La Oficina de Gibraltar del Ministerio español de Asuntos Exteriores tendrá nuevo jefe a partir del mes de agosto. Se trata del diplomático Ignacio Mongé, que se encontraba actualmente destinado en Paris. Mongé, de 42 años es licenciado en Derecho y tiene una buena formación jurídica, algo que se considera importante para lidiar con las cuestiones relacionadas con la colonia británica.

El puesto se encontraba prácticamente vacante desde hace varios meses, ya que su anterior titular Juan José Sanz, fue nombrado cónsul en Francfurt, aunque durante un breve periodo de tiempo se hizo cargo de la Oficina Aurora Mejía, que lo dejó tras ser nombrada embajadora en Bosnia.

La vacante ha coincidido con unos meses muy movidos en las relaciones con el Peñón -incluidos los últimos incidentes pesqueros y el anuncio de la visita del Príncipe Eduardo de Inglaterra y su esposa-, y con la llegada del nuevo ministro, José Manuel García-Margallo, y del ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo. Pese a la ausencia del titular, la Oficina, que depende de la Dirección General de Política Exterior para Europa, ha seguido trabajando en los contenciosos surgidos, contando, sobre todo, con la labor de otro diplomático, Javier Istúriz, muy versado también en asuntos jurídicos, y de Alfonso Urzaiz, un funcionario del Ministerio que lleva muchos años dedicado a los asuntos de Gibraltar y los conoce al dedillo.

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de un nuevo director general para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo. Se trata de Ignacio Ybáñez, un diplomático de 49 años, que se encontraba actualmente destinado en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, y que relevará en el cargo a Juan González-Barba.

La sustitución de González-Barba era esperada desde hace bastantes semanas y al parecer su destino será ahora la Embajada en Sudán, que quedó vacante tras el nombramiento de Ramón Gil-Casares como embajador en Estados Unidos. González-Barba, que tiene un gran conocimiento de la situación en los países árabes y de Israel, fue uno de los directores generales que Margallo mantuvo del anterior equipo, añadiendo a sus competencias las relacionadas con África. Sin embargo, cinco meses después, se ha producido su sustitución y en ello ha influido, posiblemente, que, por diversas circunstancias, la sintonía con el ministro no era la mejor.

El futuro nombramiento del nuevo embajador se unirá a los que se están haciendo en distintos países de África, donde, finalmente, parece que se opta por mantener la mayoría de las Embajadas. Hace pocas fechas, Marcelino Cabanas fue nombrado embajador en Camerún, y ayer le correspondió el turno a Antonio Álvarez Barthe, que será el nuevo embajador en Gabón. Además, se espera que, en breve, el diplomático Luis Cuesta, que fue secretario general de Política de Defensa, con el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sea nombrado embajador en Tanzania.

En África, hay otras cuatro embajadas que se encuentran a  la espera de un nuevo titular. Se trata de Mozambique, Mali, Níger y Zimbabwe. Esta última quedó vacante por el fallecimiento de la embajadora, Pilar Fuertes, en un accidente en Namibia, y, aunque, en algún momento, se pensó que sería una de las embajadas a cerrar, parece que, por ahora, no se tomará esa decisión.

José Manuel García-Margallo quiere que Cristina Fernández acuda a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. No sólo lo desea, sino que anima a la presidenta de Argentina a que aproveche ese foro para abordar con España los problemas derivados de la expropiación del 51 por ciento de las acciones de Repsol en YPF.

El ministro de Asuntos Exteriores hizo esa invitación, poco después de haber firmado varios acuerdos de cooperación con la canciller mexicana, Patricia Espinosa.

Dos ejemplos de relaciones con dos grandes países que deberían ser referentes para España en Iberoamérica y con los que, de hecho, tiene suscritos acuerdos estratégicos. Pero mientras los contactos con México no han hecho más que mejorar en los últimos años, con independencia de quien gobernara el país, con Argentina lo cierto es que se han revelado cada vez más difíciles. La deriva populista de los Kirchner no ha hecho más que entorpecer las relaciones y provocará que las empresas españolas, que apostaron en su momento por Argentina, como un lugar natural para su expansión internacional, busquen ahora destinos con una mayor seguridad jurídica.

No deberíamos habituarnos a que España y Argentina lleven sin mantener contactos desde que se produjo la expropiación de Repsol. Ni la historia ni los intereses ni los lazos que unen a miles de españoles y argentinos merecen ese distanciamiento. Bienvenida sea la mano tendida de García-Margallo, pero sería más deseable aún que, para cuando se celebre la cumbre de Cádiz, en el mes de noviembre, estén ya encauzadas las relaciones. De lo contrario, se corre el riesgo de que la cita se convierta en un ring en el que se repitan situaciones como la de la Cumbre de Santiago de Chile, con el famoso “¿por qué no te callas?” del Rey a Hugo Chávez.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, pilota personalmente todo lo que se refiere a Gibraltar. Desde que lanzó aquel “Gibraltar español” a un europarlamentario británico amigo, no ha perdido de vista lo que pasa en torno al Peñón. Escribió a su colega británico, William Hague, urgiendo a volver a hablar de la soberanía y dando por liquidado el Foro Trilateral de Diálogo que quiere convertir en una mesa cuatripartita para colocar a las autoridades de la colonia al nivel de las del Campo de Gibraltar.

Es el propio ministro quien protagoniza las reacciones a la actitud de los británicos y gibraltareños y quien habla con la Casa del Rey y con los representantes de los grupos parlamentarios. Si no fuera porque hay otros problemas que también necesitan de su atención, se podría decir que hemos vuelto a aquello del “ministro del asunto exterior”, que se decía de Fernando Castiella.

¿Tiene razón el ministro en optar por la firmeza ante el Reino Unido? En principio, si. Londres ha vivido demasiado tranquilo durante siete años y pico, por lo que respecta a Gibraltar. Puede que la cuestión del Peñón no sea ya algo que moleste en exceso a los españoles. Si los “llanitos” quieren seguir siendo británicos, pues muy bien. Nadie les puede obligar a no serlo, en contra de su voluntad. Pero no es aceptable que España se vea perjudicada, en pleno siglo XXI, por la excepcionalidad de una colonia en su territorio.

Las autoridades de Gibraltar no pueden pretender que los pescadores de Algeciras o La Línea no faenen en torno al Peñón y que España se quede cruzada de brazos. La Guardia Civil tiene obligación de proteger a esos pescadores en aguas que son españolas. No hacerlo equivaldría a reconocer lo contrario, que es lo que pretende el ministro principal, Fabian Picardo.

El Reno Unido pretende desmarcarse de un conflicto que, sin embargo, tiene repercusión en la cuestión de la soberanía, que está obligado a negociar con España. Londres no puede mirar para otro lado ante las demandas españolas.

Tal vez haya quien considere excesiva la cancelación de la presencia de Doña Sofía en los actos del 60 aniversario de la llegada al Trono de Isabel II de Inglaterra, pero es un gesto que denota el nivel de malestar existente sobre todo con el Gobierno de David Cameron. Y me da la impresión de que puede no ser la única medida. Las colas para atravesar la verja han empezado a alargarse, simplemente cuando la Guardia Civil se ha puesto a inspeccionar a fondo a uno de cada siete vehículos. Los gibraltareños han comenzado a vivir en sus carnes el resultado de la equivocada política de su gobierno. A nadie le extrañe si se recuperan las prohibiciones de sobrevuelo del territorio español a los aviones que salgan o vayan a Gibraltar.

Los Gobiernos de España y Estados Unidos no podrán cerrar en la próxima cumbre de la Alianza Atlántica, en Chicago, el acuerdo para modificar el Convenio de Defensa entre los dos países, de forma que se pueda adaptar la incorporación de la base naval de Rota al escudo antimisiles de la OTAN. La base debe acoger cuatro destructores dotados con el sistema de combate Aegis y un contingente de unos 1.200 militares, que se unirán a los 2.000  de la actualidad.

La intención inicial, expresada por el propio embajador estadounidense en Madrid, Alan D. Solomont, era llevar el acuerdo a la reunión de los países aliados los días 20 y 21 de este mes. Incluso, se habló  de la posibilidad de que lo anunciaran Barack Obama y Mariano Rajoy, tras un encuentro en los márgenes de la cumbre.

No podrá cumplirse con el objetivo, porque Estados Unidos aún no ha dado respuesta a la propuesta de modificación que le fue enviada por España el pasado 7 de marzo. Aunque las autoridades españolas eran conscientes de que la propuesta tenía que ser analizada por distintas instancias, como el Departamento de Estado, el Pentágono o el Consejo de Seguridad Nacional, esperaban que se hubiera producido una respuesta con tiempo suficiente para haberla podido llevar a la cumbre de Chicago.

Hace ya algunas semanas, sin embargo, que se desechó la idea, al seguirse sin una respuesta. La modificación del Convenio exigirá su aprobación por el Consejo de Ministros y su ratificación por el Parlamento.

El pasado lunes, el secretario de Estado adjunto para Asuntos Europeos de Estados Unidos, Philip Gordon, aseguró en Madrid a las autoridades españolas que habría una contestación en próximas fechas, pero todavía no se ha producido.

La tardanza en la respuesta estadounidense no parece que pueda achacarse sólo a que ha habido cambios en los responsables de los departamentos de Exteriores y Defensa. Posiblemente ha influido también el hecho de que se ha retrasado la fecha prevista para la llegada de los dos primeros destructores a Rota, con lo que Estados Unidos, que parecía haber metido algo de prisa a España para realizar los cambios necesarios en el convenio, ahora no se siente tan urgido. Inicialmente se anunció la llegada de dos destructores para octubre de 2013 -Ross y Donald Cook, actualmente en la base de Norfolk, Virgina- y de los otros dos -Carney y Porte-, que se encuentran en Mayport, Florida y en Norfolk- para septiembre de 2014. Sin embargo, meses después se habló ya del año 2014 para los primeros y 2015 para el resto.

La española, según las fuentes consultadas por este periódico es una propuesta de mínimos, ceñida a lo necesario para permitir el estacionamiento permanente de los cuatro buques y el aumento de personal. Cada uno de los barcos tiene cerca de 300 tripulantes y además se precisa en torno a un centenar de civiles para las cuestiones relacionadas con las infraestructuras y el mantenimiento. Como actualmente hay unos 2.000 militares estadounidense no es previsible que se supere el número tope establecido para Rota en el Convenio Defensivo. Cuando se firmó en 1988 ese tope era de 5.250, pero con la enmienda a proabda en el año 2.000 se redujo a 4.250.

No se asusten. Me refiero al cambio de embajador español. El otro, el que debería llevar a la democracia en la isla, no parece que esté a las puertas. Dentro de unas semanas se instalará en su residencia en La Habana Juan Francisco Montalbán, el nuevo jefe de la misión española en Cuba, y la abandonará Manuel Cacho, que la ha ocupado en los últimos cuatro años.

Cacho es un experimentado diplomático, que actuó como portavoz de Miguel Ángel Moratinos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, y que después cumplió las instrucciones de los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero en la relación con el régimen castrista. Una de esas instrucciones era que no debería mantener contacto personal con los disidentes del interior. La tarea quedaba en manos de otro funcionario de la Embajada, en la que siempre ha habido algún diplomático encargado de esos contactos, pero que en otros tiempos, no excluía que el propio embajador pudiera recibir a algunos de los opositores.

Ese es el cambio que puede producirse ahora. Al menos es lo que esperan los grupos de disidentes: que el nuevo embajador les abra de nuevo las puertas de la representación diplomática. Las palabras del ministro José Manuel García-Margallo en ABC asegurando que no irá a Cuba si no puede verse con las Damas de Blanco y los disidentes les ha llenado de esperanza, lo mismo que la presencia del secretario de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón García Hernández, en el acto celebrado el viernes pasado en Casa de América para conmemorar el décimo aniversario del animoso Proyecto Varela.

El Gobierno cubano, a través de su viceministro de Relaciones Exteriores, Dagoberto Rodríguez, reaccionó calificando de “injerencistas” las palabras de Margallo y recordando que nadie le ha invitado a viajar a la isla. Rodríguez tiene razón en esto último, pero las autoridades de La Habana deben saber que las cosas no van a ser iguales con este Gobierno. Ni en la relación bilateral ni en la relación con la Unión Europea. Si Moratinos aceptó la condición de que para viajar a la isla y lograr la liberación de presos políticos no debía hablar con la disidencia, no parece que el nuevo Gobierno esté dispuesto a ello. Y después de todo, no se puede olvidar que cuando Abel Matutes viajó a Cuba como ministro de Exteriores, en 1998, se reunió con disidentes en la Embajada española. El régimen no se vino abajo por aquel encuentro.

Las declaraciones hechas el pasado domingo por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel-García Margallo, a ABC están teniendo una amplia repercusión, sobre todo en aquellos lugares que se han visto aludidos por el lenguaje directo que utiliza el jefe de la diplomacia española. En Bolivia, Cuba y Gibraltar, sus palabras no han pasado inadvertidas.

Bolivia. El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, ha asegurado que su país pagará “una suma pequeña, diminuta” o que quizás, incluso, decida no pagar “nada” a Red Eléctrica Española, tras la expropiación de su filial Transportadora de Electricidad. Las palabras del hombre al que se considera el ideólogo del Gobierno de Evo Morales se produjeron después de que García-Margallo revelara en ABC que España está considerando suspender la cooperación con Bolivia, en caso de que no hubiera una compensación adecuada tras la expropiación. El ministro distingue el caso boliviano de la expropiación de Repsol por Argentina, y confía en un acuerdo, porque no desea una suspensión de una ayuda que, en un país como Bolivia afectaría fundamentalmente a la población. Pero no lo excluye y las palabras de García Linera no hacen pensar en que la negociación vaya a ser fácil.

Aunque no lo haya afirmado el ministro, si no hay entendimiento, parece que la programada visita de la Reina Doña Sofía a Bolivia en octubre para visitar distintos proyectos de cooperación, podría verse igualmente cancelada.

Cuba. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Dagoberto Rodríguez Barrera,  ha acusado de “injerencista” a García-Margallo, por afirmar en ABC que no irá a la isla, si no puede reunirse con las Damas de Blanco y los disidentes. Al vicecanciller castrista las declaraciones del ministro español le parecen, además "irrespetuosas e incluso un poco ingenuas" y ha recordado que Cuba "ya no es una colonia" española "ni de ningún otro país". Por último, recuerda a García-Margallo que “nadie” le ha invitado a ir a Cuba y le pregunta irónicamente si cree "que no le hace falta invitación".

Las autoridades de La Habana tienen claro que, tras la salida de Miguel Ángel Moratinos, del Gobierno de Zapatero, han dejado de tener en España el gran valedor ante la Unión Europea.

Gibraltar. El Gobierno de la colonia británica ha difundido una nota para decirle al ministro que no es cierto que el Reino Unido se haya desvinculado del Foro Trilateral de Diálogo, sino que sigue comprometido con él. García-Margallo afirmó en su entrevista con ABC que, tras haber propuesto a Londres la conversión de ese foro trilateral en uno a cuatro bandas, con inclusión de los representantes del Campo de Gibraltar, ha recibido una respuesta de su colega británico, William Hague, que considera “plenamente satisfactoria” en el sentido de que ya “nadie aspira a que haya un foro trilateral” y que sólo habrá reuniones “ad hoc”, con un equilibrio de posiciones.

Con independencia de lo que digan unos y otros, el Gobierno de Fabian Picardo se equivoca tanto si piensa que sigue viva una iniciativa que hace tiempo que pasó a mejor vida, como si pretende seguir poniendo trabas a la actuación de los pesqueros españoles en la Bahía de Algeciras.

Por desgracia, la actuación de Evo Morales al expropiar la filial boliviana de Red Eléctrica Española, no será, probablemente, la única que tendrá que lamentar el Gobierno español. Hay todavía varios regímenes populistas en Iberoamérica dispuestos a saltarse olímpicamente todas las normas de seguridad jurídica si lo consideran necesario para su supervivencia. Más de una empresa española ha tenido problemas en los últimos años en Nicaragua, Ecuador o Venezuela y cualquier día el Gobierno de Mariano Rajoy puede encontrarse con nuevas expropiaciones.

Es cierto que la medida tomada por Morales no tiene los mismos elementos que la adoptada  por Cristina Fernández de Kirchner con Repsol-YPF, pero quizás se esperaba una mayor firmeza del Ejecutivo español, la misma que se pedía al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Al menos para dejar claro que no se quedará con los brazos cruzados. Las promesas de Morales de que compensarán a Red Eléctrica por los costes invertidos no son suficientes para quedarse tranquilos. Sobre todo por el peligro de contagio.

España es el principal inversor de Europa en Iberoamérica y siempre se ha destacado el papel que puede desempeñar como puente con la Unión Europea. Por eso, debe alzar su voz también en los foros comunitarios y reclamar que se pase de las expresiones de “preocupación” y de las advertencias y amenazas a los hechos. El trato europeo a los países iberoamericanos que respetan las reglas, como Brasil, México, Chile, Colombia, o Perú, no puede ser el mismo que para aquellos que atropellan los intereses de los inversores extranjeros y ni siquiera pagan sus deudas cuando han recibido sentencias condenatorias de los tribunales internacionales de arbitraje.

Y en el plano bilateral, es obvio que hay otras empresas españolas actuando en esos países, pero no debe aceptarse que sean tomadas como rehenes, porque, además, tarde o temprano, también ellas pueden sufrir las consecuencias de las actuaciones populistas, si el gobernante de turno lo considera útil para sus propósitos.

Dentro de unos días, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Jesús Gracia, viajará a La Paz. La visita estaba programada desde antes de que se produjera la expropiación de la empresa Transportadora de Electricidad, pero adquiere ahora un especial interés. Quizás las promesas de apoyo económico y de cooperación con Bolivia que –pese a los recortes- el secretario de Estado iba a llevar, haya que guardarlas de nuevo en la cartera. Sería un mensaje para Morales, pero también para sus amigos del eje bolivariano, tentados de seguir el camino abierto por la viuda de Néstor Kirchner.

Ha habido resultados positivos. Sin embargo, más allá de algunas declaraciones condenatorias de la actuación del Gobierno de Kirchner, puede resultar difícil que en algunos de esos foros, como el G-20, se decida aislar a Argentina. Hay otros países miembros del club que querrán aprovechar la situación, como puede ser el caso de China.

Además, en el ámbito iberoamericano, las cosas no son tan sencillas. Hay una cierta solidaridad con el vecino continental sobre todo cuando se trata de reafirmar la soberanía y, especialmente, cuando se hace frente a España. Las declaraciones públicas de los mandatarios de esos países, tras el atropello llevado a cabo en el caso de YPF, suelen ir en la línea de asegurar que en ellos sí hay seguridad jurídica. Casi imposible resultaría un texto de condena explícito en una cita, como por ejemplo, la Cumbre Iberoamericana de Cádíz, en la que puede estar presente la propia Cristina Fernández de Kirchner, porque las invitaciones a todos los países miembros ya han sido cursadas.

Otro de los colosos iberoamericanos, Brasil, sobre el que España parece haber lanzado una ofensiva de fortalecimiento de relaciones, se ha mostrado muy cauto ante la decisión de Argentina, porque tiene importante intereses en ese país vecino. Lo cierto es que estos días ha viajado a Brasil el secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamérica, Jesús Gracia, que, en mayo tiene previsto hacerlo el ministro García-Margallo; y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, asistirá en Río de Janeiro a la reunión del G-20 con el Grupo de Río, a finales de junio. Además, si para ese mismo mes de junio, el Rey está recuperado, podría realizar también una gira por Brasil y Chile, prevista desde hace meses.

La relación con Brasil, lo mismo que con México, es clave para España, en Iberoamérica y sería importante contar con la presencia de la presidenta Dilma Roussef, en la Cumbre de Candís, pero no sería bueno que se diera la sensación de que el principal objetivo de esos viajes es aislar a Argentina. Y mucho menos que se involucrara en la operación a Don Juan Carlos, cuyo prestigio en los países de la región es preciso salvaguardar.

El ciclón desatado con el expolio de Repsol por parte del Gobierno argentino ha impedido concentrar la atención en unas palabras del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo sobre Cuba. En sede parlamentaria, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, en concreto, el ministro hizo el martes pasado una afirmación tajante: No visitará la isla si no se le permite reunirse con la disidencia ni con grupos como las Damas de Blanco.

La declaración no ha causado extrañeza, ni siquiera en las autoridades cubanas. Que yo sepa no ha habido ningún pronunciamiento en los medios oficiales del régimen. Quizás llegue más adelante o tal vez se dé ya por descontado que esa es la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy y que poco importa si García-Margallo va o no va a Cuba.

De todos modos, hay que recordar que no todos los ministros de Exteriores españoles eludieron el encuentro con disidentes como hizo Miguel Ángel Moratinos, que sólo se reunió con miembros del Gobierno. Abel Matutes, ministro con un Gobierno de José María Aznar visitó La Habana y se reunió con opositores al régimen en el año 1998. No ocurrió nada.

El régimen de La Habana debería tener una mentalidad más abierta y no tratar de condicionar las visitas de gobernantes extranjeros a Cuba a que no se vean con la disidencia. El argumento de que son contrarrevolucionarios pagados por el imperialismo estadounidense suena bastante rancio. Si de verdad quieren una nueva relación con la Unión Europea, tendrían que comenzar por dar alguna muestra más de apertura hacia comportamientos democráticos.

El Gobierno español cursó ya hace tiempo la invitación para asistir a todos los presidentes iberoamericanos, por lo que no cabría una medida diplomática que excluyera a la mandataria argentina. Además, a España le interesa que haya el mayor número de asistentes posibles y el Gobierno ya anunció que habrá visitas a todos los países iberoamericanos antes de la cita de Cádiz, con el fin de intentar asegurar la presencia de todos los jefes de Estado.

En cualquier caso, es de prever que el contencioso con Argentina estará presente en la Cumbre, donde se volverá a visualizar la división de modelos existente en Iberoamérica. Es posible también que Cristina Fernández de Kirchner se lo piense antes de viajar a Cádiz y que opte por la ausencia, como ocurrirá probablemente con Raúl Castro y con Hugo Chávez, y no sólo por su enfermedad. La presidenta argentina, con sus actitudes populistas, se alinea ahora más con los regimenes dictatoriales o bolivarianos, que con los que apuestan por el Estado de Derecho y por comportamientos democráticos.

La primera reunión de ministros preparatoria de la cumbre tendrá lugar los días 7 y 8 de mayo en el Palacio de la Moncloa. Será la de los ministros de la Presidencia, encabezada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, y no resulta difícil aventurar que se aborde la medida adoptada por Argentina.

España debería aprovechar la ocasión para tratar de que la Cumbre de Cádiz, al menos debata un texto en el que se denuncien los comportamientos arbitrarios y abusivos de los gobiernos que no respetan las reglas de la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras. Sin duda, no contará con el apoyo de todos, pero, al menos quedarán retratados los gobernantes de los que no se puede un fiar, porque, en el fondo, como diría la propia viuda de Kirchner, son unos patoteros, expresión que, por lo visto, se aplica en Argentina a los jóvenes bravucones y perdonavidas.

El cambio que está experimentando Polonia desde la caída del comunismo es bastante notorio cuando se anda por las calles de sus ciudades, cada vez más modernas. Lo que España fue hace unas décadas lo está siendo hoy Polonia, gracias a los fondos de cohesión que está recibiendo de la Unión Europea y que, como hizo nuestro país, parece estar aprovechando bien. En ese sentido, Rajoy y Tusk han coincidido en seguir apoyando las políticas de cohesión dentro de la UE y en actuar de manera coordinada en las negociaciones sobre las nuevas perspectivas financieras, el presupuesto comunitario, para el periodo 2014-2020.

Los polacos quieren seguir siendo los principales receptores de las ayudas europeas y España, aunque es consciente de que va a pasar a ser ya contribuyente neto, aspira a que varias de sus comunidades (Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha), que estaban en el llamado “Objetivo 1”, y que han superado ya el 75 por ciento, no se queden sin fondos de manera abrupta, sino que se establezca un periodo transitorio.

Tusk, tras reunirse con Rajoy, ha hecho hincapié en que las empresas españolas pueden beneficiarse del desarrollo que alcance Polonia con esos fondos europeos, al poder invertir en infraestructuras y en otros sectores.

Sirva, como ejemplo que, coincidiendo con la cumbre hispano-polaca, se ha sabido que Acciona se ha adjudicado la construcción en Polonia de una planta de tratamiento y aprovechamiento energético de residuos por un importe de 209 millones de dólares (unos 159 millones de euros).

Fabian Picardo es un político activo a quien tuve ocasión de entrevistar hace algunas semanas. Hombre afable y cercano, Picardo disfrutaba de su reciente triunfo sobre Peter Caruana, en las elecciones en Gibraltar. Había logrado desbancar a quien estuvo más de quince años en el poder y, por fin, conseguía devolver a los laboristas al número 6 de Covent Place.

El discurso de Picardo destila un exagerado fervor nacionalista que espero que su inteligencia sea capaz de moderar. El ministro principal de Gibraltar debería ser consciente de que no le conviene estirar demasiado la cuerda porque puede rompérsele por más de un sitio. Ni Madrid ni Londres, por distintos motivos, van a permitirle excesos. El contencioso abierto con los pescadores españoles que faenan en torno al Peñón no es una buena señal.

Afortunadamente, Picardo tuvo la sensatez de aceptar el ofrecimiento del alcalde algecireño y diputado del PP, José Ignacio Landaluce, de sentarse a conversar para recuperar la normalidad. A eso siguió la reunión de los representantes de las cofradías de pescadores de la Línea y Algeciras con la Policía de Gibraltar, en la que fue presentada una propuesta de acuerdo que será contestada el martes, día 10. Unos 70 barcos y un total de 300 familias que tradicionalmente han vivido de  las pesca en la zona están pendientes de la repuesta gibraltareña a unas condiciones que parecen bastante lógicas. No lo sería, por el contrario, pretender que los pescadores no puedan faenar hasta más allá de milla y media del Peñón en la Bahía de Algeciras y hasta tres millas en la cara este. Ni resultaría rentable para los pescadores, ni España podría aceptarlo, porque no reconoce al Reino Unido soberanía sobre esas aguas.

El Gobierno español ya ha expresado a Londres sus protestas por el acoso sufrido por los pesqueros y, según aseguran fuentes próximas al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, está reiterando que si continúa una actitud hostil se podrían aplicar medidas que, desde luego, no harían más fácil la vida a los gibraltareños. Nadie quiere citarlas expresamente, pero ahí está el fantasma de la severidad en los controles en la verja o, incluso, la reposición de las prohibiciones de sobrevolar territorio español a los aviones que vayan o salgan de Gibraltar.

El Ejecutivo de David Cameron no quiere tampoco problemas con España. Si se escuda en los deseos de los gibraltareños para no reanudar las negociaciones sobre soberanía, no quiere, sin embargo, que la actitud de los llanitos dificulte sus relaciones con un país socio en la UE y aliado en la OTAN.

Fabian Picardo debería tener en cuenta todos estos factores.  

Una de las primeras actuaciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, fue aquella frase de “Gibraltar español” lanzada a un antiguo colega británico europarlamentario, que provocó las iras de las autoridades gibraltareñas.

Poco después, García-Margallo se descolgó con otra afirmación que mereció los titulares de los periódicos: “Se han acabado las bromas con Gibraltar”, a la que siguió la decisión de dar por finiquitado el Foro Trilateral puesto en marcha por su predecesor en el cargo Miguel Ángel Moratinos. A ello siguió la presión sobre el Reino Unido para reanudar las negociaciones sobre la soberanía del Peñón y la poco esperanzadora respuesta de Londres, lo que ha terminado por llevar el asunto a una especie de callejón sin salida.

Tras la fuerza del descorche, parece haberse terminado el gas, y da la impresión de que en el Ministerio, donde, por cierto, está vacante el puesto de director de la Oficina de Gibraltar, no hay una idea clara de cuál es el camino a seguir.

Mientras, el Gobierno gibraltareño liderado por el laborista Fabian Picardo, está tomando la iniciativa con decisiones que perjudican a los intereses españoles. En concreto, los de unos setenta pesqueros que han venido faenando tradicionalmente en la Bahía de Algeciras y que lo hacían últimamente en virtud de un acuerdo de 1999 con el Ejecutivo de Peter Caruana, que su sucesor ha dado por suspendido.

El acoso a esos barcos por parte de la Policía gibraltareña, que les impide pescar en las cercanías del Peñón, mereció hace un par de semanas la protesta de España ante el Reino Unido, pero no parece que esa protesta haya sido muy eficaz.

El martes pasado, representantes del las cofradías de pescadores se reunieron con los dirigentes de la Royal Gibraltar Police y según han asegurado los pescadores, salieron satisfechos de lo tratado. Consideran que los palangreros van a poder seguir pescando como siempre. Otras informaciones, sin embargo, apuntan que la Policía del Peñón dejó claro que habrá restricciones por la Ley de Protección de la Naturaleza dictada por la colonia en 1991 y que se aplicará la legislación británica en esas aguas: a 1,5 millas de la costa, en la Bahía y a 3 millas de la cara este del Peñón.

Puede que el acuerdo satisfaga a los pescadores, que lo que desean es poder seguir con su actividad, pero el Gobierno español no puede quedar al margen de ese entendimiento, porque no debe admitir la soberanía del Reino Unido sobre las aguas que rodean el Peñón. Y la voz de Ministerio de Asuntos Exteriores, siempre tan atento a cualquier medida que perjudique las reclamaciones españolas, debería dejarse oir claramente lo antes posible.

El PSOE ha hecho público el balance de los 100 primeros días del Gobierno de Mariano Rajoy. Por lo que respecta a las cuestiones de Asuntos Exteriores y Defensa, el balance no es muy exhaustivo, algo que justifican los socialistas en que esos departamentos, dirigidos por José Manuel García-Margallo y Pedro Morenés, respectivamente, están “inéditos”.

Las apreciaciones del PSOE sobre lo hecho por el Gobierno en Política Exterior y Defensa no son precisamente profundas y parecen hechas no ya en un par de tarde, sino en media hora libre.

Las críticas pueden sintetizarse así:

-Gibraltar. Consideran que la insistencia de García-Margallo en abordar el asunto de Gibraltar “va desde el sorprendente y un tanto chusco, saludo ‘Gibraltar español’ que le propinó a un diputado británico en el Parlamento Europeo hasta su insistencia en reanudar las negociaciones interrumpidas hace una década o su indisimulada contrariedad en relación con el denominado Foro Trilateral”. El PSOE se pregunta si se trata de una posición que tendrá continuidad o de “simples escaramuzas dialécticas de un ministro al parecer con pocas ocupaciones”.

-Cuba. El PSOE ve “algunos signos de cambio en la posición, hasta ahora de marcada hostilidad, que el PP había mantenido incólume hacia Cuba”. Esta opinión se basa en una declaración del titular de Asuntos Exteriores en las que afirma que “el Gobierno es partidario de una interpretación flexible de la posición común de la Unión Europea” con respecto a la isla.

-Sahara. Estiman lo socialistas que “la contundencia marcadamente crítica que se mantuvo en la oposición con respecto a las relaciones con Marruecos, parecen dar paso a otra posición en la que, por ejemplo, la cuestión del Sahara, de la que tanto alardeó el PP en la pasada legislatura, no parece tener cabida”.

-Nombramiento de Federico Trillo. Denuncian que con el nombramiento del ex ministro de Defensa como embajador en Londres, el Gobierno se desdice de los compromisos del PP cuando estaba en la oposición, en referencia a que los puestos de embajador serían ocupados por diplomáticos de carrera. (Trillo es hasta la fecha el único político nombrado embajador por el Gobierno de Rajoy).

-Cooperación. EL PSOE cree que este es el elemento en que se puede ser más crítico, por el recorte de más de 1.000 millones de euros en cooperación que rebajan ya sustancialmente el porcentaje del PIB que dedica España a estas partidas. “El porvenir de la legislatura en el terreno de la cooperación, lejos de acercarnos al objetivo del 0,7% como afirmaba el Programa Electoral del PP sin duda alguna descenderá hasta aproximarse a los mismos niveles de hace dos legislaturas”, aseguran”.

-Defensa. Los socialistas consideran que hay “poco más que reseñar que la decisión de aplazar la retirada de las tropas españolas en Afganistán probablemente hasta finales de 2012 y el anuncio de que se abaratará el coste de las misiones españolas en el exterior”.