La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) ha rechazado hoy el "castigo fiscal" que, a su juicio, impondrá el Gobierno canario a empresas y consumidores y le ha urgido a reformar la administración para que contribuya así con los ajustes a los que obliga la crisis.
Acompañado por los responsables de las sectoriales representadas en la patronal de Las Palmas, su presidente, Sebastián Grisaleña, ha manifestado la "gran preocupación" que ha suscitado entre los empresarios el anteproyecto de ley de medidas administrativas y fiscales que prevé aprobar el Ejecutivo regional, ya que, a su juicio, sólo contribuirá a elevar aún más la tasa de paro de Canarias, del 32,28 %, y a aminorar el consumo.
La CCE ha alertado de que este anteproyecto de ley hará caer la recaudación, frente a lo que pretende el Gobierno canario, y también de que su articulado suscita serias duras respecto a su adecuación al ordenamiento jurídico español y canario, de ahí que tenga intención de apoyar "la defensa de los intereses" de cualquier sectorial que estime recurrirla.
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