Familiares y discapacitados exigen al Consell el pago rápido de la deuda

Familiares, afectados, trabajadores y directivos de centros de atención a discapacitados intelectuales se han manifestado hoy por las calles de Valencia para reclamar "dignidad y respeto" hacia este colectivo, y exigir el "pago inmediato" de las subvenciones que les adeuda la Generalitat Valenciana.

La protesta ha partido a mediodía de la Plaza de San Agustín y ha recorrido el centro de la ciudad hasta el Palau de la Generalitat, donde se ha leído un manifiesto.

"No podemos más", "queremos dignidad", "Fabra paga" y "La limosna no dignifica" han sido algunos de los eslóganes de los carteles y los lemas coreados por los participantes en la marcha, que ha estado acompañada por compases musicales de un grupo de disminuidos intelectuales.

"El dinero no llega a los centros ocupacionales, residencias, centros de día y viviendas tuteladas ni a los centros de atención temprana", ha denunciado Vicente Climent, monitor ocupacional de un centro de Alboraia.

Para Climent, representante del colectivo de trabajadores de los centros ocupacionales, a quienes se les adeudan varias nóminas por falta de fondos, "es evidente que el sector de la discapacidad es invisible" para la administración pública.

En el mismo sentido se ha pronunciado Márian Ferrús, madre de una discapacitado intelectual, para quién el problema "más urgente" es el pago de las subvenciones y los conciertos que se adeudan a los centros y asociaciones "porque sin este pago muchos se van a ver abocados al cierre".

Ferrús ha manifestado también la preocupación del sector por si los recortes "acaban afectando a la calidad de la asistencia", y ha exigido a las administraciones públicas que no utilicen la "excusa" de la crisis para "recortar derechos fundamentales de un colectivo tan vulnerable como el nuestro".

Los afectados recuerdan que la financiación de las organizaciones del sector depende, en gran medida, de los conciertos y subvenciones que reciben de la Generalitat y de otras administraciones locales, además de las aportaciones privadas de familiares, socios colaboradores y fundaciones sociales.

Denuncian que el Gobierno valenciano no ha transferido este año ninguna cantidad para el mantenimiento de los centros, servicios y programas a la mayoría de asociaciones, y lamentan que "no hubiera previsto un plan extraordinario" para financiar a estas entidades.

A pesar de esta situación, los centros, servicios y programas de atención a personas con discapacidad intelectual siguen funcionando gracias al "sobreesfuerzo" de las familias, al aplazamiento voluntario de las nóminas de muchos trabajadores, y al "aguante solidario" de muchos proveedores, aseguran.

El presidente de la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (FEAFES), Alfonso Rodríguez, ha señalado que la situación del colectivo "es desesperada", y ha instado a la Generalitat valenciana a "buscar unas fórmulas de financiación más razonables".

A la protesta se han sumado organizaciones de afectados, familiares de discapacitados intelectuales, trabajadores y centros especiales de empleo, como FEAD, FEAPS CV, ASELDICOVA, COPAVA, CERMI, COCEMFE y AGEVALCEE, y los sindicatos UGT y CCOO.