Un día de éstos por Ignacio Camacho

Mientras Alberto Ruiz Gallardón alanceaba en Copenhague molinos de viento movidos por la energía de la cooptación olímpica –ahora resulta que todo el mundo sabía desde hace tiempo que el Papa Rogge y su curia habían decidido de antemano premiar a Río--, un tribunal de Madrid le otorgaba una pequeña satisfacción en su pulso doméstico con Esperanza Aguirre por el control del más poderoso instrumento financiero al alcance del Partido Popular. La paralización cautelar del proceso electoral en Cajamadrid por el litigio del reparto unilateral de miembros de la Asamblea que corresponden a la Corona según un antiguo privilegio ha proporcionado al alcalde un ligero respiro en la batalla que mantiene con la presidenta regional por el control de la poderosa entidad de ahorros; pero sobre todo, ha dado oxígeno a Miguel Blesa, el correoso presidente ejecutivo de la Caja que no está dispuesto a entregar su cabeza sin una pelea que al menos, si no continuidad, le otorgue la capacidad de intervenir en su sucesión. La lucha por la poderosa plataforma de poder que es la caja madrileña se ha vuelto más intensa que nunca a medida que se acerca el desenlace de un proceso en el que ha quedado al descubierto, con manifiesta crudeza, la intesa politización de las entidades de ahorro.

 El asunto es complicado porque se enreda en una larga cascada de litigios, impugnaciones y conflictos que afectan a todos los órganos de la Caja. El episodio más reciente afecta al nombramiento de 64 consejeros de la Asamblea asignados a la Casa Real, que tradicionalmente renuncia a ellos para que sean repartidos conforme a la ley vigente. Al producirse esa renuncia en noviembre, el Ayuntamiento entiende que el reparto debe hacerse conforme a la norma vigente en ese momento, lo que significaría un prorrateo proporcional entre los municipios, del que corresponderían nueve puestos al Consistorio de la capital. La comunidad, sin embargo, ha aplicado la nueva ley regional, que deja fuera a los ayuntamientos, mermando el peso de los gallardonistas en el pulso por el control de la entidad. La impugnación, aceptada por el juzgado, paraliza el proceso de elección previsto de inmediato, y aplaza el horizonte de relevo de Blesa, que de otro modo podía verse obligado a rendir su mandato en noviembre.

 Al fondo hay una doble resistencia al designio de Esperanza Aguirre de hacerse con el control político de la Caja, habida cuenta de la falta de sintonía con Blesa que se agudizó a raíz de un fuerte desencuentro sobre la presencia de la entidad en Endesa durante la OPA lanzada en 2005 por Gas Natural y la Caixa. Blesa, nombrado durante el Gobierno de Aznar y con Gallardón en el poder regional, cuenta con el respaldo del actual alcalde a la hora de oponerse a la voluntad de Aguirre. El tira y afloja, no exento de golpes bajos según la lógica clásica de los litigios de poder, lleva meses y tanto por la importancia objetiva de Cajamadrid en el tejido financiero español como por su influencia en el entramado de poder constituye un conflicto de primer orden en el establishment económico y político. La tensión ha destruido incluso parte de las buenas relaciones entre la presidenta y Aznar, al que considera parcial en el conflicto debido a su vieja amistad con Blesa …y a la presencia de Ana Botella en el equipo municipal de su gran rival interno.

 La actitud del presidente Blesa es de intransigencia férrea, obstinada, a plegarse al control de Aguirre y de resistencia moderada, pragmática, a dejar el cargo, que le gustaría prolongar otro trienio hasta alcanzar la edad de jubilación reglamentaria. Más que contra la presidenta, el máximo ejecutivo de Cajamadrid mantiene un largo y tenso duelo con su vicepresidente Ignacio González, al que la “lideresa” autonómica pretende situar en la torre inclinada de la Plaza de Castilla, para lo que podría haber llegado a un pacto con el PSOE --no autorizado por ahora por Moncloa ni por Ferraz-- a cambio de conceder a los socialistas una vicepresidencia en el consejo. La jugada de Aguirre pasa por una crisis de Gobierno en la que aparte a su poderoso número dos, demasiado desgastado en todos los frentes, dejándolo caer con suavidad en un puesto donde se sienta satisfecho. A día de hoy, sólo Cajamadrid ofrece un sillón con garantías de complacer a González sin que se sienta bruscamente apartado del poder que controla desde hace años con todos los resortes en su mano…y con numerosos enemigos, dentro y fuera del PP, en su lista de agravios.

 Pero Ignacio González es probablemente la única solución que Blesa y Gallardón no acepten sin batalla. Otros nombres planteados por Aguirre –Rato, Pizarro, Guindos—podrían abrirse paso con más facilidad en el proceso de sucesión, pero no él. Tampoco Rajoy, que como líder del PP se supone dueño de la última palabra en un proceso fuertemente politizado, tiene la más mínima simpatía con el vicepresidente madrileño, quizá el único político de su partido al que ha dirigido reproches en público, en un comité nacional celebrado tras las elecciones de 2008. En el PP se considera un desafío al presidente nacional la presunta maniobra para “colarle” al número dos del gabinete aguirrista. Y la idea de Blesa de “no quedarse con calzador” podría convertirse en lucha numantina, con largo seguimiento judicial, si la presidenta insistiese por ese camino, que objetivamente desdice de su acertado discurso contra la politización de las cajas.

 Lo que sí parece haber descartado el actual rector de Cajamadrid es quedarse por la vía de absorber otra entidad, lo que paralizaría el proceso de renovación directiva y le otorgaría los tres años de margen que le gustaría apurar. En los últimos meses de incertidumbre financiera ha tenido varias a tiro, incluidas algunas fáciles de absorber y digerir como estrategia dilatoria. “No me voy a quedar con la Caja de Ontinyent para resistir como Braulio Medel”, se le ha oído decir a Blesa. Pero otra cosa sería –descartada la complicadísima CCM—un mirlo blanco como Caixa Galicia o alguna de Castilla y León. Blesa intenta, en todo caso, que una operación de ese tipo –difícil de cuajar a contrarreloj—se mantenga dentro de la lógica financiera sin traspasar la poco presentable contaminación de intereses políticos.

 Queda por escucharse la palabra de Rajoy, que hace unos meses garantizó en público haber llegado a un acuerdo con Esperanza Aguirre para tomar la decisión final –lo que tampoco concuerda demasiado con el criterio de despolitización que esgrime públicamente el PP—. El gallego calla, hermético como suele, fiel a su fama. Su entorno asegura que tiene decidido un nombre, pero nadie suelta prenda. Los posibles candidatos saben que les conviene el silencio, y sobre todo no salir en los primeros tanteos, que casi con seguridad caerán vetados por alguno de los sectores en liza. Los conocedores sugieren dos nombres para la última recta, cuando se hayan producido los descartes de rigor: el diputado Miguel Arias Cañete y Fernando Bécker, directivo de Iberdrola. Tiempo al tiempo.

 En todo caso, como puede verse, la lucha es cerrada, y de carácter casi puramente político. Políticos son los protagonistas, políticos los aspirantes, políticas las maniobras y política será la decisión final. Cajamadrid es un instrumento de poder ante el que el poder no para mientes. ¿Alguien ha oído hablar de despolitizar las cajas? Pues cuando lo oiga, que no sé por aludido…