El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, ha opinado hoy que las denuncias contra la gestión del dinero publico por parte del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, van a influir negativamente en la imagen de la Administración de Justicia.
En una comparecencia pública para presentar la Memoria Judicial del País Vasco correspondiente al año 2011, Ibarra ha dicho que "inequívocamente" las querellas contra Dívar por un posible delito de estafa derivado de los gastos de sus viajes a Marbella (Málaga) perjudicarán la imagen de la Justicia "porque los ciudadanos, en general, no diferencian entre los órganos de gobierno de los jueces y los propios jueces".
Por ello, Ibarra ha transmitido "la necesidad de transparencia del uso de esos fondos públicos", lo que, a su juicio, "los jueces han realizado siempre", aunque ha admitido que puede que "haya habido algún problema" en cuanto a la justificación de los gastos de representación del Carlos Dívar, pero, ha destacado, ello "no ha afectado en ningún caso a los juzgados".
Sobre otras acusaciones en torno a la jornada laboral del presidente del CGPJ, Ibarra ha dicho que los jueces vascos "no tienen jornada caribeña" sino todo lo contrario y ha añadido que solo así, dedicando gran parte de sus fines de semana a redactar resoluciones y a leer informes, han logrado superar los 301.000 asuntos resueltos en 2011.
Ha afirmado que los datos relativos a la actividad de la Administración de Justicia en el País Vasco "son buenos en general, y sensiblemente favorables respecto del resto de Tribunales Superiores de Justicia del Estado".
Ibarra ha destacado que los órganos judiciales unipersonales están trabajando a unos niveles de rendimiento y de tramitación de procesos que "exceden" los módulos recomendados por el CGPJ y ha advertido de que ese rendimiento pueda poner en peligro "la calidad de las resoluciones judiciales".
Por ello, el TSJPV ha demandado, "siendo muy parcos", la apertura de 10 órganos judiciales, con una petición especial de primera instancia y para lo mercantil, jurisdicción más afectada por procesos en relación a la crisis, si bien Ibarra ha confiado en que la implantación de la nueva oficina judicial vaya a mejorar también el tiempo que los jueces puedan dedicar a cada proceso.
Los 166 órganos judiciales vascos ingresaron el pasado año 295.890 asuntos, 11.528 menos que en 2010, con una tasa de litigiosidad de 135,44 asuntos por cada 1.000 habitantes, lo que supone una reducción del 4 %.
La tasa de resolución de asuntos en los juzgados vascos en 2011 fue de 1,02, de lo que se deduce que se resolvieron algunos asuntos más de los ingresados.
La relación entre los asuntos pendientes al finalizar el año -76.057- y los resueltos -301.849- arroja una tasa de pendencia de 0,25, "muy inferior" respecto a la media del Estado, que es de 0,34.
Ibarra ha relacionado el aumento del 13,57 % de resoluciones ejecutadas con la implantación de la nueva oficina judicial en 10 de los 14 partidos judiciales que incluyen este servicio.
El máximo representante de la judicatura vasca ha destacado que se ha reducido el tiempo de respuesta de los procesos, especialmente en los de segunda instancia y en casación, con una duración media de 2 meses y 15 días, si bien en primera instancia ha bajado menos y se sitúa en tres meses.
Los jueces vascos han destacado el aumento de los procesos de ejecución hipotecaria y desahucios respecto al año pasado, debido a la crisis económica, si bien han mostrado su confianza en que comiencen a reducirse esas cifras gracias a la creación del servicio de mediación con las entidades financieras creado por el Gobierno Vasco a instancia del TSJPV.
En 2011 se llevaron a cabo 938 ejecuciones hipotecarias en el País Vasco: 586 en Bizkaia, 247 en Álava y 105 en Gipuzkoa.
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