Los abogados del exgeneral golpista guatemalteco José Efraín Ríos Montt preparan hoy los recursos para impugnar la resolución judicial del lunes que ordena enjuiciarle por la matanza de 201 campesinos perpetrada en 1982 por una patrulla militar.
El abogado Francisco Palomo, quien dirige el equipo de defensa de Ríos Montt, dijo a Efe que con esos recursos que presentarán en los próximos días tumbarán "los argumentos de la parte acusadora" y "se demostrará que en Guatemala no hubo genocidio".
"Durante la guerra lo que ocurrieron fueron muertes, excesos y hasta masacres, pero no genocidio. Eso es lo que vamos a demostrar", aseguró el letrado.
La jueza Carol Flores, titular de un tribunal de alto riesgo, ordenó el enjuiciamiento de Ríos Montt, le impuso una fianza de 62.000 dólares, y dispuso su segundo arresto domiciliario, ya que desde enero pasado permanece en esa situación por otra causa penal, también por violaciones a los derechos humanos durante su mandado como Jefe de Estado de facto.
Palomo aseguró que se presentará un recurso para dejar sin efecto esa resolución, ya que en este caso no se puede tipificar el delito de genocidio, "simplemente porque no lo hubo".
Ríos Montt, de 86 años, es acusado por la Fiscalía de ser el responsable intelectual de la matanza de los 201 campesinos, conocida como la masacre de las Dos Erres, perpetrada el 7 de diciembre de 1982 en el parcelamiento Dos Erres, del municipio de La Libertad, en el norteño departamento de Petén.
El general gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, tras haber sido designado por el alto mando militar que por medio de un golpe de Estado derrocó al también general Romeo Lucas García.
En agosto de 2011, tres exmilitares que participaron en esa matanza fueron condenados por un tribunal guatemalteco a 6.060 años de prisión, y un cuarto involucrado fue sentenciado con la misma pena en marzo pasado.
Ríos Montt también afronta otro proceso judicial en el Juzgado B de Mayor Riesgo por crímenes de guerra perpetrados contra una población de la etnia ixil durante los 18 meses que estuvo en el poder, el caso por el que encuentra en arresto domiciliario desde enero pasado.
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