Decía recientemente el secretario de Organización del PSOE y todavía presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, que “España estaba ahora más cohesionada que nunca”. Pues bien, después de la aprobación de la ley aragonesa de lenguas, que, según los más críticos, viene a cooficializar el catalán en Aragón, y de la creación ahora, a un mes vista de las elecciones, de la Academia del Catalán en la región, parece que no está “cohesionada” ni a la propia sociedad aragonesa. Dos partidos, PSOE y Chunta Aragonesista (CHA) son los promotores de ambas medidas; PP y Partido Aragonés (PAR) son contrarios a ambas, fundamentalmente por su planteamiento, y parecen dispuestos a modificarlas, si los comicios autonómicos dan la vuelta a la tortilla. De momento, las últimas encuestas dan mayoría absoluta en Aragón a la suma PP-PAR, pero con los regionalistas nunca se sabe.

Independientemente de los resultados electorales, lo cierto es que tanto la ley lingüística como, ahora, la mencionada Academia cuentan con un importante rechazo social encauzado a través de la plataforma “No Hablamos Catalán”, una de las entidades que junto a medio centenar de asociaciones culturales de Aragón, Valencia y Baleares se oponen a la “colonización” catalana de estos territorios de la antigua Corona de Aragón. De momento, la Plataforma califica la creación de la Academia Aragonesa de la Lengua Catalana como el “caballo de Troya” del nacionalismo catalán para apoderarse, al menos culturalmente, de parte de la comunidad aragonesa y acusa de “traidores” a Marcelino Iglesias, al PSOE y a CHA, a la que califican de franquicia de ERC en la región y colaboradora de las asociaciones que rechazan la devolución de los bienes de la Franja y defensoras de la falacia de los “países catalanes”. Al margen de iniciativas para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de lenguas, juristas consultados por la Plataforma sostienen que la Academia Aragonesa de la Lengua Catalana carecerá de competencias, salvo que se pliegue a los dictados de la Generalidad de Cataluña, dado que el “Estatut”, en su articulo 143 se arroga la exclusividad sobre el catalán y su regulación. Esta es, además, una ley orgánica mientras que la aragonesa es una ley ordinaria, o sea, de rango inferior, de modo que cualquier resolución de la Academia aragonesa o se somete a los dictados de la “Generalitat” o será una injerencia en el “Estatut”.

¿El huevo o la gallina?

En cualquier caso, estamos en lo de siempre: el problema no son las lenguas en sí, que no son “propias” de nadie, salvo de quien quiera aprenderlas y utilizarlas, sino de la prostitución que de ellas han hecho los políticos para sus intereses partidistas. Y en el origen de todo, lo de siempre: ¿qué fue antes el huevo o la gallina? Para los lingüistas de cabecera del nacionalismo catalán, su lengua es la auténtica, genuina y verdadera, pero otros filólogos de Aragón, Valencia o Baleares no están dispuestos a tragar las ruedas de molino con que intentan hacerles comulgar los nacionalistas catalanes. En Aragón, por ejemplo, temen que con la ley y la Academia que les impone como despedida el “traidor” Marcelino Iglesias algunas toponimias tradicionales de las lenguas aragonesas, como Altorricó, Valderrobres o Torrevelilla, pasen a catalanizarse como “El Torricó” “Vall-de-roures” o “Torre de Vilella”. O que se homogenicen como catalán el fragatino, el ribagorzano, el literano o el chapurreat para mayor gloria de los “países catalanes”. Seguro que hay lingüistas para todos los gustos y cada cual muy libre de creerse al que le plazca, pero los aragoneses sostienen, documento en mano, que antes de que existiera Cataluña como entidad propia, ya se hablaban esas lenguas en territorio aragonés y, por tanto, no tienen por qué plegarse a los intereses del nacionalismo catalán. Admiten, eso sí, que esas lenguas aragonesas provienen de la que se hablaba en Limoges (Francia), llamada “limosín”, que curiosamente entró por el condado de Ribagorza y del cual derivan el aragonés, el catalán, el valenciano y el balear por ese orden. El filólogo Héctor Castro va más allá al afirmar que en el XVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románicas, celebrado en 1980 en Palma de Mallorca, de 723 filólogos venidos de universidades de todo el mundo sólo 36 (el 5 por ciento) avalaron que en Aragón, Valencia y Baleares se habla catalán, con el agravante añadido de que sólo 7 de los 22 miembros del comité científico apoyaron la conclusión catalana. No obstante, a nadie se le escapa que todas ellas son prácticamente la misma lengua con ligeros matices diferenciales. En el fondo es un conflicto de identidades y de “copyright” y, sobre todo, de desconfianza hacia un nacionalismo catalán, que, al margen de sus intereses lingüísticos, parece perseguir anexiones territoriales y culturales por encima de los sentimientos de los oriundos y con escasos argumentos históricos con que avalar tales afanes. El exceso de fulanismo político es el que impide que la cohesión sea una realidad por encima de los espejismos que nos intentan vender algunos.