El Consejo de Ministros autoriza hoy los planes de ajuste aprobados por las autonomías, una condición necesaria para que posteriormente puedan acogerse al plan de pago a proveedores, salvo Asturias, cuyo plan está pendiente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Esta decisión, anunciada el pasado miércoles por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, supone en la práctica una autorización a las autonomías para que se endeuden y puedan pagar así a los proveedores con los que mantienen cuentas pendientes.
En su intervención en el Congreso, Montoro informó de que las comunidades autónomas tienen deudas con 29.107 proveedores y un total de 3.794.532 facturas por importe de más de 17.700 millones de euros.
Del total de proveedores, 7.598 son personas físicas, 20.954 son pymes y 555 grandes empresas, de manera que siete de cada diez facturas pendientes de pago por las regiones corresponden a pequeñas y medianas empresas, quienes, según el ministro, son "las grandes beneficiadas del plan" y la "columna vertebral del tejido productivo español".
Se espera que, tras el visto bueno del Gobierno hoy, la semana próxima se firmen los préstamos y a finales de junio los proveedores comiencen a cobrar.
Por importe, la Comunitad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña son las que tienen mayor cantidad pendiente de pago, y en cuanto al número de proveedores que se beneficiarán se sitúan en primer lugar las regiones de Castilla-La Mancha, Comunitad Valenciana y Cataluña.
Queda excluida de este plan Galicia, ya que, según explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, la pasada semana, la comunidad no ha solicitado su adhesión al plan porque "está pagando a sus proveedores al día" y por ello no ha reclamado cantidad alguna.
El Plan de pago a proveedores, aprobado el pasado 24 de febrero, ha permitido hasta la fecha abonar, en el caso de los ayuntamientos, 1.715.121 facturas presentadas por 3.774 entidades locales que debían a un total de 106.283 proveedores por un importe superior a 9.200 millones de euros.
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