Diamandouros ha hecho este llamamiento en un comunicado difundido con motivo del "Día Internacional del Derecho a Saber".
"Sólo si los ciudadanos europeos sienten que la administración de la UE es transparente, accesible y responsable, desarrollarán la necesaria confianza y el deseo de participar activamente en la vida democrática de la Unión", ha explicado Diamandouros.
El Defensor del Pueblo ha recordado que el Tratado de Lisboa exige una mayor apertura a las instituciones y, por ejemplo, requiere que el Consejo debata en público los proyectos de legislación.
Además, amplía el derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos de todas las instituciones y obliga a la administración a desarrollar su trabajo "de la forma más abierta posible".
"Estoy comprometido a informar a los ciudadanos sobre su derecho a saber qué está haciendo la administración europea", ha recalcado Diamandouros.
En su comunicado, ha explicado además que cada vez recibe un mayor número de quejas relacionadas con asuntos éticos, por ejemplo, sobre posibles conflictos de intereses de los comisarios o funcionarios europeos que pasan al sector privado tras abandonar sus puestos en Bruselas.
Al respecto, el Defensor del Pueblo ha iniciado una consulta con sus homólogos nacionales para identificar las mejores prácticas.
En las últimas semanas, la polémica ha vuelto a surgir en Bruselas respecto a los cargos que ocupan los antiguos comisarios en el sector privado y la remuneración que siguen obteniendo de las arcas comunitarias durante los tres años siguientes a dejar su puesto.
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