Si no fuera porque de este asunto depende la supervivencia, o sea, el paro de 100.000 familias de Levante, el folletín del Estatuto castellanomanchego sería el peñazo del siglo. Qué aburrimiento. En unas horas retomarán en la comisión constitucional del Congreso la negociación del texto, tras el enésimo desencuentro escenificado hace dos semanas y más de dos años dando la “barrila” con el conflicto del agua. A estas alturas, da la sensación de que, en el fondo, no lo quiere nadie. Lo bombardean por todos los lados los socialistas y populares de Murcia y Valencia, y sus homólogos de Castilla-La Mancha no hacen más que ponerse piedras en el camino o jugar al escondite para no encontrarse. Y así tienen a sus compañeros de la comisión en el Congreso jugando a la gallinita ciega sin tener ni idea de cómo salir de un círculo tan vicioso que parece imposible que cualquiera de los jugadores pueda salir inmaculado de este asunto.

Ambos partidos en la Cámara reconocen que llegan a la nueva reunión en el mismo punto en que dejaron la anterior, o sea, con buena voluntad y pocos acuerdos. Y otra vez lo mismo. El PSOE, con su última oferta: se retira la mención a la caducidad del trasvase, pero se incluye en el preámbulo o en alguna adicional una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos, o sea 2.000 menos de los que pretendía en un principio. Y no hay más rebajas. Lo toman o lo dejan. Y vuelven a insinuar su amenaza de que si no hay acuerdo lo sacarán en solitario con el resto de los grupos parlamentarios. Para los populares, no es serio que la propuesta se la hagan a última hora y de palabra, como en los mercados de ganado. Lo piden por escrito. Y luego, ya veremos, primero porque, según el portavoz del PP en la ponencia, Arturo García-Tizón, “no está mal que el

Estatuto castellanomanchego incluya alguna concreción sobre la reserva, pero es que el PSOE siempre ha puesto encima de la mesa estimaciones y no una cantidad concreta”. Y vuelve a insistir en que el Estatuto tiene más cosas y no hay que hacer de la reserva de agua la pieza clave.

¿Y el dinero del agua?

Para los socialistas castellanomanchegos sí es la pieza clave, por eso vuelven a sacar de la chistera el mal uso que hacen en Levante del agua del Tajo-Segura. Ese mal uso, según los informes de Barreda, se reduce a que lo destinan a regar campos de golf. Lo airearon en las vísperas de la anterior reunión de la ponencia y lo vuelven a hacer ante la reunión de este jueves, al anunciar que llevarán el mencionado informe a la Cámara  regional. De nada le vale al presidente castellanomanchego que se lo haya desmentido la propia Confederación Hidrográfica del Segura, dependiente, del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Trasvases republicanos

En plena “drea”, el PP de Murcia le responde que ya puestos a investigar, “debería analizar a qué usos se han destinado los miles de millones que los regantes murcianos pagan por el agua del trasvase y si se ha cumplido el objetivo que la ley marca para ese dinero” y que se dejen ya de tanta “farsa”  y de tanta “avaricia electoral esquizofrénica”.

O sea, ni los populares ni los socialistas de Levante están dispuestos a “tragar” con caducidades ni con reservas, porque sería un Estatuto “jurídicamente inconstitucional,

técnicamente inviable y políticamente impresentable la propuesta de una reserva de 4.000 hectómetros cúbicos de agua”. Y lo avalan con datos: la capacidad de los embalses del territorio de Castilla-La Mancha es de 5.744 hectómetros cúbicos, que, a día de hoy, con un magnífico año de lluvias, almacenan 2.991, aunque la media de los

últimos diez años es de 1.853 hectómetros cúbicos embalsados, de modo que para los populares murcianos, hablar de una reserva de 4.000 es técnicamente inviable.

Otro argumento lo aporta el consejero valenciano de Medio Ambiente, Juan Cotino, al insistir en que “trasvasar agua de una cuenca a otra es una práctica que se lleva a cabo en todo el mundo y, por lo tanto, no se trata de una política exclusiva del Partido Popular”. Y recuerda que ya en el Gobierno de la II República fue diseñado un trasvase del Ebro hasta Almería, así como embalses en el Júcar, trasvases del Júcar al Turia y del Tajo al Segura. Concluye Cotino: “Si los socialistas fueran coherentes consigo mismos, aquello que fue diseñado en la época de la II República y que posteriormente puso en marcha Josep Borrell, siendo ministro de Felipe González, lo llevarían a cabo ahora con el apoyo del PP”. También hay que recordar que, en tiempos de Borrel, los populares, aunque no hacían ascos a los trasvases, recordaban al ministro socialista que tampoco debía olvidarse de la desalinización.

Derechos para todos

En fin, la nueva reunión se aborda con el agua tan turbulenta como siempre, aunque con algunos puntazos de cordura. Como el de la presidente de los populares castellanomanchegos y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, apostando por la discreción y por un acuerdo bueno para Castilla-La Mancha que refleje la prioridad de la región sobre el agua, como parte de la cuenca cedente, y que respete la solidaridad interregional y contemple “la necesidad de un Plan Hidrológico Nacional”. El otro aporte lo hacía hace un par de días el delegado del Gobierno en Murcia, Rafael González Tovar, al afirmar, según Europa Press, que espera “como murciano” que la Región de Murcia “no salga perjudicada” por el Estatuto de Castilla La-Mancha, porque, a su juicio, “es compatible reconocer el derecho al agua, que ya lo tiene Castilla-La Mancha, con la consolidación del trasvase Tajo-Segura”. A este respecto sentenciaba: “el Gobierno de España está invirtiendo en obras diferentes de consolidación del trasvase y desde luego la información que yo tengo desde el Ejecutivo central es que en ningún momento ha pasado la hipótesis de que este trasvase sufrirá ninguna merma”.