Hace apenas un par de meses, en la permanente campaña electoral en que nos encontramos en este país, se suscitó el sempiterno debate sobre las autonomías. Las manifestaciones de algunos políticos populares sobre la posibilidad de devolver competencias por falta de fondos para gestionarlas, agudizada además por la profunda crisis que padecemos, volvía a poner el asunto en candelero. No era la primera vez ni eran los populares los únicos que habían azuzado el debate. En más de una ocasión, destacados dirigentes regionales socialistas también lo habían sugerido de alguna u otra forma. El caso es que unos y otros se enzarzaron en lo de siempre, o sea, en lo de la liquidación del Estado o lo del jacobinismo y la involución. Un fervor a pares que hacía presagiar un intenso debate cuando empezara el periodo legal de la campaña electoral propiamente dicha. Sin embargo, el globo se ha desinflado. Al menos hasta ahora, el asunto apenas ha tenido presencia en los mítines, debates y propagandas. Pese a esas escasísimas referencias y por mucho que unos canten las excelencias del sistema y otros no las vean tan excelentes, lo cierto es que los problemas existen, aunque en campaña sólo se canten en voz baja. No hay más que echar un vistazo a los programas electorales para comprobar que casi todos, al menos, reconocen que hay cosas que “reparar”, especialmente porque la crisis ha puesto de manifiesto que el festín autonómico sale bastante caro y hace agua por más de una grieta. Eso sí, existen diversas ópticas para abordarlo. Los nacionalistas vascos y catalanes, por ejemplo, van a lo de siempre: ¿qué hay de lo mío? Entre los principales partidos minoritarios de ámbitos estatal, UPyD e IU, hay dos propuestas en las antípodas uno del otro. Mientras que los primeros proponen la devolución al Estado de competencias esenciales, como educación, sanidad o justicia o eliminar los privilegios forales estableciendo una fiscalidad común para todos y garantizar la igualdad de derechos lingüísticos en las comunidades bilingües, los segundos proponen una revolución hacia una tercera república de corte federal que incluya autodeterminaciones a la carta. Lo de siempre. Mucho más sorprendente es que, curiosamente, los programas de los dos grandes partidos nacionales coinciden en muchos de los diagnósticos, pese a tanta pelea de salón cada vez que se suscita el asunto. Por ejemplo, en sus textos, tanto PP como PSOE, hablan de transparencia, de necesidad de un sistema informático o de información común, de mayor colaboración y cooperación entre administraciones, de definir servicios comunes o básicos esenciales, de fortalecer la cohesión territorial, de reducir la estructura política de las administraciones o de adelgazar ministerios para adaptarlos a sus nuevas funciones y, todo ello, apelando a una mayor “lealtad” institucional. Cuestiones todas de las que, es de suponer, adolece el actual Estado de las autonomías porque si no, no irían en sus respectivos programas electorales como asuntos manifiestamente mejorables.

Ahora que tanto Rajoy como Rubalcaba, al menos de boquilla, han expresado su voluntad de diálogo y colaboración sea cual sea el Gobierno que surja de los próximos comicios y a la vista de tanta coincidencia en este asunto, no estaría de más que lo tomaran como punto de partida para un pacto de Estado que ponga un poco de orden, al menos, en el guirigay autonómico.