01-12-2010 / 15:10 h EFE

Según ha explicado a EFE Jorge Güemes, que se declara "objetor fiscal al gasto militar", en 2005 extrajo "una parte" del dinero que tenía que pagar a la Agencia Tributaria y lo destinó a "fines más justos" que los militares.

"Saqué el porcentaje destinado a gasto militar del Ministerio de Defensa, dedicado, entre otros, a investigación y desarrollo de armamento, y ese dinero de mis impuestos lo destiné a la organización Per L'Horta", ha dicho, y ha indicado que remitió a Hacienda el recibo del ingreso a la organización.

Para Güemes, organizaciones como la beneficiaria de su gesto pueden "trabajar mejor" con ese dinero de lo que, a su juicio, lo puede hacer el Ejército español.

"Hacienda me reclamó el dinero y entonces comenzó un intercambio legal de recursos y contra-recursos administrativos hasta el día de hoy", ha dicho, y ha indicado que éste -ante el TSJCV- es el último recurso administrativo que cabe.

"Me parece justo y útil lo que hice. Veo injusto que se destine mi dinero a preparar guerras y comprar armamento. Creo que se debería destinar a otras cosas", ha manifestado, y ha destacado que lo que persigue con su actitud es expresar un derecho fundamental.

"No busco que la gente pueda pagar sus impuestos a la carta porque me parecen justos estos impuestos. Pero sí abogo por que no se gaste el dineral que se invierte en gasto militar", ha afirmado.

La acción está enmarcada en la campaña llamada "Objeción fiscal al gasto militar" que desde hace treinta años impulsan las redes pacifistas y antimilitaristas españolas, entre ellas Alternativa Antimilitarista-Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), a la que pertenece el joven.

El recurso presentado hoy contra una última decisión del Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR), que confirma la postura de Hacienda, sostiene que la acción de Güemes es la expresión de derechos fundamentales como el de libertad ideológica, "que -según considera- no sólo ampara cualquier manera de pensar sino también la acción coherente con ella".

Así, argumenta que la objeción de conciencia al sostenimiento de los ejércitos es una expresión de la libertad ideológica y, por lo tanto, su ejercicio "no estaría meramente limitado al ámbito de extinto servicio militar obligatorio", y la Constitución y las leyes internacionales consagrarían este derecho.

La desobediencia civil que supone la objeción fiscal pacifista se defiende en este recurso como "garantía del derecho político colectivo a vivir en un mundo en paz, contra el que el sostenimiento de los ejércitos, el gasto militar y las políticas de preparación para la guerra serían un obstáculo".

 
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