El Caso Brugal volverá a los juzgados de Alicante antes de Hogueras

Según fuentes jurídicas consultadas por ABC, las Cortes Valencianas ya han informado al juez del TSJCV de que Castedo ha dejado de ser diputada autonómica –presentó su renuncia hace quince días, tras redactar el escrito ante notario para que lo pudieran registrar en su nombre, dado que se encontraba de baja por maternidad–, y que por tanto ha perdido su condición de aforada. De esta forma, el juez Juan Climent, al frente de la investigación en el Alto Tribunal, ya ha trasladado a las partes la pérdida del aforamiento y ha instado a pronunciarse sobre el traslado de la causa a los juzgados de la capital alicantina.

Dado que ya no quedan aforados en el caso (Alperi, a las puertas de otro juicio por un presunto delito fiscal, dimitió hace un mes por motivos de salud), todo apunta a que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia se inhibirá en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital alicantina, que fue el que inició las diligencias sobre el PGOU de la ciudad –y que elevó el sumario al Alto Tribunal precisamente por la condición de aforados de la que entonces disfrutaban tanto la alcaldesa como el exalcalde–.

Es posible que la Fiscalía Anticorrupción solicite que la causa se quede en el TSJCV, tal como hizo ya en el proceso contra las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such (procesadas por contratar el stand de Fitur con la trama Gürtel) una vez que dejaron la Cámara autonómica –no obstante, en esa ocasión el Alto Tribunal también se inhibió–. Haya altas probabilidades de que el PSOE y EU, que ejercen la acusación particular, también pidan quedarse en el TSJCV.

La defensa de la alcaldesa de Alicante espera que el regreso de la causa a los juzgados de Instrucción de la ciudad permita acortar los tiempos y que el juez decida a corto plazo señalar la apertura de juicio oral –es bastante poco probable que archive la causa después de años de instrucción–. Un paso que permitiría la primera edil ser juzgada y, en su caso, absuelta antes de que llegase el proceso de elaboración de las candidaturas municipales la próxima primavera –momento en el que, si sigue imputada, no podría ser candidata a la Alcaldía alicantina en virtud de la doctrina del presidente del PPCV, Alberto Fabra, sobre cargos afectados por procesos judiciales–.

Los letrados de Castedo se han quejado últimamente de dilaciones en el proceso, ya que –tal como desveló ABC el pasado 6 de mayo– algunas diligencias simples se han retrasado hasta once meses. En concreto, una consulta al Registro Mercantil sobre las empresas del constructor Enrique Ortiz –principal implicado en la causa, al ser supuestamente beneficiado por el PGOU y tener acceso al planeamiento mientras se tramitaba–, que debería haberse resuelto en unos días, según las fuentes consultadas por este periódico.

El juez Juan Climent imputó a Castedo en octubre de 2012 por los presuntos delitos de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. Según la denuncia del fiscal Felipe Briones, la alcaldesa y su predecesor habrían facilitado información privilegiada sobre el PGOU a Ortiz, a cambio de prebendas. En su declaración ante Climent –ha comparecido dos veces, la segunda a petición propia–, Castedo negó haber recibido regalo alguno del constructor (según el fiscal, unos viajes y un «Mini» que fue un regalo para una asesora de la primera edil), así como que éste tuviese acceso al planeamiento urbano fuera de los cauces correspondientes.

Recientemente, dos técnicos del Ayuntamiento asumieron en sus declaraciones ante Climent el trasiego de documentación por el que Briones acusa a Castedo.