Gipuzkoa controlará a los contribuyentes que hayan cometido incumplimientos

El registro de "contribuyentes de alto riesgo" que la Hacienda foral de Gipuzkoa pretende crear incluirá únicamente a personas o entidades que se encuentren incursas en procedimientos penales o administrativos derivados de incumplimientos fiscales.

El director de Hacienda de Gipuzkoa, Xabier Olano, y la responsable de Política Fiscal, Itziar Miner, han explicado hoy en una rueda de prensa los criterios que se aplicarán para que un contribuyente sea inscrito en el denominado Registro de Obligados Tributarios de Especial Riesgo (ROTER).

Podrán ser incluidas en este censo quienes estén imputados por delitos fiscales o se encuentren cumpliendo una condena firme por alguna actuación contra la Hacienda, así como los contribuyentes a los que, por algún motivo, se les haya revocado al número de identificación fiscal.

También son susceptibles de engrosar el listado quienes hayan eludido por tres veces recibir notificaciones de Hacienda en procesos de comprobación tributaria.

Del mismo modo, los contribuyentes que han sido objeto de una sanción no pecuniaria, como la prohibición de recibir subvenciones o de contratar con la administración pública, así como quienes efectúen alzamientos de bienes, también integrarán el listado.

Asimismo, podrán ser inscritos los que hayan sido declarados responsables solidarios de algún incumplimiento fiscal, así como los "fallidos".

Por último, todos aquellos que hayan actuado como representantes de un contribuyente de forma irregular o sin su autorización también podrán ser incluidos en el registro.

El hecho de figurar en esta lista implica que todos estos contribuyentes pueden ser incluidos en los planes anuales de inspección fiscal del departamento de Hacienda.

La norma foral que prepara la Diputación prevé unos requisitos para ser excluidos del registro, para lo que los contribuyentes afectados deberán saldar todas sus deudas y haber cumplido las sanciones o condenas impuestas.

En el momento en el que todas las situaciones descritas sean regularizadas y las sanciones y condenas sean totalmente cumplidas, los contribuyentes serán excluidos del registro.

Las personas o empresas que sean inscritas no serán informadas de ello, ya que se trata de un censo interno de Hacienda y estará sometido a las garantías que establece la legislación en materia de protección de datos.

Olano ha indicado que se controlará especialmente a las personas o entidades que ya han cometido irregularidades porque está comprobado que existe un alto índice de reincidencia y también para hacer "pedagogía" entre la sociedad.

La norma ha sido elaborada por el departamento de Hacienda y cuenta ya con un informe jurídico favorable, pero la Diputación lo someterá, tal y como lo pidieron el pasado viernes las Juntas Generales, al dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la institución foral.

Los partidos de la oposición solicitaron este trámite tras manifestar sus dudas sobre el censo, ya que entendían que podría atentar contra el derecho de presunción de inocencia de los contribuyentes afectados.

Una vez logrado el visto bueno de la Comisión Jurídica Asesora, el proyecto será aprobado por el Consejo de Diputados y sometido a debate en las Juntas Generales, por lo que se prevé que su aprobación definitiva se produzca después del verano.