No es lo mismo, pero como idea para el debate no está mal, por aquello de “las barbas del vecino” y los remojos. El gobierno italiano acaba de adoptar, entre sus medidas de ahorro, agrupar ayuntamientos y reducir provincias. Evidentemente no es la misma situación que en España, aunque existen similitudes evidentes. Aquí, en nuestro país, es un clamor la necesidad de reducir el gasto en los cuatro niveles de Administración de que disfrutamos o que padecemos, según los gustos de cada uno. Una de las posibilidades que se barajan es la eliminación de alguna de ellas, como las diputaciones provinciales, que llevan casi todas las papeletas, porque, al menos en teoría, son las más débiles. El problema es que aquí el gallinero se alborota con más facilidad que en Italia cuando se trata de reducir o alterar las cuotas de poder territorial de los partidos. En Italia esperan ahorrar 9.500 millones en dos años con la supresión de 34 provincias con menos de 300.000 habitantes y la agrupación de 1.500 municipios de menos de 1.000 habitantes. En España no existe demasiado debate sobre la necesidad de agrupar municipios pequeños o, incluso, medianos, en mancomunidades o áreas metropolitanas para ahorrar costes, pero cuando se habla de suprimir diputaciones provinciales, la trifulca está servida. Ni siquiera en los senos de los propios partidos se ponen de acuerdo, porque el asunto tiene un trasfondo sentimental, económico y, sobre todo, político que, de momento, impide cualquier acuerdo al respecto.

La provincia sentimental

Una diferencia esencial es que en Italia parece que la “provincia” en sí, salvo excepciones, no tiene tanto arraigo como en España. De hecho, allí todavía en 2009 se seguían creando provincias. En nuestro país, sin embargo, la provincia forma parte de nuestra identidad sentimental. Uno puede ser español y de la comunidad autónoma que corresponda, pero también se identifica con su municipio y con su provincia. Por eso queda reflejada su presencia institucional en la propia Constitución, que establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y comunidades autónomas y todas estas entidades “gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”. El artículo 141.1 abunda en que la provincia es “la entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado”. Sin embargo, la hipócrita  dictadura de lo “políticamente correcto” impide que se cuestione un ápice la “autonomía” de las comunidades, mientras que plantear la supresión de la “autonomía” de las provincias, o sea, sus diputaciones, puede resultar hasta “progresista”. Aunque tampoco está muy claro. Por ejemplo, en el PSOE, Felipe González, es acérrimo partidario de eliminarlas, mientras que el que fue su vicepresidente, Alfonso Guerra, aboga, al igual que Zapatero, por mantenerlas. No obstante, parece que se extiende entre las filas socialistas la idea de eliminarlas o reducirlas a un mero papel consultivo, justo ahora que han perdido también la mayoría de las diputaciones tras el 22-M, lo que en el PP se interpreta como mero oportunismo. Quienes más apuestan por la supresión de las diputaciones son los nacionalistas, pero con condiciones de conveniencia. Por ejemplo, de eliminar las diputaciones vascas, naranjas de la china. Y con los cabildos canarios o los consejos insulares de Baleares, lo mismo. O sea, eliminación selectiva. En el fondo lo que pretenden los nacionalistas es borrar de sus comunidades unas instituciones como las diputaciones, dotadas de autonomía propia y que orgánicamente están para “el cumplimiento de las actividades del Estado”. Vamos, que no quieren “competencia” en su territorio y mucho menos del Estado. Otra cosa sería que pasaran a depender de las comunidades, como pretenden los nacionalistas.

Todo por la “pasta”

El gran problema de las diputaciones es que realmente casi nadie sabe para qué sirven ni cuanto cuestan. Sus detractores las reducen a meros cementerios de elefantes donde los partidos “colocan” a sus excedentes de cargos. Sus defensores, sin embargo, sostienen que cumplen un papel fundamental en un sinfín de atenciones, especialmente, a los municipios más pequeños, que estarían dejados de la mano de Dios -si no fuera por las diputaciones- porque no interesan mucho electoralmente hablando. En lo que coinciden casi todos es en que, en cualquier caso, habría que modernizar sus estructuras y definir mejor sus cometidos. Y lo que no tiene sentido es que aboguen por su desaparición los defensores a ultranza de la descentralización administrativa. Al fin y al cabo, las diputaciones, en teoría, son administraciones autónomas de nivel provincial. O sea, descentralización pura y dura. También hay muchas críticas a que la descentralización del Estado en autonomías en realidad no es más que el reparto administrativo entre 17 centralismos, o, mejor, entre 10 centralismos de las comunidades pluriprovinciales. Sin embargo, parece que nadie se plantea eliminar las “tropecientas” delegaciones provinciales de los gobiernos autonómicos, que también cuestan una “pasta” y que, al menos en teoría, deberían cumplir funciones similares a las de las diputaciones. Pero parece que eso no es políticamente correcto. Las delegaciones dependen del poder central de los gobiernos autonómicos y las diputaciones, no. Esa es la cuestión: la lucha por el mangoneo del poder, o sea, del dinero público. Lo demás, zarandajas. Carísimas, por cierto.