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El PSOE de Benidorm infringe la norma para subvenciones que respaldó en 2007

J. L. FERNÁNDEZ

Los socialistas de Benidorm infringieron la norma que ellos mismos habían respaldado con sus votos en 2007 –cuando estaban en la oposición y gobernaba el PP– al conceder subvenciones para el deporte base con criterio desigual a dos entidades deportivas de la ciudad. Una disparidad de criterios que considera probada una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que obliga a repetir la concesión de ayudas con un criterior claro.

El equipo de gobierno de Agustín Navarro, principal referente municipal del PSOE en la Comunidad –a pesar de que gobierna con el apoyo de tres concejales liberales, con la expopular Gema Amor al frente– , concedió 161.000 euros a la Fundación Ciudad de Benidorm, regida por un cargo de confianza (nombrado «a dedo») del concejal Juan Ramón Martínez, el militante socialista Miguel Águila. Enfrente, la Fundación Benidorm Fútbol Base solo recibió 6.000 euros.

El tribunal exhortaba en la citada sentencia al Ayuntamiento benidormense a regular estas ayudas, como si no existiera un procedimiento y reinara el vacío legal. Pero la ordenanza municipal referida a todo tipo de subvenciones concedidas por el Consistorio está aprobada desde 2007, cuando salió adelante en sesión plenaria por unanimidad. Es decir, que el PSOE también lo refrendó.

Hasta el Supremo

Tras conocer el fallo desfavorable del TSJCV a principios de este mes, el que fuera concejal de Deportes en aquel momento, Juan Ramón Martínez, lo atribuyó a «una maniobra política» del demandante, el presidente de la fundación discriminada, Vicente Fuster, en connivencia con el PP. Y paradójicamente, pese a contar con la citada ordenanza, Martínez declaró públicamente su voluntad firme de «crear un patronato de deportes y una normativa para regular las subvenciones de deportes».

También justificó la diferente valoración en 2011 de ambas entidades deportivas en que la fundación Ciudad de Benidorm –la beneficiada por el grueso de las ayudas– realmente era resultado de la «fusión» de varios clubes y entidades y, de alguna manera, se trataba de la suma de muchas subvenciones que se habían venido concediendo por separado.

«Nunca se han seguido unas directrices para estas subvenciones, ni con el Partido Popular ni con nosotros en el gobierno», manifestó el concejal, tras reconocer que se repartían por «adjudicación directa». A pesar de este varapalo judicial, el equipo de gobierno de Agustín Navarro anunció hace unos días que recurrirá esta sentencia en el ámbito autonómico y llegará al Tribunal Supremo.

Disonancia con la cuantía

El citado fallo adverso apreció una «clara disonancia» entre la cuantía de ambas fundaciones deportivas, y el demandante argumentó que prestaban servicio a un número similar de personas, unos seiscientos alumnos –aunque la Fundación Ciudad de Benidorm tiene más equipos federados–, mientras que los fondos percibidos eran treinta veces superiores en el caso de uno de ellos. Martínez dijo desconocer esa representatividad y que Fuster no le demostró a cuánta gente beneficiaba con la actividad de su fundación deportiva, aunque sí subrayó que llevaba 20 años en el ramo. El tribunal obliga a repetir las bases de ejecución del presupuesto municipal de aquel ejercicio, en 2011, lo que el propio Martínez admitió que puede tener repercusión para el resto de entidades deportivas de Benidorm, ajenas por completo a esta «guerra» entre dos.

Querella por prevaricación

En paralelo al proceso judicial en esta vertiente administrativa, iniciado con el contencioso ganado en la Comunidad, este escándalo por las subvenciones deportivas se encuentra también en los juzgados por la vía penal, ya que el damnificado, Vicente Fuster, vio admitida en mayo del año pasado una querella por supuesto delito de prevaricación contra Juan Ramón Martínez, en la que argumentaba que esta discriminación se produjo a sabiendas y que no se trata de una simple infracción.

No obstante, en su comparecencia pública más reciente, el denunciado negó estar «imputado» en ninguna causa judicial y puntualizó que las irregularidades constatadas hasta ahora se achacaban al Ayuntamiento de Benidorm, sin figurar su nombre en ningún momento –si bien se refería a la sentencia del TSJCV por el recurso contencioso-administrativo, y no a esta querella presentada posteriormente–.

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