Un día de éstos por Ignacio Camacho

* ¿Por qué la dirección nacional del PP no explica en público las razones por las que veta a Ignacio González como presidente de la Caja?

* ¿Por qué Esperanza Aguirre no explica en público las razones de sus reticencias a aceptar a Rato?

* ¿Por qué si Rajoy, Aguirre, Gallardón y hasta Zapatero están de acuerdo en la idoneidad de Rato no lo nombran ya? ¿O es que no están tan de acuerdo como públicamente afirman?

* ¿Hay alguien jugando la carta de achicharrar a Rato para que él mismo se descuelgue ante la falta de consenso?

* ¿Habría alguna empresa de selección de personal capaz de encontrar un candidato mejor para presidir una Caja de Ahorros que un hombre que ha sido ocho años ministro de Economía y dos años director del Fondo Monetario Internacional?

* ¿Cuál es la razón real de Esperanza Aguirre para tratar de deshacerse suavemente de su vicepresidente político?

* ¿Se fía Rato de Aguirre y de Rajoy?

* ¿Por qué quiso Gallardón meterle presión a Rajoy con las incendiarias declaraciones de Cobo? ¿Cómo lo ha tomado Rajoy?

*¿Por qué nadie acepta la posibilidad de que el actual presidente, Miguel Blesa, continúe durante un par de años como él desea?

* ¿Le pidió Aznar a Rajoy que apoyase la continuidad de Blesa? ¿Y a Aguirre?

* ¿Qué opina el Banco de España sobre todo esto? ¿No tiene nada decir, o sí lo tiene y lo ha dicho donde tiene que decirlo?

* ¿Podrá el PP después de toda esta guerra de poder seguir sosteniendo su razonable línea argumental de alejar las cajas del control de los políticos?

 

Mientras Alberto Ruiz Gallardón alanceaba en Copenhague molinos de viento movidos por la energía de la cooptación olímpica –ahora resulta que todo el mundo sabía desde hace tiempo que el Papa Rogge y su curia habían decidido de antemano premiar a Río--, un tribunal de Madrid le otorgaba una pequeña satisfacción en su pulso doméstico con Esperanza Aguirre por el control del más poderoso instrumento financiero al alcance del Partido Popular. La paralización cautelar del proceso electoral en Cajamadrid por el litigio del reparto unilateral de miembros de la Asamblea que corresponden a la Corona según un antiguo privilegio ha proporcionado al alcalde un ligero respiro en la batalla que mantiene con la presidenta regional por el control de la poderosa entidad de ahorros; pero sobre todo, ha dado oxígeno a Miguel Blesa, el correoso presidente ejecutivo de la Caja que no está dispuesto a entregar su cabeza sin una pelea que al menos, si no continuidad, le otorgue la capacidad de intervenir en su sucesión. La lucha por la poderosa plataforma de poder que es la caja madrileña se ha vuelto más intensa que nunca a medida que se acerca el desenlace de un proceso en el que ha quedado al descubierto, con manifiesta crudeza, la intesa politización de las entidades de ahorro.

 

 El asunto es complicado porque se enreda en una larga cascada de litigios, impugnaciones y conflictos que afectan a todos los órganos de la Caja. El episodio más reciente afecta al nombramiento de 64 consejeros de la Asamblea asignados a la Casa Real, que tradicionalmente renuncia a ellos para que sean repartidos conforme a la ley vigente. Al producirse esa renuncia en noviembre, el Ayuntamiento entiende que el reparto debe hacerse conforme a la norma vigente en ese momento, lo que significaría un prorrateo proporcional entre los municipios, del que corresponderían nueve puestos al Consistorio de la capital. La comunidad, sin embargo, ha aplicado la nueva ley regional, que deja fuera a los ayuntamientos, mermando el peso de los gallardonistas en el pulso por el control de la entidad. La impugnación, aceptada por el juzgado, paraliza el proceso de elección previsto de inmediato, y aplaza el horizonte de relevo de Blesa, que de otro modo podía verse obligado a rendir su mandato en noviembre.

 

 Al fondo hay una doble resistencia al designio de Esperanza Aguirre de hacerse con el control político de la Caja, habida cuenta de la falta de sintonía con Blesa que se agudizó a raíz de un fuerte desencuentro sobre la presencia de la entidad en Endesa durante la OPA lanzada en 2005 por Gas Natural y la Caixa. Blesa, nombrado durante el Gobierno de Aznar y con Gallardón en el poder regional, cuenta con el respaldo del actual alcalde a la hora de oponerse a la voluntad de Aguirre. El tira y afloja, no exento de golpes bajos según la lógica clásica de los litigios de poder, lleva meses y tanto por la importancia objetiva de Cajamadrid en el tejido financiero español como por su influencia en el entramado de poder constituye un conflicto de primer orden en el establishment económico y político. La tensión ha destruido incluso parte de las buenas relaciones entre la presidenta y Aznar, al que considera parcial en el conflicto debido a su vieja amistad con Blesa …y a la presencia de Ana Botella en el equipo municipal de su gran rival interno.

 

 La actitud del presidente Blesa es de intransigencia férrea, obstinada, a plegarse al control de Aguirre y de resistencia moderada, pragmática, a dejar el cargo, que le gustaría prolongar otro trienio hasta alcanzar la edad de jubilación reglamentaria. Más que contra la presidenta, el máximo ejecutivo de Cajamadrid mantiene un largo y tenso duelo con su vicepresidente Ignacio González, al que la “lideresa” autonómica pretende situar en la torre inclinada de la Plaza de Castilla, para lo que podría haber llegado a un pacto con el PSOE --no autorizado por ahora por Moncloa ni por Ferraz-- a cambio de conceder a los socialistas una vicepresidencia en el consejo. La jugada de Aguirre pasa por una crisis de Gobierno en la que aparte a su poderoso número dos, demasiado desgastado en todos los frentes, dejándolo caer con suavidad en un puesto donde se sienta satisfecho. A día de hoy, sólo Cajamadrid ofrece un sillón con garantías de complacer a González sin que se sienta bruscamente apartado del poder que controla desde hace años con todos los resortes en su mano…y con numerosos enemigos, dentro y fuera del PP, en su lista de agravios.

 

 Pero Ignacio González es probablemente la única solución que Blesa y Gallardón no acepten sin batalla. Otros nombres planteados por Aguirre –Rato, Pizarro, Guindos—podrían abrirse paso con más facilidad en el proceso de sucesión, pero no él. Tampoco Rajoy, que como líder del PP se supone dueño de la última palabra en un proceso fuertemente politizado, tiene la más mínima simpatía con el vicepresidente madrileño, quizá el único político de su partido al que ha dirigido reproches en público, en un comité nacional celebrado tras las elecciones de 2008. En el PP se considera un desafío al presidente nacional la presunta maniobra para “colarle” al número dos del gabinete aguirrista. Y la idea de Blesa de “no quedarse con calzador” podría convertirse en lucha numantina, con largo seguimiento judicial, si la presidenta insistiese por ese camino, que objetivamente desdice de su acertado discurso contra la politización de las cajas.

 

 Lo que sí parece haber descartado el actual rector de Cajamadrid es quedarse por la vía de absorber otra entidad, lo que paralizaría el proceso de renovación directiva y le otorgaría los tres años de margen que le gustaría apurar. En los últimos meses de incertidumbre financiera ha tenido varias a tiro, incluidas algunas fáciles de absorber y digerir como estrategia dilatoria. “No me voy a quedar con la Caja de Ontinyent para resistir como Braulio Medel”, se le ha oído decir a Blesa. Pero otra cosa sería –descartada la complicadísima CCM—un mirlo blanco como Caixa Galicia o alguna de Castilla y León. Blesa intenta, en todo caso, que una operación de ese tipo –difícil de cuajar a contrarreloj—se mantenga dentro de la lógica financiera sin traspasar la poco presentable contaminación de intereses políticos.

 


 Queda por escucharse la palabra de Rajoy, que hace unos meses garantizó en público haber llegado a un acuerdo con Esperanza Aguirre para tomar la decisión final –lo que tampoco concuerda demasiado con el criterio de despolitización que esgrime públicamente el PP—. El gallego calla, hermético como suele, fiel a su fama. Su entorno asegura que tiene decidido un nombre, pero nadie suelta prenda. Los posibles candidatos saben que les conviene el silencio, y sobre todo no salir en los primeros tanteos, que casi con seguridad caerán vetados por alguno de los sectores en liza. Los conocedores sugieren dos nombres para la última recta, cuando se hayan producido los descartes de rigor: el diputado Miguel Arias Cañete y Fernando Bécker, directivo de Iberdrola. Tiempo al tiempo.

 

 En todo caso, como puede verse, la lucha es cerrada, y de carácter casi puramente político. Políticos son los protagonistas, políticos los aspirantes, políticas las maniobras y política será la decisión final. Cajamadrid es un instrumento de poder ante el que el poder no para mientes. ¿Alguien ha oído hablar de despolitizar las cajas? Pues cuando lo oiga, que no sé por aludido…
 
 

Cuando un país camina hacia el 20 por 100 de tasa de paro sin que crujan gravemente sus cimientos sociales hay que plantearse la posibilidad de hallarse ante una fotografía estadística equivocada. Y no tanto porque pueda no haber en realidad tantos parados debido a la existencia de una potente economía sumergida –cifrada por el propio Gobierno en un ¡¡ 30 % !!—sino por la posibilidad de que la estructura de subsidios esté dando lugar a un acomodamiento de la población desempleada en unos tiempos en que el trabajo se vuelve precario y mal pagado. Dicho de otra manera, algo más antipática: podemos estar ante un fenómeno de “desempleo profesional” que, al tiempo que proporciona una paz social evidente, lastra la economía y la conduce hacia una situación de déficit estructural inexorable.

 

 En la última semana han sonado algunas voces de alarma. La escasa respuesta de los interesados a la oferta de 420 euros de prestación suplementaria –apenas 26.000 solicitudes-- ha despertado la sospecha de los expertos. Por un lado, existe la evidencia de los “despidos pactados” que acaban en la economía sumergida del trabajo “negro”; por otro, la evidencia de que muchos desempleados prefieren permanecer acogidos al subsidio antes que aceptar empleos de baja calidad que suponen un esfuerzo mayor que la diferencia entre la prestación y el salario. En este sentido ya se han detectado varios ejemplos significativos: en Huelva, por ejemplo, fueron llamados 10.000 inscritos como parados agrarios para cubrir la demanda en el sector de la fresa. Se presentaron 3.500 y sólo 1.500 aceptaron un empleo; más de 8.000 se negaron a trabajar. En Cádiz, con un 28 por 100 de tasa oficial de paro, sólo 170 personas han solicitado la prestación de 420 euros. En Almería, el Servicio Andaluz de Empleo citó a 468 personas registradas en el desempleo para cubrir plazas de jornaleros en los invernaderos de Níjar… y aceptaron sólo dos. El resto indicó directamente que prefería seguir cobrando el subsidio como desempleados, sin que nadie, por cierto, les haya formulado la más mínima reclamación al respecto. Y todo ello en una Andalucía que cuenta con un paro oficial cercano al 30 %. ¿Con cuánto fraude?

 


 A menudo, cuando se publican las cifras, los medios y el propio Gobierno destacan el número de familias que tienen a todos sus miembros en paro. A la luz de estos indicios, quizá cabría invertir la reflexión y preguntarse cuántas familias tienen a varios miembros cobrando la prestación por desempleo. Si ponemos una media de 500 ó 600 euros por persona, y con tres miembros de una unidad familiar recibiendo subsidio, tendremos unos ingresos familiares medios de 1.500 ó 1.800 euros al mes; suficiente para sostener un nivel de consumo aceptable…y rechazar trabajos que, con un salario sólo un poco más alto que la prestación, implican un sacrificio mucho mayor. Si a eso le añadimos la posibilidad de desempeñar chapuzas y trabajos esporádicos sumergidos, encontraremos una plausible explicación a la falta de conflictividad social en medio de una situación teóricamente explosiva. Ni siquiera hace falta que los sindicatos mantengan su dócil complicidad con el Gobierno; basta con que no cuestionen la evidencia de un fraude masivo.

 

 Y a todo esto… ¿qué dice el ministro de Trabajo? Pues que no tiene datos de la economía sumergida… ¡¡“precisamente porque es sumergida”!!. Tócate los c… , Mardones, y átame esa mosca por el rabo…

 

El presidente Zapatero "combatiendo" a los poderosos banqueros en la Moncloa

 

Tiene el presidente Zapatero una peculiar manera de enfrentarse a “los poderosos”, “los ricos” y otras gentes de mal vivir que constituyen, al parecer, el núcleo de los problemas de España. Un modo de combatirlos que no es exactamente el de un San Jorge socialdemócrata frente al dragón del capitalismo. Y no sólo porque al poderoso más poderoso, al rico más rico, que es Emilio Botín, le haya concedido en todo momento una interlocución privilegiada, ni porque a los banqueros y cajeros en apuros les haya arrimado necesarios avales milmillonarios para evitar una crisis de pánico financiero. Es que, como todos los presidentes anteriores –salvo Calvo Sotelo, que probablemente no tuvo  tiempo—, ha desarrollado en su entorno una beautiful people, un círculo de empresarios de influencia, una pequeña corte de privilegiados con acceso frecuente a la Moncloa y una línea de confianza sobre la que construir un núcleo de mutuos intereses de conveniencia.

 

 A estas alturas se trata de nombres por todos conocidos. En primer lugar, el dúo mediático Roures-Contreras, introducido por el influyente Miguel Barroso y beneficiario de numerosos favores que han concluido por ahora con la TDT de pago, desencadenante de la hostilidad del Grupo Prisa. En segundo lugar es conocida la afinidad del constructor Luis del Rivero, al que en la primera legislatura Presidencia intentó utilizar –con un ojo clínico notable— como “caballo blanco” para asaltar el accionariado del BBVA, tras haberlo introducido en Repsol –con consecuencias también conocidas--. Precisamente el presidente de la petrolera, Antoni Brufau, es pieza clave en las excelentes relaciones de Zapatero con el empresariado catalán, a través de la Caixa, y ha desempeñado un papel clave entre la Moncloa y Hugo Chávez, al que acompañó sin tapujos en su última visita a Madrid.

 

 Pero hay más, bastante más. Otro constructor, Entrecanales, sirvió de puente para consumar el inicialmente fallido asalto a Endesa –en el que de nuevo Brufau hizo de estratega durante sus primeros compases--, y obtuvo sustanciosas plusvalías cuando la eléctrica pasó, en otro extraordinario “éxito” estratégico, a manos italianas. Javier de Paz y Javier Gómez Navarro han sido exploradores claves en las incursiones estratégicas de Zapatero. El primero, compañero de baloncesto en Moncloa, ejerce de asesor áulico presidencial incrustado en el consejo de Telefónica, la primera multinacional del país. Gómez Navarro, ahora algo alejado por sus diferencias de criterio sobre política económica tras haber sonado incluso como vicepresidente, controla las Cámaras de Comercio y mantiene el hilo con el presidente de la patronal, Díaz Ferrán. El hostelero navarro Antonio Catalán, ahora también un poco distante, ha desempeñado incluso roles de enlace durante la gestación del último pacto de Gobierno foral. Y existen en las diferentes autonomías, sobre todo en Andalucía, Cataluña y el País Vasco –por no hablar del extremeño Gallardo, socio mediático de los intereses gubernamentales--, grupos de empresarios de cámara a los que el poder utiliza a su conveniencia a cambio de favores más o menos explícitos.

 

 Este tejido de influencias de alto nivel no parece exactamente el retrato de un combate ideológico contra la plutocracia. En realidad, nada sería más irresponsable que un presidente empeñado en fastidiar a los capitanes de empresa y a la trama productiva de la nación. Sólo que los hechos desmienten la barata demagogia anticapitalista a la que apela Zapatero para contrarrestar la evidencia de su progresiva soledad al frente de una economía sin rumbo. Porque es cierto que incluso algunos de los empresarios más proclives se han desenganchado de la deriva presidencial al atisbar señales erráticas de un populismo clientelar sordo a los consejos más razonables. Pero con los realmente poderosos, ZP ha estado mano a mano e incluso ha diseñado operaciones –más o menos torpes—de ingeniería económica financiera. Ir de comerricos ahora es un ejercicio de cínico peronismo. En realidad, cuando habla de enfrentarse a los “poderosos” sólo está pensando en una cosa. En un grupo de comunicación. Al que también, por cierto, le concedió –como González, como incluso Aznar—favores y prebendas que por lo visto no han resultado suficientes.

Si yo fuese nacionalista vasco estaría cabreado. (En realidad, esta frase es una tautología, porque los nacionalistas, en especial los vascos, siempre están cabreados de un modo u otro). Pero en esta ocasión tendría al menos un motivo objetivamente razonable en el manifiesto agravio comparativo que ha supuesto la pantomima independentista de Arenys de Munt, celebrada sin mayor rasgamiento de vestiduras y con la alegre complacencia, por acción u omisión, de buena parte de la clase política catalana. Si el PNV hubiese decidido llevar adelante su famosa matraca del referéndum soberanista aunque fuese con urnas de cartón en los batzokis, el escándalo habría sido mayúsculo, la Audiencia Nacional hubiese intervenido y toda la vida pública española habría sufrido una sacudida de grado 7 en la escala de Richter. Probablemente se habrían oído voces pidiendo la intervención del Ejército. Con un criterio que no cabe sino reconocer como mínimamente cabal, el nacionalismo vasco descartó organizar esa farsa echándose al monte, y se atuvo a la prohibición legal y al fracaso político, que a la postre le condujo fuera del poder. ¿A ver si va a resultar el marciano Ibarretxe más sensato y leal que esta pandilla de aventureristas posmodernos de Esquerra Republicana?

 

 La respuesta podría ser que sí, que en esta competición de dislates el aspirante a caudillo de los indómitos vascones que anda explicando el estado libre asociado a los ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico era, en efecto, algo más leal al orden constituido que los Carod, Puigcercós y Cía. Pero el asunto tiene bemoles porque sucede que los camisas pardas de ERC son socios de gobierno en Cataluña del Partido Socialista y forman parte del núcleo de aliados parlamentarios preferentes del presidente Zapatero. Y se dedican a aventar mascaradas secesionistas sin que nadie les tosa ni les afee siquiera esa conducta de gamberrismo político.¡Qué graciosos son, qué traviesos, qué juguetones! Total, si no era más que eso, un pasatiempo, una pantomima, un bululú rural. Pero mira qué casualidad, que siempre juegan a lo mismo. Con una mano, porque la otra la tienen puesta en el presupuesto que les reparte el Partido Socialista, sea en Cataluña o en el Parlamento de España.

 

 Y como nadie les tose, pues siguen a lo suyo. Y pretenden organizar otros sesenta festejos del mismo tenor, referenda de la señorita Pepis por doquier para ir creando un festivo clima de secesión política y social en torno a la sentencia del Estatuto. Ji, ji, ja, ja, Cataluña independiente, qué divertido. Ocurre que por añadidura los nacionalistas vascos, en vez de andar cabreados están contentos y dispuestos a resucitar su matraca a la menor oportunidad que se les presente. El admirado Santi González ha recordado la jocosa promesa de Zapatero a sus socios de la pasada legislatura: “Voy a hacer un Estado tan federal que no os vais a querer ir”. Pues coño con el profeta, la que está liando. Eso sí, con mucha risa y muy buen talante.

NO está escrito que para ser un buen político haya que poseer un currículum académico brillante –ni Suárez ni González, por poner dos ejemplos de personas especialmente bien dotadas para el arte de la política, fueron estudiantes destacados--, pero parece evidente que el nivel medio de la clase dirigente de un país será tanto más alto cuanto mayor preparación reúna. En Francia, una nación de sólida tradición educativa,  las escuelas técnicas de la administración han provisto al Estado de un cuerpo de dirección que garantiza la buena gestión y la continuidad de un servicio público competente. El panorama en España es más bien desolador, porque el excesivo peso de la partitocracia ha poblado la política de militantes sin mayor mérito que el de la permanencia y la obediencia, incapaces en su mayor parte de competir con éxito en un mercado de trabajo igualitario.


 Un estudio reciente del Ministerio de Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, ha puesto negro sobre blanco esa indigencia de estudios: la mayoría de nuestros alcaldes y concejales sólo tiene la EGB o estudios elementales equivalentes (un 22 %); el 13 por 100 ha alcanzado el bachillerato y sólo un 13,28 ha cursado alguna licenciatura. Los datos son pavorosos habida cuenta de que el poder local es la principal estructura política de la administración española. Y aunque el bajo nivel puede ser relativizado por el hecho de que en la estadística se incluyen los ediles de todos los pueblos y municipios pequeños, la extensión de la educación en España permitiría pensar en una mayor cualificación de la dirigencia pública. Resalta, por otra parte, el hecho de que la cuarta parte de los encuestados se negó a ofrecer información sobre sus estudios, lo que invita a la conclusión de que no se siente muy satisfecho con ellos. Es decir: que el 50 % de los políticos municipales en España tiene una formación insuficiente.


 La relevancia de este panorama es grave por cuanto informa del deficiente grado de competencia de nuestra política, y puede explicar al menos en parte la venalidad de muchos ediles y el alto nivel de corrupción del poder local, que ha sido resaltado en algunos informes internacionales. Una clase política funcionalmente analfabeta resulta letal para un país. Téngase en cuenta, además, que el ámbito municipal es la cantera de la política parlamentaria y autonómica, y que son muchos los alcaldes y concejales que al cabo de un cierto tiempo de permanencia en sus cargos se sienten habilitados para dar el salto a un escenario mayor, apoyados en el control que sus parcelas de poder les ofrecen sobre las organizaciones locales y provinciales de sus partidos. En este contexto, la eterna polémica sobre el salario de los políticos no debe centrarse en los diputados al Congreso o los miembros del Gobierno y los altos escalones de la Administración del Estado, por lo general retribuidos con escasa generosidad; es en las autonomías y municipios donde vegeta una tropa mal preparada, con pocos estudios o ninguno, que suele ganar en el ejercicio de la política más dinero del que su preparación les permitiría obtener en cualquier otro trabajo a su alcance.


 La baja calidad de la democracia española no es casual. Llevamos años despreciando el mérito y el esfuerzo, y la política se ha convertido en un espacio del que huyen o al que rehúsan acercarse muchas personas capaces que no soportan el poder de la mediocridad.

EL repunte de accidentes mortales en el puente de la Virgen de Agosto ha vuelto a encender el debate de la seguridad vial, como si el Estado tuviese que establecer una estrategia para cada estadística. Autoridades y expertos se estrujan los sesos buscando explicaciones, algunas tan pintorescas como la existencia de muchas fiestas populares…que se celebran todos los años, y sin que ninguna de ellas admita ni siquiera remotamente el azar. Pero si se trata de debatir, debatamos. Y volvamos al fondo del asunto, que es el falaz empeño del Estado en disminuir el número de accidentes por la vía de reducir la velocidad.




 Hay un dato incuestionable: la inmensa mayoría de los accidentes mortales –el 90 por 100 de los de este puente-- se producen por colisiones frontales en carreteras de doble sentido, es decir, en la red secundaria. En ellas apenas hay radares, concentrados en las autovías por su mayor capacidad recaudatoria. El problema real está en la amplísima red viaria sin desdoblar, llena de puntos negros, mal señalizada y pavimentada. Y solucionar ese problema exige inversiones; es mucho más caro que decretar una velocidad reducida. Pero la velocidad no es la causa principal de accidentes en España.


 

 Lo único que ha conseguido el límite de 120 kilómetros por hora en autovías y autopistas es convertir al automóvil en un medio de transporte insuficiente. Los trayectos se alargan en el tiempo de modo inaceptable, porque el límite máximo de 120 es ficticio: en los alrededores de las poblaciones y en muchos otros tramos el tope se reduce a 100 y hasta a 80 kms/h.  Eso supone medias por debajo de 100 en desplazamientos medios, alargándolos de un modo antieconómico y antimoderno. La limitación de velocidad ha devuelto nuestra red de autovías al tiempo de las diligencias.


 

 Y ha convertido las autopistas de peaje en un lujo inútil. Vías amplias, despejadas y rectas que permiten holgadamente una circulación sin problemas a 140 están siendo infrautilizadas con este tope ridículo. Mientras, en la red secundaria la mortalidad continúa siendo excesiva, sin que los radares las controlen ni las autoridades pongan interés en su modernización y arreglo. Este contrasentido es una hipocresía, agravada por el hecho de que el Estado subvencione la compra de automóviles que sus propietarios no pueden rentabilizar adecuadamente En las carreteras sufren persecución recaudatoria, y en las ciudades ven cada vez más limitada su circulación con una cruzada peatonalizadora. Si aún se venden coches es porque el automóvil sigue representando un icono de estatus e independencia. Pero su uso es cada día más complicado. A lo peor es eso lo que pretende este Estado embargado por un antimaquinismo prejuicioso.

Primera reflexión: el mensaje que ETA ha enviado esta vez al Gobierno no sólo es el de que está en condiciones de atentar incluso en la Palma blindada desde el doble atentado mortal de hace diez días, sino que puede administrar los grados de violencia de sus zarpazos. Puede asesinar y puede efectuar atentados intimidatorios para hacerse presente sembrando el pánico. No se trata sólo de un mensaje en clave de desafío, sino de un nuevo guiño para la negociación. La reanudación del diálogo se ha convertido en el eje estratégico de los terroristas.


Segunda reflexión. En esta misma línea estratégica, lo más probable es que asistamos en las próximas semanas a una modulación de los ataques. ETA pretende decirle a Zapatero que pese a las desarticulaciones sucesivas dispone de capacidad para hacerle sufrir o darle respiro. Y que es él quien debe elegir el camino. Al fondo de esta presión combinada está la experiencia de la última negociación.  Los etarras creen que el presidente no aguantará una ofensiva dura sin abrir contactos, y quieren hacerle ver que estará más tranquilo si corresponde a sus siniestros guiños. Consideran que el presidente no está preparado para la resistencia. No hace falta decir que la obligación del Gobierno es demostrar, apretando los dientes e intensificando la presión, justamente lo contrario. Un solo signo de debilidad echaría atrás todo lo logrado desde que el Ejecutivo decidió abandonar el diálogo. Que ha sido mucho, cuantitativa pero sobre todo cualitativamente.


Y tercera reflexión. Más bien una doble duda. ¿Conviene al interés común que ETA se apodere, con tres pequeñas bombas sin víctimas, del primerísimo plano de la actualidad mediática en un país relajado por las vacaciones? ¿Es posible evitarlo?

En cierta ocasión comenté con Fernando Savater la errónea complicidad que la izquierda española mantuvo con ETA durante la dictadura; él lo atribuía a la necesidad psicológica de un “vengador justiciero”, pero creía que durante la democracia había existido margen suficiente para arrepentirse y hacer la autocrítica. Sin embargo, ahora que la triste efemérides del cincuentenario etarra obliga a ciertas revisiones históricas, convendría profundizar un poco más allá, y recordar que no fue hasta bien entrados los ochenta, casi hasta los noventa, cuando la sociedad española se movilizó de verdad contra los crímenes terroristas, a los que consideró al fin una amenaza contra la libertad. Y eso coincidió con la propia estrategia etarra de “socializar el sufrimiento” extendiendo los atentados a políticos de toda clase --incluidos de forma significativa los socialistas--, periodistas, intelectuales y disidentes de su tiranía violenta; antes, mientras las víctimas fueron fuerzas del orden y del Ejército, la ciudadanía española guardó una pavorosa indiferencia que no puede ser soslayada.


   Lo recuerda Javier Cercas en su reciente libro sobre el golpe del 23-F, “Anatomía de un instante”; esa indiferencia fue sustancial en la creación de un clima golpista en unas fuerzas que sufrían hasta cien bajas al año. La reciente publicación memorial de la lista de víctimas en estos 50 años ofrece una escalofriante acumulación en los primeros años de la democracia, del 77 al 81-82: un ritmo de casi un asesinato cada tres días. Todavía en los primeros tiempos de González hubo frecuentes escenas de tensión en funerales de altos mandos militares. Hay que decirlo con claridad: los españoles tardamos demasiado en sentirnos concernidos por la amenaza, cuya repulsa colectiva es relativamente reciente. Y tenemos que asumir con honradez la culpa de ese retraso debido a nuestra cobardía moral.


   Es un hecho objetivo que el asesinato de Carrero aceleró la transición democrática al cercenar la posibilidad de un franquismo sin Franco. Pero ese atentado causó un grave daño a la cohesión de la libertad al contribuir a una cierta mitificación del terrorismo que ha estado en la base de ciertas actitudes comprensivas o exculpatorias, y retrasó la conciencia de rechazo de ETA en buena parte de la izquierda política, que durante demasiado tiempo tuvo asociada a la banda a un cierto heroísmo de resistencia. Pariente de esa comprensión sigue siendo la tendencia a aceptar la necesidad de un diálogo o acuerdo con los terroristas para darle una salida “al conflicto”. Una actitud que no es privativa de los nacionalistas, y que cobró fuerza durante la etapa negociadora emprendida por Zapatero –un típico hijo del esquematismo progresista de los 80—en su primer mandato.


   El lúcido Jon Juaristi ha proclamado muchas veces su arrepentimiento de los célebres versos con que trataba de exculpar el delirio que cegó a la izquierda nacionalista vasca: “?Te preguntas, viajero, por qué hemos muerto jóvenes / y por qué hemos matado tan estúpidamente? / Nuestros padres mintieron: eso es todo”. En efecto, el rencor paterno freudiano no basta para explicar ni la complicidad inicial ni la pasividad posterior. Ha habido demasiada connivencia con un imaginario de guerrilla resistente, al que todavía se aferran los medios anglosajones cuando llaman a los terroristas “activistas del separatismo vasco” o expresiones similares. Ahora nos irrita, pero en un tiempo no demasiado lejano fueron muchos medios españoles los que dieron carta de naturaleza a esa respetabilidad política del terror en la opinión pública.


    De alguna forma, Si Zapatero no hubiese roto el consenso resistente del movimiento Basta Ya y del Espíritu de Ermua, el asunto no significaría ya más que un episodio histórico incongruente. Pero la negociación zapaterista abrió de nuevo una brecha en la cohesión ciudadana, y esa brecha está viva en el momento presente, y patente en la desconfianza con que muchos españoles miran la actual política de firmeza represora del Gobierno. No basta con culpar al nacionalismo de haber recogido las nueces del árbol que cimbreaba ETA. Hay que entonar una palinodia colectiva más amplia, y con propósito de la enmienda. Un verdadero “Nunca más” democrático que no ofrezca un solo resquicio de convicción frente al desafío vesánico de la sangre.

 

COSTE cero. Eso es lo que, a día de hoy, Mariano Rajoy cree que tiene para el PP el “caso Gürtel” en términos de expectativas electorales. Al menos mientras el sumario no salpique a las finanzas del partido. A tal respecto, ha hecho consultas con el hombre que ha dirigido durante los últimos años la tesorería, el veterano Alvaro Lapuerta, y ha obtenido garantías de que no se han producido irregularidades. Otra cosa es que el escándalo ha paralizado en la práctica la dirección financiera de la organización, que lleva meses sin recaudar fondos significativos.

 Rajoy no pondría la mano en el fuego por Bárcenas, pero considera que en el supuesto de que no sea inocente sus manejos no afectarán a la honestidad colectiva del partido. Dicho de otro modo: cree que si el tesorero ha podido trincar de la trama de Correa habrá sido, en el peor de los casos, para su provecho personal. Que no habrá una Filesa del PP. (Por cierto, anotación al margen: la verdadera Filesa se saldó con una simple condena de dos años para su principal responsable, el parlamentario socialista catalán Josep M. Sala...que volvió a ser elegido por sus compañeros para la dirección orgánica).

 Al presidente del PP le preocupaba sobre todo el efecto interno del debate. Considera que tras las peticiones de dimisión se esconden maniobras del sector crítico que no renuncia a desestabilizar su liderazgo. A ello se han sumado después voces más o menos controladas por el aparato que le han metido a Bárcenas presión para que liberase al jefe de la obligación de sostenerle. Pero lo que el político gallego ha priorizado en su manejo del asunto ha sido la idea de mantener el control de la situación frente a un torrente de presiones mediáticas y políticas.

 Bárcenas hubiese preferido mantenerse en el cargo hasta que se produjera la imputación formal; probablemente en septiembre, cuando el Supremo retomará la instrucción del caso. Ese calendario tampoco acababa de gustar a su presidente, que deseaba adoptar una posición propia. “Septiembre está demasiado lejos”, me comentó esta semana en privado un alto cargo del marianismo. La decisión estaba tomada: Rajoy no quería irse de vacaciones con Bárcenas en su sitio. Sabía que eso habría significado volver a empezar el curso con un debate abierto y la imposibilidad de abrirse paso en la opinión pública con los mensajes de alternativa y oposición que necesita el partido, por primera vez delante del PSOE en la intención de voto reflejada en las encuestas oficiales.

 Pero, en todo este lío, que ha alcanzado en los medios proporciones de primerísimo nivel, el líder del centroderecha español ha priorizado la cuestión interna. No quería doblegarse a los críticos, aunque le haya costado un serio incremento de su fama de político pasivo que no hace frente a los problemas. Y en su fuero interno, aún confía en que la andadura judicial de la trama Gürtel se desinfle y presentarse como el hombre justo y el dirigente firme que sostuvo a un inocente hasta el límite de sus posibilidades razonables. En esto quizá sea el más optimista de los suyos.

 

Quizá el problema no esté en la edad penal, sino en el tipo de delito, y desde luego en el clima sociocultural de banalización de la violencia. La Ley del Menor, tan cuestionada cada vez que un chaval se cuela por sus resquicios de inimputabilidad para cometer un delito horrendo, ya lleva cinco reformas en nueve años, y sigue bajo cuestión social porque en el fondo irrita la sensibilidad de las víctimas al diluir el aspecto reparativo de la pena. Hay en nuestra legislación un abuso del principio rehabilitador de la Constitución en detrimento de otros aspectos esenciales de la pena: la disuasión y la reparación del delito. El fin es la reinserción del delincuente, pero antes ha de pagar un cierto castigo.

 Bajar la edad penal puede resultar una medida excesiva, por igualatoria, que acabará imputando a cualquier muchacho que robe una cartera y convirtiéndolo en carne de cañón en esos centros de menores en los que conviven criminales de katana con simples chicos conflictivos. Merecería la pena estudiar un agravamiento penal, o una rebaja parcial de la edad en ciertos casos de especial relevancia, sobre todo del tipo sexual como los que han provocado este nuevo debate. Existe notable polémica sobre si los delitos sexuales son reinsertables, y acaso habría que profundizar por ahí. Lo que sí está claro es que la sociedad no entiende que chavales capaces de violar, agredir o matar con ensañamiento escapen de rositas y en pocos años, sin arrepentimiento ni conciencia, se planten en la cara de sus víctimas o sus deudos.

 Hay otro aspecto colateral en la rebaja de la edad penal que conviene poner sobre la mesa. Si los socialistas quieren que las niñas  puedan abortar a los 16 y los conservadores pretenden que puedan ir a prisión a los 12 o a los 14… ¿por qué no van a poder votar hasta los 18?

Está brotando de nuevo, sobre todo en Madrid, una peligrosa pulsión anticatalana. Al hilo de la nueva financiación autonómica y de los agravios que el Gobierno comete con otras comunidades, surge en algunos sectores de la opinión pública un sentimiento de rechazo global que sólo sirve para estimular de manera simétrica el desapego catalán hacia España. Ayer, en el programa de Curri Valenzuela en Telemadrid, una cascada de correos y llamadas alentaba al tristemente célebre boicot de productos de Cataluña, mientras un consejero del gobierno de Aguirre se lanzaba sin tapujos por la pendiente del agravio comparativo. Mal camino, mala estrategia que conduce a un desencuentro inevitable del que sacan partido los nacionalistas y los independentistas, aferrados al discurso victimista y al “¿veis como no nos quieren?” de siempre.

 

 Ocurre que el presidente Zapatero da alas a ese rechazo con su irresponsabilidad. Cuando dice que se ha entregado a las reivindicaciones de ERC “para que Cataluña se sienta más cómoda” está suministrando paja para la hoguera de las pasiones. Cuando de hecho accede a que más del 35 por 100 de la nueva financiación vaya para Cataluña, el 17 por 100 de la población española, siembra la cizaña de las comparaciones. Cuando reparte fondos y más fondos para un tripartito que los derrama de forma insolente y hasta procaz en gastos superfluos, en embajadas separatistas, en políticas lingüísticas excluyentes, contribuye a esa sensación entreguista que irrita a muchos ciudadanos. Y lo hace a sabiendas de que sacará partido, porque lo que le importa son los votos catalanes, los que le dan la victoria electoral. Está comprando favores para sí mismo a costa de sembrar discordia entre españoles.

 

 El presidente espera que el PP se vuelva a enredar en esa trampa. El anticatalanismo de Madrid se percibe en Cataluña como un fruto directo del discurso de los populares. Ya ocurrió en 2008, cuando el PP se estrelló contra el victimismo agitado por la clase política catalana: los escaños que le separaron del PSOE fueron exactamente los que éste sacó de ventaja en las cuatro provincias, muy especialmente en la poblada Barcelona. El error de ese sentimiento, por justificado que a veces pueda estar en la irresponsabilidad de la dirigencia catalana y del propio Gobierno de España, consiste en confundir a los catalanes con su clase política, que actúa como un lobby sindicado en defensa de los privilegios que siempre está dispuesto a conceder el presidente. El boicot, el encono, la animadversión, son la peor respuesta. No es contra Cataluña ni sus ciudadanos contra quien hay que protestar, sino contra quien compra sus votos con un dinero que no le pertenece.

 

He hablado con Luis Bárcenas. El hombre que tiene en vilo al PP ha decidido --o le han convencido para ello-- salir de su voluntario aislamiento mediático y hacer una especie de “road show” restringido para dar la cara y explicarse. En su actitud va incluida una cierta autocrítica, el reconocimiento de que le ha perjudicado su silencio y de que debía de haber hablado antes. Elegante y enteco –dice haber perdido 14 kilos--, habla como una ametralladora para desmontar lo que parece una cascada de evidencias en su contra. No dice nada que no se sepa, pero quiere que se oiga de su propia voz. Exhibe con profusión datos y documentos, y trata de mostrarse transparente. A Rajoy, al que apabulló hasta con su declaración de la renta que el político gallego no quería ver y una protesta de inocencia vehemente y reiterada, le sembró la duda suficiente para lograr su respaldo,no exento de discrepancias,alguna bronca y contra el criterio de mucha gente de su partido. Si no es del todo inocente, sabe fingirlo con convicción, aplomo y hasta dramatismo.

 

 Admito que por poco me convence. A mí también me ha sembrado la duda,no sé si razonable o emocional. Tiene una respuesta para cada pregunta y parece no haber dejado cabos sueltos. Salvo uno: no encontré ninguna respuesta convincente a la cuestión de por qué en el sumario Gürtel existe una anotación de 330.000 euros, supuestamente entregados a alguien con sus iniciales por los (presuntos) corruptos… y que coincide con la cantidad ingresada por él en una entidad bancaria. La del famoso crédito para comprar cuadros que al final no adquirió. Que no era un préstamo, sino una póliza. Puede demostrar y demuestra la póliza, pero no la coincidencia. Aunque sigue negando que las iniciales L.B. de los apuntes contables de Correa y sus compadres correspondan a su nombre, y reitera que lleva años sin hablar con los procesados por la trama.

 

 También niega que él sea “Luis el Cabrón”, la otra anotación comprometedora del sumario. De hecho, cree saber quién es el tal, dice acabar de averiguarlo, pero guarda silencio sobre ése y otros datos que pueden resultar esenciales para su defensa. No los ahorra en cambio sobre los movimientos policiales que ha sufrido a su alrededor, alguno francamente sospechoso, si su versión es cierta. Se siente víctima de un artificial acoso político --sospecha que ahora van a por Cascos--, y tal vez tenga razón, pero el argumento es común en otros muchos imputados de tantos y tantos casos, y no todos han resultado inocentes. Aunque tampoco todos han salido condenados. Por cierto, entre las maniobras que cree identificar se atisban personas de su propio partido.

 

 Bárcenas está convencido de que su imputación decaerá si el juez instructor del Supremo le toma declaración, en contra del criterio de algunos asesores jurídicos del PP que temen que esa posible deposición acabe en encerrona. Se basa en que la Fiscalía no lo consideró imputable en un principio, y en que el factor decisivo en su procesamiento es el informe de la Agencia Tributaria sobre sus finanzas, que se considera en condiciones de rebatir. Hay en toda su autodefensa, excelentemente construida, una línea de fondo que sugiere el beneficio que su condición de aforado le ha proporcionado a la hora de concederle un cierto privilegio judicial. Si no fuese senador quizás hubiese sufrido una detención mediática con gran aparato y escarnio, porque lo que sí es evidente es que en su caso hay un componente político claro, ad hominem. Y tendrá morbo verle, llegado el caso, apretando el botón del Senado para conceder su propio suplicatorio.





 Queda la gran cuestión. La que ha suscitado toda clase de debates y especulaciones, la que ha provocado que gran parte del aparato del partido le meta presión, la que preocupa a un Mariano Rajoy que ha decidido implicarse en su apoyo porque sabe que Bárcenas es un “pata negra” del PP que ha sacado por él la cara muchas veces y al que no puede dejar en la estacada. La de si dimitirá o no como tesorero. Mi conclusión, pese al ruido y la furia que el asunto está generando ya abiertamente en la dirección del PP, es que no traspasará la línea roja de la imputación, ese límite que ha trazado el propio líder del partido. Y que éste le guardará el puesto hasta que se sustancie el proceso. Es mi impresión; a estas alturas, y después de varios meses de correosa resistencia –considera que renunciar hubiese equivalido a una confesión de culpabilidad--, sólo él sabe hasta dónde está dispuesto a seguir, y hasta cuándo.

AHORA que acabamos de pagar nuestros impuestos, el Gobierno debería permitirnos apadrinar con ellos a alguno de esos despilfarradores públicos que se los van a gastar en ocurrencias estériles, inversiones clientelares o protocolos superfluos. La vitriólica idea la ha sugerido ese brillante y grandísimo periodista andaluz que se llama Javier Caraballo, ajustándole las cuentas a un consejerillo de la Junta, pero yo la recojo con sumo gusto y la ofrezco aquí para que cada cual elija el objeto de su propio vudú fiscal, a modo de desahogo tras el amargo trance de retratarse ante una Hacienda que, además de cebarse en los asalariados y permitir el escaqueo de los que no dependen de una nómina --¿cómo es posible que más del 40 por 100 de los contribuyentes declare ganar menos de 1.000 euros al mes?-, se dispone a subir sus porcentajes exactivos para financiar el dispendio creciente de un Estado que no quiere, no sabe o no puede controlar el derroche geométrico de unas administraciones incapaces de mejorar los servicios públicos.

 

 Así, a bote pronto, no se me ocurre mejor estandarte del despilfarro que Bibiana Aído, ministra de la nada hecha pedazos, que diría Juan Cruz, y símbolo de la vacuidad posmoderna del Estado zapaterista. Sin salir del Gobierno central hay varios candidatos/as al apadrinamiento, ministros sin competencias ni competencia que cuestan un buen dinero al año. Por no hablar del Despilfarrador Mayor del Reino, el de los 644 asesores y el Falcon para viajes de rutina. Y qué me dicen de esa presidenta del Constitucional que lleva tres años sin lograr que el tribunal evacúe una sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Pero es en las autonomías donde el derroche se vuelve más irritante y más administradores inútiles podrían resultar apadrinados por los contribuyentes: ese Carod con sus embajadas de la señorita Pepis, esos 112 delegados provinciales andaluces, con sus cortecillas de asesores, chóferes y secretarias, esas televisiones públicas con pérdidas sin fondo, incluso ese Montilla que demanda más y más dinero para infraestructuras mientras dilapida en políticas de exclusión lingüística.

 

 Pero seguro que cada uno de ustedes encuentra cerca un político apadrinable con lo que acaba de pagar en impuestos. Alcaldes rumbosos que tiran de deuda como si nunca hubiera que saldarla –ay, el admirado Gallardón, y eso que es de lo que al menos dejan obra hecha--, concejales que se creen ministros plenipotenciarios, presidentes de Diputación rodeados de dignidades versallescas. Los hay de todos los partidos, sexos e ideologías, porque nuestra clase dirigente se iguala en la creencia, injustamente atribuida a una infortunada expresión de Carmen Calvo, de que el dinero público no es de nadie. Desde luego, lo gastan como si no fuese suyo. Y nunca, pero menos que nunca después de la declaración del IRPF, resulta inoportuno recordárselo.

Con el fin de parar la central de Garoña, el Gobierno piensa construir un parador. La lógica semántica es impecable, y se atiene a la máxima zapateril de que las palabras han de estar al servicio de la política. Otra cosa es la lógica sociolaboral de la reconversión; quizá los obreros de menor especialización puedan hacer las camas y servir los desayunos, pero no ve uno a los ingenieros nucleares trabajando en la recepción del futuro hotel. Para completar el feliz panorama comarcal de la Garoña desnuclearizada sería ideal convertir la instalación en un parque temático donde, al estilo de la Dinópolis de Teruel, los visitantes de la idílica España de las energías renovables pudiesen contemplar una reconstrucción del tiempo prehistórico en que los hombres fisionaban el átomo para producir electricidad.

 

 Al posponer el desmantelamiento definitivo hacia un horizonte poselectoral, Zapatero trata de situar la cuestión en el terreno que mejor domina, el de las consignas simples y los debates esquemáticos de ideología barata. En la próxima campaña intentará presentarse como el adalid de la energía ecológica mientras retrata a la derecha como un rancio apóstol del Apocalipsis. Molinos de viento y paneles solares contra los fantasmas de Hiroshima y Chernóbil. Pero no va a ser tan fácil. Primero  porque ya hay muchas voces socialistas pidiendo la revisión del antinuclearismo oficial de la izquierda, y segundo porque las encuestas demuestran que está bajando el rechazo ciudadano a la energía atómica. EN el fondo del cierre diferido existe además una razón práctica: el Gobierno necesita cuatro años para encontrar algún sitio donde meter los residuos de la central desmantelada. Que puede ser...¡la propia Garoña!

 

 Respecto al informe del Consejo de Energía Nuclear, conviene repasar la fabulosa entrevista del presidente en el último dominical de “El País”, y detenerse allí donde explicaba a unos ciudadanos cobayas cómo resolvió la cuestión de los túneles del AVE catalán: los técnicos estaban atascados hasta que la intuición presidencial tomó la decisión demiúrgica que desatascó literalmente el complejo problema de ingeniería. No hay técnicos que valgan frente al arrojo y la audacia de un gobernante que se considera tocado por la gracia de los dioses.


PS/ EL link del informe que no puede insertar Luis:

 

http://wonkapistas.blogspot.com/2009/07/cambios-llamativos-en-la-opinion-de-los.html

 

Tiene que ver con los cambios en la opinión pública. Interesante.