Spínola dice que se ha hecho un plan de formación digno, pese a la reducción

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha considerado hoy de que a pesar de la reducción en un 50 por ciento del presupuesto el plan de formación de los empleados públicos, "con menos horas y menos alumnos", es un plan "digno" que prioriza, entre otros aspectos, las acciones tendentes a modernizar la administración.

Hernández Spínola, en una comparecencia parlamentaria a instancias del grupo Socialista, explicó que el Instituto Canario de Administración Pública (Icap), que es el organismo encargado de realizar estos cursos, ha visto reducida en un 52 por ciento la aportación estatal, reducción a la que se ha sumado el recorte presupuestario que ha realizado el Gobierno de Canarias.

No obstante apuntó que el Icap ha conseguido elaborar un plan digno y confió en que en los próximos años pueda mantener este plan de formación, imprescindible, dijo, para conseguir una modernización de la administración y para la mejora de la atención a los ciudadanos.

Hernández Spínola señaló que su departamento ha tratado de elaborar un plan eficiente y centrar las prioridades en cursos on line, con lo que se abarata su coste y llega a más usuarios, y en aquellas acciones que estén relacionados directamente con los ciudadanos.

Asimismo recordó que este plan también prioriza actividades en las islas periféricas y al respecto se refirió al convenio que tiene previsto firmar con la Federación Canaria de Municipios para evitar solapamiento de cursos y ampliar la oferta formativa.

Asimismo y atendiendo a una sugerencia de la diputada socialista Belinda Ramirez, abogó por la autoformación del empleado público y se mostró partidario de la regulación en un solo texto de toda la acción formativa que desarrollan los distintos organismos de la Comunidad Autónoma.

El consejero dijo que su departamento entiende la formación como una herramienta para mejorar la función de la administración y especificó que en el plan de formación se recogen las necesidades detectadas por el Icap, las propuestas de la consejerías y las necesidades para conseguir la modernización y la calidad de los servicios públicos.

Indicó que se ha intentado que el recorte afecte lo menos posible a la calidad de las acciones formativas de las que se podrán beneficiar 6.060 alumnos en 4.150 horas formativas.

Hernández Spínola apuntó que en línea con los avances tecnológicos y como medida de avance de la administración electrónica, se están acometiendo por parte en el Icap nuevos proyectos que se encuentran en su fase final y que permiten la descarga de los certificados on line.

El consejero compartió con la diputada del grupo Mixto Carmen Rosa Hernández la situación de desánimo que pueda existir entre los empleados públicos por la reducción de sus retribuciones pero indicó que esta medida ha sido necesaria para garantizar el empleo público.

La diputada del grupo Socialista Belinda Ramirez afirmó que la gestión pública debe acomodarse a las necesidades reales de los ciudadanos y plantear un menor coste y subrayó que debe contar con el compromiso del personal de realizar su función con rigor y profesionalidad.

Por ello la parlamentaria consideró necesaria las acciones formativas reguladas en el estatuto básico de los empleados públicos y que tienen como objetivo, apuntó, mejorar la calidad de la atención a los ciudadanos.

Carmen Rosa Hernández, del grupo Mixto, dijo que la ciudadanía reclama que las administraciones públicas sean ágiles y modernas y apoyó medidas del plan de formación como la posibilidad de hacer los cursos on line o todas aquellas actividades que permitan mejorar el servicio al ciudadano.

José Miguel Ruano, del grupo Nacionalista, dijo que las políticas de simplificación administrativa deben ser un objetivo y señaló que las restricciones sitúan a la política de formación en una situación de "de emergencias en crédito".

Emilio Moreno, del grupo Popular, estimó que es preciso que se oferten estos cursos para mejorar los servicios públicos con una atención más cercana al ciudadano y una administración más eficiente.