Un día de éstos por Ignacio Camacho

Willy Toledo, ese eminente politólogo:  “La mayoría de los disidentes cubanos presos son terroristas”. A la luz de los últimos acontecimientos y procedimientos judiciales de la Audiencia Nacional, eso es casi un oxímoron. En Cuba, como en Venezuela, los terroristas están en libertad. Y subvencionados. Al menos, los de ETA.

En el PP había un “cabrón”, de nombre Luis y apellido desconocido aunque sospechado, y ahora Esperanza Aguirre ha señalado a un “hijoputa” de identidad fácilmente adivinable. El cainismo de la derecha vive momentos residuales porque el derrumbe de Zapatero y las expectativas de victoria marianista han aumentado el fervor interno por Rajoy, al que algunos militantes y dirigentes con aspiraciones de gobernar empiezan a descubrir hasta virtudes carismáticas, que ya es agudeza visual. Por eso estas rencillas madrileñas y estas puñaladas de pícaro –similares a las del concejal Cobo, un pequeño político agrandado por sus propiedades vicarias—están condenadas a la letra menuda de ese rencor interno que Andreotti acertó a describir con la célebre agudeza: “en política hay rivales, adversarios, enemigos… y compañeros de partido”. Nihil novum sub sole.

 

 Lo más triste es que la cansina rivalidad Aguirre-Gallardón –el derby madrileño, lo llaman en Génova 13—va a tener la penosa consecuencia de neutralizar el futuro de ambos líderes, que por sí solos constituyen los activos más importantes del centro-derecha español. Al arrastrarse mutuamente por el fango de un encono capaz de preferir a Izquierda Unida antes que a un partidario del rival interno, están liquidando sus posibilidades no ya de alcanzar la ansiada sucesión de Rajoy, hoy por hoy cada vez más lejana, sino de ocupar puestos significados y proporcionales a su calidad política en un hipotético Gobierno presidido por él. En este momento, ése sería el horizonte más razonable al que podrían aspirar en un futuro medio, pero se lo están autolimitando en una pelea goyesca de la que todo el partido, y muy en especial su líder, está más que harto.



 Madrid es una ciudad dinámica y ejemplar por tantas cosas, pero su cercanía al poder genera una burbuja de soberbia que atrapa a personas valiosas incapaces de comprender, sin embargo, que España es un país mucho más ancho y que la proyección capitalina no basta para alcanzar un liderazgo nacional. En su sobrevaloración de expectativas, Aguirre y Gallardón han olvidado el cansancio que eso produce en unos militantes y simpatizantes mucho más interesados en desalojar a Zapatero y situar al Partido Popular en el poder. Llegado el por ahora improbable caso de la necesidad de un recambio de líder, es más que verosímil que el partido decidiese buscar un perfil nuevo e integrador –el gallego Feijoo comienza a gozar de buenas perspectivas- que no esté chamuscado por el largo desgaste de un rifirrafe eterno. Como diría Rajoy, visiblemente satisfecho por el desliz de la presidenta madrileña, son las pequeñas cosas de la vida.

En su último y póstumo libro recién publicado en España, “Habanos en Camelot”, el brillante escritor norteamericano William Styron describe con vibrante pulso literario la atmósfera de humo –en el sentido más literal-- que rodeó la más recordada de las presidencias de su país, la de JFK, en cuya moderna corte de excelencia se respiraba a todas horas la fumata de los cigarros que el propio Kennedy importaba de contrabando tras haber decretado el embargo sobre Cuba. Styron utiliza la anécdota de las rutilantes fiestas de la Casa Blanca kennedyana, concluidas con largas degustaciones de habanos entre prolijas discusiones culturales y políticas, para contraponer su refinado ambiente intelectual al prohibicionismo vigente, que considera con criterio de clara incorrección social la metáfora de una tendencia puritana de desconfianza hacia el placer como expresión suprema del individualismo.


 

Las opiniones del autor de “La decisión de Sophie” resultan manifiestamente disidentes en una sociedad contemporánea dominada por la casi completa conciencia de los efectos nocivos del tabaquismo y las consiguientes políticas restrictivas decretadas por las autoridades de salud pública, pero continúan siendo una interesante muestra de rebeldía contra una forma más de pensamiento único que tiende a cometer sensibles abusos de dominancia. El debate sobre el humo en los espacios públicos parece definitivamente resuelto en casi todo el mundo occidental a favor de la prohibición más o menos completa, y nadie en su sano juicio puede atreverse a discutir el beneficio sanitario que conllevan tales medidas. Sin embargo, el prohibicionismo absoluto no carece de un relativo exceso de intolerancia especialmente llamativo en Estados que, como el nuestro, perciben importantes ingresos de los impuestos sobre un tabaco cuyo precio incrementan cada vez que sufren problemas recaudatorios.


 

La pronta reforma legal que va a impedir cualquier posibilidad de fumar fuera del domicilio privado o la calle parece contar con una amplia mayoría de respaldo (mayor del 50 por ciento en algunos estudios de opinión), pero ello no quiere decir que exista una también muy amplia y significativa minoría cuyos intereses deberían ser escuchados y que no obstante aparece marginada casi por completo del debate oficial, cerrado a cualquier matiz que lo enriquezca en términos de convivencia. No se trata sólo de los fumadores, que en ningún caso poseen el derecho de molestar a los demás con sus humos indeseados, sino de sectores industriales como la hostelería o los autónomos que van a sufrir serios perjuicios; por no hablar del exceso de imposición que supone impedir la posible existencia de locales sólo para fumadores en los que puedan reunirse quienes deseen socializar su hábito en plena conciencia de su libertad para hacerse mal a sí mismos. Una libertad que no por ahora está restringida en tanto en cuanto el tabaco continúa siendo, pese a su demostrada nocividad, un producto de libre venta...incluso en los bares en los que se va a prohibir su consumo.


 

En este sentido, la corrección política está restringiendo algo tan importante como la expresión de esas minorías en el ámbito político. Sea cual sea el porcentaje de disconformes con la prohibición completa, es con toda claridad muy superior a su representación parlamentaria, reducida a cero por el miedo de los partidos a posicionarse a contracorriente del discurso dominante. La unanimidad activa o pasiva del arco político se aleja sin remordimiento del estado real de la opinión pública, en una democracia que carece, fuera del cauce partidario o institucional, de mecanismos eficaces de representación de la sociedad civil.  La voz de los sectores disconformes simplemente no se escucha, y los legisladores aplican criterios unívocos que laminan cualquier posibilidad de regular el problema en términos de coexistencia de intereses. Y aunque exista un consenso mayoritario sobre las restricciones al tabaco, los matices a los límites  de ese marco general distan mucho de ser unánimes. En su habitual burbuja de endogamia, nuestros dirigentes políticos se limitan a encogerse de hombros y fumar en privado –una privacidad relativa que a menudo incluye sus despachos oficiales: ¿hay que recordar los puros de Rajoy o el pacto estatutario que Zapatero y Mas suscribieron junto a un cartón de Marlboro en la propia Moncloa?—con el mismo cínico desparpajo con que el magnético Kennedy infringía su propio embargo.

 

La guasa sevillana interpretando la dialéctica Reyes Magos / Papa Noel en clave expeditiva. Balcón de la calle Arfe. Sevilla.

 

Este año el tradicional debate sobre el sentido religioso de la Navidad ha sido más suave y menos visible porque los laicistas han hecho sus deberes con mayor inteligencia y tacto que antes. Probablemente han avanzado más en su afán de convertir la conmemoración del nacimiento de Jesuscristo en una fiesta abstracta o vagamente panteísta, pero lo han hecho sin alharaca y sobre todo sin grandes estupideces, sin las patochadas antológicas de papanatismo que venían siendo comunes en los últimos tiempos. No ha habido actitudes beligerantes, ni intonsas proclamas multiculturalistas tipo “solsticio de invierno”, ni sustituciones revanchistas de símbolos navideños. De un modo menos alborotado, menos escandaloso, menos dramático, la transformación de la Navidad ha prosperado de manera perceptible. 

 

 Muchas instituciones han suprimido los belenes. El alumbrado urbano se ha desleído de su simbología tradicional (en su origen las luces son el recuerdo metafórico de las estrellas que vieron en el cielo los pastores de Belén) para aproximarse a la decoración luminosa de cualquier feria. Numerosos colegios van mutando las funciones infantiles en dramatizaciones genéricas desprovistas de significados concretos, justificadas para propiciar la integración en ellas del alumnado inmigrante. (Esto es un asunto a considerar: cada vez hay más escuelas que prescinden del cerdo en sus menús pero no ofrecen opción a observar la vigilia de los viernes pascuales). Los escaparates de los comercios se vuelven abstractos y los christmas tienden a felicitar las genéricas fiestas y el año nuevo. No es un fenómeno exclusivamente español, ni zapaterista; está ocurriendo y es visible en las grandes ciudades de todo el mundo. El laicismo está ganando la batalla de la Navidad.


 

 No seré yo el que se rasgue las vestiduras con gesto jeremíaco de perdición moral; albergo demasiadas dudas de fe para imponer lo que no me aclaro a mí mismo, y desde luego prefiero la integración a la exclusión y me complace que  cualquier ser humano pueda vivir un periodo de buenas intenciones espirituales más allá de su credo o de la ausencia de él. Pero me entristece el proceso de abstracción navideña porque me parece un empobrecimiento de su sentido cultural, histórico  y sentimental, y porque no veo la necesidad de que, al margen de la creencia que cada cual profese o deje de profesar, haya que borrar las huellas de una religión cuyo impacto espiritual sobre el mundo es tan relevante y excede con tantísima amplitud la esfera de lo privado.


 

Si se prescinde de la raíz religiosa de la navidad, lo que pierde sentido es la Navidad misma, que es la celebración, la efeméride, el recordatorio –en fecha arbitraria y con fuerte contenido simbólico—del nacimiento de Jesús, cuya gigantesca huella espiritual en la Historia es incontestable.  La enorme influencia del catolicismo la extendió como fiesta casi universal  y la incorporó como costumbre cultural y social en las civilizaciones occidentales. Se puede no celebrar, darle la espalda, claro, pero carece de coherencia celebrar algo en lo que no se cree o desnaturalizarlo a conveniencia para no renunciar a sus beneficios prácticos (vacaciones,  festejos, etcétera).


 

La Navidad ha generado muchas de las mejores páginas de la música, el arte, la literatura, la iconografía, que ahora resultan preteridas para no reparar en su profunda simbología religiosa, lo que supone una amputación cultural de primer orden, un desperdicio lamentable. Aborrecer la tradición equivale a renunciar a un milenario patrimonio inmaterial de enorme fertilidad y diluirlo en naderías irrelevantes por un exceso de mala conciencia que desemboca en burda autocensura. Aparte de que poco o nada ofenden los símbolos navideños a otros creyentes que en todo caso conocen perfectamente las costumbres de las sociedades de acogida, resulta paradójico que la sensibilidad posmoderna destine enormes recursos a la preservación de particularidades culturales –lenguas, hábitos, usos sociales, fiestas—y sea cicatera con una costumbre secular que cohesiona valores y proporciona una identidad moral imposible de restringir sólo al ámbito estricto de la fe religiosa. 

 

Por supuesto que la Navidad se ha contaminado con adherencias ingratas: el despilfarro, el consumismo exagerado, la cursilería y el empalago sentimentaloide. Aun así, es una fiesta generosa, íntima, hogareña y solidaria, que saca lo mejor de nosotros mismos y nos empuja a parecernos a lo que nos gustaría ser. Por eso es positivo compartirla de un modo abierto e incluyente, pero no a base de insustancializarla cercenando sus raíces con una susceptibilidad sin sentido.

 

Post scriptum/ En la abolición de símbolos y tradiciones navideñas, los laicistas han tropezado con un hueso duro de roer: los Reyes Magos. La promoción de Papa Noel, el olentzero y demás mitos de Nochebuena no basta para frenar la ansiedad mágica de los niños en la noche del 6 de enero sin incurrir en delito de lesa infancia. Y a ver cómo se separa el mito de los Reyes de la historia de Belén y el Niño al que fueron a llevar regalos de pleitesía.
 

La consideración general ante el muy recurrente debate sobre la vigencia de la Constitución del 78 es la de que ningún proyecto de reforma puede mejorarla si no cuenta con un respaldo igual o superior a la vigente. Eso significa en la práctica la necesidad de un consenso que en la actualidad parece muy distante, habida cuenta del clima de fuerte divisionismo y crispación política y sociológica de la vida española. Una constitución no debe cambiarse –ni siquiera en aquellos puntos en que es legalmente posible—por mayoría simple, que equivale a decir por simple mayoría, si no se quiere que se resienta la estructura política del Estado y se consagre la imposición de un modelo ideológico sobre otro, como sucedió en 1931 y por fortuna se evitó en 1978, lo que sin duda fue el mayor logro político de la Transición. Sentado este principio, existen varios puntos sobre los que viene planteándose con cierto acuerdo genérico la eventual posibilidad de una reforma, sin que ninguno de ellos arroje la clara necesidad de plantearla a corto plazo.

 

1. El orden de sucesión de la Corona. Siendo el punto de mayor consenso reformista –la necesidad de anular la prevalencia del varón sobre la mujer, art. 57.1—contiene un potencial de peligrosidad que no escapa ni a los propios Príncipes de Asturias: requiere mayoría agravada y un referéndum que en las actuales circunstancias podría convertirse en un inoportuno plebiscito sobre la monarquía, con el consiguiente desgaste y desestabilización que se encargarían de provocar los republicanos, independentistas y demás fuerzas radicales. Tarde o temprano habrá que hacer la modificación, pero no hay prisa; incluso aunque los Príncipes tuviesen un hijo varón, se podría esperar hasta la mayoría de edad de la Infanta Leonor, aunque hacerlo daría lugar a una posible polémica sobre derechos adquiridos. La salida de incluir esta modificación en un paquete global de reformas no se sabe si es una solución o un agravamiento del problema, porque obligaría a introducir enmiendas compensatorias al gusto de los mencionados radicales.

 

2. La reforma del Senado. Tiene consenso previo sobre su conveniencia y existe una idea genérica de convertirlo en “cámara territorial”, pero nadie ha puesto sobre la mesa una propuesta concreta ni se sabe hasta qué punto existiría ese acuerdo. Está clara la obsolescencia de la Cámara, que ni siquiera tiene derecho efectivo de veto, y habría que delimitar sus competencias para que no fuese una instancia de revisión del Congreso. Sin embargo, los aspectos de esa reforma están verdes, nadie los ha planteado seriamente y podría haber puntos muy polémicos. Entretanto, el Senado podría desarrollar potencialidades actuales que los partidos no desean aplicar, como la de ejercer funciones de cámara de fiscalización e investigación, al estilo de Estados Unidos.

 

3. El sistema electoral. Reforma prescindible, que además podría abordarse mediante la modificación de la ley de régimen electoral sin tocar la Constitución. Los partidos pequeños sueñan con ampliar el número de diputados, pero incluso eso podría hacerse sin reforma del marco de la Carta Magna. No está tan claro en el caso de la posible creación de un “colegio nacional” de restos para completar los cupos de circunscripciones provinciales restando peso de conjunto a las minorías territoriales sin mermar su representación.

 

4. El Estado autonómico. Aunque no ha aparecido de manera taxativa en los debates recurrentes sobre la reforma, es el verdadero motivo de la mayor parte de los planteamientos al respecto. De hecho, si el TC revoca aspectos esenciales del Estatuto de Cataluña –planteado por sus promotores Zapatero como una enmienda constitucional de hecho--, los partidos catalanes harán inevitable la apertura de un debate sobre la necesidad de modificar la Constitución para dar cabida a sus planteamientos soberanistas. Sería una grave equivocación que convertiría un problema político en un error sistémico, y equivaldría a tratar de convertir al nacionalismo en determinante de la estructura jurídica del Estado. Otra cosa es que, si el TC convalida el Estatuto catalán, lo que estará introduciendo es una reforma de facto del marco constitucional por la vía de la ley orgánica con referéndum y sanción jurídica.

 

Ésa era probablemente la idea de Zapatero cuando le dio curso al proceso estatutario, y la que subyace cuando afirma que espera “una gran sentencia” o que la Constitución “es mejorable pero funciona en lo sustancial”. Palabras tranquilizadoras que lo serían mucho más si no viniesen de un político acostumbrado a hablar en el viento de su conveniencia.

 En todo caso, una eventual reforma de la Carta Magna carecería de legitimidad real si se plantease de un modo improvisado en mitad de una legislatura, y tendría que abordarse mediante un contrato político con los ciudadanos, es decir, mediante la convocatoria de unas elecciones expresamente declaradas como constituyentes por los dos principales partidos-eje de la vida pública española. El factor de desestabilización que ello supondría en la vida nacional queda al alcance de la evaluación con que cada cual quiera considerarlo.

 

Ps/ ¿Qué mejor cosa tenían que hacer los presidentes autonómicos del PP que no acudieron al homenaje a la Constitución del 6 de diciembre? No sólo le sirvieron al PSOE un impecable argumento de hipótesis inversa –el de qué se hubiese dicho en ausencia de López o Montilla—sino que se desentendieron de una obligación política y moral de primer orden, poniendo en una contradicción innecesaria el discurso constitucionalista de su partido y despreciando su propio compromiso con los ciudadanos a los que representan.

Algo va mal en una sociedad cuando la noticia política no está en la prensa sino que es la prensa propiamente dicha; cuando el pluralismo de las ideas deja su sitio a la unanimidad de las consignas y cuando la libre circulación de opiniones se pliega con sospechosa coincidencia a los dicterios de un poder desvelado por el recelo y el victimismo. Algo de todo ello ha sucedido en la opinión pública de esa Cataluña cuya clase dirigente parece más preocupada por la estabilidad institucional que por la integridad constitucional, y menos atenta a la expresión de la soberanía nacional que a la del soberanismo nacionalista. Dice el adagio profesional que perro no come carne de perro, pero se da por supuesto que el periodismo libre tampoco se alimenta del pienso de los pesebres.

      (Texto leído por el autor de este blog en el espacio "El dado" de la Brújula de Onda Cero el día 26-11-09)

* ¿Por qué la dirección nacional del PP no explica en público las razones por las que veta a Ignacio González como presidente de la Caja?

* ¿Por qué Esperanza Aguirre no explica en público las razones de sus reticencias a aceptar a Rato?

* ¿Por qué si Rajoy, Aguirre, Gallardón y hasta Zapatero están de acuerdo en la idoneidad de Rato no lo nombran ya? ¿O es que no están tan de acuerdo como públicamente afirman?

* ¿Hay alguien jugando la carta de achicharrar a Rato para que él mismo se descuelgue ante la falta de consenso?

* ¿Habría alguna empresa de selección de personal capaz de encontrar un candidato mejor para presidir una Caja de Ahorros que un hombre que ha sido ocho años ministro de Economía y dos años director del Fondo Monetario Internacional?

* ¿Cuál es la razón real de Esperanza Aguirre para tratar de deshacerse suavemente de su vicepresidente político?

* ¿Se fía Rato de Aguirre y de Rajoy?

* ¿Por qué quiso Gallardón meterle presión a Rajoy con las incendiarias declaraciones de Cobo? ¿Cómo lo ha tomado Rajoy?

*¿Por qué nadie acepta la posibilidad de que el actual presidente, Miguel Blesa, continúe durante un par de años como él desea?

* ¿Le pidió Aznar a Rajoy que apoyase la continuidad de Blesa? ¿Y a Aguirre?

* ¿Qué opina el Banco de España sobre todo esto? ¿No tiene nada decir, o sí lo tiene y lo ha dicho donde tiene que decirlo?

* ¿Podrá el PP después de toda esta guerra de poder seguir sosteniendo su razonable línea argumental de alejar las cajas del control de los políticos?

 

Mientras Alberto Ruiz Gallardón alanceaba en Copenhague molinos de viento movidos por la energía de la cooptación olímpica –ahora resulta que todo el mundo sabía desde hace tiempo que el Papa Rogge y su curia habían decidido de antemano premiar a Río--, un tribunal de Madrid le otorgaba una pequeña satisfacción en su pulso doméstico con Esperanza Aguirre por el control del más poderoso instrumento financiero al alcance del Partido Popular. La paralización cautelar del proceso electoral en Cajamadrid por el litigio del reparto unilateral de miembros de la Asamblea que corresponden a la Corona según un antiguo privilegio ha proporcionado al alcalde un ligero respiro en la batalla que mantiene con la presidenta regional por el control de la poderosa entidad de ahorros; pero sobre todo, ha dado oxígeno a Miguel Blesa, el correoso presidente ejecutivo de la Caja que no está dispuesto a entregar su cabeza sin una pelea que al menos, si no continuidad, le otorgue la capacidad de intervenir en su sucesión. La lucha por la poderosa plataforma de poder que es la caja madrileña se ha vuelto más intensa que nunca a medida que se acerca el desenlace de un proceso en el que ha quedado al descubierto, con manifiesta crudeza, la intesa politización de las entidades de ahorro.

 

 El asunto es complicado porque se enreda en una larga cascada de litigios, impugnaciones y conflictos que afectan a todos los órganos de la Caja. El episodio más reciente afecta al nombramiento de 64 consejeros de la Asamblea asignados a la Casa Real, que tradicionalmente renuncia a ellos para que sean repartidos conforme a la ley vigente. Al producirse esa renuncia en noviembre, el Ayuntamiento entiende que el reparto debe hacerse conforme a la norma vigente en ese momento, lo que significaría un prorrateo proporcional entre los municipios, del que corresponderían nueve puestos al Consistorio de la capital. La comunidad, sin embargo, ha aplicado la nueva ley regional, que deja fuera a los ayuntamientos, mermando el peso de los gallardonistas en el pulso por el control de la entidad. La impugnación, aceptada por el juzgado, paraliza el proceso de elección previsto de inmediato, y aplaza el horizonte de relevo de Blesa, que de otro modo podía verse obligado a rendir su mandato en noviembre.

 

 Al fondo hay una doble resistencia al designio de Esperanza Aguirre de hacerse con el control político de la Caja, habida cuenta de la falta de sintonía con Blesa que se agudizó a raíz de un fuerte desencuentro sobre la presencia de la entidad en Endesa durante la OPA lanzada en 2005 por Gas Natural y la Caixa. Blesa, nombrado durante el Gobierno de Aznar y con Gallardón en el poder regional, cuenta con el respaldo del actual alcalde a la hora de oponerse a la voluntad de Aguirre. El tira y afloja, no exento de golpes bajos según la lógica clásica de los litigios de poder, lleva meses y tanto por la importancia objetiva de Cajamadrid en el tejido financiero español como por su influencia en el entramado de poder constituye un conflicto de primer orden en el establishment económico y político. La tensión ha destruido incluso parte de las buenas relaciones entre la presidenta y Aznar, al que considera parcial en el conflicto debido a su vieja amistad con Blesa …y a la presencia de Ana Botella en el equipo municipal de su gran rival interno.

 

 La actitud del presidente Blesa es de intransigencia férrea, obstinada, a plegarse al control de Aguirre y de resistencia moderada, pragmática, a dejar el cargo, que le gustaría prolongar otro trienio hasta alcanzar la edad de jubilación reglamentaria. Más que contra la presidenta, el máximo ejecutivo de Cajamadrid mantiene un largo y tenso duelo con su vicepresidente Ignacio González, al que la “lideresa” autonómica pretende situar en la torre inclinada de la Plaza de Castilla, para lo que podría haber llegado a un pacto con el PSOE --no autorizado por ahora por Moncloa ni por Ferraz-- a cambio de conceder a los socialistas una vicepresidencia en el consejo. La jugada de Aguirre pasa por una crisis de Gobierno en la que aparte a su poderoso número dos, demasiado desgastado en todos los frentes, dejándolo caer con suavidad en un puesto donde se sienta satisfecho. A día de hoy, sólo Cajamadrid ofrece un sillón con garantías de complacer a González sin que se sienta bruscamente apartado del poder que controla desde hace años con todos los resortes en su mano…y con numerosos enemigos, dentro y fuera del PP, en su lista de agravios.

 

 Pero Ignacio González es probablemente la única solución que Blesa y Gallardón no acepten sin batalla. Otros nombres planteados por Aguirre –Rato, Pizarro, Guindos—podrían abrirse paso con más facilidad en el proceso de sucesión, pero no él. Tampoco Rajoy, que como líder del PP se supone dueño de la última palabra en un proceso fuertemente politizado, tiene la más mínima simpatía con el vicepresidente madrileño, quizá el único político de su partido al que ha dirigido reproches en público, en un comité nacional celebrado tras las elecciones de 2008. En el PP se considera un desafío al presidente nacional la presunta maniobra para “colarle” al número dos del gabinete aguirrista. Y la idea de Blesa de “no quedarse con calzador” podría convertirse en lucha numantina, con largo seguimiento judicial, si la presidenta insistiese por ese camino, que objetivamente desdice de su acertado discurso contra la politización de las cajas.

 

 Lo que sí parece haber descartado el actual rector de Cajamadrid es quedarse por la vía de absorber otra entidad, lo que paralizaría el proceso de renovación directiva y le otorgaría los tres años de margen que le gustaría apurar. En los últimos meses de incertidumbre financiera ha tenido varias a tiro, incluidas algunas fáciles de absorber y digerir como estrategia dilatoria. “No me voy a quedar con la Caja de Ontinyent para resistir como Braulio Medel”, se le ha oído decir a Blesa. Pero otra cosa sería –descartada la complicadísima CCM—un mirlo blanco como Caixa Galicia o alguna de Castilla y León. Blesa intenta, en todo caso, que una operación de ese tipo –difícil de cuajar a contrarreloj—se mantenga dentro de la lógica financiera sin traspasar la poco presentable contaminación de intereses políticos.

 


 Queda por escucharse la palabra de Rajoy, que hace unos meses garantizó en público haber llegado a un acuerdo con Esperanza Aguirre para tomar la decisión final –lo que tampoco concuerda demasiado con el criterio de despolitización que esgrime públicamente el PP—. El gallego calla, hermético como suele, fiel a su fama. Su entorno asegura que tiene decidido un nombre, pero nadie suelta prenda. Los posibles candidatos saben que les conviene el silencio, y sobre todo no salir en los primeros tanteos, que casi con seguridad caerán vetados por alguno de los sectores en liza. Los conocedores sugieren dos nombres para la última recta, cuando se hayan producido los descartes de rigor: el diputado Miguel Arias Cañete y Fernando Bécker, directivo de Iberdrola. Tiempo al tiempo.

 

 En todo caso, como puede verse, la lucha es cerrada, y de carácter casi puramente político. Políticos son los protagonistas, políticos los aspirantes, políticas las maniobras y política será la decisión final. Cajamadrid es un instrumento de poder ante el que el poder no para mientes. ¿Alguien ha oído hablar de despolitizar las cajas? Pues cuando lo oiga, que no sé por aludido…
 
 

Cuando un país camina hacia el 20 por 100 de tasa de paro sin que crujan gravemente sus cimientos sociales hay que plantearse la posibilidad de hallarse ante una fotografía estadística equivocada. Y no tanto porque pueda no haber en realidad tantos parados debido a la existencia de una potente economía sumergida –cifrada por el propio Gobierno en un ¡¡ 30 % !!—sino por la posibilidad de que la estructura de subsidios esté dando lugar a un acomodamiento de la población desempleada en unos tiempos en que el trabajo se vuelve precario y mal pagado. Dicho de otra manera, algo más antipática: podemos estar ante un fenómeno de “desempleo profesional” que, al tiempo que proporciona una paz social evidente, lastra la economía y la conduce hacia una situación de déficit estructural inexorable.

 

 En la última semana han sonado algunas voces de alarma. La escasa respuesta de los interesados a la oferta de 420 euros de prestación suplementaria –apenas 26.000 solicitudes-- ha despertado la sospecha de los expertos. Por un lado, existe la evidencia de los “despidos pactados” que acaban en la economía sumergida del trabajo “negro”; por otro, la evidencia de que muchos desempleados prefieren permanecer acogidos al subsidio antes que aceptar empleos de baja calidad que suponen un esfuerzo mayor que la diferencia entre la prestación y el salario. En este sentido ya se han detectado varios ejemplos significativos: en Huelva, por ejemplo, fueron llamados 10.000 inscritos como parados agrarios para cubrir la demanda en el sector de la fresa. Se presentaron 3.500 y sólo 1.500 aceptaron un empleo; más de 8.000 se negaron a trabajar. En Cádiz, con un 28 por 100 de tasa oficial de paro, sólo 170 personas han solicitado la prestación de 420 euros. En Almería, el Servicio Andaluz de Empleo citó a 468 personas registradas en el desempleo para cubrir plazas de jornaleros en los invernaderos de Níjar… y aceptaron sólo dos. El resto indicó directamente que prefería seguir cobrando el subsidio como desempleados, sin que nadie, por cierto, les haya formulado la más mínima reclamación al respecto. Y todo ello en una Andalucía que cuenta con un paro oficial cercano al 30 %. ¿Con cuánto fraude?

 


 A menudo, cuando se publican las cifras, los medios y el propio Gobierno destacan el número de familias que tienen a todos sus miembros en paro. A la luz de estos indicios, quizá cabría invertir la reflexión y preguntarse cuántas familias tienen a varios miembros cobrando la prestación por desempleo. Si ponemos una media de 500 ó 600 euros por persona, y con tres miembros de una unidad familiar recibiendo subsidio, tendremos unos ingresos familiares medios de 1.500 ó 1.800 euros al mes; suficiente para sostener un nivel de consumo aceptable…y rechazar trabajos que, con un salario sólo un poco más alto que la prestación, implican un sacrificio mucho mayor. Si a eso le añadimos la posibilidad de desempeñar chapuzas y trabajos esporádicos sumergidos, encontraremos una plausible explicación a la falta de conflictividad social en medio de una situación teóricamente explosiva. Ni siquiera hace falta que los sindicatos mantengan su dócil complicidad con el Gobierno; basta con que no cuestionen la evidencia de un fraude masivo.

 

 Y a todo esto… ¿qué dice el ministro de Trabajo? Pues que no tiene datos de la economía sumergida… ¡¡“precisamente porque es sumergida”!!. Tócate los c… , Mardones, y átame esa mosca por el rabo…

 

El presidente Zapatero "combatiendo" a los poderosos banqueros en la Moncloa

 

Tiene el presidente Zapatero una peculiar manera de enfrentarse a “los poderosos”, “los ricos” y otras gentes de mal vivir que constituyen, al parecer, el núcleo de los problemas de España. Un modo de combatirlos que no es exactamente el de un San Jorge socialdemócrata frente al dragón del capitalismo. Y no sólo porque al poderoso más poderoso, al rico más rico, que es Emilio Botín, le haya concedido en todo momento una interlocución privilegiada, ni porque a los banqueros y cajeros en apuros les haya arrimado necesarios avales milmillonarios para evitar una crisis de pánico financiero. Es que, como todos los presidentes anteriores –salvo Calvo Sotelo, que probablemente no tuvo  tiempo—, ha desarrollado en su entorno una beautiful people, un círculo de empresarios de influencia, una pequeña corte de privilegiados con acceso frecuente a la Moncloa y una línea de confianza sobre la que construir un núcleo de mutuos intereses de conveniencia.

 

 A estas alturas se trata de nombres por todos conocidos. En primer lugar, el dúo mediático Roures-Contreras, introducido por el influyente Miguel Barroso y beneficiario de numerosos favores que han concluido por ahora con la TDT de pago, desencadenante de la hostilidad del Grupo Prisa. En segundo lugar es conocida la afinidad del constructor Luis del Rivero, al que en la primera legislatura Presidencia intentó utilizar –con un ojo clínico notable— como “caballo blanco” para asaltar el accionariado del BBVA, tras haberlo introducido en Repsol –con consecuencias también conocidas--. Precisamente el presidente de la petrolera, Antoni Brufau, es pieza clave en las excelentes relaciones de Zapatero con el empresariado catalán, a través de la Caixa, y ha desempeñado un papel clave entre la Moncloa y Hugo Chávez, al que acompañó sin tapujos en su última visita a Madrid.

 

 Pero hay más, bastante más. Otro constructor, Entrecanales, sirvió de puente para consumar el inicialmente fallido asalto a Endesa –en el que de nuevo Brufau hizo de estratega durante sus primeros compases--, y obtuvo sustanciosas plusvalías cuando la eléctrica pasó, en otro extraordinario “éxito” estratégico, a manos italianas. Javier de Paz y Javier Gómez Navarro han sido exploradores claves en las incursiones estratégicas de Zapatero. El primero, compañero de baloncesto en Moncloa, ejerce de asesor áulico presidencial incrustado en el consejo de Telefónica, la primera multinacional del país. Gómez Navarro, ahora algo alejado por sus diferencias de criterio sobre política económica tras haber sonado incluso como vicepresidente, controla las Cámaras de Comercio y mantiene el hilo con el presidente de la patronal, Díaz Ferrán. El hostelero navarro Antonio Catalán, ahora también un poco distante, ha desempeñado incluso roles de enlace durante la gestación del último pacto de Gobierno foral. Y existen en las diferentes autonomías, sobre todo en Andalucía, Cataluña y el País Vasco –por no hablar del extremeño Gallardo, socio mediático de los intereses gubernamentales--, grupos de empresarios de cámara a los que el poder utiliza a su conveniencia a cambio de favores más o menos explícitos.

 

 Este tejido de influencias de alto nivel no parece exactamente el retrato de un combate ideológico contra la plutocracia. En realidad, nada sería más irresponsable que un presidente empeñado en fastidiar a los capitanes de empresa y a la trama productiva de la nación. Sólo que los hechos desmienten la barata demagogia anticapitalista a la que apela Zapatero para contrarrestar la evidencia de su progresiva soledad al frente de una economía sin rumbo. Porque es cierto que incluso algunos de los empresarios más proclives se han desenganchado de la deriva presidencial al atisbar señales erráticas de un populismo clientelar sordo a los consejos más razonables. Pero con los realmente poderosos, ZP ha estado mano a mano e incluso ha diseñado operaciones –más o menos torpes—de ingeniería económica financiera. Ir de comerricos ahora es un ejercicio de cínico peronismo. En realidad, cuando habla de enfrentarse a los “poderosos” sólo está pensando en una cosa. En un grupo de comunicación. Al que también, por cierto, le concedió –como González, como incluso Aznar—favores y prebendas que por lo visto no han resultado suficientes.

Si yo fuese nacionalista vasco estaría cabreado. (En realidad, esta frase es una tautología, porque los nacionalistas, en especial los vascos, siempre están cabreados de un modo u otro). Pero en esta ocasión tendría al menos un motivo objetivamente razonable en el manifiesto agravio comparativo que ha supuesto la pantomima independentista de Arenys de Munt, celebrada sin mayor rasgamiento de vestiduras y con la alegre complacencia, por acción u omisión, de buena parte de la clase política catalana. Si el PNV hubiese decidido llevar adelante su famosa matraca del referéndum soberanista aunque fuese con urnas de cartón en los batzokis, el escándalo habría sido mayúsculo, la Audiencia Nacional hubiese intervenido y toda la vida pública española habría sufrido una sacudida de grado 7 en la escala de Richter. Probablemente se habrían oído voces pidiendo la intervención del Ejército. Con un criterio que no cabe sino reconocer como mínimamente cabal, el nacionalismo vasco descartó organizar esa farsa echándose al monte, y se atuvo a la prohibición legal y al fracaso político, que a la postre le condujo fuera del poder. ¿A ver si va a resultar el marciano Ibarretxe más sensato y leal que esta pandilla de aventureristas posmodernos de Esquerra Republicana?

 

 La respuesta podría ser que sí, que en esta competición de dislates el aspirante a caudillo de los indómitos vascones que anda explicando el estado libre asociado a los ciudadanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico era, en efecto, algo más leal al orden constituido que los Carod, Puigcercós y Cía. Pero el asunto tiene bemoles porque sucede que los camisas pardas de ERC son socios de gobierno en Cataluña del Partido Socialista y forman parte del núcleo de aliados parlamentarios preferentes del presidente Zapatero. Y se dedican a aventar mascaradas secesionistas sin que nadie les tosa ni les afee siquiera esa conducta de gamberrismo político.¡Qué graciosos son, qué traviesos, qué juguetones! Total, si no era más que eso, un pasatiempo, una pantomima, un bululú rural. Pero mira qué casualidad, que siempre juegan a lo mismo. Con una mano, porque la otra la tienen puesta en el presupuesto que les reparte el Partido Socialista, sea en Cataluña o en el Parlamento de España.

 

 Y como nadie les tose, pues siguen a lo suyo. Y pretenden organizar otros sesenta festejos del mismo tenor, referenda de la señorita Pepis por doquier para ir creando un festivo clima de secesión política y social en torno a la sentencia del Estatuto. Ji, ji, ja, ja, Cataluña independiente, qué divertido. Ocurre que por añadidura los nacionalistas vascos, en vez de andar cabreados están contentos y dispuestos a resucitar su matraca a la menor oportunidad que se les presente. El admirado Santi González ha recordado la jocosa promesa de Zapatero a sus socios de la pasada legislatura: “Voy a hacer un Estado tan federal que no os vais a querer ir”. Pues coño con el profeta, la que está liando. Eso sí, con mucha risa y muy buen talante.

NO está escrito que para ser un buen político haya que poseer un currículum académico brillante –ni Suárez ni González, por poner dos ejemplos de personas especialmente bien dotadas para el arte de la política, fueron estudiantes destacados--, pero parece evidente que el nivel medio de la clase dirigente de un país será tanto más alto cuanto mayor preparación reúna. En Francia, una nación de sólida tradición educativa,  las escuelas técnicas de la administración han provisto al Estado de un cuerpo de dirección que garantiza la buena gestión y la continuidad de un servicio público competente. El panorama en España es más bien desolador, porque el excesivo peso de la partitocracia ha poblado la política de militantes sin mayor mérito que el de la permanencia y la obediencia, incapaces en su mayor parte de competir con éxito en un mercado de trabajo igualitario.


 Un estudio reciente del Ministerio de Política Territorial, que dirige Manuel Chaves, ha puesto negro sobre blanco esa indigencia de estudios: la mayoría de nuestros alcaldes y concejales sólo tiene la EGB o estudios elementales equivalentes (un 22 %); el 13 por 100 ha alcanzado el bachillerato y sólo un 13,28 ha cursado alguna licenciatura. Los datos son pavorosos habida cuenta de que el poder local es la principal estructura política de la administración española. Y aunque el bajo nivel puede ser relativizado por el hecho de que en la estadística se incluyen los ediles de todos los pueblos y municipios pequeños, la extensión de la educación en España permitiría pensar en una mayor cualificación de la dirigencia pública. Resalta, por otra parte, el hecho de que la cuarta parte de los encuestados se negó a ofrecer información sobre sus estudios, lo que invita a la conclusión de que no se siente muy satisfecho con ellos. Es decir: que el 50 % de los políticos municipales en España tiene una formación insuficiente.


 La relevancia de este panorama es grave por cuanto informa del deficiente grado de competencia de nuestra política, y puede explicar al menos en parte la venalidad de muchos ediles y el alto nivel de corrupción del poder local, que ha sido resaltado en algunos informes internacionales. Una clase política funcionalmente analfabeta resulta letal para un país. Téngase en cuenta, además, que el ámbito municipal es la cantera de la política parlamentaria y autonómica, y que son muchos los alcaldes y concejales que al cabo de un cierto tiempo de permanencia en sus cargos se sienten habilitados para dar el salto a un escenario mayor, apoyados en el control que sus parcelas de poder les ofrecen sobre las organizaciones locales y provinciales de sus partidos. En este contexto, la eterna polémica sobre el salario de los políticos no debe centrarse en los diputados al Congreso o los miembros del Gobierno y los altos escalones de la Administración del Estado, por lo general retribuidos con escasa generosidad; es en las autonomías y municipios donde vegeta una tropa mal preparada, con pocos estudios o ninguno, que suele ganar en el ejercicio de la política más dinero del que su preparación les permitiría obtener en cualquier otro trabajo a su alcance.


 La baja calidad de la democracia española no es casual. Llevamos años despreciando el mérito y el esfuerzo, y la política se ha convertido en un espacio del que huyen o al que rehúsan acercarse muchas personas capaces que no soportan el poder de la mediocridad.

EL repunte de accidentes mortales en el puente de la Virgen de Agosto ha vuelto a encender el debate de la seguridad vial, como si el Estado tuviese que establecer una estrategia para cada estadística. Autoridades y expertos se estrujan los sesos buscando explicaciones, algunas tan pintorescas como la existencia de muchas fiestas populares…que se celebran todos los años, y sin que ninguna de ellas admita ni siquiera remotamente el azar. Pero si se trata de debatir, debatamos. Y volvamos al fondo del asunto, que es el falaz empeño del Estado en disminuir el número de accidentes por la vía de reducir la velocidad.




 Hay un dato incuestionable: la inmensa mayoría de los accidentes mortales –el 90 por 100 de los de este puente-- se producen por colisiones frontales en carreteras de doble sentido, es decir, en la red secundaria. En ellas apenas hay radares, concentrados en las autovías por su mayor capacidad recaudatoria. El problema real está en la amplísima red viaria sin desdoblar, llena de puntos negros, mal señalizada y pavimentada. Y solucionar ese problema exige inversiones; es mucho más caro que decretar una velocidad reducida. Pero la velocidad no es la causa principal de accidentes en España.


 

 Lo único que ha conseguido el límite de 120 kilómetros por hora en autovías y autopistas es convertir al automóvil en un medio de transporte insuficiente. Los trayectos se alargan en el tiempo de modo inaceptable, porque el límite máximo de 120 es ficticio: en los alrededores de las poblaciones y en muchos otros tramos el tope se reduce a 100 y hasta a 80 kms/h.  Eso supone medias por debajo de 100 en desplazamientos medios, alargándolos de un modo antieconómico y antimoderno. La limitación de velocidad ha devuelto nuestra red de autovías al tiempo de las diligencias.


 

 Y ha convertido las autopistas de peaje en un lujo inútil. Vías amplias, despejadas y rectas que permiten holgadamente una circulación sin problemas a 140 están siendo infrautilizadas con este tope ridículo. Mientras, en la red secundaria la mortalidad continúa siendo excesiva, sin que los radares las controlen ni las autoridades pongan interés en su modernización y arreglo. Este contrasentido es una hipocresía, agravada por el hecho de que el Estado subvencione la compra de automóviles que sus propietarios no pueden rentabilizar adecuadamente En las carreteras sufren persecución recaudatoria, y en las ciudades ven cada vez más limitada su circulación con una cruzada peatonalizadora. Si aún se venden coches es porque el automóvil sigue representando un icono de estatus e independencia. Pero su uso es cada día más complicado. A lo peor es eso lo que pretende este Estado embargado por un antimaquinismo prejuicioso.

Primera reflexión: el mensaje que ETA ha enviado esta vez al Gobierno no sólo es el de que está en condiciones de atentar incluso en la Palma blindada desde el doble atentado mortal de hace diez días, sino que puede administrar los grados de violencia de sus zarpazos. Puede asesinar y puede efectuar atentados intimidatorios para hacerse presente sembrando el pánico. No se trata sólo de un mensaje en clave de desafío, sino de un nuevo guiño para la negociación. La reanudación del diálogo se ha convertido en el eje estratégico de los terroristas.


Segunda reflexión. En esta misma línea estratégica, lo más probable es que asistamos en las próximas semanas a una modulación de los ataques. ETA pretende decirle a Zapatero que pese a las desarticulaciones sucesivas dispone de capacidad para hacerle sufrir o darle respiro. Y que es él quien debe elegir el camino. Al fondo de esta presión combinada está la experiencia de la última negociación.  Los etarras creen que el presidente no aguantará una ofensiva dura sin abrir contactos, y quieren hacerle ver que estará más tranquilo si corresponde a sus siniestros guiños. Consideran que el presidente no está preparado para la resistencia. No hace falta decir que la obligación del Gobierno es demostrar, apretando los dientes e intensificando la presión, justamente lo contrario. Un solo signo de debilidad echaría atrás todo lo logrado desde que el Ejecutivo decidió abandonar el diálogo. Que ha sido mucho, cuantitativa pero sobre todo cualitativamente.


Y tercera reflexión. Más bien una doble duda. ¿Conviene al interés común que ETA se apodere, con tres pequeñas bombas sin víctimas, del primerísimo plano de la actualidad mediática en un país relajado por las vacaciones? ¿Es posible evitarlo?

En cierta ocasión comenté con Fernando Savater la errónea complicidad que la izquierda española mantuvo con ETA durante la dictadura; él lo atribuía a la necesidad psicológica de un “vengador justiciero”, pero creía que durante la democracia había existido margen suficiente para arrepentirse y hacer la autocrítica. Sin embargo, ahora que la triste efemérides del cincuentenario etarra obliga a ciertas revisiones históricas, convendría profundizar un poco más allá, y recordar que no fue hasta bien entrados los ochenta, casi hasta los noventa, cuando la sociedad española se movilizó de verdad contra los crímenes terroristas, a los que consideró al fin una amenaza contra la libertad. Y eso coincidió con la propia estrategia etarra de “socializar el sufrimiento” extendiendo los atentados a políticos de toda clase --incluidos de forma significativa los socialistas--, periodistas, intelectuales y disidentes de su tiranía violenta; antes, mientras las víctimas fueron fuerzas del orden y del Ejército, la ciudadanía española guardó una pavorosa indiferencia que no puede ser soslayada.


   Lo recuerda Javier Cercas en su reciente libro sobre el golpe del 23-F, “Anatomía de un instante”; esa indiferencia fue sustancial en la creación de un clima golpista en unas fuerzas que sufrían hasta cien bajas al año. La reciente publicación memorial de la lista de víctimas en estos 50 años ofrece una escalofriante acumulación en los primeros años de la democracia, del 77 al 81-82: un ritmo de casi un asesinato cada tres días. Todavía en los primeros tiempos de González hubo frecuentes escenas de tensión en funerales de altos mandos militares. Hay que decirlo con claridad: los españoles tardamos demasiado en sentirnos concernidos por la amenaza, cuya repulsa colectiva es relativamente reciente. Y tenemos que asumir con honradez la culpa de ese retraso debido a nuestra cobardía moral.


   Es un hecho objetivo que el asesinato de Carrero aceleró la transición democrática al cercenar la posibilidad de un franquismo sin Franco. Pero ese atentado causó un grave daño a la cohesión de la libertad al contribuir a una cierta mitificación del terrorismo que ha estado en la base de ciertas actitudes comprensivas o exculpatorias, y retrasó la conciencia de rechazo de ETA en buena parte de la izquierda política, que durante demasiado tiempo tuvo asociada a la banda a un cierto heroísmo de resistencia. Pariente de esa comprensión sigue siendo la tendencia a aceptar la necesidad de un diálogo o acuerdo con los terroristas para darle una salida “al conflicto”. Una actitud que no es privativa de los nacionalistas, y que cobró fuerza durante la etapa negociadora emprendida por Zapatero –un típico hijo del esquematismo progresista de los 80—en su primer mandato.


   El lúcido Jon Juaristi ha proclamado muchas veces su arrepentimiento de los célebres versos con que trataba de exculpar el delirio que cegó a la izquierda nacionalista vasca: “?Te preguntas, viajero, por qué hemos muerto jóvenes / y por qué hemos matado tan estúpidamente? / Nuestros padres mintieron: eso es todo”. En efecto, el rencor paterno freudiano no basta para explicar ni la complicidad inicial ni la pasividad posterior. Ha habido demasiada connivencia con un imaginario de guerrilla resistente, al que todavía se aferran los medios anglosajones cuando llaman a los terroristas “activistas del separatismo vasco” o expresiones similares. Ahora nos irrita, pero en un tiempo no demasiado lejano fueron muchos medios españoles los que dieron carta de naturaleza a esa respetabilidad política del terror en la opinión pública.


    De alguna forma, Si Zapatero no hubiese roto el consenso resistente del movimiento Basta Ya y del Espíritu de Ermua, el asunto no significaría ya más que un episodio histórico incongruente. Pero la negociación zapaterista abrió de nuevo una brecha en la cohesión ciudadana, y esa brecha está viva en el momento presente, y patente en la desconfianza con que muchos españoles miran la actual política de firmeza represora del Gobierno. No basta con culpar al nacionalismo de haber recogido las nueces del árbol que cimbreaba ETA. Hay que entonar una palinodia colectiva más amplia, y con propósito de la enmienda. Un verdadero “Nunca más” democrático que no ofrezca un solo resquicio de convicción frente al desafío vesánico de la sangre.