El empresario Lai Changxing, que estuvo huido en Canadá durante doce años tras ser acusado del mayor caso de contrabando de la historia de China, fue condenado hoy a cadena perpetua diez meses después de su extradición, que costó largas negociaciones por el temor del Gobierno de Ottawa a que fuera torturado o condenado a muerte.
Lai, de 53 años y líder de una red de contrabando que operó en la costa sur de China en los años 90, fue condenado hoy por el Tribunal Popular Intermedio de Xiamen (sureste del país), que ordenó también la confiscación de todas sus cuentas e ingresos ilícitos.
De acuerdo con la sentencia, entre 1995 y 1999, año en el que huyó a Canadá con su familia, Lai comerció con tabaco, automóviles, aceite, materiales químicos y otros productos por valor de 4.350 millones de dólares, evadiendo impuestos equivalentes a la mitad de esa cantidad, especialmente en la ruta entre Xiamen y Hong Kong.
Para ello, la red de Lai sobornó a 64 altos cargos locales, añadió el dictamen.
Lai fue considerado durante la pasada década como el fugitivo más buscado por el régimen comunista, pero la Justicia canadiense mostró siempre muchas reticencias a extraditarlo a China, ya que su sistema legal prohíbe la extradición a países donde se aplica la pena de muerte.
En las negociaciones entre los dos países, las autoridades chinas no garantizaron que Lai eludiría la pena de muerte, aunque señalaron que probablemente no la recibiría, pese a que en muchas ocasiones los casos de corrupción a gran escala sí han recibido esa sentencia.
También aseguraron que no se usaría la tortura -ilegal en China, pero cuya existencia es denunciada frecuentemente-, y facilitaron a diplomáticos canadienses entrevistas con el detenido en los meses previos al juicio.
China es el país donde más se utiliza la pena capital en el mundo con entre 3.000 y 10.000 ejecuciones al año, según diversas fuentes humanitarias, mientras que el Gobierno chino no da cifras oficiales.
El conflicto también generó tensiones internas en Canadá, ya que su Gobierno era en general partidario de la deportación, mientras que los jueces se opusieron a ella con el argumento de los derechos humanos y consideraron la posibilidad de ofrecer al sospechoso el estatus de refugiado.
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