Dice Rubalcaba que su partido ha “perdido la capacidad de vertebrar una España plural” y que tienen “un problema de definición política”. Y añade que la falta de un discurso único en todas las comunidades y la pérdida de contacto con las clases medias, los jóvenes y los mayores han llevado al partido a la “situación difícil” en que se encuentra en estos momentos. Ha tardado en darse cuenta. La primera indefinición política que debía haber detectado fue cuando el propio Zapatero se refería a España con aquello de que el concepto de nación es “discutido y discutible”. Puede que lo sea, o no, pero desde  luego, no puede serlo a conveniencia. O sea, para unas naciones sí y para otras no, según soplen los vientos. Parece evidente que el PSOE, y él mismo en su etapa zapaterista, se habían olvidado demasiado de la “E” de sus siglas, para jugarse la partida en terreno de los nacionalismos periféricos. Unas veces, para procurarse apoyos de gobernabilidad a cambio de concesiones, digamos que inadecuadas por no decir insensatas, y, otras, directamente, para intentar quitarles clientela electoral a esos nacionalismos. No se trata, dicen sus acólitos, de revisar el Estado de las autonomías, sino de que, como explica Elena Valenciano, “el partido diga lo mismo en todos los territorios y, sobre todo, que los ciudadanos lo perciban así; un partido nacional que vertebre España, que últimamente lo teníamos olvidado”. Y pone como muestra que “los distintos discursos sobre el agua” que han esgrimido durante estos años “son un ejemplo del problema”, que “empezaron a detectar en 2008” y que en estas elecciones se han traducido en los votos que se han ido, por “esas ausencias de discurso nacional”, hacia el PP y UPyD. Un poco tarde se dieron cuenta del  problema, cuando era un clamor a voces. Y todavía algunos dirigentes socialistas, como Marcelino Iglesias, tres años después de ese 2008, en febrero de 2011, afirmaba sin recato que España “está ahora más cohesionada que nunca” y que la política hidráulica de Zapatero había “permitido que todo el mundo tenga agua y que no haya conflictos entre las distintas comunidades autónomas”, justo cuando en las dos últimas legislaturas, a raíz de la derogación del trasvase del Ebro, es cuando más se ha recrudecido la “guerra” del agua entre comunidades autónomas y entre partidos, dentro incluso de sus estructuras internas. Prácticamente todas las reformas estatutarias fueron recurridas por las autonomías vecinas por los insolidarios “blindajes” del agua que se procuraba cada comunidad y que tanta guerra han dado en el Tribunal Constitucional. Más que olvido, como dice Valenciano, ha sido miopía, pero nunca es tarde si la dicha es buena, de modo que bienvenidos a esa tarea de “vertebración”, que no es otra cosa, según el diccionario de la RAE, que “dar consistencia y estructura internas, dar organización y cohesión” a la España plural, antes de que otro iluso nos venga con que ya “está más cohesionada que nunca”. Parece evidente que, después de más de 30 años de democracia, no lo está tanto, por eso Rubalcaba en el capítulo de intenciones para su proyecto de partido parece que lleva la necesidad de “vertebrar”, o sea de dar cohesión, a España.

¿Convicciones o estrategia?

Bienvenido a la sensatez, siempre que este “discurso nacional” sobrevenido no sea más que una mera estrategia frente a la candidata catalana a la secretaría general, Carme Chacón, tras la deriva del PSC, su partido, a posiciones más próximas, en determinadas cuestiones, al nacionalismo secesionista de CiU que al propio PSOE. Sobre todo, ahora que a Chacón parece que le conviene más ejercer de andaluza que de catalana. Y aprovechando el tirón regeneracionista del partido como formación de ámbito nacional, no estaría de más que el PSOE que salga del próximo congreso se aviniera, junto al PP, a los grandes pactos de Estado que demanda buena parte de la sociedad en cuestiones vitales, como la reestructuración y coordinación de las distintas administraciones, la sanidad, la educación, la gestión del agua o la justicia. Fundamentalmente, porque aquí, con esto de las autonomías, hemos pasado de la descentralización a la dispersión, que es una cosa muy diferente. Lo primero, o sea la descentralización, responde al mandato constitucional de acercar la Administración al ciudadano para hacerla -al menos en teoría- más eficaz; lo segundo, la dispersión, obedece al negocio sociopolítico de los partidos nacionalistas. A estas alturas, parece que el PSOE ha comprendido que competir en “dispersión” no les ha resultado precisamente rentable. Las formaciones secesionistas, en general, están más fuertes que nunca en sus feudos respectivos y el PSOE, hecho unos zorros. Sin duda por su mala gestión de la crisis económica, pero también por una crisis de identidad, que  ahora reconocen, les llevó a relegar al “olvido” su condición de partido de ámbito nacional.

Desde el mismo momento en que Rajoy pronunció su discurso de investidura, en el que algunos observan tendencias “recentralizadoras”, los nacionalistas empezaron a mandar recaditos al Gobierno con las cantinelas de siempre: la pluralidad, la diversidad y los hechos diferenciales. Ya sabemos que España es plural, diversa y diferenciada, pero también es archiconocido que, al final, toda esta pelea entre comunidades y entre éstas y el Estado se reduce, fundamentalmente, a una mera cuestión de pasta, o sea, al reparto de la tarta, cuando hay tarta. Ahora, con la crisis, lo único que hay son tortas para quedarse con las migajas. Por ejemplo, en su estrategia de “insumisión” a todo y por todo para mantener en candelero su “transición nacional”, la “Generalitat” de Cataluña ha decidido suspender “transitoriamente” los pagos de las retenciones del IRPF y las cotizaciones de la Seguridad Social. El argumento es que la difícil situación de Cataluña se debe, entre otras cosas, a que el Estado no les paga los 759 millones de euros establecidos en el Estatuto catalán o que tampoco les paga los 1.430 millones del fondo de competitividad y así hasta 5.000 millones que, según sus cuentas, les debe el Estado en infraestructuras y otros menesteres. Una dinámica peligrosa esta de romper la baraja a las primeras de cambio y con argumentos tan poco originales. Lo mismo aducen el resto de las autonomías. Rara es la que no reclama “deudas históricas” o déficit en infraestructuras. Y ya puestos, también el Estado reclama los 18.700 millones que le deben las comunidades por los anticipos que les dio de más en 2009 por un error de cálculo. Vamos, que aquí el que no llora no mama, y esta es una constante que nos une por encima de la mayoría de los “hechos diferenciales”.

Encaje de bolillos

De ahí que entre las cuestiones importantes anunciadas por el nuevo Gobierno figuren, por un lado, la de poner un poquito de orden y coordinación entre las distintas administraciones, para ahorrar costes y evitar duplicidades y despilfarros, y la de abordar, por otro, un nuevo sistema de financiación de las autonomías, previsto para 2013. La primera, la de la “recentralización” que se temen los nacionalistas, va a ser complicada pero factible porque en la necesidad de acometer reformas está bastante de acuerdo el principal partido de la oposición, o sea, el PSOE. Al menos así lo refleja su programa electoral. Posiblemente también cuente con el apoyo de UPyD, aunque, al contrario que los nacionalistas, ve en las medidas apuntadas por el Gobierno una “recentralización” poco menos que de “chichinabo”. Hay que recordar que UPyD proponía en su programa, incluso, la devolución de competencias para acabar con ese desmadre administrativo que tanto cuesta al contribuyente. En lo del modelo de financiación, la cosa se presenta más complicada. Primero, porque se parte de una situación un tanto discriminatoria, como es la de los “cupos” vasco y navarro, que, por otra parte, fueron admitidos por todos en el pacto constitucional. Sistema de “cupo” al que, recordaba recientemente Basagoiti, no quisieron acogerse entonces los nacionalistas catalanes y que, ahora, reivindican hasta el punto de plantearlo como una más de las cuestiones “vitales” para su cansino eslogan del “encaje”. Una falacia más porque lo que realmente buscan los nacionalistas es el “desencaje”, basándose en unas cuentas y unas balanzas fiscales que, según ellos, perjudican a Cataluña, pero que realmente dependen mucho de la lectura que quiera hacerse de ellas y del economista que cada uno quiera creerse. De momento, la “Generalitat” ya ha dado por roto el actual pacto de financiación y amenazan con una nueva ley autonómica que les permita aprobar mediante consulta popular el “pacto fiscal” que, ahora sí, les conviene para equipararse a vascos y navarros. No les servirá de nada porque ni será un referéndum ni será vinculante. Les valdrá, eso sí, para alimentar su victimismo y mantener esa tensión con el Estado que tan rentable les resulta a los nacionalistas, y más en esta legislatura en la que su protagonismo y su capacidad de chantaje a un gobierno con mayoría absoluta están bastante mermadas. Populares y socialistas catalanes han anunciado que no apoyarán esa ley para no caer en su juego. Y la mayoría del resto de las comunidades ya se han pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de que no van a consentir más privilegios de unas autonomías sobre otras. El ex presidente socialista de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo lo ha advertido estos días al recomendar a Rajoy que “no abra paso” al pacto fiscal que plantea la Generalitat catalana porque “sería abrir el portillo a que comunidades autónomas como la de Madrid, que incluso aportan más al PIB que la de Cataluña, puedan decir yo quiero lo mismo” y a partir de ahí, alerta Escuredo, “quebraría todo el andamiaje del Estado”. Un argumento compartido, en principio, por los populares, de modo que a ver si hay suerte y PP y PSOE se ponen de acuerdo de una vez por todas para arreglar este desaguisado autonómico, pensando más en el interés general que en el particular y cortoplacista de cada uno de ellos. O sea, un pacto de Estado para “acabar con tanta tontería”, como decía el ex presidente socialista extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

El Gobierno extremeño, finalmente, pudo sacar adelante sus presupuestos gracias a que IU retiró su enmienda a la totalidad a cambio de que el Ejecutivo del popular José Antonio Monago cediera a la propuesta de la coalición de consignar en las cuentas 140 millones más en el capitulo de ingresos, para dedicarlos a las familias en condiciones más precarias, a la economía social y a la dependencia. Una solución razonable, dado que el PP gobierna en minoría y ya cuenta con que su legislatura va a estar supeditada a un toma y daca con la oposición, especialmente con IU, ya que el PSOE da muestras de que lo único que le interesa es poner todas la piedras que pueda en el camino. Por eso el hecho de que, finalmente, salieran adelante los presupuestos regionales tiene a los socialistas en un “sinvivir” y repartiendo estopa a diestra y, sobre todo a siniestra. Que arremetan contra el Gobierno popular de Monago es lo normal, les va en el sueldo, pero la saña con que están atacando a IU de Extremadura roza lo patológico. Pura vendetta del PSOE contra IU por no permitirles seguir gobernando tras perder las pasadas autonómicas. Pura lógica de IU, después de que los socialistas les “ningunearan” durante sus casi 30 años de gobierno en la región, especialmente en las últimas legislaturas. El caso es que Escobar, el portavoz de IU, optó por el pragmatismo en el debate de los presupuestos, o sea, por sacar al Gobierno el máximo posible que permite la situación, si es que lo permite. Y esto a los socialistas les ha sentado a cuerno quemado. De ahí la bilis que están soltando en estos días. Por ejemplo, que “IU sigue siendo la parte de la izquierda que más le gusta a la derecha”; que “será responsable, junto al Gobierno del PP de lo que pase en Extremadura; que “con la retirada de su enmienda a la totalidad se consolida la colaboración que comenzó en junio”; que “el pleno de los presupuestos ha sido una representación”, o sea, “una farsa”, y que desde que empezaron a hablar con el Gobierno sobre los presupuestos hasta su debate en la Cámara “ha podido ocurrir algo importante porque es algo absolutamente imposible de improvisar”, o sea, poco más o menos que ha habido acuerdos inconfesables con el Gobierno, por lo que IU “debe dar explicaciones” porque “se ha vendido muy barato”, apostillan los socialistas. Pero por mucho que vociferen, Escobar lo dejó muy claro en el debate: “IU va a hacer lo que le parezca bien, lo que soberanamente estimemos más oportuno, aunque nos cueste críticas”. Y eso es lo que ha hecho en esta ocasión, permitir que Extremadura tenga presupuestos, porque lo que no quería, ni en pintura, es que se prorrogaran los de este año, o sea, los elaborados por el último Gobierno presidido por el socialista Fernández Vara, como había amenazado el Ejecutivo del PP si le tumbaban sus cuentas. “Entre Guatemala y guatepeor –dijo Escobar- me quedo en Honduras”. En una cosa si parece llevar razón el PSOE y es en que “es algo absolutamente inconcebible que se consignen partidas a futuro por si acaso llegan”. Claro que es, cuanto menos, tan inconcebible como que los sucesivos gobiernos del PSOE contaran en sus presupuestos con una “deuda histórica” que nunca ingresaba y que, encima, se la gastaban, como puso de relieve el consejero popular de Economía, Antonio Fernández. El caso es que ahora el Gobierno de Monago va a tener que recurrir también a pedir esa “deuda histórica” al Ejecutivo de Rajoy para cumplir su compromiso con IU. Lo malo es que rara es la comunidad autónoma que no reclama al Estado la misma deuda y, dada la situación por la que atraviesa el país, parece que no va a haber “cama pa tanta gente”, como dice la vieja canción salsera.

No es que se viera venir, pero tampoco resulta demasiado extraño. IU y PSOE han empezado a segar la hierba bajo los pies al Ejecutivo regional extremeño, presidido en minoría por el popular José Antonio Monago, pese a que éste parece que no se ajusta del todo a la ortodoxia del PP en materia presupuestaria. Cierto que las cuentas que acaba de presentar para 2012 reflejan una disminución del 5,3 por ciento respecto a los de 2011, en cumplimiento de la austeridad que propugna su partido, pero también lo es  que, en contra de esas mismas recomendaciones, opta por el endeudamiento para no tener que recurrir a más bajadas de sueldo de los funcionarios ni a más subida de impuestos. A primera vista, parecen unas cuentas realistas y acordes con la situación de Extremadura, pero no convencen a la oposición ni aun apelando a su responsabilidad o a la “altura de miras”. Lo de las cuentas parece lo de menos; lo que prima son los impulsos políticos de cada grupo y los tres se encuentran en posiciones muy delicadas. El PP porque gobierna en minoría en la región y se veía venir que terminaría recibiendo pelotazos por todos los lados, como los muñecos del pim, pam, pum. IU, está inmersa en un profundo debate interno no exento de alguna que otra puñalada. La cúpula federal y una parte del partido en Extremadura no perdonan a la dirección regional que permitiera, con su abstención, el acceso del PP al Gobierno regional. El PSOE, que tampoco se lo perdona, también anda de gresca interna después de sus batacazos electorales. Y de telón de fondo, la tara de que seguimos siendo más enemigos que adversarios. No conseguimos apearnos del “ojo por ojo y diente por diente”.

Más deuda para campear el temporal

Con este panorama, parece bastante utópico apelar al pragmatismo, aunque no estaría de más que lo intentaran porque no está el horno para bollos ni la situación para juegos malabares. El presupuesto presentado por el Gobierno popular es de 4.914 millones de euros, lo que supone un recorte del 5,4 por ciento respecto al anterior. El recorte podría haber sido mayor de no ser porque el PP reconoce, al menos, que el PSOE no les dejó una mala situación en lo que a endeudamiento se refiere. Extremadura está por debajo de la media nacional, lo que le permite a Monago, conforme a los criterios legales del Gobierno y de la UE, pedir créditos por valor del 1,3 por ciento del PIB regional, o sea, unos 240 millones de euros para campear el temporal. Las discrepancias de la oposición parecen más ideológicas que prácticas. Los socialistas no están en condiciones de criticar los recortes presupuestarios porque ellos los mermaron un 7,7 por ciento. La propia IU se lo echa en cara. Pero eso no quita para dejar que el Ejecutivo popular transite por un camino de rosas. Los de la coalición apelan a unos presupuestos basados en la subida de impuestos a los ricos. Y ambos, IU y PSOE, coinciden en la necesidad de presionar al futuro gobierno de Rajoy para que les pague la “deuda histórica”. Los del PP responden, poco más o menos, que han hecho un presupuesto práctico en el que no se van a gastar más de lo que van a ingresar atendiendo a criterios realistas y no basados en cuentos de la lechera. En Extremadura, afirman, no hay tanto millonario como para que esa hipotética subida de impuestos solucione el problema y el Gobierno central no está en estos momentos para atender “deudas históricas”. Entre otras razones, sostienen no pocos analistas, porque esto de  la “deuda histórica” no es más que un “invento” de las autonomías para sacarle cuartos al Estado. De hecho, hay media docena de comunidades que la reclaman. O sea, que aquí el que no tiene “deuda histórica” es porque no quiere. De modo que entre que el Gobierno del PP extremeño está en la cuerda floja; que la presionada dirección regional de IU parece dispuesta a quitarse el sambenito que le han colgado de “colaboracionista” con la derecha, y que el PSOE sigue enrabietado por sus derrotas electorales, lo de los presupuestos pinta bastante mal.

En interés de la ciudadanía

Dicen los bienpensantes malpensados que todo obedece a una especie de pacto de izquierdas encaminado a desgastar al presidente regional obligándole a retirar los presupuestos y a forzarle a presentar una moción de confianza, cuando no a descabalgarle de la presidencia mediante una moción de censura. Y en esto que interviene el coordinador de IU, Cayo Lara, que sigue fumando en pipa por la actitud de sus colegas extremeños -que califica de “cotradictoria” y no aceptada “democráticamente” por la dirección federal- para indicar que hay que seguir “trabajando por el interés del conjunto de la ciudadanía”. Muy sensato Cayo Lara, si reconociera, al menos, que la decisión de sus compañeros extremeños de abstenerse en la investidura que permitió a Monago y al PP acceder al Gobierno regional fue avalada “democráticamente” por el voto del 75 por ciento de las agrupaciones locales y que lejos de pasarle factura, IU de Extremadura consiguió en las generales un apoyo por encima de la media nacional del partido; más votos que en las autonómicas y casi el doble que en las generales de 2008. Y respecto a trabajar por el interés de la ciudadanía, debería reconocer Lara que la ciudadanía extremeña decidió que el PP ganara las elecciones autonómicas por mayoría simple y las generales por mayoría absoluta. O sea, que sí, que lleva razón, que de eso se trata de “trabajar por el interés del conjunto de la ciudadanía”, pero teniendo claro que la ciudadanía extremeña ya ha votado lo que le interesa.

Ya estamos de nuevo con la Sanidad a vueltas y echando más chispas que el chupinazo de los sanfermines. En esta ocasión el encargado de encender la mecha ha sido el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, con sugerencias como que a partir de un determinado nivel de renta los contribuyentes tengan que contratar obligatoriamente una póliza de salud o que se imponga una tasa para pagar los medicamentos o que los médicos de atención primaria se hagan cargo de algunas de las tareas que llevan a cabo los especialistas. Ha sido tal el revuelo que el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha tenido que salir a enmendar la plana a su consejero. Los argumentos en contra eran, fundamentalmente, que esas medidas vulnerarían leyes e invadirían competencias del Estado y que podrían fragmentar el Sistema Nacional de Salud. Artur Mas tuvo que salir  al paso afirmando, poco más o menos, que se trataba de “reflexiones” en voz alta y no de una decisión adoptada por su Gobierno. Poco más de lo mismo ocurría hace unos meses cuando el presidente del Gobierno murciano, el popular Ramón Luis Valcárcel, sacaba a relucir el “copago” porque el dinero no le llegaba para mantener el sistema sanitario. Si a la Generalitat le han dado estopa por todos los lados; a Valcárcel le dieron una auténtica somanta, dialéctica se entiende, aunque también se trataba sólo de una “reflexión”. En aquella ocasión, el ex ministro socialista Jordi Sevilla, con su habitual sensatez y profundo conocimiento de los entresijos económicos de nuestro país, escribía en un periódico: “Menuda la ha liado esta semana el presidente murciano por decir, en público, lo que casi todos reconocen en privado: necesitamos un gran pacto nacional para decidir cómo pagamos lo que tenemos que pagar, ya que en la situación actual, los servicios básicos no pueden ser soportados sólo por el presupuesto de una región o de una nación” y se remitía al déficit y a la deuda pública existentes. “Pensar que prohibiendo el debate, descalificando a quienes señalan el problema o escondiéndose detrás de grandes palabra retóricas la deuda sanitaria desaparecerá por ensalmo es cometer un error y, todavía peor, confundir a los ciudadanos”, remataba el ex ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de Zapatero. Era también una “reflexión” en voz alta. No lo eran tanto las palabras de un secretario de Estado del mismo Gobierno  cuando desveló que el asunto del “copago” llevaba en los cajones del Ministerio desde los tiempos de Felipe González, como una posible alternativa para ayudar a sostener un  sistema sanitario que ya en 2005, advertía Sevilla, acumulaba un déficit de 15.000 millones de euros, sin contar, las “facturas impagadas” que dormían en los cajones y que la patronal farmacéutica estimaba, a 30 de septiembre de este año, en 10.000 millones, sólo en medicamentos de uso hospitalario y en tecnología sanitaria.

Mitos e imaginarios sociales

Lleva razón Sevilla cuando afirma que no se debe hurtar el debate ni descalificar a quienes advierten del problema ni mucho menos confundir al ciudadano. Y en ello parece que andan ahora los políticos. Lo del mal llamado “copago”, que en realidad es un “repago”, sigue siendo tabú. Políticamente incorrecto y socialmente injusto, pero algo habrá que hacer porque no se puede seguir escondiendo la cabeza debajo del ala. Lo primero, y en ello parece que coinciden todas las fuerzas políticas, es mejorar la gestión. Y para ello, lo fundamental es partir de un diagnóstico realista. Mal empezamos si, por ejemplo, la consejera andaluza de salud, la socialista María Jesús Montero, está convencida de que “la insostenibilidad del modelo, el despilfarro de lo público o el abuso de la ciudadanía” son “falsos mitos asentados en el imaginario social”. Bueno pues que se aclaren, porque su compañero de partido, o sea Jordi Sevilla, ya apuntaba en la dirección de la “insostenibilidad” si no se adoptan reformas urgentes. Sobre el despilfarro, la propia ministra Pajín lo ponía de manifiesto en precampaña. Ponía el énfasis en las comunidades que electoralmente le interesaban, pero no hay más que tirar de hemeroteca para comprobar la cantidad de duplicidades, chiringuitos públicos, gastos superfluos, cuando no suntuarios, e irregularidades varias, para comprobar que es una realidad mucho más patente que los “falsos mitos del imaginario social” que dice la consejera andaluza. Y sobre el abuso sanitario de la ciudadanía, no tiene más que leerse el propio programa electoral de su partido, página 88, para comprobar que habla de “usos inadecuados del sistema” y la necesidad de mejorar el control para evitar “abusos”. Es decir, o el programa del PSOE está basado en “mitos e imaginarios sociales” o la consejera andaluza vive en el País de las Maravillas. Y hablando de programas, no hay más que echar un vistazo al de los dos partidos mayoritarios, para comprobar que son coincidentes en buena parte de las propuestas, como en la necesidad de transparencia, en el uso racional del sistema, en la colaboración y coordinación de la autonomías, en la necesidad de una tarjeta única y válida en todo el territorio nacional, etcétera. Ni siquiera, en la cuestión pública o privada hay grandes discrepancias. El propio programa socialista habla de la sanidad privada como complemento de la pública. A estas coincidencias en el diagnóstico se unen múltiples voces, empezando por CiU y terminando por populares y socialistas, que reclaman un pacto de Estado sobre la sanidad. Otras, empezando por la propia Pajín y terminando por el acuerdo unánime alcanzado esta semana en el Parlamento de Castilla y León, abogan por un Ministerio de Sanidad fuerte que lidere el cambio en el conjunto del Sistema Nacional de Salud a través de un Consejo Interterritorial “verdaderamente operativo”, incluso “vinculante”, como “principal órgano de coordinación y planificación del sistema” que permita garantizar la cohesión y la igualdad en todo el territorio nacional. Otras, como  UPyD, van más allá y plantean, incluso, la devolución de competencias. O sea, que prácticamente todos, menos la consejera andaluza, coinciden en el diagnóstico de que hay que racionalizar el sistema para evitar que entre en la UVI, si es que no lo está. De modo que, al menos en teoría, no hay excusas para que los políticos se pongan de acuerdo de una vez por todas para arreglar este desaguisado y evitar, por ejemplo, los bochornosos casos de la “guerra” de las recetas entre Aragón y Cataluña o la de la atención a pacientes entre el País Vasco y la Rioja. Y aquí no hay “mitos ni imaginarios sociales”. No es hora de maniqueísmos, sino de pragmatismos. Ni de milongas ideológicas, políticas o electorales interesadas. Que la sanidad y su gestión no nos salen gratis, como se empeñan algunos. De modo que menos “imaginarios”, más imaginación y más currar, que para eso se les paga a los responsables políticos.

Tradicionalmente, todos los partidos ganaban algo en las elecciones. O, al menos, eso vendían. Cuando no era en número de votos, era en porcentajes o en escaños o en implantación o en circunscripciones o en cualquier otro baremo de la matemática electoral que se sacaran de la manga para justificarse ante su clientela y que no cundiera el desánimo. Autoengaños o mentiras piadosas, daba igual: todos ganaban algo. En esta ocasión al PSOE no le ha quedado siquiera este recurso. Ganar al PP en sólo dos de las 52 circunscripciones electorales no es para tirar cohetes, lo aconsejable, incluso, es esconderlos para no dar coartada a los típicos “cachondeitos” en este país de acreditada mala leche, especialmente cuando se trata de hacer leña del árbol caído. Un aforismo generalizado es que la oposición no gana elecciones sino que es el gobierno de turno el que las pierde, generalmente por su mala gestión. Seguramente es cierto, al menos en esta ocasión los resultados lo acreditan sobradamente. Los socialistas han perdido, respecto a los comicios de 2008, un total de 4.315.455 votos, mientras que el PP –que, según los especialistas, apenas ha obtenido beneficios del trasvase de votos socialista- ha ganado 552.683, o sea, muy poco más de los 539.948 que ha sumado IU y considerablemente menos que los 834.163 en que se ha incrementado la opción de UPyD, respecto a sus resultados de las anteriores generales. Según los mismos analistas, estos dos últimos partidos han sido los mayores beneficiarios del desastre socialista. El resto de la debacle se ha repartido entre la abstención, fundamentalmente, y las demás fuerzas políticas del arco parlamentario. Entre estas formaciones, una de las que más ha exhibido su triunfo ha sido CiU, que, por primera vez, se erige en ganadora de unas elecciones generales en Cataluña. Pero una cosa es la euforia, tras su evidente triunfo electoral, y otra muy diferente que ese entusiasmo pueda trasladarlo al terreno de lo político. No hay que olvidar que su principal empeño en campaña era que el PP no obtuviera mayoría absoluta para poder presionar en Madrid, como dicen ellos, para conseguir su principal objetivo: una financiación a su medida, es decir, el “cupo catalán”. Y ahí, su gozo en un pozo. Es lo que tienen las mayorías absolutas, que, al menos, son menos susceptibles de ceder a chantajes. Rajoy lo anunciaba en su discurso, tras ganar los comicios: quiere ser el presidente de todos y está dispuesto al diálogo con todos, pero una cosa es el diálogo y la negociación y otra muy distinta el chalaneo interesado. Dos no chalanean si uno no quiere y sobre todo si no lo necesita. Ese “todos” de Rajoy parece que no admite distinciones. Una de las pocas cosas que adelantó el ya virtual nuevo presidente del Gobierno en su discurso es que convocará “inmediatamente a todas las comunidades autónomas, cualquiera que sea el color político de su gobierno, a una reflexión compartida sobre la forma de afrontar coordinadamente las exigencias de esta grave situación”, en referencia al paro y la economía. Y una de las cosas que reclama la sociedad, en general, y los economistas, en particular, es que se reduzcan gastos y se ponga un poco de orden en todos los niveles de la Administración, especialmente en la autonómica. Curiosamente, en esa necesidad coinciden en buena medida los programas del PP, del PSOE y de otras fuerzas políticas, aunque cada uno con sus matices. No obstante, sería un buen punto de partida para empezar a alcanzar alguno de los pactos de Estado que reclama buena parte de la sociedad para salir del atolladero en que estamos metidos. No parece pues que sea momento de perder el tiempo en particularismos, ni las condiciones políticas, tras los resultados electorales, son las más propicias para que los nacionalistas vascos y catalanes, ambos ganadores en sus respectivos territorios, exijan prioridades interesadas en el Congreso de los diputados. El nuevo Gobierno tiene asuntos generales mucho más urgentes que andar enredándose de nuevo en la maraña de “lo mío” y otras cosas del ombligo. Por ejemplo, cinco millones de parados y una economía por los suelos. Bastante tarea tendrá Rajoy con procurarse apoyos del máximo posible de fuerzas políticas y sociales para el porrillo de ajustes y recortes que nos esperan, como para andar repartiendo privilegios a medida. Dios le ampare.

Hace apenas un par de meses, en la permanente campaña electoral en que nos encontramos en este país, se suscitó el sempiterno debate sobre las autonomías. Las manifestaciones de algunos políticos populares sobre la posibilidad de devolver competencias por falta de fondos para gestionarlas, agudizada además por la profunda crisis que padecemos, volvía a poner el asunto en candelero. No era la primera vez ni eran los populares los únicos que habían azuzado el debate. En más de una ocasión, destacados dirigentes regionales socialistas también lo habían sugerido de alguna u otra forma. El caso es que unos y otros se enzarzaron en lo de siempre, o sea, en lo de la liquidación del Estado o lo del jacobinismo y la involución. Un fervor a pares que hacía presagiar un intenso debate cuando empezara el periodo legal de la campaña electoral propiamente dicha. Sin embargo, el globo se ha desinflado. Al menos hasta ahora, el asunto apenas ha tenido presencia en los mítines, debates y propagandas. Pese a esas escasísimas referencias y por mucho que unos canten las excelencias del sistema y otros no las vean tan excelentes, lo cierto es que los problemas existen, aunque en campaña sólo se canten en voz baja. No hay más que echar un vistazo a los programas electorales para comprobar que casi todos, al menos, reconocen que hay cosas que “reparar”, especialmente porque la crisis ha puesto de manifiesto que el festín autonómico sale bastante caro y hace agua por más de una grieta. Eso sí, existen diversas ópticas para abordarlo. Los nacionalistas vascos y catalanes, por ejemplo, van a lo de siempre: ¿qué hay de lo mío? Entre los principales partidos minoritarios de ámbitos estatal, UPyD e IU, hay dos propuestas en las antípodas uno del otro. Mientras que los primeros proponen la devolución al Estado de competencias esenciales, como educación, sanidad o justicia o eliminar los privilegios forales estableciendo una fiscalidad común para todos y garantizar la igualdad de derechos lingüísticos en las comunidades bilingües, los segundos proponen una revolución hacia una tercera república de corte federal que incluya autodeterminaciones a la carta. Lo de siempre. Mucho más sorprendente es que, curiosamente, los programas de los dos grandes partidos nacionales coinciden en muchos de los diagnósticos, pese a tanta pelea de salón cada vez que se suscita el asunto. Por ejemplo, en sus textos, tanto PP como PSOE, hablan de transparencia, de necesidad de un sistema informático o de información común, de mayor colaboración y cooperación entre administraciones, de definir servicios comunes o básicos esenciales, de fortalecer la cohesión territorial, de reducir la estructura política de las administraciones o de adelgazar ministerios para adaptarlos a sus nuevas funciones y, todo ello, apelando a una mayor “lealtad” institucional. Cuestiones todas de las que, es de suponer, adolece el actual Estado de las autonomías porque si no, no irían en sus respectivos programas electorales como asuntos manifiestamente mejorables.

Ahora que tanto Rajoy como Rubalcaba, al menos de boquilla, han expresado su voluntad de diálogo y colaboración sea cual sea el Gobierno que surja de los próximos comicios y a la vista de tanta coincidencia en este asunto, no estaría de más que lo tomaran como punto de partida para un pacto de Estado que ponga un poco de orden, al menos, en el guirigay autonómico.

Decía Tierno Galván, no se sabe si en un exceso de cinismo o en un arrebato de sinceridad, que “las promesas electorales están para no cumplirse”. En nuestra ya no tan corta experiencia democrática esa aseveración es una obviedad, pero no por eso deja el asunto de ser descorazonador. Tan descorazonador como que nuestra clase política haya alcanzado en los últimos tiempos el rango de “problema” en el listado de principales preocupaciones de los encuestados en las estadísticas oficiales. Bueno, pues algunos no escarmientan. Los ingredientes del festín electoral siguen siendo prácticamente idénticos. Con internet y las redes sociales han cambiado las técnicas de propaganda y el “merchandising”, o sea, el mercadillo de chapas, pegatinas, banderolas, pancartas y chucherías, pero los dóberman, aunque disfrazados de “caperucitos azules”, y los mensajes, en el fondo, siguen siendo los mismos. Hemos mejorado en que algunos candidatos dicen, ahora, que no hacen “promesas” que no puedan cumplir, sino que exponen sus propuestas, lo que implica mucho menos compromiso. De modo que, al final, los programas quedan reducidos a meros catálogos de buenas intenciones en los  que dicen lo que van a hacer, pero no se explayan en cómo ni, sobre todo, con qué, salvo generalidades un tanto banales. Por ejemplo, en esta campaña, Rubalcaba tira de nuevo del manido modelo “Robin Hood”, ese de quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres, o sea, a los “descamisaos”. Lo de siempre. Por el contrario, vemos en el programa del PP una rebaja de impuestos a los ricos, o sea a los empresarios, dicen los socialistas, porque al fin y al cabo, aducen los populares, son los que crean el empleo productivo. También lo de siempre. Lo que ninguno aclara es quiénes ni cuántos son los ricos ni cuánto se “obtiene” o se “pierde” con estas “subidas” o “bajadas” de impuestos, que unas veces son de izquierdas y otras, de derechas, dependiendo de cómo convenga a cada uno y en cada momento procesal oportuno. Entre tanto folio programático -214 del PP y 149 del PSOE- se puede concluir lo mismo de siempre: que se enfrentan dos modelos de gestionar los impuestos para conseguir unos fines, en muchas cuestiones coincidentes, y en otras, especialmente en las llamadas sociales, claramente divergentes y supeditadas a lo que cada uno entienda por “progreso” o por  “libertad”. Los dos cargados de razones a elegir y revolver, y a buen seguro, de buenas intenciones. Pero, “de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno y de buenas obras, el del cielo”, reza el dicho popular. Y aquí las obras del PSOE en esta última legislatura, vicepresidida por Rubalcaba, saltan a la vista. Cinco millones de parados y bajadas de sueldos a cientos de miles de pobres funcionarios, pobres jubilados y pobres precarios, mientras se echaba una manita a los banqueros para evitar el caos total, tras una desastrosa gestión que ha dejado la economía española hecha unos zorros. Y Robin Hood, de vacaciones en el palacio de Nottingham. Ahora Rubalcaba intenta desmarcarse de las losas de palacio y volver a los bosques. Rectificar es de sabios; lo difícil es convencer al electorado de que se es tan sabio como para ser capaz de arreglar ahora todo lo que ha contribuido a desarreglar en la última legislatura. Cuestión de credibilidad. Y ni siquiera ahí le ayudan mucho algunos de los suyos, empeñados en tomarnos el pelo con el timo de la “promesa electoral”. Por ejemplo, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, se despachaba estos días con que hay que “desconfiar” de los políticos como Rajoy que “no concretan su oferta electoral”, en referencia a que no dice qué hará con el AVE a Galicia. ¡Pero hombre de Dios! que tampoco el programa del PSOE menciona expresamente ese proyecto. Ni siguiera sería relevante que lo hiciera. Todavía está reciente en la memoria el bombardeo electoral del PSOE en las últimas generales y penúltimas autonómicas con el AVE a Extremadura. Vendieron por activa y por pasiva que estaría terminado en 2010 y a estas alturas ni está ni se le espera, al menos, a corto plazo. Y con el de Galicia y el resto de AVEs, tres cuartas de lo mismo, por mucho que “concreten” los “blanco galván” en campaña electoral. No hay ni un duro para casi nada ni sabemos si lo habrá y mucho menos ahora que la crisis griega ha puesto en jaque a toda la UE, España incluida. Habremos de asumir, dada la situación, que salga quien salga, tendrá que limitarse a hacer lo que pueda con lo que pueda o lo que quede, si queda, y, a ser posible, por consenso con quien pueda, si es que puede, porque aquí cada uno va a lo suyo. Pero el mínimo exigible en campaña electoral es que, al menos, no nos cuenten milongas “prometedoras”. Que, desde la “revelación” de Tierno, cada vez hay menos gente que se chupe el dedo, aunque a algunos políticos todavía les cueste entenderlo.

La decisión de la comisión Europea de incluir como prioritarios dos corredores ferroviarios españoles de mercancías entre los diez ejes transeuropeos básicos es una buena noticia para casi todas las comunidades. Las prioridades europeas para nuestro país, defendidas por el Gobierno español, han sido el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo, al que se ha añadido el Central, a modo de “extensión”, en un intento de contentar a todos. La decisión, sin embargo, ha dejado víctimas colaterales, como Extremadura y, en menor medida, Castilla-La Mancha y Aragón. El denominado Eje 16 que tenía previsto unir el puerto portugués de Sines con Badajoz y Puertollano para desembocar en la línea Algeciras, Madrid, Zaragoza, hasta llegar a París por el hipotético túnel del Pirineo aragonés, se ha caído de los planes inmediatos. Entre otras razones, porque lo de este túnel es cosa de dos y parece que los franceses no están por la labor de invertir ahora en él al otro lado de la cordillera. En cualquier caso, la lectura política es inevitable en esta nueva batalla por las infraestructuras, que no ha hecho más que empezar. Extremeños y aragoneses recuerdan que la decisión definitiva sobre los corredores europeos “urgentes” no será firme hasta dentro de año y medio, aproximadamente, por lo que ya avisan de que seguirán dando la batalla frente a los beneficiarios de siempre. El presidente extremeño, el popular José Antonio Monago, califica la elección de los dos corredores españoles prioritarios como “una puñalada trapera” para Extremadura, después de que el Gobierno de Zapatero, en las fechas previas a la designación, les hubiera vendido “pirulís de La Habana” edulcorados con que apoyaba el eje extremeño. Y de puñaladas traperas va a ir la batalla por conseguir las inversiones. El candidato de CiU, Duran Lleida, lanza la primera cuchillada al reclamar el máximo apoyo a su candidatura para “poder forzar” al futuro Gobierno español a dar prioridad al Corredor Mediterráneo. Metido de lleno en harina electoral, se autoproclama el único defensor de los intereses de Cataluña y del Corredor Mediterráneo. No es cierto, las comunidades del PP de Levante y los propios populares catalanes también están poniendo, al menos ahora, toda la carne en el asador en defensa del corredor, pero da igual: estamos en campaña.

El problema parte de que, como dice Esperanza Aguirre, aquí no hay “ni un puto duro”, por lo que la lucha por las escurrajas inversoras del Estado va a ser a cara de perro. Lo reconocen tanto los dirigentes extremeños como los catalanes: “No hay dinero para un eje, como para invertir en tres”. Y ahí empiezan los argumentarios para arrimar cada uno el ascua a su sardina. Las comunidades del Corredor Mediterráneo basan su prioridad en la contundencia de que representan al 40 por ciento de la población y al 40 por ciento del PIB nacional. “Es la opción más rentable”, dice el presidente de la Generalitat valenciana, el popular Alberto Fabra. Extremadura rechaza el discurso de las prioridades “rentables” porque, con esa premisa, va a seguir siendo una de las regiones más postergadas de España y sin posibilidades de llegar a tener las infraestructuras imprescindibles para un desarrollo que les permita algún día alcanzar la categoría de “rentable”. Y las del Corredor Atlántico basan su alegato en que es más red transeuropea que la del mediterráneo, puesto que enlaza tres países: Portugal, España y Francia. Al margen de estos razonamientos, el argumento principal es que los nacionalistas vascos y los catalanes pueden decidir el futuro gobierno de la Nación si el PP o el PSOE no obtienen la mayoría absoluta. Y ahí hará valer cada uno sus reales. Por si acaso, los nacionalistas catalanes ya han empezado a quejarse de que se haya “adosado” al Corredor Mediterráneo -con un ramal desde Zaragoza a Tarragona- el denominado Corredor Central, fundamentalmente, porque pasa por Madrid, que es lo que más les revienta. De modo que ya están lanzando avisos a navegantes, o sea al futuro Gobierno, de que si depende de sus votos, las inversiones no serán para el eje de la capital. Munición electoral. Parece, pues, que la fiesta va por votos y por barrios. Triste, pero es lo que hay con esto de las autonomías. Cada uno a lo suyo y “todo por la pasta”. Tanto tienes, tanto vales. Y como el que no llora no mama, pues cada vez somos más llorones y, en consecuencia, más mamones.

Entre las cualidades del nacionalismo catalán, si es que tiene alguna, no figura,  precisamente, la de hacer amigos. Siempre encuentran la ocasión para meter un dedo en el ojo del vecino y casi siempre por cuestiones de dinero. Esto cada vez se parece más a un cuento por entregas. Cuando no es por el agua del Ebro, es por los AVEs “ajenos” o por las infraestructuras de “fuera”. Ahora la tienen liada con los aragoneses de la Franja, a quienes les niegan atención hospitalaria en las zonas más próximas de Lérida, después de que hace apenas un año les negaran también la expedición de recetas a pacientes crónicos de Aragón en la costa turística de Tarragona. La nueva afrenta coincide prácticamente con el rifirrafe que se ha montado a cuenta de las declaraciones de Duran Lleida sobre el PER en Andalucía y Extremadura, lo que le ha valido que ayer mismo el Parlamento extremeño aprobara por unanimidad (PP, PSOE e IU) una declaración institucional de reprobación al dirigente de CiU.

 



Ahora toca el PER  



La cosa empezó, según Duran, porque la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, la socialista María Jesús Montero, se había despachado con que mientras que en Cataluña se cierran asilos, ella inaugura residencias. También son ganas de tocar la “gaita”, cuando, precisamente, Andalucía tampoco está para tirar cohetes ni para dar muchas lecciones de ahorro y gestión de los fondos públicos. El caso es que le faltó tiempo a Duran para espetarle a bocajarro que mientras “un agricultor catalán no puede coger alguna fruta porque no le sale a cuenta”, en otros sitios de España, “con nuestra contribución, reciben un PER para que pasen el resto de la jornada en el bar de su pueblo”. Luego intentó matizar sus palabras, poco menos, que con aquello de que baila sevillanas en la intimidad, pero ya estaba liada la parda y los “foros” echando chispas con un “mix” de sardana y fandango. Que si menos “embajaditas” y más inversión en sanidad y servicios sociales; que si menos bulerías y más “currar”. En fin, lo de siempre, con los tópicos de siempre y cada uno con sus razones. Por supuesto que lo del PER es, todavía, imprescindible para que sobrevivan muchas familias del campo andaluz o extremeño, pero tan cierto como que ese sistema tiene más trampas que una película de chinos y mas golfos adosados que mejillones cebra los canales del Ebro, por lo que no vendría mal una mejora de la “inspección”, incluso, para que mejore la imagen de ambas regiones en el resto de España. Y, por supuesto, que la contribución de los catalanes a la caja común es muy importante, pero tan cierto como que también son los que más se benefician de las ventas en el mercado español o que no son los únicos que contribuyen a esa caja común ni, desde luego, los únicos que trabajan en España, por mucho que insistan los nacionalistas en adoctrinar a sus cachorros en que los catalanes son los que producen y el resto de los españoles son unos “vagazos” que se limitan a robarles la cartera. Aquí trabaja todo el que puede, que no es poco para los tiempos que corren, pero esa es la idea interesada que va cuajando en buena parte de la sociedad catalana. Los datos y su análisis, sin embargo, son contradictorios, no ya entre los especialistas de medios de fuera de Cataluña, todos “fachas” en el imaginario que les han vendido a los jóvenes nacionalistas, sino, incluso, entre los propios medios catalanes. Por ejemplo, en artículos sobre este asunto, se puede ver en La Vanguardia algunos con la tesis del “robo de la cartera”, profusamente aderezada con cifras más o menos reales o interpretadas a conveniencia, mientras que en El Periódico podemos encontrar la teoría contraria, apoyada en datos, incluso, de ilustres economistas catalanes.

 

 



Subsidio y subvención  



Sigue siendo el eterno debate. El ex presidente de Extremadura y secretario general del los socialistas regionales, Guillermo Fernández Vara, reflexionaba estos días, en respuesta a Duran, sobre por qué se debe considerar al PER como un peyorativo “subsidio” y al dinero que se emplea en mantener la planta de automoción de Martorell como un aleccionador “apoyo a la innovación”. No es la primera vez que Vara y Duran se tiran de la lengua. A primeros de mayo, en vísperas de las autonómicas, el dirigente nacionalista catalán emplazó al entonces todavía presidente autonómico extremeño a debatir sobre “la solidaridad interterritorial en España”, que Duran y los nacionalistas consideran injusta después de 30 años de subvención permanente. Vara, que sostiene que, según la Constitución, “la solidaridad no es entre territorios sino entre ciudadanos”, aceptó  el reto y, además, envidó a pares: propuso dos debates, uno en Extremadura y otro en Cataluña. Bueno,  pues han pasado ya casi seis meses y algunos todavía estamos esperando ese interesante debate. Habría que recordar a ambos que “amagar y no dar, es de cobardes”, como dice el refrán.

Lo que algunos vendieron como el “efecto Rubalcaba” parece que se va transformado en el “defecto Rubalcaba”. No le sale ni una. En cuanto abre la boca se la tapan recordándole su pasado vicepresidencial en el Gobierno del caos. Hasta quienes le  prestaron la muleta en los momentos en que más cojeaba ese Ejecutivo, con excepción de los agraciados “abertzales”, le niegan ahora el más mínimo empujoncito a la silla de ruedas de convaleciente en que ha dejado Zapatero al partido y a su candidato. Bien es sabido que para el Gobierno la culpa de la pésima situación en que nos encontramos ha sido siempre de otros, fundamentalmente, de los mercados y sus contubernios y de los “antipatriotas” de la oposición. El candidato socialista y ex vicepresidente del Gobierno abunda en lo mismo, pero con más cohetes. Ahora que la inmensa mayoría de las comunidades ya no están en poder del PSOE, resulta que la culpa de todo es, también, de las autonomías. El último ejemplo es el de las cifras del paro del mes de septiembre. La Seguridad Social ha perdido en ese mes 64.956 cotizantes y la Secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, y el de Seguridad Social, Octavio Granado, jaleados por Rubalcaba, el resto del partido y los sindicatos, lo achacan a los “ajustes” que están haciendo las autonomías, especialmente las gobernadas por el PP, que son casi todas. Obvian, por ejemplo que los populares apenas llevan un par de meses de ejercicio y los datos revelan que en los últimos 12 meses las afiliaciones a la Seguridad Social han descendido en 235.918 cotizantes, lo que en buena lógica viene a significar que cuando esas autonomías eran  gobernadas por el PSOE también perdían empleo, aún sin aplicar “ajustes”. Ajustes que, por otro lado, se habían impuesto tanto el Gobierno de la Nación como los autonómicos, según reconoce la vicepresidente Salgado. Por mucho que se empeñen los secretarios de Estado en apoyar la campaña de Rubalcaba hay datos del informe que no cuadran con sus intereses. Resulta que sólo tres comunidades registran un descenso del desempleo y por este orden: Castilla-La Mancha, Canarias y La Rioja. Curiosamente, la primera y la tercera están gobernadas por el PP. Por el contrario, las  que registran mayor aumento de parados es Andalucía, gobernada por el PSOE y, al parecer, sin “ajustes”, y Cataluña, gobernada por CiU.

 



Ajustar el desbarajuste  



Por otro lado, la mayoría de esos “ajustes”, dicen las propias comunidades, se deben, entre otras cosas, a la reducción de consejerías, cargos y coches oficiales y a la eliminación de asesores, “chiringuitos” de colocación de amiguetes, familiares y compañeros de partido y a la supresión de empresas públicas, de las que todavía quedan cerca de 4.000. Efectivamente, ese es un despilfarro autonómico del que son culpables todas las comunidades, incluidas las del PSOE. De modo que, por supuesto que los “ajustes” de ese “desbarajuste” producen daños colaterales en cuanto al aumento del paro, pero tampoco está el contribuyente por la labor de seguir sufragando tanto “enchufado” ni tanto ente parasitario. Pero por ahí no va la cosa. Lo fundamental para el PSOE, su candidato y sus, todavía, secretarios de Estado, es que los “ajustes” autonómicos se traducen en “recortes” en prestaciones básicas, como educación o sanidad. Sin embargo, parece que tampoco cuadran algunas cuentas. Según los datos del propio Ministerio de Trabajo referidos a septiembre que maneja el PP, el desempleo en educación se ha reducido en 37.363 personas, de las que 2.610 corresponden a la Comunidad de Madrid, una de las más acosadas por los sindicatos por los, cuanto menos contradictorios, “recortes” en educación.

Tampoco importa, para el PSOE lo importante de verdad es que las comunidades, ahora que no son suyas, también son culpables. No es de extrañar pues que los del PP y los de CiU se hayan puesto de uñas con el Gobierno y con el ex vicepresidente y candidato Rubalcaba. Duran Lleida, el de CiU, decía estos días, sin tapujos, que es “vergonzoso e impresentable” que el Gobierno y su candidato echen la culpa del paro a los ajustes en las autonomías, cuando ellos han sido incapaces de adoptar las medidas adecuadas para impedir que haya casi cinco millones de parados o incapaces de pagar las deudas contraídas con algunas de las asfixiadas autonomías, entre ellas la catalana. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, no le andaba a la zaga: “es una vergüenza” que ahora nos salgan con estas, viene a decir, y rubrica con que uno de los muñidores de la idea, el secretario de Estado Octavio Granado, “tiene mucha cara”. Vamos, que a Rubalcaba, el del “efecto”, no le sale una y cuando le sale, le estampan en plena papeleta electoral lo de la escasez de “vergüenza” y el exceso de “cara”. Y, encima, se le rebela el ala izquierda del partido para buscarse hueco en las listas; le endosan una ración de “ardor guerrero” pro USA con lo del escudo antimisiles y, por si fuera poco, le intentan meter un golazo de “campeonato” con la “presunción de culpabilidad” en un asunto de “trinque” del ministro José Blanco, que fue, precisamente, quien más abusó de esta práctica con el “caso Gürtel”. Lo dicho, a  Rubalcaba no le sale ni una.

En cuanto surge algo sobre AVEs o infraestructuras para fuera de Cataluña a algunos nacionalistas se les sube a cien la bilirrubina. Y como estos días se está hablando de estos asuntos, andan con la bilis un tanto revuelta. Desde hace tiempo no escatiman esfuerzos en criticar y oponerse a cualquier inversión que se anuncie, por ejemplo, para los AVE a Galicia o Extremadura. El argumento viene a ser siempre el mismo: si estamos en crisis hay que invertir sólo en lo que pueda ser rentable y, como dudan que estas líneas vayan a serlo, pues se oponen y sugieren que esos cuartos se dediquen a cosas verdaderamente rentables, como, por ejemplo, a sus conexiones con Francia o al corredor mediterráneo. Posiblemente lleven razón en que aquí nos hemos pasado con lo de tener más AVEs que papagayos tiene toda la Amazonia, máxime cuando, además, su rentabilidad está más que en entredicho, pero queda feo y un puntillo egoísta que lo critiquen justo quienes ya disponen de esa infraestructura. Es comprensible que cada  comunidad reclame su parte de la tarta. Otra cosa es lo cara que vaya a salir cada porción y que no haya un duro para pagarlas. Y en esos cálculos anda ahora el todavía ministro de Fomento, José Blanco, al reconocer que “probablemente hemos cometido un exceso de planificación por tratar de extender todos los modos de transporte a todos los territorios sin analizar su capacidad de generar rentabilidad social y económica”. Se refería a que la conexión por AVE entre Palencia y Cantabria, por ejemplo, no se va a poder hacer en estos momentos de crisis y que con un “talgo” van que chutan. Y poco más o menos, lo mismo con los tres corredores ferroviarios de mercancías previstos. Lo decía el presidente extremeño, José Antonio Monago, hace unos días: “no hay ni un duro para un eje, como para pensar en dos y mucho menos en tres”. Lo mismo se temía el hasta ahora portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macías, al vaticinar “un mix” entre el corredor central y el mediterráneo. Y acertó. Apenas un par de días después, Blanco se destapa con que ahora la apuesta del Ministerio es que el corredor mediterráneo y el central se unan, mediante un “mallado”, es decir con diversas incorporaciones al eje central desde el litoral mediterráneo y confluyan en el centro logístico de Zaragoza y desde allí optar a las distintas salidas hacia Francia por País Vasco, Aragón o Cataluña. Un sucedáneo, dice Macías, para que el corredor mediterráneo pase por Madrid. Ya estamos con los contubernios. Y para colmo, se acaba de inaugurar la llegada del tren de cercanías a la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas. Para qué queremos más. Ahí tenemos a Macías denunciando la “desigualdad” con que el Gobierno trata a los aeropuertos de Barajas y El Prat. Parece olvidar que el Estado ha invertido más de 1.200 millones en la nueva terminal del aeropuerto barcelonés, lo que le ha permitido importantes incrementos en el tráfico de pasajeros, porcentualmente por encima de Barajas, y que haya sido calificado recientemente como el mejor aeropuerto de Europa. O los 1.000 millones invertidos, según el Ministerio de Fomento, en los trenes de cercanías de Cataluña o que ha sido la comunidad con mayor inversión ejecutada por Fomento desde 2004 con un total presupuestado de casi 15.000 millones de euros. Da igual, los nacionalistas siempre tendrán un agravio que sacarse de la chistera.  



 



A pasar la gorra  



Decía el presidente de la Generalitat, Artur Mas, hace unos días que “la relación entre Cataluña y el resto de España, en vez de ser de estima, acabará convirtiéndose en una relación sólo de intereses”. Vaya novedad. Es lo que lleva intentando el nacionalismo catalán desde tiempos inmemoriales: acabar con todo lo que huela al amigo español en Cataluña, salvo en lo esencial, o sea, en mantener al resto de España como mercado en el que vender el grueso de sus “exportaciones”. O sea, por el interés te quiero, Andrés. Y, encima, reclama estima exhibiendo su habitual y rentable “victimismo”, alentado por el síndrome de Calimero, aquel pollito de la tele que siempre terminaba sus intervenciones con el consabido “nadie me comprende, nadie me quiere, no hay justicia”. Quizá lleven razón, pero deberían reconocer, al menos, que es poco comprensible que anden negando el pan y la sal, por ejemplo, a los AVE para Galicia o Extremadura o a las infraestructuras para Madrid o el agua para Valencia, Murcia y Almería y, encima, se les quiera con pasión. No parece la forma más adecuada para procurarse estimas. El ex presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ponía el dedo en la llaga el pasado fin de semana en un acto electoralista para su intento de desembarcar en el Congreso de los diputados. Advertía que va a luchar por que el AVE llegue a Cantabria porque “es el tren de alta velocidad más rentable del norte de España”. “Hay café para todos”, dice Revilla, empeñado en dar la batalla para que “no haya que esperar a firmar unos presupuestos porque los catalanes y los vascos hayan pasado la gorra antes”. “Todos somos iguales, se acabaron los privilegios y lo de amenazar con separatismos”, concluye. Como se ve, los nacionalismos excluyentes y secesionistas no son precisamente el mejor bálsamo para buscarse estimas. Los nacionalistas deberían comprender que el cariño verdadero ni se compra ni se vende y empezar a cambiar de copla, porque la suya de siempre ya no vende ni en el “top manta”.

Seguramente es fruto de la fiebre preelectoral, pero la cosa nacionalista anda estos días un tanto revuelta y los socialistas en un sinvivir. Duran, el de CiU, “temblando” por el pacto PP-PSOE para establecer en la  Constitución, sin contar con ellos, el techo de déficit al que deben someterse todas las autonomías por imposición de la UE. Mero ataque de cuernos. Y a ello se unen la sentencia y el plazo, recurrido, para que la Generalitat aplique el bilingüismo en su sistema educativo para garantizar el derecho de los padres que quieren que sus hijos sean educados en su lengua materna, el castellano, que, junto al catalán, es lengua oficial en esa comunidad. Duran larga el siguiente eslogan preelectoral: Si Rajoy saca mayoría absoluta, emprenderá una “recentralización imparable” que además, ¡ojo!, contará con “el apoyo explícito del PSOE, especialmente si lo dirige Rubalcaba, que ha dado suficientes muestras de jacobinismo”, enfatiza el dirigente nacionalista. Y en esto que llega Zapatero y le espeta a bocajarro al portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, que “la idea de la España plural es España plural, pero España”. Y Ridao, “acojonao”, le responde poco más o menos: “O sea, que España plural es más España”.  Es para “acojonarse”. De aquel concepto de nación “discutido” y “discutible” que enarbolaba Zapatero al principio de su mandato -se supone que “discutido” y “discutible” para todas las naciones- ha pasado a defender una realidad incuestionable: España, aunque sea plural. Lo singular es que parece que a los nacionalistas no les vale la “España singular”, por eso, por “singular”, pero tampoco la “plural” porque ahora resulta que es “más España”. En definitiva, no les vale ninguna España, salvo la que ellos decidan unilateralmente que les conviene. Parece lógico, pues, que Duran, Ridao y otros nacionalistas se rasguen las vestiduras ante tanta “más España” y ahí han estado estos días en el Congreso promoviendo una moción de apoyo al modelo educativo catalán de inmersión lingüística sólo en catalán, de insumisión al Estado de Derecho y a la vez desplegando de nuevo el “cordón sanitario” en torno al PP para impedirles esa  hipotética mayoría absoluta y “recentralizadora” al alimón con el PSOE. Sorprendentemente, el grupo socialista se suma a la moción, o sea a “más Cataluña”, y les deja con el trasero al aire con eso del “jacobinismo” y de “más España plural, o sea, más España”. Que con las cosas de comer no se juega y los socialistas no se van a dejar arrebatar clientela en esa comunidad autónoma, en la que los sondeos, precisamente, no les son muy propicios. Tanto es así que el candidato Rubalcaba se ha volcado este fin de semana con Cataluña para apoyar no sólo la insumisión nacionalista al Estado de Derecho con lo de la inmersión lingüística sólo en catalán y en contra del castellano, sino para comprometerse a desarrollar el Estatuto de Cataluña y modificar la legislación actual para que el Tribunal Constitucional no pueda corregir un texto que ha sido avalado en referéndum, como ocurrió con el “Estatut”. Bueno, pues como ahora toca que el TC no sirve para nada, salvo para pasárselo por debajo de los no sé si me explico, que se vaya preparando Rubalcaba si sale elegido presidente, porque le van a llover cientos de referendos celebrados en Cataluña a favor de la secesión, incluido el de Barcelona en el que llegó a participar activamente el propio presidente de la Generalitat, Artur Mas. No eran legales ni vinculantes, pero sí referendos al fin y al cabo, y una vez constatado que en este país para los nacionalistas, y ahora también para algunos socialistas, las leyes parece que están sólo para cumplirse a conveniencia de parte, puede ocurrir cualquier cosa. Que Rubalcaba, cuando se le pasa la vena “jacobina” que dice Duran, es más nacionalista e, incluso, más catalán que Artur Mas, Duran, Ridao y los pujoles juntos. Que se ande con cuidado Durán porque el polivalente y policambiante Rubalcaba daría la talla como “tapado” de CiU y a la mínima que se descuidara el candidato nacionalista, lo levantaría de la cabecera electoral de la coalición. Que, como dice el lendakari Patxi López, “el PSOE se ha alejado de su gente”, si es que a estas alturas sabe realmente cuál es su gente. Eso o, simplemente, que en campaña se dicen muchas tonterías para encandilar a incautos.

¡Qué hartazón! Otra vez con el catalán a vueltas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña da un plazo de dos meses a la Generalitat para que cumpla la sentencia del Supremo sobre el bilingüismo en la educación y ya está liada de nuevo la parda. Los nacionalistas y los social-nacionalistas se rebelan y plantean el incumplimiento de la decisión judicial porque les toca las narices o porque les sale de las narices. La Generalidad recurre la decisión del TSJC aduciendo, según su portavoz, Francesc Homs, que ni el Supremo ni el TSJC “están habilitados” para valorar si una ley se ajusta al marco constitucional vigente ni para acabar con el modelo de inmersión lingüística que, además, cuenta con el respaldo de la Constitución. Curioso que recurran a la Constitución cuando les interesa y la pongan como un trapo cuando no. En cualquier caso, es una verdad a medias, seamos claros. Según los expertos, ni la sentencia del Supremo ni el plazo dado por el TSJC para que se cumpla cuestionan el modelo educativo de la Generalitat en cuanto a que el catalán sea lengua vehicular en la educación; se limitan a proteger derechos y libertades de ciudadanos, basándose, precisamente, en la doctrina del Tribunal Constitucional, que guste o no, o sólo guste a veces y a conveniencia, es el encargado de velar por que las leyes se ajusten a una Constitución en cuya elaboración, no lo olvidemos, participaron activamente los nacionalistas catalanes y que fue aprobada mayoritariamente por el pueblo catalán. Y en su sentencia sobre el “Estatut”, el TC, efectivamente, avala el modelo que sitúa al catalán como “lengua vehicular” tanto en la escuela como en la universidad. “Nada impide –dice el TC- que el Estatuto reconozca el derecho a recibir la enseñanza en catalán y que ésta sea lengua vehicular y de aprendizaje en todos los niveles de enseñanza”, pero subraya el Alto Tribunal que el castellano es “objeto de idéntico derecho” y que por ello no se puede excluir “como lengua docente”. Y abunda la sentencia del TC en que los particulares, en consecuencia, son los “titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de las dos lenguas”. La propia Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias otorga a los padres la potestad de elegir la lengua oficial en que quieren que sean instruidos sus hijos. De modo que, por mucho que se molesten los nacionalistas, no pueden aducir ahora presión ni represión alguna por parte del Estado al catalán ni a la enseñanza en catalán para exhibir su habitual y rentable victimismo histórico. Los tribunales se limitan a defender derechos de los ciudadanos, tanto de los que quieren ser educados en catalán como de los que quieren ser educados en castellano, las dos lenguas maternas y oficiales de la Comunidad catalana, que, por cierto, llevan conviviendo muchos siglos sin conflictos en el ámbito social, según reconocen los propios nacionalistas y social-nacionalistas. Lo que no se entiende es que si esa convivencia es tan ejemplar y ese  bilingüismo secular no plantea el más mínimo problema en el ámbito social, ¿por qué lo va a plantear en el ámbito docente? Más bien parece que quienes crean el conflicto son quienes proscriben en la educación y en la vida social una de las dos lenguas oficiales, conculcando derechos y libertades de padres de alumnos y de comerciantes que son multados por rotular en castellano. Eso, lo disfracen como lo disfracen, sí es represión. Un argumento recurrente para enmascarar esa represión con la cantinela de la “discriminación positiva” es que el catalán puede correr el riesgo de desaparecer. Eso sí que sería una auténtica desgracia cultural que nadie desea, pero aquí lo que se cuestiona es si el mejor método para preservarlo es la imposición o es el convencimiento de la responsabilidad y la necesidad ética, moral, legal, cultural y hasta sentimental de fomentarlo para preservarlo, pero sin causar “daños colaterales”. Por lo demás, no nos engañemos, lo que subyace en el trasfondo del asunto es que de las lenguas se han hecho banderas políticas con afanes de una más que dudosa eficacia “identitaria”. Hablar catalán no convierte a un senegalés automáticamente en catalán, como hablar castellano no convierte automáticamente a un chino en español. El bilingüismo es una seña de identidad de Cataluña, además de una auténtica riqueza cultural y de la otra. No olvidemos que el castellano o español, la lengua “enemiga” para algunos, es y ha sido durante siglos un buen negocio para el potente sector editorial catalán. Las encuestas no son concluyentes, pero aproximan bastante a las realidades sociales y la publicada ayer por ABC revela que más del 80 por ciento de los catalanes son partidarios de una educación bilingüe y casi el 70 por ciento está en contra de las sanciones por rotular en castellano. Lo demás, politiqueo de tres al cuarto, y más ahora que estamos en precampaña electoral. CiU y la Generalitat exhibiendo “testosterona” para encandilar a los más soberanistas del barrio, aun a costa de dar un pésimo ejemplo de cultura antidemocrática al trasladar a la calle la idea de que sólo hay que cumplir las resoluciones judiciales que a cada cual le interese. Y los social-nacionalistas azuzando para pescar en río revuelto. Sobre ¿qué va a pasar? Pues en el terreno judicial ya veremos cuando se resuelva el recurso, pero ya hay antecedentes de inhabilitación a un político autonómico por no acatar la ley (caso Atutxa) y no pasó nada, salvo el cabreo temporal de unos pocos. Y en el terreno político, pues lo de siempre, que en cuanto pasen las elecciones, echarán mano de la libreta y la calculadora y a pactar con el más pintado, que el “negoci” es el “negoci” y con las cosas de comer no se juega. Lo dicho, el mismo coñazo de siempre.

El portavoz de Sanidad del PSOE en Castilla-La Mancha, Fernando Mora, ha instado al Gobierno popular de Dolores de Cospedal a “retornar a la sensatez en la política” a raíz de que el nuevo Ejecutivo haya apuntado la posibilidad de llevar a sus antecesores a los tribunales si se confirma que, tras perder las elecciones, altos cargos socialistas de la Junta hicieron desaparecer numerosos documentos oficiales que podrían comprometer su gestión al frente de la misma. Mora añade que la oposición política “no está para ser machacada ni exterminada”. Que mala es la memoria selectiva. Seguramente Mora ha olvidado como recibieron los socialistas a Cospedal en la región, llamándola “paracaidista”. Cómo salían en tromba a descalificarla a la más mínima ocasión, incluso entrando en cuestiones personales. Cómo los socialistas han intentado en las dos últimas legislaturas establecer un “cordón sanitario” en torno al PP para borrarlo de la vida pública. O cómo, incluso, al final de la legislatura el PSOE y la Junta de Castilla-La Mancha llegaron a colocar a Cospedal la etiqueta de “traidora” a la Comunidad por no seguir al dictado las políticas de agua que le interesaban a Barreda. Que ahora salga Mora pidiendo “sensatez” y que no les “machaquen” en la oposición suena un tanto hipócrita, aunque el razonamiento sea loable. La sensatez en política no es sólo deseable sino que debería ser imprescindible. Y lo de no “machacar” a la oposición debería estar en el ADN de los talantes democráticos, al fin y al cabo, la democracia ideal se fundamenta en la saludable alternancia en el poder. Pero ambas cuestiones se quedan en agua de borrajas cuando no se predican con el ejemplo. Y esta, desgraciadamente, no es una democracia ideal ni la fineza ha sido, precisamente, una característica de la acción política en Castilla-La Mancha ni por el Gobierno ni por la oposición, aunque Mora se  empeñe en convencernos de que nos hemos caído de un guindo.

 



“Rinconetes y cortadillos”

El comienzo de legislatura en Castilla-La Mancha es más de lo de siempre solo que con los papeles cambiados y en un panorama de “tierra quemada”. Los populares empezaron por denunciar la “herencia” recibida del Gobierno de Barreda. Ni un “puto duro”, como dice Esperanza Aguirre, y más “trampas” que una película de chinos, además de una región con uno de los peores índices de paro y con el mayor déficit de todas las comunidades. Y esto les escoció a los socialistas. Los populares han hecho públicas, además, sus sospechas de que han destruido documentación “sensible” que podría comprometer la gestión socialista y anuncian su intención, incluso, de llevar el asunto a los tribunales si se corroboran sus sospechas. Esto ya, no es que le escueza, es que les  irrita. Pero en democracia es lo que hay, que al final se sabe casi todo y si ha habido irregularidades en la gestión, es buenísimo para el ciudadano de a pie y para el contribuyente en general que se sepa y se depuren las responsabilidades políticas o penales que correspondan. Es bueno para la credibilidad del sistema, por mucho que irrite a los socialistas, que, sin duda, harán lo mismo que los populares cuando les llegue el momento del relevo. Por eso en este país de “rinconetes y cortadillos”, tampoco es muy saludable una “sensatez” absoluta que tiente a los políticos a pactar tapadillos de vergüenzas y pelillos a la mar de conveniencia. Un poco de “machaque” no viene mal, siempre que la sangre no llegue al río.

 



Sensateces de conveniencia

En este comienzo de legislatura en Castilla-La Mancha tampoco los socialistas se han andado con chiquitas, o sea, con “sensateces”. Un ejemplo de ello fue que empezaron por denunciar que Cospedal, después de anunciar austeridad, había subido el sueldo a los suyos. La presidente de la Junta lo niega. Afirma que lo que ha hecho es subir del nivel 28 al 30 a seis jefes de gabinete y lo justifica en que a mayor nivel, mayor responsabilidad y mayor remuneración. Y lo adereza con que, a cambio, se ha eliminado el 60 por ciento de los altos cargos y el 50 por ciento de los puestos “a dedo” que tenía el PSOE entre asesores, ayudantes y demás “enchufados” del partido y allegados que, además, no cumplían ninguna función útil. “Machacó” también el PSOE con el asunto de los farmacéuticos en huelga porque no se les abonan las facturas que, por cierto, se dejó Barreda en el cajón de los impagados. Incluso sin esperar a los cien días de cortesía, los socialistas han hecho el “balance” de los cincuenta días del Gobierno del PP, para “machacarles” con que lo único que han hecho ha sido poco menos que “vaguear”. Y “machaca” ahora que sale la presidente de la Junta con un paquete de medidas, como la reducción del 20 por ciento del presupuesto; la eliminación de empresas públicas, instituciones inútiles y “chringuitos”  establecidos por el PSOE; la venta de coches y edificios de la Junta; la paralización de la obra pública, salvo la ya comprometida; la congelación de la contratación pública de personal; el control del absentismo laboral y la eliminación de dos tercios de la plaga de liberados sindicales que viven del erario público, entre otras, para, en total, ahorrar unos 1.800 millones en gastos que no sean imprescindibles para preservar las prestaciones sociales y el estado del bienestar, dice Cospedal, e intentar llenar las arcas regionales de algo más que de telarañas, ya que las cuentas reflejan una deuda de 7.455 millones y unas obligaciones reconocidas e impagadas de 2.600. Las medidas de Cospedal son sólo una aproximación a lo que nos espera para salir del caos económico, social y moral en que estamos inmersos. Sin duda habrá daños colaterales y pagarán justos por pecadores, pero es lo que hay. La propia ministra de Economía y Hacienda, la socialista Elena Salgado, aplaude las medidas de Cospedal, pero el PSOE de Castilla-La Mancha es otra cosa. Ya ha empezado a “machacar”, junto con sus acólitos sindicales, al Gobierno regional por esas medidas. Están en su papel, pero que no nos venga el socialista Mora con el “buenismo” de la “sensatez y el “machaque” porque ofende un pelín. Salvo que sea tan torpe como para entender que la “sensatez” y el “machaque” tengan que ser como dos trajes a la medida de sus intereses políticos.