Acabo de volver de Gibraltar. La última vez que había estado allí fue en julio de 2009, cuando Miguel Ángel Moratinos se encaramó a lo alto de la Roca con David Miliband y Peter Caruana. Algunas cosas han cambiado desde entonces. Caruana ya no es el ministro principal, porque Fabian Picardo le ganó las últimas elecciones. Milliband ya no está en el Gobierno británico. Y Moratinos, tras apuntar en distintas direcciones, se ha convertido en enviado especial del emir de Qatar. Pero la colonia sigue su vida y los “llanitos” están felices de que nada cambie.

El Foro Tripartito de Diálogo, auspiciado por Moratinos, es cosa del pasado, por más que Picardo quiera mantenerlo con vida. El nuevo Gobierno español lo ha dado ya por enterrado, pero se echa en falta un cierto plan para abordar el asunto, más allá de una vaga oferta de diálogo a cuatro bandas, incluyendo al Campo de Gibraltar. Hay un punto de precipitación en la actuación del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que quizás ha abierto antes de tiempo el melón, con su broma del “Gibraltar español” cuando había cámaras delante. A estas alturas, a la vista de las reacciones, el ministro ya debe saber que un contencioso de tres siglos no se soluciona con slogans.

Sin embargo, García-Margallo tiene razón a la hora de reclamar que se vuelva  hablar de soberanía. Se ha perdido mucho tiempo durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, que no fue capaz de hacer valer las concesiones que hacía con el Foro Tripartito para instar a los británicos a negociar, a la vez, las cuestiones de soberanía. Después de diez años de tranquilidad, ahora el Gobierno de David Cameron no quiere ni que se mencione el asunto. Por eso, Mariano Rajoy, que el día 21 irá a Londres, tiene la obligación de recordarle a Cameron que no puede olvidar las obligaciones contraídas por el Reino Unido, por ejemplo, en la Declaración de Bruselas de 1984, y, además, que eso no es propio de un correligionario político, de un socio en la Unión Europea y de un aliado en la OTAN.

España y el Reino Unido no pueden permitirse que un asunto como el de Gibraltar enturbie sus relaciones. No es aceptable que el “premier” británico se escude en la posición de los gibraltareños para mantener su inmovilismo. Picardo puede legítimamente, desde sus postulados, pedir que ni se hable de soberanía, pero Cameron no puede admitir ser rehén de los intereses del último reducto colonial en territorio europeo.

Madrid y Londres tienen derecho a hablar de soberanía, aunque le moleste a las autoridades del Peñón. Cosa distinta en el mundo moderno es que, a la hora de buscar posibles soluciones, se desprecie la opinión de los gibraltareños. No creo que haya nada capaz de convencerles de que les resulta mejor que ese territorio vuelva a pertenecer a España y, por supuesto, muy pocos de ellos querrán perder su nacionalidad británica. Sin embargo, eso no debe llevar a los dirigentes españoles y británicos a renunciar a intentar encontrar una fórmula imaginativa que termine con el anacronismo y, al propio tiempo, sea aceptable por los habitantes de la colonia, porque respete la mayoría de sus privilegios.