La noticia no ha merecido los grandes titulares de los periódicos que se ganan otros países, pero es lo suficientemente grave como para que los medios de comunicación le hubiéramos prestado una mayor atención. Y para que el Gobierno español hubiera reaccionado con mayor celeridad.

El régimen de Guinea Ecuatorial ejecutó el sábado día 21 a un civil y tres ex militares condenados a la pena capital, media hora después de ser dictada su sentencia, sin esperar a una apelación, ni poder despedirse de sus familiares. Los ex militares Jose Abeso Nsue, Manuel Ndong Aseme y el ex miembro de la seguridad presidencial y funcionario de Aduanas Jacinto Micha Obiang fueron condenados junto al civil Alipio Ndong Asumu por el tribunal militar por su supuesta implicación en el asalto al palacio presidencial de Malabo el 17 de febrero de 2009, el que murieron un soldado y uno de los asaltantes. Los cuatro ejecutados estaban refugiados en Benín, de donde fueron secuestrados en enero de este año por fuerzas de Seguridad de Guinea Ecuatorial, según Amnistía Internacional.

El hecho fue denunciado por la oposición ecuatoguineana y por Amnistía Internacional y el propio Gobierno de Malabo lo reconoció el viernes 28, en un comunicado en el que el presidente Teodoro Obiang Nguema relata así lo sucedido en la citada fecha de 2009: “Fue un intento de asesinato contra mí y contra mi familia y un intento de derrocar a mi Gobierno por parte de miembros de las Fuerzas Nacionales Armadas en colaboración con mercenarios y terroristas".  En consecuencia, el dictador añade: "Esos individuos fueron ejecutados inmediatamente debido al inminente peligro que suponen contra mí, contra mi familia y contra mi Gobierno".

En el mismo juicio fueron condenados a 20 años de prisión Santiago Asumu y Marcelino Nguema, ambos miembros de Unión Popular, pese a que ya habían sido absueltos el pasado mes de abril por otro tribunal, en el que se condenó a numerosos pescadores y comerciantes nigerianos detenidos durante el asalto al palacio de Obiang. El Gobierno de Guinea Ecuatorial considera que Faustino Ondo Ebang, ex dirigente de la opositora Unión Popular, refugiado en España desde 2007, es el cerebro del complot.

Hasta ayer, el Gobierno español no había hecho pública ninguna reacción oficial a lo que está sucediendo en Guinea, lo cual resulta sorprendente, no sólo por los lazos que mantiene con la antigua colonia, sino porque el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha presentado como el gran abanderado para lograr hasta 2015 una moratoria en la aplicación de la pena de muerte por los países que la tiene recogida en su legislación.

Aunque el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, que lideró la política de acercamiento al régimen de Malabo, se encuentra muy molesto por la falta de cumplimiento de sus promesas de transparencia por parte de Obiang, España apoyó que un premio de la Unesco sobre las Ciencias de la Vida llevara el nombre de presidente ecuatoguineano. Obiang se mostró dispuesto a dotarlo con tres millones de dólares, pero el Comité Ejecutivo de la Unesco rechazó la iniciativa, tras oponerse a ellas varios países, como Francia o Estados Unidos.