las comunicaciones en la lengua regional correspondiente, pero con un significativo “también” que indica que no se debe excluir a la lengua oficial del Estado. Así, por ejemplo, en el apartado 1.b de este artículo establece que hay que “poner a disposición de la población formularios y textos administrativos de uso frecuente en las lenguas regionales o minoritarias…” o, recalca “en versiones bilingües”. Algo muy alejado de una reciente resolución del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que valida la actuación del juez Víctor Casillas, del juzgado de primera instancia número 4 de Vic (Barcelona), que había recibido la queja de un abogado al que éste le negó la traducción gratuita al castellano de determinados documentos referidos a una causa tramitada en ese juzgado. El CGPJ viene a aducir que el juez no se negó a facilitarle la traducción y por lo tanto no incurría en falta. El juez se limitaba a que si quería la traducción de la documentación requerida, el abogado tendría que correr con los costes. Como se ve lo de las “versiones bilingües” que recomienda la carta parece que no cuaja en algunas autonomías.

Parlamentos monolingües

Como no cuajan tampoco los apartados “e” y “f”  del artículo 8 en los que advierte que “el empleo por las colectividades regionales (y locales) de las lenguas regionales o minoritarias en los debates de sus asambleas debe hacerse, sin excluir, no obstante, el empleo de la lengua oficial del Estado”. El ejemplo más reciente lo tenemos en el Parlamento gallego donde ayer el diputado del PP Ignacio López Chaves recibió una airada reprimenda de los nacionalistas y social-nacionalistas por ejercer su “derecho” y su “libertad” de dirigirse a la Cámara en castellano, también lengua “oficial” en Galicia.

 No estaría mal, pues, que los insignes representantes de las universidades extranjeras invitados a estas jornadas sobre la Carta Europea de las Lenguas Regionales y los “expertos” de la Comisión Europea se dieran una vuelta por las administraciones autonómicas y locales bilingües españolas y sus respectivas asambleas para comprobar el grado de cumplimiento de la Carta que tanto enarbolan. O echar un vistazo a los idearios de los partidos nacionalistas que tanto defienden la norma europea, para comprobar si realmente se ajustan a su artículo 5, en el que “obliga” a que “nada en la presente Carta podrá ser interpretado en el sentido de que lleve consigo el derecho de emprender cualquier actividad o de realizar cualquier acción que contradigan los fines de la Carta de las Naciones Unidas u otras obligaciones del Derecho internacional, incluido el principio de soberanía y de integridad territorial de los Estados”.