05-12-2011 / 20:10 h EFE

El sistema educativo chileno fomenta la desigualdad y la exclusión, según un informe difundido hoy por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en Santiago.

El estudio, de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco, analiza la disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del sistema educativo chileno y lo compara con las legislaciones educativas de Argentina, Uruguay y Finlandia.

Entre los retos más significativos para Chile, el informe destaca la "debilidad" de la legislación del país austral para hacer frente a la desigualdad.

"El sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismos selectivos", destaca el informe, encabezado por el exrelator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación Vernor Muñoz.

"No hay duda de que las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación que en la práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización", añade el estudio, y precisa que la legislación chilena prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes.

Según la Unesco, el sistema de becas y subvenciones del sistema educativo de Chile "protege y beneficia a la iniciativa privada", lo que excluye la interpretación del concepto de educación entendida como bien público.

Lo contrario ocurre en las legislaciones de Argentina y Uruguay, agrega, al considerar que resultan "muy explícitas" a la hora de restringir cualquier posibilidad de mercantilización de la educación, o de la finlandesa, que otorga garantías de oportunidades.

En Chile la ley deposita en los padres y las comunidades un "alto nivel de responsabilidad" para asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad en desmedro del papel del Estado, "que debiera ser el garante de este derecho", según el informe.

El estudio recuerda que Chile firmó tratados internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a tomar medidas "inmediatas y no postergables" para lograr gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria.

De hecho, ésta ha sido una de las principales reivindicaciones del movimiento estudiantil chileno, que desde hace siete meses se mantiene movilizado en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad.

La semana pasada, la Cámara de Diputados chilena aprobó la partida presupuestaria de Educación enviada por el Gobierno que incluye 11.000 millones de dólares, un 7,2 por ciento más que la de 2011.

La oposición consideró insuficiente la oferta del Ejecutivo y pidió que inyectara 1.000 millones de dólares más para garantizar la gratuidad de la enseñanza universitaria al 70 por ciento de los alumnos más pobres, una fórmula con la que pretendía acercarse a las demandas de los estudiantes.

Los líderes estudiantiles calificaron la aprobación de ese presupuesto de "estafa", mientras el Gobierno destacó la "gran reforma educacional" chilena que permitirá la aprobación del presupuesto.

 
Noticias relacionadas

PUBLICIDAD
<< >> Septiembre 2014
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 30        
Búsqueda por días
Introduce la fecha
Lo último...
PUBLICIDAD