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España ante el Open Data

Según datos recién publicados por la World Wide Web Foundation, España es uno de los líderes mundiales en Open Data.

Los datos, conocidos como Open Data Index, se daban a conocer el 18 de septiembre de 2012 por la World Wide Web Foundation, creada por Sir Tim Berners-Lee, el diseñador de la propia Web, sin lugar a dudas la aplicación más popular de Internet y la que explica su masiva irrupción entre el gran público a partir de mediados de los noventa.

El Open Data Index forma a su vez parte de un documento de mayor amplitud, el denominado Web Index, dado a conocer diez días antes y que, según sus mismos autores, constituye "el primer análisis multidimensional del mundo acerca del uso, utilidad e impacto de la Web sobre personas y países. Abarca 61 Estados desarrollados y en desarrollo, incorporando indicadores que evalúan el impacto político, económico y social de la Web, así como su infraestructura y conectividad."

España no sale nada mal parada, pues se sitúa en el puesto 18, con una puntuación media de 72.12 sobre 100, siendo Suecia el país líder, con 100 puntos. Nuestro país obtiene su mejor nota en infraestructura, con 79.18 puntos; en contenidos, conseguimos 72.40; mientras que nuestra peor calificación es en materia de impacto, con 66.97. Pese a todo, el Web Index incluye una tabla de "eficiencias", que compara el índice Web de cada país con su PIB per cápita: si tenemos en cuenta que España ocuparía en este último aspecto el puesto 16 de entre las 61 naciones analizadas, se deduce que debiéramos estar al menos dos puestos por encima. Llaman en este sentido la atención países como el Reino Unido, que debiera estar hasta diez puestos por debajo en función de este mismo criterio (ocupa el tercer puesto global del Web Index y el 13º en PIB per cápita); o como Nueva Zelanda, Filipinas, India y Kenia, que respectivamente debieran estar hasta 11 puestos más abajo.

Volvamos al índice sobre Open Data, que se encuadra en el Subíndice "Marco Institucional" del Web Index, bajo la rúbrica "Apertura de los datos en manos de los poderes públicos". El Open Data Index se compone de 14 indicadores, a su vez agrupables en tres grandes bloques:

-          Apertura, en el que se calibra el uso de licencias abiertas por parte de las Administraciones.

-          Transparencia, escindible en otras cuatro categorías:

o   Publicidad de los datos (concretamente en materia de comercio, fiscalidad, salud, educación, transportes y criminalidad, así como sobre censo y cartografía).

o   Información sobre contactos en unidades administrativas (los conocidos directorios).

o   Si el gobierno en cuestión dispone o no de una política específica en esta materia.

o   Y facilidad de acceso a datos públicos (en formatos abiertos).

-          Interactividad con el ciudadano, observable en dos campos adicionales:

o   Declaraciones de impuestos.

o   Y si se han creado o no nuevos servicios e información a partir de los datos públicos existentes en diferentes áreas.

La posición relativa de España en este ámbito es sin duda alguna de liderazgo, pues compartimos el 10º puesto exequo con Portugal. Por detrás, otros 50 países, entre ellos nada menos que Alemania, Japón, Francia o Italia, así como el líder absoluto del Web Index, Suecia como decíamos.  En este caso la tabla la encabezan los EE.UU.

No obstante, datos como la extraordinaria y muy meritoria segunda posición de México deben llamarnos a reflexión, en el sentido de considerar que tenemos claro potencial de situarnos mucho más arriba en esa clasificación mundial sobre Open Data. Más aún si recordamos, con el profesor del Instituto de Empresa David Córdova, que en el "Open Government" radica todo un nuevo paradigma de gobernanza, que ha de conducir a mayores cotas de transparencia pública, confianza ciudadana en la acción de gobierno y corresponsabilidad de gobernantes y gobernados.

Creo así que, sin perjuicio de avanzar en el uso de licencias abiertas, nuestros poderes públicos deben igualmente profundizar en el respeto a los términos de las licencias que, sin ser abiertas, son pese a todo fundamentales en su quehacer cotidiano. A ello invita por cierto un Código-modelo sobre el tema presentado en Madrid el 21 de mayo de 2012, con el respaldo del Gobierno de España y del sector TIC, y en el que tuve el honor de participar.

 Sobran las razones generales en este sentido, bastando citar el respeto a la propiedad intelectual de terceros y con ello el fomento de la innovación y el crecimiento de la sociedad en su conjunto. Aunque también debe recordarse que la transparencia pública siempre podrá beneficiarse del uso por las Administraciones de software innovador.

España debe asimismo mejorar en el capítulo específico de transparencia documental. Es de esperar que a ello contribuya el Proyecto de ley en la materia que pronto entrará en vigor. Con todo, y como en una entrega anterior de La Ley en la Red se hacía ver, la pauta general debe ser aquí la de apertura, sin más excepciones que las que esa misma ley o la Constitución establezcan.

Así, y aunque disponemos de gran cantidad de información en línea, todavía es posible incorporar mucha más, en materia de contratación pública, por ejemplo. Y lo que es tanto o más importante, aún es posible avanzar mucho en la sistematización de esa información disponible, para hacerla más fácilmente utilizable.

Por último, las  Administraciones españolas son bien conscientes de la importancia de la interactividad en este ámbito, de manera que el ciudadano no obtenga simplemente información de los sitios web públicos, sino que pueda asimismo relacionarse con ellas en línea, con los consiguientes ahorros en tiempo y dinero, que a su vez contribuirán de manera decisiva a la productividad general. Así sucede precisamente con nuestras Administraciones tributarias, estatal o territoriales, que son en este terreno pioneras mundiales. Pese a ello, queda aún mucho por delante para hacer de nuestras Administraciones electrónicas entramados fundamentalmente interactivos, sobre todo en las de algunas Comunidades Autónomas y en las de la gran mayoría de las entidades locales.

Confiemos en que la actual crisis económica no haga olvidar a nuestros gestores públicos que una Administración más abierta y transparente no solo asegura más democracia, sino que también garantiza una sociedad más informada, base esencial de una mayor prosperidad.

 

 

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Pablo García Mexía
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