El activista mexicano Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", anunció hoy su salida del país tras haber recibido amenazas de muerte.
Rosales Sierra es el segundo defensor que en menos de un mes abandona el país temporalmente después de que el pasado 16 de mayo lo hiciera el sacerdote Alejandro Solalinde.
"Salgo del país para proteger mi vida, pero exijo a las autoridades una investigación sobre las recientes amenazas y actos de hostigamiento en mi contra", informó el activista, que desde 2009 cuenta con medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El activista ofreció una rueda de prensa a petición de Amnistía Internacional (AI) a fin de relatar su experiencia y denunciar "la falta de voluntad" de las autoridades para proteger a los defensores de derechos humanos en su estado, Guerrero, sur de México.
El abogado explicó que fue apenas la semana pasada que recibió un nuevo anónimo donde se le advirtió que lo matarían si no abandonaba su trabajo como defensor. El activista no precisó quién puede estar detrás de esas amenazas.
"Las amenazas a mi persona empezaron desde 2009 a raíz de la defensa que encabezamos para que se hiciera justicia por el asesinato y ejecución extrajudicial de los indígenas que fueron torturados", narró durante la presentación del Informe 2012 de AI en Ciudad de México.
Para AI, el contenido del anónimo refleja que las amenazas contra Rosales Sierra "constituyen una represalia directa al trabajo que dicha organización ('Tlachinollan') realiza colectivamente en la defensa y promoción de los derechos humanos" de la población de Guerrero desde hace más de 18 años.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, ubicado en el estado de Guerrero, se creó en 1992 para documentar los casos de abusos policiales y militares contra la población civil en esa zona, donde viven los pueblos mixtecos, nahuatl, amusgos y tlapanecos.
A lo largo de ese tiempo Rosales Sierra ha sido una pieza clave en la defensa de casos emblemáticos como los de las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, violadas por soldados en la sierra de Guerrero el 16 de febrero de 2002, reconoció en esa misma rueda de prensa el representantes de AI en México, Alberto Herrera.
Actualmente, el activista trabaja en los asesinatos de dos estudiantes de la escuela normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, tras una manifestación en Chilpancingo, el 12 de diciembre de 2011.
Rosales Sierra recibirá apoyo en Washington de Amnistía Internacional y del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos John F. Kennedy.
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