06-06-2012 / 12:00 h EFE

El Juzgado de lo Penal número Cinco de Murcia ha absuelto al empresario J.P.P., contra el que los integrantes de la mesa de contratación nombrada para adjudicar el aparcamiento de la avenida de la Libertad se querellaron por los delitos de calumnias, injurias y denuncia falsa.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, señala que los integrantes de la mesa, entre los que se encuentran la asesora jurídica del ayuntamiento de Murcia Ana María Vidal y la interventora, María Cecilia Milanés, llevaron a este empresario a los tribunales después de que un Juzgado de Instrucción sobreseyera la denuncia por prevaricación que había presentado contra ellos.

Para documentar la querella, los funcionarios aportaron una grabación radiofónica y unos recortes de periódico en los que vertían descalificaciones sobre la actuación de esta mesa de contratación del concurso, al que se había presentado la empresa de J.P.P. -que ha estado defendido en el juicio por el letrado José Ignacio Torres- y que fue adjudicado a otro aspirante.

El Juzgado no ha dado validez a estas aportaciones documentales, en el primer caso, porque la grabación no procede de la emisora que difundió la entrevista, que aseguró cuando se las reclamó el Juzgado que ya no disponía de ella, y en el segundo caso, "por tratarse de meras fotocopias no autenticadas".

En cuanto al presunto delito de denuncia falsa, la sentencia afirma que "no consta en la causa copia testimoniada de la denuncia interpuesta en su día por J.P.P. y, aunque no se duda de su existencia, lo que no ha resultado acreditado en modo alguno es el contenido de la misma".

El Juzgado afirma en otro momento que "la acusación particular aportó al inicio del juicio oral una mera copia de dicha denuncia, pero la misma no puede hacer prueba alguna fehaciente de su contenido".

Los otros funcionarios que firmaron también la querella fueron José Luis Jiménez, director del área de Vía Pública; Cristina Martínez, jefa de la Sección de Contratación y Responsabilidad Patrimonial, y Carlos González, jefe del Servicio de Contratación.

La sentencia no es firme, ya que puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Murcia en el plazo de diez días.

 
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