La oposición brasileña anunció hoy que pedirá investigar si el exjefe de Estado Luiz Inácio Lula da Silva ejerció presiones sobre un juez del Supremo Tribunal para intentar postergar un juicio sobre el mayor escándalo de corrupción ocurrido durante su gestión.
El anuncio lo hizo el senador Álvaro Dias, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien dijo que encaminará el pedido a la Procuraduría General de la República, sobre la base de un reportaje publicado este fin de semana por la revista Veja.
Según esa publicación, el magistrado Gilmar Mendes, miembro del Supremo, dijo que se reunió con Lula en abril pasado y que éste le sugirió tratar de postergar el proceso por un escándalo de sobornos a parlamentarios y financiación ilegal de campañas ocurrido en 2005.
En ese juicio, que deberá comenzar en los próximos meses, están acusadas de diversos delitos de corrupción un total de 38 personas, entre las que figura el exministro de la Presidencia José Dirceu, uno de los hombres fuertes del Partido de los Trabajadores (PT) y considerado uno de los dirigentes más cercanos a Lula.
Según Veja, Lula pidió a su exministro de Justicia Nelson Jobim entrar en contacto con el magistrado Mendes y proponer una reunión, que habría ocurrido el pasado 26 de abril.
La revista agregó que Lula le dijo a Mendes que lo mejor sería que el juicio que celebrará el Supremo comience después de las elecciones municipales previstas para octubre próximo, al parecer con la intención de que no se enlode la imagen del PT, al que pertenece también la actual presidenta, Dilma Rousseff.
"Quedé perplejo con el comportamiento y las insinuaciones del expresidente Lula", declaró Mendes, citado por Veja.
El tenor de la conversación, según el exministro Jobim, fue cordial y al menos mientras él estuvo presente no incluyó nada que estuviera relacionado con el juicio que comenzará en el Supremo.
Lula publicó hoy un comunicado en el que admitió que la reunión tuvo lugar, pero dijo que las declaraciones de Mendes son mentiras, a la vez que se declaró "indignado".
El expresidente afirmó que en sus ocho años de mandato siempre respetó la independencia del poder judicial y puntualizó que ahora, cuando no ocupa ningún cargo político, mantiene la misma postura.
La supuesta "gestión" de Lula despertó hoy una ola de críticas a las que además de los partidos de oposición se sumaron, entre otros, el presidente de la Orden de Abogados, Ophir Cavalcante, quien divulgó una nota en la que afirmó que, "de confirmarse el tenor de esa conversación, se trata de un caso de extrema gravedad".
En opinión de Cavalcante, "el expresidente Lula, cuya autoridad y prestigio le confieren responsabilidad pública, debe explicaciones" a la sociedad "por ese gesto".
En el Supremo también fue comentado el asunto y el magistrado Marco Aurelio Mello consideró que, ante la gravedad de los supuestos hechos, es "necesario conocer la verdad".
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